Por Dario Aranda
Una agencia del organismo internacional catalogó como “posiblemente cancerígeno” al 2,4-D, el segundo agrotóxico más empleado en el país. Se utiliza principalmente en la fase previa a la siembra de soja y maíz transgénicos. El caso del glifosato.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el herbicida 2,4-D, el segundo más utilizado en Argentina, es “posiblemente cancerígeno”. El agrotóxico se emplea, entre otros usos, en la fase previa a la siembra de soja y maíz transgénicos. En marzo pasado, el mismo organismo internacional había confirmado que el glifosato produce daño genético (antesala de diversas enfermedades) y también lo vinculó al cáncer. El 2,4-D es comercializado por Dow Agrosciences, Nidera y Monsanto.
“Hay fuertes indicios de que el 2,4-D induce estrés oxidativo, un mecanismo que puede funcionar en los seres humanos y existe evidencia moderada de que causa inmunosupresión”, detalla el informe del IARC-OMS, fechado el 23 de junio pasado. Resalta que fue clasificado como “posible cancerígeno para humanos” y señala que aún no hay evidencia determinante. El dictamen fue dado a conocer luego de una “revisión exhaustiva” de la última literatura científica disponible, realizada por un grupo de trabajo de 26 expertos de trece países.
El 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) comenzó a utilizarse en 1945 para el control de plantas no deseadas (“malezas”, según el lenguaje técnico agrario). Luego del glifosato, es el herbicida más utilizado de Argentina. Se emplea en cultivos de trigo, cebada, centeno, avena, maíz, sorgo, papa, caña de azúcar y arroz, entre otros. No se usa sobre la soja (la mata), pero sí en el llamado “barbecho químico”, para eliminar con venenos las malezas antes de la siembra.
“El barbecho se hacía sólo con glifosato cuando se empezó con la siembra directa, pero desde hace unos 15 años se echa 2,4-D para las malezas resistentes al glifosato. Por lo cual se utilizan los dos químicos cuestionados por la OMS en millones de hectáreas sobre las que se cultiva soja”, explicó Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara (San Luis), ingeniero agrónomo e investigador del efecto de los agrotóxicos.
En marzo pasado, la IARC-OMS clasificó al glifosato como “probable cancerígeno” (lo ubicó segundo en peligrosidad, en una escala de cinco). Confirmó que produce daño genético. En Argentina se utilizan más de 200 millones de litros de glifosato al año. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa, que agrupa a 30 mil profesionales de la salud), la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica (Sahop) e investigadores de las universidades de Rosario, Río Cuarto, Córdoba, La Plata y Buenos Aires pidieron medidas urgentes para proteger a la población.
El documento del INTA “Evolución del mercado de herbicidas en Argentina” confirma el aumento de agrotóxicos. En 1991 se utilizaron 19 millones de litros. Veinte años después (en 2011) se llegó a 252 millones de litros. Los tres más usados: glifosato; 2,4-D y atrazina.
Frank explicó que, a fines de la década del 70, el 2,4-D se dejó de fabricar en Estados Unidos y Europa, y los principales productores son China, Taiwan, México, Brasil, Indonesia y Argentina. “El 2,4-D es muy peligroso para la salud y el ambiente. Y en la actualidad está siendo promocionado para su mayor uso, con el claro impulso de las empresas”, alertó.
Seis provincias ya prohibieron o limitaron al 2,4-D: Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. En marzo, un grupo de cinco organizaciones sociales solicitaron ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que se realice un proceso de análisis de riesgos y dictamine la prohibición en todo el país del herbicida. Las organizaciones (BIOS, Foro Salud y Ambiente de Vicente López, Acción por la Biodiversidad y Foro Ambiental de General Viamonte) afirmaron en el escrito: “Estudios científicos independientes nos indican que con el uso de 2,4-D existe una situación de riesgo grave e irreparable a la salud humana, el ambiente y la biodiversidad”. Denunciaron que los estudios para liberar los agroquímicos son de sólo corto plazo (90 días) y no de largo alcance (dos años), como establece la literatura científica toxicológica.
El 17 de abril pasado, en Argentina se aprobó una nueva soja transgénica, de la multinacional Dow Agrosciences. Especialmente diseñada para utilizarse con tres químicos, glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D. El Estado no hizo estudios propios y el expediente de aprobación es confidencial.
La ONG Naturaleza de Derechos realizó una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia (vía per saltum) para que suspenda la nueva soja transgénica, pero el máximo tribunal lo rechazó (alegó que no cumplía los requisitos de gravedad ni de urgencia). El abogado denunciante, Fernando Cabaleiro, anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertó que con la nueva soja “aumentará exponencialmente” el uso de 2,4D y advirtió: “El dictamen de la IARC es oportuno y la Corte Suprema debía tenerlo en cuenta. La combinación química que las empresas biotecnológicas impulsan es glifosato y 2,4-D, y además quieren el peligroso herbicida paraquat. Será como un tiro de gracia”.
