El alza en el precio del pan de batalla es inminente después de que el Gobierno retiró ayer el subsidio a la harina destinada a los panificadores. El nuevo precio, que estaba fijado en 0,40 bolivianos, se definirá en un ampliado nacional convocado para mañana, en La Paz, informó anoche el dirigente paceño Félix Quenta, quien dijo que la subvención era de 40 por ciento.

La ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, justificó la medida señalando que hay suficiente abastecimiento de harina y a bajo precio, por lo que no ve razón para subir. El analista Armando Méndez dijo que, en líneas generales, la medida es “oportuna” porque la subvención crea precios “falsos”.

Por otro lado, Anapo espera que el ahorro en el subsidio se destine a apoyar al productor triguero.

En un audio difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Ramos dijo que la eliminación del subsidio se efectuó en función al análisis de resultados de los programas de apoyo de esa cartera de Estado y al del precio de la harina, “que fue retomando precios de hace casi una década. Esto significa que nuestra intervención ya no es necesaria”.

Dijo también que el mercado está suficientemente abastecido de harina y de trigo, porque hay una importante producción nacional de ese grano.

Al respecto, el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Martín Bazurco, dijo a este medio que la producción de harina en el país creció en 14 por ciento y se espera que este año llegue a las 322 mil toneladas.

En cuanto al porcentaje de subvención, señaló que era del 70 por ciento; pero Quenta dijo que ese porcentaje corresponde al  2013, porque en 2014 y lo que va de este año la misma se redujo al 40 por ciento sobre el precio del mercado.

Según Bazurco, la harina está ahora entre 145 y 160 bolivianos el quintal; pero Quenta dijo que los precios están entre 185 y 220 bolivianos en La Paz.

El dirigente señaló que ahora el precio del pan variará de acuerdo a la fluctuación de los  insumos de elaboración.

Sobre los precios, ramos dijo que se ejercerá un control estricto para evitar la especulación en el precio del pan, de la harina y del trigo para garantizar acceso al precio justo.

El análisis de los economistas sobre la decisión del Gobierno es variado. Para Méndez es una “buena noticia”, porque demuestra que el Gobierno comienza a darse cuenta de que la subvención no es buena porque genera gasto fiscal y que está viendo la forma de reducir el déficit.

Por su parte, el analista Gary Rodríguez dijo que prefiere ser cauto al emitir criterio, porque se trata de un insumo para uno de los principales productos de la canasta familiar tomando en cuenta que el país tiene pendiente lograr soberanía alimentaria.

“Ojalá el ahorro se traduzca en incentivos para el productor triguero”, dijo e informó que en 2014 el Gobierno destinó 174 millones de dólares a la importación de harina y trigo.

Mientras que el analista Gonzalo Chávez, a través de Internet, dijo que sorprende que se asuma una “típica medida neoliberal” y eso “desnuda la dificultad que tuvo el Gobierno, en su mejor momento (económico), de diversificar la producción apoyando al agro.

Anapo espera que el ahorro vaya en apoyo al productor

Lo “lógico” sería que el ahorro que tendrá el Gobierno al retirar la subvención a la harina, ahora se destine para subvencionar al productor triguero, señaló ayer el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Reinaldo Díaz, tras conocer la medida.

El anuncio fue hecho un día después de que Anapo pidió que el Gobierno, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), subvencione al sector comprando el excedente que no adquirirá la industria cruceña.

“(Retirar el subsidio a la harina) lo vemos muy delicado, peor aún en una etapa en la que estamos tratando de darle continuidad a los incentivos al cultivo de trigo a nivel nacional”, dijo Díaz. Justificó el pedido de subvención al trigo considerando que el productor debe competir con el producto que entra de contrabando desde Argentina a precios muy bajos, lo que supone un fuerte desincentivo.

Estimó que la actual siembra, que tiene un avance de 65 por ciento, arrojará una producción de 300 mil toneladas de las que la industria absorberá sólo 100, dejando 200 mil toneladas excedentarias, que es lo que piden que compre el Gobierno.