El segundo número de la Revista Latinoamericana de Estudios Rurales publicó la reseña del Informe 2015- Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica; escrita por Lorenzo Soliz, experto en el área.
El informe 2015, como indica Soliz, bajo el liderazgo del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS, con sede en Bolivia), es una iniciativa que complementa y fortalece las acciones del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio y diversos aliados institucionales y organizacionales en los diferentes países, que se suman al esfuerzo de sistematización de mil casos de experiencias inspiradoras de acceso a la tierra por parte de pueblos, comunidades y familias campesinas, indígenas y afrodescendientes en la región, entre otras iniciativas. “El campo y sus actores tienen alta dinamicidad y responden a permanentes ajustes, cambios de timón, imposiciones, razonamientos, movilizaciones, etc”.
De manera sintética, se refleja cómo cinco países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú) –ven reducir sus ingresos por los impuestos y la renta derivada de las actividades extractivas: hidrocarburos y minerales, que siguen siendo el sostén de sus economías Ante esa necesidad, se encaminaron iniciativas para diversificar la base económica con nuevos rubros como la de energía y un nuevo impulso a la expansión de la agropecuaria de exportación y el agronegocio, en unos casos incluso con la introducción de transgénicos y las tecnologías productivistas concentradoras de capital y de tierras.
Soliz indica, “Si bien hay avances en cada país en la distribución de la tierra, salta a la vista que estas se mantienen inconclusas y hasta paralizadas; asimismo, se presentan nuevos procesos de acumulación y extranjerización de la tierra bajo diversas modalidades y mecanismos. Los censos agropecuarios que se llevaron a cabo en estos años constatan que la distribución de la tierra sigue siendo inequitativa, sobre todo en cuanto a tierras fértiles y de buena calidad para la producción agropecuaria, y la persistencia del latifundio. En algunos países como Colombia, el censo agropecuario tiende a invisibilizar a algunos subsectores de productores campesinos. En todos los países, los acuerdos establecidos entre las organizaciones campesinas indígenas y afrodescendientes son casi siempre incumplidos, tanto por los gobiernos en sus diferentes niveles como por empresas transnacionales que desarrollan diverso tipo de actividades extractivas y agroextractivas, y no menos importante es la criminalización y judicialización de la protesta social, en que el rol y participación de las mujeres es cada vez más relevante”.
Dichos informes son adecuadamente matizados y enriquecidos con ejemplos paradigmáticos de acceso a la tierra y territorio por parte de comunidades campesinas indígena de la región, que se ha suscitado desde el año 2000 hacia adelante, y que son un insumo para el debate, las propuestas, diálogo y acciones con los actores públicos, privados, la cooperación internacional, las instituciones de desarrollo y principalmente, entre ellos y ellas y sus organizaciones territoriales. El contenido presentado en el Informe 2015, otorga actualidad, enorme relevancia y pertinencia a la problemática del acceso a la tierra y territorio y las perspectivas de su control y gestión en Sudamérica.
Descargar el libro en: http://www.ipdrs.org/images/impresos/archivos/Informe%202015%20IPDRS.pdf