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Qué pasa

Nosotros, movimientos sociales y populares, reunidos en Brasilia en los días 14, 15 y 16 de julio, durante la XVIII Cúpula Social do MERCOSUL, expresamos en este documento los consensos alcanzados por las organizaciones y movimientos sociales presentes, destinados al fortalecimiento de la agenda social, de la participación ciudadana y de la plena integración de los pueblos de la región.

Los movimientos sociales reafirman su compromiso con la Democracia como valor fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. La lucha contra el neoliberalismo, en la década del 90, culminó con la elección de sucesivos gobiernos progresistas en América Latina, abriendo un ciclo de cambios y transformaciones sociales. Con la derrota del Alca, en 2005, avanzamos en la soberanía de los pueblos, en inversiones en políticas sociales y de inclusión importantes, y hoy todos esos proyectos están siendo confrontados por una ofensiva imperialista, representada por el poder financiero internacional y por las oligarquías nativas que vieron sus intereses afectados por los gobiernos populares.

"La Pachamama tiene raíces, no es planetaria. La consideración biosférica es la consecuencia de las múltiples pachamamas en cada uno de esos rincones de los países en el globo", dijo el experto.

Durante su visita a Bolivia, el uruguayo Eduardo Gudynas afirmó que el Decreto Supremo 2366, que permite tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas, es un retroceso sustancial en cuanto a la protección de la naturaleza, y lamentó que al gobierno del presidente Evo Morales, le cueste entender que los derechos de la Madre Tierra, no se refieren a un asunto planetario, sino a realidades locales que hacen un todo.

Desde que finalizara la dictadura de Stroessner y comenzara el periodo democrático en Paraguay, en el año 1989, han resultado asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos, según el informe Chokokue. Paraguay registra una de las cotas más elevadas de América Latina, aunque el hecho no trascienda habitualmente fuera del país. Recuerda esta circunstancia el abogado en materia de Derechos Humanos, Aitor Martínez, autor del informe “Masacre de Curuguaty” (presentado en octubre de 2012) para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). El abogado e investigador trabajó en el equipo de defensa de los campesinos imputados por la masacre entre agosto de 2012 y enero de 2013. La causa fue elevada al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió contra Paraguay, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está pendiente de resolución.

Por medio de una entrevista en una emisora nacional, la policía anunció que a partir del próximo 10 de agosto, se reactivarían las fumigaciones con glifosato en el Catatumbo. Esas declaraciones  prendieron las alarmas del campesinado, que anuncia un posible paro tan pronto empiece esa acción, además se anuncia que se tomarán acciones jurídicas conjuntas por parte de todas las regiones del país que están siendo afectadas por las fumigaciones.

A tres años de la masacre, que derivó en el golpe institucional al expresidente Fernando Lugo, 13 campesinos serán juzgados por "invasión de inmueble ajeno y asociación criminal", mientras que 10 de ellos afrontarán cargos por "intento de homicidio" contra 6 policías. Referentes de Derecho Humanos de sudamérica, entre ellos Nora Cortiñas, viajaron vigilar el proceso, tras varias denuncias por violación de garantías procesales durante la etapa de investigación. El proceso comenzará mañana, luego de que doce de los imputados renunciarán hoy a sus defensas.

En el juicio, que ya había sido pospuesto en varias ocasiones y se prevé que finalice el próximo 28 de agosto, serán juzgados sólo los campesinos, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de 11 trabajadores rurales, ocurrida en el mismo hecho.

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