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Bolivia

Los productores de arroz dicen que en Bolivia no existe soberanía alimentaria, como se habla, debido a que no hay políticas para la siembra sostenible del cereal y el abastecimiento al mercado nacional.

La falta de incentivo al sector agropecuario, las condiciones climáticas adversas, la falta de logística y la ausencia de normas son sólo algunas de las causas para que el sector productivo en Bolivia no abastezca la totalidad de la demanda en el país. Por ello, el Gobierno se ve obligado a acudir -cada vez con un mayor presupuesto- a la importación de alimentos con el fin de garantizar su abastecimiento dejando al margen la soberanía alimentaria.

Según la Fundación Milenio, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la importación de alimentos a Bolivia, entre 2006 y 2013, se triplicó en valor, pasando de 217,9 millones de dólares a 655,3 millones.

El representante permanente de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, confirmó que el país asumirá la presidencia en enero del grupo G77+China, que reúne a 133 países en vías de desarrollo.

Adelantó que la agenda del G77+China en 2014 se centrará en el cambio climático y del desarrollo sostenible. Explicó que Bolivia presidirá, además las reuniones preparatorias sobre el cambio climático.

“Los objetivos del desarrollo sostenible es otro tema importante que será una continuidad de los objetivos del desarrollo del milenio”, dijo el embajador de Bolivia ante la ONU.

Llorenti manifestó que Bolivia ha cumplido con varias metas de la agenda del milenio en términos de reducción de la pobreza y el agua. “Ese va ser otro debate clave, porque los objetivos del desarrollo del milenio sumados a la nueva agenda de desarrollo mundial serán debatidos en 2015”, comentó.

El Proyecto de Norma fue remitido al Pleno de la Cámara de Diputados

La Comisión de la Región Amazónica, Tierra y Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, aprobó en grande el Proyecto de Ley N° 199/2014-2015 de “Desarrollo integral de la Amazonia Boliviana Bruno Racua” y anunció a través de su presidente, Alejandro Zapata, que en fechas próximas se tratará en detalle, informó Erbol digital.

La aprobación en grande fue calificada como "un logro histórico y un significativo avance legislativo" por el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia – BOCINAB, quienes convocaron a conferencia de prensa, en la Sede de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia - CIRABO, en Riberalta.

Una investigación desarrollada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), en coordinación con la Oficina de HelpAge International en Bolivia, revela que en el área rural de Bolivia, nueve de cada diez hombres y siete de cada diez mujeres continúan trabajando en la vejez.

El estudio iniciado en 2013 analiza las características que tienen las actividades laborales que los adultos mayores realizan en las áreas rurales del país y la importancia de las mismas en la generación de ingresos y en el bienestar de las personas mayores y sus familias.

Adultos mayores obligados a trabajar

El documento expresa que el envejecimiento de la población de las zonas rurales de Bolivia es inminente. En 2010 los adultos mayores del área rural representaban el 9%, y se estima que en 2015 asciendan al 10%. Uno de los fenómenos que contribuye a esta situación es la creciente emigración de la población joven, que sale de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida.

Además que la migración ha provocado que las áreas rurales pierdan a los grupos con mayor capacidad productiva, dejando el trabajo productivo y del hogar a cargo de las personas adultas mayores. El 82% de las personas mayores forman parte de la fuerza laboral, quienes se ven obligadas a trabajar para asegurar su subsistencia y la de las personas que quedan a su cargo.

El Gobierno y organizaciones indígenas redactaron el anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que prevé el carácter vinculante de acuerdos para explotar recursos naturales y construir obras.

El presidente Evo Morales, que recibió el documento para remitirlo al Legislativo, pidió “acelerar las consultas” para favorecer el avance de proyectos en territorios indígenas del país.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que la propuesta normativa es el resultado de consensos con 4.000 representantes de diferentes organizaciones de base, delegados de ocho ministerios de Estado y de organizaciones no gubernamentales.

“(El acuerdo) es vinculante porque los acuerdos a los que arribe el Estado con los pueblos indígenas adquieren obligatoriedad para ambas partes, de tal manera que es un mecanismo profundamente cualitativo para profundizar los derechos indígenas”, explicó Romero en el acto, del que participaron dirigentes como de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

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