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Bolivia

Un Atlas elaborado para América Latina detecta que sólo un 25% de los suelos del continente son aptos para la agricultura por ser fértiles de manera natural, mientras que el resto de este recurso está afectado por falta de nutrientes, salinidad, bajas temperaturas, alta humedad y similares condiciones, según un estudio elaborado por la FAO para apoyar el uso sostenible de suelo y llamar la atención sobre su importancia.

“Desgraciadamente, las condiciones necesarias para que un suelo sea fértil de manera natural poseen una distribución muy poco extensa en LAC (América Latina y el Caribe)”, dice el estudio que ilustra las limitaciones medioambientales para la producción agrícola, como la fisiografía, el clima y las características del suelo. La información está contenida en el Atlas de suelos de América Latina y el Caribe, una iniciativa financiada por el programa EUROCLIMA que fomentar la cooperación entre América Latina y la Unión Europea en temas de cambio climático.

Bolivia será sede en 2015 de una cumbre mundial de movimientos sociales frente al cambio climático, en respuesta, se dijo, al fracaso de la COP20 recién finalizada en Lima (Perú). Se trata de una acción propuesta por el presidente Evo Morales y aprobada en la cumbre del Alba.

En la resolución de 43 puntos que suscribieron los diez países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) se señala: “Apoyar a la convocatoria de un encuentro mundial de movimientos sociales para la salvación de la Madre Tierra y enfrentar los efectos adversos del cambio climático, que se realizará en el Estado Plurinacional de Bolivia en 2015” (numeral 29).

El valor de la tierra productiva se quintuplicó entre  2007 y 2013, y el Estado no puede regular el registro de las transacciones, pese a la normativa existente, según un estudio hecho por la Fundación Tierra.

"En lugares como Saipina o Comapara, que se encuentran en los valles cruceños, la tierra valía 2.000 dólares por hectárea en 2007  y para 2013 el precio subió a alrededor de 10.000 dólares. La razón es el potencial agrícola de la región, que creció por importantes inversiones estatales en riego y acceso caminero”, detalla el informe sobre la "Tenencia de la Tierra”, elaborado por esta institución.

El documento, además,  da cuenta de que "similares ejemplos” se pueden encontrar en áreas de interés agroproductivo como las áreas quinueras del altiplano sur, los terrenos destinadas al cultivo de la coca en los Yungas y  Chapare, o en las zonas de expansión de la frontera agrícola o ganadera en la Chiquitania y la Amazonia norte.

Las autoridades y dirigentes de comunidades campesinas consideran que la principal causa de la contaminación del agua en esas poblaciones son los productos agroquímicos, seguidos de los relaves de la minería y, en menor grado, los desechos industriales, según el “Censo Nacional Agropecuario 2013”. En Santa Cruz es donde más se responsabiliza (63%) a los productos agroquímicos, mientras que en Pando es donde menos (4%) se identifica a ese producto.

La información proviene de las percepciones de autoridades y dirigentes comunales registradas en la “boleta comunal” del Censo Agropecuario, aplicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos estadísticos provienen del empadronamiento de más de 18.000 comunidades en el país (en este caso se consigna las respuestas de sus representantes); por otro lado se censaron a más de 900.000 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), a las que se aplicó otro tipo de preguntas.

Campesinos de la comunidad 26 de Julio del municipio San Javier del departamento del Beni denunciaron que con la decisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de revertir sus propiedades a tierras fiscales porque supuestamente no cumplen una función social económica, sólo se tapa el tráfico de tierra y madera en esa población de parte de exdirigentes, además la malversación de recursos del Fondioc para un proyecto de criadero de cerdos.

La presidenta de la esa población, Ingrid Cuellar, señaló apelarán la Resolución Administrativa No 010/2014 que los deja sin más de 10 mil hectáreas de tierras, dotadas en 2010 por el INRA para el beneficio de más de 150 familias campesinas.

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