Es preciso apoyar y fomentar a la agricultura familiar para reducir la dependencia de las importaciones de alimentos y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, planteó la 31 Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), celebrada entre el 26 y el 30 de abril en Panamá.
La Conferencia Regional es la principal reunión que organiza la FAO para América Latina y el Caribe. La versión 31 de la Conferencia tuvo como principal objetivo revisar la labor realizada durante el bienio 2008-2009, y fijar prioridades hasta 2011 para cada una de las subregiones.
Asistieron al evento al menos 150 delegados de 33 países, entre ellos varios ministros y representantes de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y del Programa Diálogo Regional Rural de Centroamérica.
El 28 de abril hubo una reunión sobre un proyecto de la FAO de alimentación escolar en la región, que cuenta con el financiamiento del gobierno brasileño a través del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE).
En la jornada final de la Conferencia hubo un encuentro de seguimiento sobre políticas de apoyo a la agricultura familiar con la participación de ministros de Agricultura de todos los países que tienen programas específicos para el sector.
Se contemplaron citas de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre con organismos de integración regional y proyectos de seguridad alimentaria en el Caribe. El objetivo del intercambio fue fomentar la discusión sobre las formas de articular y coordinar el trabajo realizado.
También participaron en condición de observadores representantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil, quienes se reunieron en la II Conferencia Especial sobre Soberanía Alimentaria con vistas a consensuar un documento común que sea tomado en cuenta por la Conferencia oficial.
Los temas de la Conferencia
De la agricultura depende el bienestar económico y social de los países de América Latina y el Caribe y "las posibilidades de hacer frente a los desafíos socio-económicos que prevalecen en el campo", afirmó el director general de la FAO Jacques Diouf.
En ese marco, la 31 Conferencia de la FAO se concentró en el análisis del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en la región; en el estudio de políticas de fomento a la agricultura familiar, y en la gestión de riesgos y emergencias provocadas el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores agrícola, forestal y pesquero de Latinoamérica.
La agricultura se encuentra bajo presión por la creciente demanda de alimentos asociada al aumento de la población, a la conversión de la tierra y a la degradación áreas de cultivo. Augurios bien fundados suponen un futuro de guerras internas e internacionales a causa de la escasez de agua y alimentos, conflictos que ya ocurren en países muy vulnerables de África.
Las temperaturas más altas podrían reducir de manera considerable la producción de trigo, arroz y maíz, ingredientes básicos en la dieta de millones de personas que subsisten con un ingreso menor a un dólar diario, advierte una investigación presentada en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS en inglés), en San Diego, California.
La escasez resultante de esas cosechas probablemente empuje al alza los precios de los alimentos y aumente la pobreza de amplios sectores, concluye el estudio en 15 países en desarrollo de América Latina, Asia y África, realizado por científicos del Programa de Seguridad Alimentaria y Ambiente de la Universidad de Stanford.
En un escenario como el planteado por el Panel Internacional sobre Cambio Climático, que pronosticó para 2030 un aumento de un grado centígrado en la temperatura global, el modelo proyecta un cambio relativamente bajo en la producción alimentaria, los precios y la pobreza. Pero si el aumento de la temperatura es de 1,5 grados, se estima una baja en la productividad agrícola de entre 10 y 20 por ciento. Eso significaría un incremento del 10 al 60% en los precios del arroz, el trigo y el maíz.
Los retos impuestos por el cambio climático a la alimentación, derecho humano vital y objetivo del Milenio primordial de Naciones Unidas, son enormes. El Instituto Internacional de Política Alimentaria estimó que en 2050 habrá 25 millones de niños hambrientos a consecuencia del cambio climático, y que en 2100 la mitad de la población mundial se verá afectada.
La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PNUMA) enfatizan en la importancia de ayudar con recursos financieros e inversiones a los países pobres, diezmados luego de varios siglos de colonialismo, saqueo y dependencia.
Según el director General de la FAO, la actividad agrícola requiere más inversiones públicas destinadas a la creación de capacidades y al desarrollo institucional, con vistas a responder a la demanda de alimentos de la población. Existe entre un 70 y 80 por ciento de pobres en zonas rurales, pero la agricultura recibe sólo del tres al cuatro por ciento de los presupuestos nacionales.
El segundo tema de debate en la 31 Conferencia de la FAO fue la evaluación del potencial productivo por áreas geográficas, todas ellas impactadas por la crisis económica y el aumento de los precios de los alimentos, pero cada una con desafíos particulares.
El oficial principal de Políticas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe Salomón Salcedo consideró que la identificación de los retos principales en las subregiones ayudará a definir las prioridades de trabajo de la FAO en América del Sur, América Central y el Caribe para los próximos dos años, con acciones complementarias a las ejecutadas por los gobiernos de cada país.
En tercer lugar, la FAO instó a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a prestar especial atención a la agricultura familiar, un sector que contribuye al crecimiento del producto interno bruto (PIB), que dinamiza las exportaciones y genera empleos, además de ser fuente de nutrientes para el consumo y factor clave en la seguridad alimentaria.
Estado de la producción de alimentos en la región
A fines de 2009, la ONU confirmó la existencia de más de mil millones de personas flageladas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición, casi todas en los países más pobres o en vías de desarrollo.
En el mundo hay 1.017 millones de hambrientos, 640 millones en Asia y el Pacífico, 265 millones en Africa, 53 millones en América Latina y el Caribe, y 15 millones en los países desarrollados. Esto significa que una de cada seis personas padece hambre en el mundo. Los países más afectados son República Democrática del Congo y Eritrea, donde 75% y 66% de sus habitantes, respectivamente, pasa hambre.
Hasta 2006, América del Sur logró reducir entre ocho y 12 por ciento la tasa de desnutrición, uno de sus mayores avances, pero después de ese año registró un retroceso en la lucha contra el hambre debido principalmente al alza de los precios de los alimentos y a la crisis financiera.
La FAO estima que más de 53 millones de personas sufren desnutrición en América Latina y el Caribe, cantidad similar a la contabilizada en el periodo 1990-1992. Ello significa un retroceso con respecto a mediados de la década de 2000, cuando el indicador se situó en 45 millones de personas.
La sucesión de catástrofes naturales, el impulso a los llamados biocombustibles como opción al costoso petróleo, el alza en el costo de los productos agroalimentarios, la elevada dependencia de alimentos importados, y la reducción de las inversiones en el sector fueron las principales causas del retroceso.
"La gravedad de la actual crisis alimentaria es el resultado de 20 años de inversión insuficiente en agricultura y abandono del sector", señala un reciente estudio de FAO. "Los recursos destinados a la agricultura han disminuido de un 19% en 1989 hasta un 3% en 2006, aunque ahora ha vuelto a aumentar al 6%. Naturalmente, si no hay inversión en un sector, éste no se desarrolla", advirtió Diouf en la apertura de la 31 Conferencia de la FAO.
Según la FAO, el Caribe es la única subregión de América Latina y el Caribe en la que el número total de personas sub nutridas aumentó durante el período 1990-2005, pasando de 7,5 a 7,6 millones.
América Central es cada vez más dependiente de las importaciones de alimentos. En el caso del maíz, en 2006, los habitantes de esa subregión consumían 5,6 millones de toneladas métricas, pero solamente producían 2,8 millones. Por otro lado, Venezuela es un país rico, pero aún depende de las importaciones de alimentos. En tanto que en 2008, el 80% de la producción de alimentos en Bolivia estaba en manos de los medianos y grandes agroindustriales del departamento de Santa Cruz.
Bolivia es el primer productor mundial de quinua. El pasado año el país produjo 29.500 toneladas del llamado grano de oro, de las cuales exportó 14.500 a países de Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica. El cultivo intensivo está provocando graves impactos socioambientales en el altiplano boliviano como por ejemplo el desplazamiento de la ganadería de camélidos y ovinos, y un fuerte proceso de desertificación de suelos en Oruro y Potosí.
Agricultura familiar
Durante décadas se promovió la importación de alimentos básicos baratos en vez de producirlos porque se suponía que siempre estarían disponibles y a bajos precios; sin embargo, los hechos recientes desmintieron esa política agroalimentaria.
"La crisis ha generado un cambio en el enfoque con que los gobiernos enfrentan la agricultura en la región", considera Fernando Soto Baquero, jefe de la Subdirección de Asistencia para las Políticas de la Oficina Regional de la FAO.
El elevado costo de los productos básicos ha llevado a los gobiernos a impulsar políticas de incentivo al sector nacional para de esta forma sustituir las importaciones de rubros agrícolas, utilizando capacidades productivas ociosas en el campo e impulsando la producción de alimentos autóctonos y tradicionales, señala un documento de la FAO presentado en la 31 Conferencia Regional.
El representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe José Graziano resaltó que en Chile, Colombia, Ecuador, Haití y Panamá se facilitaron diálogos nacionales sobre seguridad alimentaria y desarrollo rural. De esta forma, se incrementó la producción local y el peso de la agricultura familiar en las naciones del área adquirió mayor relevancia.
La FAO señala que "muchas de las medidas relacionadas con la agricultura familiar que han impulsado los gobiernos de la región, a pesar de haber sido pensadas inicialmente en función de la emergencia, han dado paso al establecimiento de programas que apuntan a dinamizar la pequeña producción".
Según Soto Baquero, este conjunto de medidas articula un nuevo programa de políticas en el que la agricultura familiar tiene un rol fundamental. Ahora los Estados intentan definir de manera soberana sus políticas agrícolas, alimentarias y de administración de tierras, y reconstruyen los mercados de alimentos y ciclos locales de producción y consumo.
Sin embargo, la Red de Derechos Humanos de Panamá (Rdh-Panamá) advirtió que prevalecen prácticas que influyen directamente en el abandono de la actividad tradicional campesina, lo cual pone en peligro el patrimonio genético de la humanidad.
Los gobiernos de la Alianza ALBA y casi todas las organizaciones sociales de la región consideran que la principal amenaza es el sistema de producción agroindustrial monopólico y concentrado a nivel global.
Según un proyecto de negociación presentado por el Estado Plurinacional de Bolivia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es esencial revisar el sistema global de comercio agrícola, las provisiones de acuerdos de comercio, las condicionantes de ayuda, los regímenes de propiedad intelectual y las tecnologías agrícolas.
Entre las tecnologías que deberían ser revisadas críticamente, Bolivia menciona a la agricultura industrial (con su dependencia en agro-químicos, semillas controladas por cooperaciones y el intensivo uso de agua), la ingeniería genética, la Tecnología Terminator, los biocombustibles, la nanotecnología y geo ingeniería.
El nuevo modelo
Para garantizar el derecho a la alimentación de toda la población de América del Sur, la FAO plantea fortalecer la agricultura familiar y rescatar los cultivos tradicionales y la pesca artesanal, cuya participación en la economía es superior al 50 por ciento en países como Brasil, Chile y Colombia.
Ya en el 2007, un análisis del organismo y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en seis países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Nicaragua) resaltó la importancia de esa modalidad de producción agrícola, con énfasis en el empleo y utilización de los recursos naturales.
Las estadísticas revelan que la agricultura familiar aporta la totalidad del maíz, tubérculos, frijoles y buena parte de la ganadería para consumo humano en Centroamérica. En Brasil, le corresponde hasta 52 por ciento de la producción de leche y 67 por ciento en el caso del frijol.
La Iglesia Católica, la FAO, expertos de la ONU, entes privados como el Deutsche Bank y hasta la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama proponen recuperar técnicas agrícolas tradicionales y revitalizar los huertos familiares y las granjas pequeñas y medianas porque son más eficientes en el uso de agua y energía, y sobre todo más justas desde el punto de vista social.
Según la FAO, para reforzar la agricultura familiar es necesario dinamizar el mercado interno de alimentos básicos, e incentivar la organización de los pequeños y medianos agricultores, buscar mercados agroalimentarios más competitivos, y desarrollar instrumentos para la gestión y el manejo de riesgos y programas de sanidad vegetal.
La RDH-Panamá asevera que "las políticas agrícolas estatales deben apoyar una agricultura sostenible para asegurar el ejercicio pleno y eficaz del Derecho a Alimentación, sin el cual es imposible garantizar condiciones dignas de existencia para las personas".
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que la promoción de la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población son dos de los objetivos más importantes de las empresas y entidades económicas de propiedad estatal (Artículo 309); y que la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de seguridad y soberanía alimentaria para toda la población. (Artículo 255)
La Carta Magna dispone que la política del desarrollo rural integral sustentable, fundamental en las políticas económicas del Estado boliviano, debe priorizar la producción de alimentos en el territorio nacional y otras acciones que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria. (Artículos 405 y 407)
En ese sentido, la Constitución boliviana manda fortalecer la economía familiar y comunitaria de pequeños productores agropecuarios por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento. (Artículos 405 y 406)
Son obligaciones del Estado aplicar políticas de fomento y apoyo a sectores agropecuarios con debilidad estructural natural (Artículo 407); determinar estímulos para compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía (Artículo 408); facilitar financiamiento a organizaciones de economía comunitaria (Artículo 336); y acceso a capacitación técnica, tecnología, créditos, mercados, procesos productivos y preferencias en las compras del Estado. (Artículos 334 y 255)
En resumen, los fines supremos del nuevo modelo agrícola en gestación son la autosuficiencia y garantizar alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficiente para sustentar una vida digna.
En la nueva lógica, la salud, la educación, el agua y especialmente los alimentos no son mercancías que se transan en el mercado, sino derechos humanos fundamentales para asegurar otros derechos, especialmente el derecho primario a la vida.
Con datos de la FAO, Prensa Latina y Aporrea.
