Por Jim Lobe
WASHINGTON, 6 nov (IPS) -
La Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), que funciona en la órbita del Congreso legislativo pero de forma independiente, concluyó que el Plan Colombia contra las drogas y la insurgencia aprobado en 1999 por el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) fracasó rotundamente.
El Plan parece haber alcanzado la meta de reducir en esos seis años la producción de drogas en la nación andina al menos a la mitad, pero sólo en lo que refiere al cultivo de adormidera (amapola) y al procesamiento de heroína, según el informe de la GAO publicado esta semana.
Pero los cultivos de coca, mucho más extensos, aumentaron 15 por ciento en los seis años, y la producción de cocaína, cuatro por ciento, agrega el estudio.
Los resultados de la investigación de la GAO podrían alentar un rediseño de la estrategia antidrogas estadounidense, en especial hacia Colombia y otros países andinos, tras la investidura el 20 de enero próximo del presidente electo Barack Obama.
"El nuevo gobierno y el nuevo Congreso deberían aprovechar la oportunidad de lanzar un debate serio hacia una política realista sobre drogas", dijo el experto en narcotráfico John Walsh, de la no gubernamental Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA).
Según Walsh, tal política no debería "esperar resultados inmediatos y radicales", pero sí "concretar las inversiones necesarias en desarrollo rural y en la construcción de instituciones civiles fuertes".
WOLA rechaza lo que percibe como un énfasis desproporcionado en la asistencia militar y en la fumigación aérea para erradicar los cultivos de coca en el Plan Colombia.
"Está de más decir a estas alturas que el programa mejor diseñado y ejecutado en Colombia sería en vano si Estados Unidos no toma en cuenta la demanda de cocaína" en su propio territorio, sostuvo Walsh.
Adam Isacson, experto en asuntos colombianos del Centro para las Políticas Internacionales (CIP, por sus siglas en inglés) con sede en Washington, consideró que el informe de la GAO "representa una oportunidad para repensar una política que, obviamente, no funciona".
"Esto, combinado con las malas noticias en materia de derechos humanos procedentes de Colombia, deberían inspirar a la próxima administración un cambio de rumbo", afirmó Isaacson.
El experto se refería al cese la semana pasada de 27 militares, entre ellos tres generales y otros 17 oficiales entrenados por Estados Unidos, así como soldados acusados de ejecución extrajudicial de civiles inocentes a los que disfrazaron como guerrilleros.
La intención de esas masacres era elevar artificialmente a los ojos del público el saldo de bajas de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los ceses, decididos luego de una prolongada investigación sobre incidentes que, según organizaciones de derechos humanos, constituyen la punta del iceberg, derivaron en la suspensión de la ayuda militar estadounidense a tres unidades del ejército implicadas.
Washington tomó la decisión en cumplimiento de la Ley Leahy, que exige la suspensión de esa asistencia en caso de que se recabe evidencia de peso sobre la participación de las brigadas en cuestión en graves violaciones de derechos humanos.
El martes, luego de los despidos, presentó renuncia a su cargo el comandante del ejército de Colombia, general Mario Montoya, un militar entrenado en Estados Unidos acusado de serios abusos.
Las últimas noticias referidas a Colombia no llamaron mayormente la atención en Washington debido a las elecciones del martes, pero podrían tener un impacto importante en Washington una vez que asuman en enero Obama y los nuevos legisladores.
Obama, como la mayoría de su partido, el opositor Demócrata, se resiste a ratificar el tratado de libre comercio con Colombia debido a las preocupaciones en materia de derechos laborales, en especial el asesinato de sindicalistas por parte de escuadrones de la muerte, y por la ejecución de civiles.
El mayor control del Partido Demócrata sobre el Congreso luego de que asuman los nuevos legisladores demócratas también conspira contra la pretensión del presidente colombiano Álvaro Uribe de una rápida ratificación del tratado.
Según Isacson, la preferencia de Uribe por el rival de Obama en las elecciones presidenciales, el senador oficialista John McCain, no le ayudarán a granjearse amigos en el nuevo gobierno estadounidense.
El presidente colombiano fue una de las pocas figuras políticas extranjeras que se reunieron durante la campaña electoral con la compañera de fórmula de McCain, Sarah Palin, gobernadora de Alaska.
Sin embargo, Dan Restrepo, quien posiblemente se hará cargo de las relaciones con América Latina en el gobierno de Obama, facilitó el contacto entre Uribe y dirigentes demócratas a comienzos de este año.
En el marco de una seria crisis financiera, la mayoría de los analistas prevén que el Plan Colombia sería una de las víctimas de los recortes financieros que se analizarían el año próximo.
Bogotá ha recibido unos 700 millones de dólares anuales en asistencia de Washington en los últimos tiempos, la mayor parte correspondiente al Plan Colombia. Se trata del principal beneficiario de la ayuda estadounidense en América Latina y uno de los mayores de todo el mundo.
Noventa por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos procede de ese país sudamericano, según la Oficina de Política Nacional contra las Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), organismo que defiende con fuerza la asistencia militar y la erradicación de cultivos mediante fumigación aérea.
El director de la ONDCP, John Walters, insistió en que el Plan Colombia cumplió, en algunos casos superándolas, nueve de sus diez metas originales no analizadas en el informe de la GAO, según indica un apéndice de la publicación.
De hecho, el estudio destaca que la asistencia militar y de seguridad incluida en el Plan "mejoró el clima de seguridad", pero advirtió que esos avances "no son irreversibles", pues persiste la amenaza de las FARC y otras organizaciones irregulares.
Por otra parte, la GAO reveló que buena parte de la asistencia asignada al desarrollo de cultivos alternativos a los de drogas no se canalizó hacia las áreas cocaleras.
"La consecuencia final es que estamos rociando cantidades masivas de herbicida sobre campesinos en las áreas con menos presencia del gobierno, sin que les demos ningún otro medio para subsistir ni tampoco seguridad alimentaria básica", dijo Isacson a IPS.
Una red de instituciones de la sociedad civil, entre ellas WOLA, CIP y el Grupo de Trabajo sobre América Latina, llamó la semana pasada a reasignar la asistencia del Plan Colombia, de modo de reducir la destinada a las fuerzas armadas, la seguridad y la fumigación y de aumentar la dirigida al desarrollo social y económico de áreas rurales y con presencia relativamente escasa del gobierno.
Entre 2000 y 2007, alrededor de 80 por ciento de la ayuda se entregó al ejército y la policía. El Congreso estadounidense redujo esa proporción a 65 por ciento.
Isacson consideró que la ayuda social y económica debería superar a la militar y policial a partir de 2009.(FIN/2008)
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