“La reivindicación de la palabra ´campesino´, en una provincia y un país como el nuestro, estuvo por muchos años invisibilizada.” Natalia Manini, militante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), puso en contexto histórico y destacó el valor simbólico de la lucha de los y las sin tierra en territorio cuyano. Sus palabras se escucharon el pasado 19 de noviembre en Lavalle, Mendoza, en la finca recuperada donde funciona el Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina (Cefic-Tierra). La UST celebró allí sus 20 años de lucha campesina.
Si se dice que 20 años no son nada, para la biografía de los pueblos olvidados dos décadas de construcción de un proyecto político y territorial constituyen una estirpe de larga duración, algo así como una ascendencia de lucha. Una infinidad de anécdotas acumuladas en proyectos, reclamos y jornadas de trabajo por tierra, agua y justicia que son la esencia de la UST. Desde los tiempos en los que se pararon las primeras topadoras, en los que se levantaron carpas de resistencia a los desalojos frente a la criminalización de campesinas y campesinos y las denuncias por intimidación, hasta las más recientes presentaciones por intentos de usurpación. Todo está guardado en la memoria.
Durante la conmemoración de los 20 años, Natalia mencionó algunos hitos en la recuperación de tierras. “Hemos luchado desde nuestro nacimiento por recuperar y sostener nuestros campos comunitarios”, reivindica. Y en el repaso surgen las tierras de La Verde (San Martín), Jocolí Norte (Lavalle), La Estación (Lavalle), Los Leones (San Rafael), Trintrica (Malargüe), Llano Blanco (Malargüe), Punta del Agua (San Rafael). Además de los campos comunitarios, la UST también logró acceso a la tierra y el agua en fincas recuperadas que hoy están bajo producción: Finca Martina Chapanay, Finca Grito Rebelde, Finca Catamarqueño, finca recuperada Mate Cocido y finca recuperada Montecaseros, entre muchas otras.
Organización campesina por tierra, agua y justicia
El cambio de siglo signó toda la historia de las clases populares en Argentina y América Latina. Mientras a nivel nacional surgían estrategias sindicales como el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), las iglesias repartían alimentos y el andamiaje gubernamental se descascaraba; en Mendoza, trabajadores rurales, campesinos, campesinas, pequeños agricultores y pueblos originarios debatían cómo escaparle a las consecuencias de un modelo económico de concentración. Si bien en Argentina la burguesía terrateniente consiguió de manera temprana armar un país hecho a medida de los grandes propietarios, en los últimos 30 años del siglo XX —dictadura militar y menemismo mediante— se aceleró la embestida contra la vida campesina.
La estructura social agraria se modificó con el neoliberalismo. Entre los años 1991 y 2001, la población total argentina creció un 13 por ciento, mientras que las familias habitantes de la zona rural disminuyeron un ocho por ciento. Las personas que habitaban en el campo, representaban un 11 por ciento del total nacional.
En Mendoza, desde fines de la década de 1980 ya era notoria la aceleración en la concentración de la tierra. La reconversión vitivinícola alentó en Cuyo, como pocas, la salida masiva del campo a contramano de la voluntad propia. El rol de las grandes empresas esmeriló las potencialidades de las Pymes locales y expulsó al campesinado pobre a subsistir a destajo. En el caso del trabajo caprino, al norte y sur de la provincia, de alguna manera la desidia histórica del Estado se terminó por sincerar: mientras las familias puesteras fueron cada vez más marginales, la apuesta por el turismo y las actividades extractivas fue en aumento. La combinación entre apertura económica y desregulación política potenció la crisis de una provincia que solo tiene tres por ciento de su territorio con acceso a riego para cultivo.
Así las cosas, la virtual desaparición de la vida rural contrastó con el crecimiento de la organización sociopolítica. En la medida que se concretó un modelo agrícola orientado a la exportación, se afianzaron organizaciones agrarias que reclamaban frente al avance del capital en los territorios. Ese escenario, entre tantos otros, forjó el nacimiento de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Mendoza. Desde inicios de los 2000, un centenar de familias —con el tiempo un movimiento de miles— en el campo profundo levantaron la voz y armaron sus banderas con los colores de la tierra, el agua y la lucha.
Fue un diciembre de 2002 cuando la UST hizo su primera marcha contra la concentración de la tierra y del agua en pocas manos. Al principio se fue consolidando el trabajo con jóvenes de las comunidades Huarpes y la Unión de Jóvenes Campesinos de Cuyo (UJoCC). Pocos años después, y con mucho esfuerzo la organización se expandió por toda la provincia. Con la ocupación de tierras improductivas, la construcción de pozos de agua, de fábricas de agregado de valor de alimentos y la creación de sistemas alternativos de comercialización, la organización construyó una forma de resistir al desalojo y la exclusión.
No en vano ese perfil de re-existencia se abrió camino en todo el continente. Es por eso que la UST conformó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), allá por 2005, junto a más de 20.000 familias, que se articulaban en el Mocase-VC de Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Red Puna y Quebrada de Jujuy, la organización GIROS de Santa Fe, el Servicio a la Cultura Popular (Sercupo) de Buenos Aires y el Encuentro Calchaquí de Salta, entre otras organizaciones. A su vez, el MNCI se integró a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y a la Vía Campesina Internacional (VC).
Tal vez, como todo, objetivamente algunas cosas aún no cambian. Es que, como reflejó el Censo Nacional Agropecuario 2018, el campo cada vez está más concentrado: el uno por ciento de las explotaciones controla el 36 por ciento de la tierra, mientras que el 55 por ciento de las pequeñas chacras tiene solo el dos por ciento de la tierra. Sin embargo, la presencia de la organización campesina hizo de Mendoza un espacio de disputa territorial al que comenzó a mirar toda la región. Organizarse para defender derechos campesinos en este contexto implica rearmar estrategias de permanencia en el campo y litigar territorialmente. Precisamente, la propuesta política de la UST ha consistido en acompañar la lucha por el territorio y el agua para las familias del campo.
Pedagogía de campesino a campesino
No solo de tierra viven las y los campesinos, también las letras, los números, la geografía y la historia están en el horizonte de la lucha agraria en América Latina. La CLOC y la Vía Campesina vienen apostando, hace tiempo, por una pedagogía de la alternancia y la educación popular. Desde los cursos y campañas bajo el modelo de “campesino a campesino”, seminarios, talleres y campañas de semillas nativas hasta las Escuelas e Institutos de Formación en Agroecología. El campesinado ha avanzado en construir espacios pedagógicos relacionados al proceso de escolarización, ya sea en la graduación, a nivel técnico o incluso de especialización.
La UST ha ido gestando una propuesta político-pedagógica para el campo y desde el campo nucleada en el Cefic-Tierra. Su escuela de formación surgida entre los años 2009 y 2010, se expandió a todo el territorio mendocino como la Escuela Campesina de Agroecología, que en 2022 cumplió sus diez años de existencia formal.
La propuesta educativa campesina se amplió año tras año. En 2016 surgió la Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local; en 2018 avanzó la propuesta del Profesorado de Maestrxs Rurales, la Tecnicatura Superior en Agronomía, con orientación agroecológica; en 2020, la diplomatura en Agroecología y Manejo Sostenible del Territorio, y la Escuela Popular de Género “Anita Quiroga”. Más recientemente —pese a los embates del gobierno provincial y su amenaza de cierre— se abrió camino la Escuela Campesina en Agua de las Avispas, en Luján de Cuyo, y otra escuela abrió sus puertas en Malargüe, con familias campesinas e indígenas trashumantes.
“Hemos sido estigmatizados por una propuesta educativa que construimos para nuestro sector”, apunta Marta Greco al momento de hacer memoria de los 20 años y la falta de acompañamiento por parte del Estado, y continúa: “A este gobierno provincial no le interesa la alternancia, no le interesa la educación para la ruralidad, no le interesa que tengamos propuestas educativas de nivel superior, pero no vamos a dejar de luchar para sostener nuestra propuesta pedagógica para el sector rural”. Por esa tenacidad es que más de 350 compañeras y compañeros campesinos han terminado sus estudios secundarios, han pasado por procesos de alfabetización y hoy sostienen la educación superior en el campo.
De la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra a la Mesa Agroalimentaria
Las mujeres fueron fundantes en la batalla por sostener el arraigo rural y han sido la razón por la que crecieron las fábricas de conservas y unidades domésticas donde se producen mermeladas, néctares de frutas y tomate triturado, espacios de trabajo centrales de la UST. En el balance de sus 20 años, se resaltó el trabajo del grupo inicial conocido como “Las Luchadoras”, mujeres campesinas de los campos comunitarios La Estación y Jocolí, que en plena crisis comenzaron la producción colectiva de huertas y conservas. La forma cooperativa ha permitido sostener los espacios de trabajo y también construir redes de comercio justo y mercados solidarios en diferentes provincias, que fueron sedimentando uno de los logros más recientes de la organización: el Almacén Campesino, ubicado en la ciudad de Mendoza.
“Los 20 años para mí significan mucha lucha, muchos desafíos que tenemos por cumplir, cosas que nos han faltado como poder ayudar a los productores en su tarea”, proyecta Natalia Arroyo, referente de Malargüe. Tierra, agua, justicia, pan, igualdad, derechos campesinos… todos los reclamos están ahí, más vigentes que nunca. Todo lo que falta ha llevado a la UST ha participar de manera activa en la consolidación del Movimiento Nacional Campesino Indígena–Somos Tierra (MNCI-ST) junto con el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Red Puna de Jujuy, el MNCI-ST de San Juan, la Mesa Campesina del Norte Neuquino y el MNCI Misiones, entre otras organizaciones provinciales de base.
La propuesta de un programa agrario para Mendoza, junto con los ensayos de un Foro Agrario Soberano y Popular a escala nacional, han sido espacios en los que el MNCI-ST ha colocado su reivindicación de los Derechos Campesinos, que en 2018 reconoció Naciones Unidas. Quizá, ese antecedente de articulaciones por abajo es lo que ha permitido que se consolidé la Mesa Agroalimentaria Argentina en un periodo cargado de incertidumbre para el campo que alimenta y construye soberanía alimentaria.
En buena medida la defensa de la autonomía de la organización no ha esquivado los debates políticos al interior del movimiento durante estos primeros 20 años. Por el solo hecho de no rehuir responsabilidades y colocar el reclamo del sector en todos los espacios posibles, es que la UST siempre ha pensado más allá de las pequeñas “islas” autogestivas en los bordes del sistema. Se trata de disputar el sentido de las políticas públicas y promover el protagonismo en la orientación de las lógicas que asume el Estado para con el campesinado y la agricultura familiar. Fruto de esas prácticas es que se ha avanzado en tensionar los espacios de gobierno local, provincial y nacional.
En estos 20 años de lucha la UST devino en eso: ni más ni menos que una gran semilla de resistencias, una forma de trastocar el alicaído paisaje de zonas no irrigadas que sufren el desarraigo y la exclusión del campesinado, una multitud de pueblos negándose a la concentración de la tierra y el desalojo y reivindicando sus formas ancestrales de vivir y producir. Larga vida a la UST.
