El desalojo de la Comunidad Indígena Ava, 15 de Enero, ocurrido ayer en el distrito de Nueva Toledo, Caaguazú, ha dejado 29 personas detenidas, varios heridos y más de 40 familias indígenas desahuciadas. La violencia contra los Pueblos Indígenas se ha vuelto una constante en los últimos años y se ha sumado a la histórica exclusión de la que fueron víctimas, esta violencia guarda relación con el avance del agronegocio sobre sus territorios y a la defensa de los intereses de latifundistas que ejerce el Estado paraguayo.
La Comunidad 15 de Enero está compuesta por unas 45 familias indígenas, muchas de ellas con numerosos niños y niñas, hace más de 15 años resisten en un remanente boscoso rodeado de sojales en el distrito de Nueva Toledo, ocupan apenas 100 hectáreas en una zona que ha sido históricamente hábitat tradicional de su Pueblo. Desde hace años sojeros de origen menonita buscaban despojarlos de esas tierras para continuar avanzando con la sojización, con la consecuente deforestación en el lugar; las familias indígenas denuncian que las tierras son parte de un excedente fiscal y que desde el 2013 aguardan que el Instituto Nacional de Desarrollo rural y de la Tierra (INDERT) realice la mensura judicial que les permita avanzar en el aseguramiento de las tierras que ocupan.
Los más de 400 policías movilizados ayer para contra la Comunidad actuaron bajo las órdenes de la fiscal Norma Salinas, acompañados de civiles armados ejecutaron un desalojo forzoso, irregular y destruyeron viviendas, enseres y cultivos de los indígenas. La violencia dejó casi treinta personas detenidas, varios heridos y una grave crisis humanitaria en la comunidad ya que quedaron prácticamente sin nada.
La violencia contra los Pueblos Indígenas que defienden sus territorios ha venido aumentado en los últimos años y sumando nuevas aristas. Si bien el avance del agronegocio sobre el territorio indígena no es nuevo, esta situación se ha profundizado, los datos del censo indígena del 2012 mostraban que 1 de cada 3 comunidades indígenas tenía dificultades con relación a la tenencia de la tierra, el 60% de esos casos estaba relacionado con empresarios del agronegocio que pretendían apoderarse de esos territorios; la realidad nos muestra que los datos, de por si alarmantes, de hace una década han empeorado.
Si bien existe una amplia protección jurídica sobre el territorio y los derechos de las personas indígenas; esta normativa ha sido reiteradamente violada por agroempresarios y por el propio Estado en los últimos años.
Según datos recabados por el Observatorio Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS en el año 2019 se registraron 7 situaciones de violencia a comunidades indígenas buscando expulsarlos de sus territorios; el 86% de los casos fue con civiles armados que realizaron ataques a las familias nativas. En el 2020 se registraron tres ataques a comunidades, todos ellos ejecutados por civiles armados que afectaron a comunidades de Itapúa y Caaguazú.
Para el 2021 los ataques se transformaron en desalojos ejecutados por el propio Estado, de un total de 15 situaciones de violencia contra comunidades indígenas 13 fueron desalojos forzosos y 2 ataques a comunidades, afectando en total a cerca de 4.500 personas indígenas.
Desde octubre de 2021 entra en vigencia la Ley de Criminalización Zavala Riera, lo que podría explicar la dinámica represiva que se configura en el último periodo, donde a los desalojos y ataques se suman imputaciones y detenciones masivas contra los indígenas. Fue justamente tras la aprobación de esta Ley que se desató una represión contra manifestantes indígenas que se maifestaban frente al Congreso Nacional; luego sería detenido, imputado y encarcelado el dirigente indígena Derlis López.
La presión del agronegocio sobre el territorio indígena ha generado, en contrapartida, un crecimiento en la capacidad de articulación e incidencia política por parte de las organizaciones de Pueblos Originarios. Los datos nos permiten ver que tras la violencia desatada desde los agroempresarios, con sus civiles armados, ha entrado a actuar el Estado, primero ejecutando desalojos irregulares a los que se intenta dotar de alguna legalidad, por más que violen todas las normativas vigentes, y luego criminalizando, deteniendo e imputando a los defensores y defensoras del territorio.
