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Se cumplen diez años del golpe parlamentario contra el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, encabezado por Fernando Lugo, que había llevado al gobierno a un signo político diferente al Partido Colorado tras más de 60 años. Compartimos un rápido repaso de lo que han significado estos años en materia de políticas públicas vinculadas a una restauración conservadora y profundización del extractivismo.

Al analizar lo acontecido tras el golpe parlamentario Abel Irala, analista e investigador, señala que “las diferentes medidas, al menos en su mayoría, vinculadas a leyes y programas de reformas neoliberales adoptadas por los gobiernos, contribuyeron al debilitamiento y desgaste de las instituciones públicas cuando que la tarea era lo contrario, fortalecer y sanear la institucionalidad pública, la burocracia y la profesionalización del funcionariado público”.

“Trabajo decente; agricultura familiar; reforma agraria integral; conservación, uso sustentable y soberanía de los bienes naturales; oportunidades productivas de inversión y empleo; estabilidad macroeconómica y política financiera que sustente la política social; e incremento y mantenimiento de la infraestructura pública, fueron temas que estuvieron presentes en el gobierno de Lugo, pero en muchos casos no lograron efectivizarse”agregó evaluando la gestión previa al golpe.

Por su parte las políticas de Federico Franco, Horacio Cartes y Abdo Benítez apuntaron a una mayor desprotección de la población, “la flexibilización laboral, un sistema de salud y educación con enormes deficiencias; además han establecido un marco legal propicio para las inversiones extranjeras con objeto de extraer riquezas de diversas formas, sin aportar al crecimiento interno y sostenimiento del país” según menciona.

Agronegocios y criminalización

“Los agronegocios pasaron a ser el núcleo político, ideológico y económico del capitalismo en Paraguay, alrededor de los que se estructuran los órganos de poder nacionales e internacionales” señala el analista. Al respecto se debe mencionar que en los últimos 10 años se han liberado 40 eventos transgénicos nuevos, sumado la liberación de la llamada edición genómica, sin ningún tipo de discusión acerca de sus implicancias; además de una evidente flexibilización de las normas jurídicas para permitir la entrada de estas tecnologías.

Si bien no existen datos nuevos respecto a la tenencia de la tierra, sin dudas el alto acaparamiento de la misma ha continuado profundizándose, la soja soja transgénica sigue siendo el principal rubro del agronegocio seguida por el maíz transgénico y trigo, a estos se han sumado nuevos rubros del agronegocio: plantaciones de arroz y monocultivos de eucalipto con las consecuencias ambientales y sociales que trae la expansión de estos cultivos. La profundización del modelo ha derivado en la existencia frecuente de fenómenos climáticos extremos, en los últimos años se han sentido los efectos de la crisis climática, con grandes inundaciones, incendios forestales e importantes sequías.

Para lograr que el afianzamiento del extractivismo los gobiernos post-golpe continuaron con la política de criminalización, represión y judicialización hacia quienes cuestionan el modelo. Al respecto Irala señala que “se sigue desarrollando y profundizando una línea de violencia y criminalización contra los movimientos sociales, especialmente en el marco del acaparamiento de la tierra y el control de la ruralidad, un hecho novedoso en este sentido es el avasallamiento al territorio indígena, que por su protección jurídica particular había estado a resguardo de la expansión del agronegocio anteriormente”.

Cabe mencionar que apenas asumido el gobierno de Horacio Cartes, poco más de un año después del golpe, el referente colorado logró aprobar la llamada Ley de Militarización. “Fue ágil y no dudó en promulgar leyes que favorecían la concentración de poder en el Ejecutivo, incluso alterando peligrosamente las reglas de juego de un país que intenta ser democrático, como la ley que permite a las fuerzas militares actuar en cuestiones de seguridad interna, y se destinaron a cubrir hasta el momento tres Departamentos del país: San Pedro, Concepción y Amambay” dijo Irala.

Chaco

“Hay un preocupante avance del modelo sobre el Chaco paraguayo, que es aproximadamente el 60% de la superficie del país, es una zona clave para la extensión del agronegocio” indica el analista. El territorio chaqueño es sumamente importante en términos de biodiversidad y riqueza cultural, lo que estaría bajo amenaza.

Lis García, investigadora de BASE-IS, indica que la producción ganadera ha avanzado lo cual ha generado las mayores tasas de deforestación a nivel regional. “En este marco ha avanzado también la ganadería feedlot, que tiene un alto consumo de agua, lo cual pone en riesgo al Acuífero Yrenda, fuente fundamental de agua dulce en el territorio esto se suma el desarrollo de proyectos importantes de monocultivo sojero con biotecnología transgénica resistente a la sequía y al glufosinato de amonio (15 veces más tóxico que el glifosato)”.

En apretada síntesis puede señalarse que la última década ha significado un periodo de afianzamiento y profundización del modelo extractivista en Paraguay, el golpe impidió que este modelo fuera puesto en entredicho desde posiciones de gobierno. A esto debe sumarse también el ingreso a la política de actores sospechados de vínculos con actividades criminales, el fenómeno de la narcopolítica y la violencia creciente son muestra de que estos grupos tienen un amplio dominio en el territorio nacional.