Los 10 puntos planteados por las organizaciones indígenas son viables, abramos una discusión más profunda sobre ellos
Tenemos la oportunidad de trabajar en la plurinacionalidad, la interculturalidad, los Derechos Humanos y de la Naturaleza, los derechos de género e intergeneracionales.
- Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el Diésel a $1,50 y la gasolina Extra y Ecopaís a $2,10, derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
El país demanda una estrategia de transición energética democrática, popular y realmente sustentable. Por un lado, es necesario focalizar subsidios en beneficio de agricultores, transporte público y energías renovables descentralizadas. Por otra parte, se debe planificar una alternativa a los combustibles fósiles, lo cual requiere dejar de subsidiar el uso de esos combustibles por parte de varias grandes industrias. Habrá que trabajar también en el uso eficiente de la energía, entendida como un derecho y no como una simple mercancía. Es necesario, entonces, combinar la política de combustibles con una política de transición energética.
ACCIONES CONCRETAS
Mínimo innegociable: alcanzar un precio de diésel de 1,50 dólares por galón.
El costo del subsidio adicional al diésel no sería de más de 300 millones de dólares (en 2021
todo el subsidio al diésel sumó 511 millones).
Elaborar de un plan de focalización del subsidio en beneficio de los siguientes sectores:
transporte público de personas y de carga
transporte empleado por unidades de la economía popular y solidaria
combustible empleado por agricultores, campesinos, pescadores, y otros sectores productivos pequeños y medianos, incluyendo a pueblos indígenas y afrodescendientes
Impulsar un plan de uso eficiente de las energías disponibles, sin mantener subsidios a
quienes no merecen ese apoyo estatal.
Alcanzar un precio de Extra-Ecopaís de $2,10 por galón para sectores populares.
Parte/todo el subsidio a la Extra podría financiarse con un mayor impuesto al rodaje a
vehículos de alta gama y sectores de altos ingresos según datos del SRI.
Construir de manera participativa y democrática de un plan de transición energética justa y descentralizada (no en la lógica de mega-proyectos corporativos) enfocado a un mayor empleo de la hidroelectricidad y energías renovables, alentando el uso eficiente de la energía en todos los segmentos, con un fortalecimiento sustantivo y subsidiado del transporte público.
Crear con parte del sobreprecio del petróleo (en comparación al precio que fundamenta el presupuesto del Estado) un fondo sustancial para financiar transformaciones estructurales, tanto proyectos de transición energética como una reorientación de las políticas agrarias (igualmente dependientes actualmente de los combustibles fósiles) en el siguiente sentido:
Fondos no reembolsables, preferenciales para mujeres, para desarrollar fuentes de energía autónomas, descentralizadas y de bajo impacto en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en los barrios y en edificios de uso comunal o colectivo.
Fondos no reembolsables para transitar de las cadenas de producción corporativas a la agricultura ecológica, preferenciales para las mujeres del campo, y para financiar la infraestructura necesaria para la comercialización directa del producto en las ciudades.
Fondos no reembolsables para comprar tierras de uso colectivo o comunal, inembargables invendibles, para producción agrícola, con garantía de participación de las mujeres.
Exigir la creación de un espacio de planificación económica democrático en donde se aborden todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo en especial el energético y alimentario, y se asegure la participación de varios sectores sociales a la vez que el Estado se comprometa a otorgar toda la información necesaria para dicha planificación. El espacio no debería ser dependiente del poder Ejecutivo sino poseer un carácter autónomo.
- Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
Las deudas asfixian a la población más aún por los impactos de la crisis económica y la pandemia del coronavirus. Tanto los sectores populares como la clase media necesitan reducir sus deudas para ampliar su capacidad de consumo y reactivar la demanda. Hay que terminar la tendencia de la banca a incentivar el endeudamiento, cobrar intereses desmedidos, engañar a la gente e incautar bienes. Por otro lado, es necesario revisar las políticas de crédito para democratizar su acceso en cuanto a requisitos, tanto en la banca privada como en el sistema cooperativo y evitar así la usura informal.
ACCIONES CONCRETAS
El gobierno ya abrió la puerta de esta reestructuración de deudas para los créditos de hasta 3 mil dólares en Banecuador. Además, el movimiento exige que se amplíe esta moratoria/condonación/refinanciación de créditos para la banca privada y sistema cooperativo, con énfasis en las familias que fueron afectadas durante la pandemia, así como en sectores productivos pequeños y medianos, con especial énfasis en mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes.
Exigir una reducción inmediata de las tasas de interés en todo el sistema financiero sobre todo en microcréditos y créditos productivos para PYMES.
Cambiar los marcos legales para que el sistema financiero pueda entregar créditos a sujetos comunitarios/colectivos y a los sectores más empobrecidos.
Disminuir la tasa de interés para el crédito hipotecario.
Eliminar todo beneficio injustificado de la banca como las comisiones por servicios bancarios.
Crear una comisión especial para investigar las denuncias de abusos y cobros indebidos de la banca y las deudas de los hogares en mercados informales de crédito (chulco, agiotistas).
Elaborar un plan para ayudar a la población vulnerable asfixiada por deudas ilegítimas fruto del poco acceso al crédito formal (p.ej. agricultores/as, migrantes).
- Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.
POR QUE ES PRIORITARIO
Los campesinos alimentan el país. Por ende, merecen protección y reconocimiento a su trabajo.
Adicionalmente, hay un marco constitucional que obliga a la construcción de políticas públicas en el marco de la Soberanía Alimentaria. La producción local, diversificada en el marco de la agroecología es una política pública especialmente importante para la economía de las mujeres y la recuperación del medio ambiente y de la biodiversidad.
ACCIONES CONCRETAS
Crear una secretaría nacional de producción campesina y aumentar las inversiones en el campo (ver propuesta de fondo especial en el punto 1).
Establecer, coordinando sobre todo con las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, una política de precios de sustentación para los productos agrícolas de la canasta básica.
Implementar políticas adicionales de protección a la producción agrícola nacional desde un enfoque de soberanía alimentaria y que garantice una rentabilidad mínima a los productores pequeños y medianos.
Implementar un subsidio agrícola, de insumos, herramientas y tecnologías para el desarrollo y fortalecimiento de la producción campesina en todos sus niveles (en combinación con el fondo especial planteado en el punto 1).
Generar un régimen especial que permita a las comunas y comunidades ser proveedores de los mecanismos de compras públicas para programas de alimentos y otros. Es decir, las compras públicas deben ampliar los mercados de la economía popular, comunitaria y solidaria.
Retomar y fortalecer programas estatales de alimentación escolar donde los proveedores sean campesinos, productores indígenas y afrodescendientes, así como pequeños y medianos productores locales.
Crear centros de acopio y procesamiento de alimentos populares así como ferias urbanas en los barrios que conecten directamente a productores y consumidores y reduzcan el efecto de la especulación y la intermediación; la administración de estos centros debe quedar en las comunidades locales. Esto puede ser inicialmente apoyado por el fondo especial mencionado en el punto 1.
Impulsar el desarrollo de la producción orgánica/agroecológica, sobre todo campesina, como estrategia para la reducción de los costos de producción, condiciones de salud ambiental de los trabajadores y conservación del medio ambiente.
Eliminar a Agrocalidad como una agencia de regulación de los mercados campesinos.
Exigir a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado que regule/limite legalmente los márgenes de rentabilidad en aquellas industrias y cadenas de comercialización donde exista una excesiva concentración de mercado.
Regulación del cobro de regalías por el derecho de patentes en el sector floricultor según la realidad de los pequeños y medianos productores.
Plantear soluciones al problema del precio de la leche, sobre todo en defensa de los pequeños productores quienes a veces no logran ni siquiera cubrir sus costos.
Establecer un cupo fijo de exportación bananera que le corresponda a pequeños y medianos productores. Desarrollo de mecanismos directos para el control efectivo de regalías por patente a partir de los principios de redistribución y reconocimiento a sectores productivos y patentes genéticas.
Establecer nuevas líneas de crédito de 20 y 30 mil dólares a 10 años plazo con 5% de interés a pequeños productores bananeros de hasta 10 hectáreas.
Plantear soluciones a las principales problemáticas de los productores de arroz, incluyendo un auténtico respecto al precio oficial para pequeños y medianos productores, así como la asignación de cuotas de exportación propias.
Impulsar una política para el fomento de la producción de cereales en la perspectiva de lograr el abastecimiento nacional de harinas para la producción de pan.
Ampliar la cobertura de los seguros agrícolas para la pequeña economía campesina y comunitaria, con perspectiva de género e intergeneracional.
Exigir la elaboración de un programa de reforma agraria, redistribución de la tierra, fomento al acceso al agua, acceso a los mercados y a la tecnología, con énfasis en el sector agrícola rural antes que en la agroexportación.
No dar paso a más tratados de libre comercio, que no son libres y tampoco solo de comercio.
Para generar recursos que permitan enfrentar retos como la desnutrición crónica infantil, alentando sobre todo la producción campesina, exigir el incremento del impuesto a la renta a los grandes grupos económicos identificados por el SRI. Por ejemplo, aumentar el impuesto a la renta a un 30 o 35% para estos estratos.
- Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al IESS.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
La falta de trabajo y su precarización es una situación crítica en todo el país que incluso tiene varios impactos sociales (p.ej. violencia, seguridad, migración).
ACCIONES CONCRETAS
Reforzar o crear políticas para la formalización del empleo en el campo, en especial en sectores agroexportadores que basan sus ingresos en la sobre explotación informal de los y las trabajadoras.
Facilitar la emisión de permisos al comercio autónomo en las calles de los espacios urbanos para terminar con su hostigamiento por las policías municipales y con la dependencia de asociaciones que cobran para tramitar estos permisos.
Reactivar la inversión pública –especialmente en infraestructura– para incentivar la creación de empleo a corto plazo junto con todos sus efectos multiplicadores.
Exigir al gobierno que presente un detalle de las principales obras de infraestructura pública que se ejecutarán en los próximos años, así como una estimación del impacto que dichas obras tendrán a nivel de empleos directos.
Aclaración, cuantificación y pago inmediato de las deudas al IESS.
Fortalecer al seguro social campesino y analizar un posible incremento de pensiones.
Presentar un plan de crecimiento del salario básico que garantice los ofrecimientos de campaña del propio gobierno a la vez que se garantice un incremento en la capacidad de consumo con respecto a la canasta básica.
Derogar la política antiobrera y antisindical, reglamentando el derecho a la huelga y la organización obrera tanto en el ámbito público como privado.
Establecer mesas de diálogo con organizaciones de trabajadores formales e informales para discutir los cambios laborales que sean necesarios, sin dar paso a formas de flexibilización que conduzcan a la precarización del trabajo.
Desistir de más despidos en el sector público y exigir el reintegro a todos los profesionales de la salud y educación despedidos en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Transformar el bono de desarrollo humano en un bono productivo y comunitario de mayor monto y atado al emprendimiento de actividades productivas.
- Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los
territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
Los proyectos extractivos generan una multiplicidad de problemas socioambientales. Una verdadera pacificación debe incluir a los territorios afectados por tales proyectos.
ACCIONES CONCRETAS
Definir que, en períodos de crecimiento excepcional del precio del petróleo, una proporción de los ingresos extraordinarios por exportaciones de los hidrocarburos siempre se use para saldar la deuda social sobre todo en poblaciones históricamente excluidas (ver propuesta de fondo especial en el punto 1).
Establecer mesas para analizar la situación de cada uno de los conflictos socioambientales para encontrar respuestas concretas y efectivas a cada uno de ellos.
Dar paso a una auditoría constitucional, legal y ambiental de todos los proyectos mineros para constatar el cumplimiento de las normas establecidas, en particular de la consulta ambiental y/o de la consulta previa libre e informada según los estándares internacionales establecidos.
Dar paso a una auditoría económica de todos los proyectos mineros para conocer el real beneficio que percibe el Estado en cada caso concreto, tomando en cuenta el costo social y ambiental que realmente generan.
Definir políticas concretas de reparación integral de los ecosistemas y a las comunidades. Es indispensable para la recuperación de la salud, la soberanía alimentaria, la dignidad de los pueblos, además la reparación integral de los ecosistemas, la protección de los territorios, agua y ecosistemas frágiles es un derecho de la Naturaleza, garantizado en la Constitución del país.
Exigir la prohibición de toda actividad extractiva -petrolera o minera- en zonas de recarga hídrica: páramos, ríos, humedales y similares.
Exigir que se garantice las condiciones para que se realicen todas las consultas populares sobre actividades extractivas (p.ej. explotación o no explotación del Yasuní, consultas mineras en marcha).
Detener los proyectos mineros Panantza San Carlos, Río Blanco, Ferro Urcu y Loma Larga, debido a sus potenciales efectos sobre fuentes de agua.
Derogar los decretos ejecutivos 95 (Plan de Acción inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero) y 151 (Plan de acción para el sector minero).
Declarar a los territorios originarios amazónicos como territorios libres de extractivismo.
Establecer controles efectivos para impedir el ingreso de actividades mineras, palmicultoras y fumigaciones en los territorios de las comunidades afrodescendientes, especialmente en los de la Cuenca Santiago Cayapas y Mira Mataje.
Evaluar una posible reversión al estado de todas las concesiones mineras, petroleras e hidroeléctricas en todas sus fases.
Compensación y reparación inmediata e integral de los daños y perjuicios ambientales, psicológicos, culturales y económicos causados por proyectos extractivos.
Iniciar un proceso de transformación de la EP PETROECUADOR, en una empresa de las energías alternativas, con participación comunitaria, para bloquear el avance de la frontera extractiva.
- Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
La construcción de un estado plurinacional requiere participación y representación indígena en los diferentes poderes del Estado. Para que esta representación pueda ser efectiva en términos de plurinacionalidad, puede ser necesario en algunos casos la lógica que rige actualmente en la toma de decisiones, dando lugar a la democracia asamblearia y directa. El racismo es una constante en los escenarios públicos que debe ser superado.
ACCIONES CONCRETAS
Urge una política pública para combatir todas las formas de racismo y xenofobia en todos los ámbitos de la gestión pública y los espacios de comunicación masiva.
Garantizar la autonomía administrativa y financiera para la educación intercultural bilingüe (aquí ya hay un avance con el incremento del presupuesto para la educación intercultural bilingüe que merece reconocerse).
Sin embargo, no solo se trata de un tema de presupuesto, que debería llegar por lo menos al 6% del PIB para educación (sin considerar la educación superior, tal como manda la Constitución) sino también de fomento en otras áreas. Por ejemplo, se puede pedir una adjudicación equitativa y directa de frecuencias para comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales.
Garantizar una distribución más equitativa entre medios de comunicación públicos, privados y comunitarios y garantizar una mayor producción y difusión de contenidos con enfoque intercultural y plurinacional.
Incluir el cumplimiento de las demandas del magisterio, así como la exigencia de ningún recorte presupuestario a la educación en general, incluyendo la educación universitaria.
Cese a la criminalización de las autoridades indígenas por ejercer jurisdicción indígena.
Cumplimiento de los convenios internacionales y la Constitución que reconoce el derecho a
la autonomía y la consulta previa, libre e informada de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias.
- Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as. (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
No se puede dar paso a la privatización/concesión/delegación/monetización/bursatilización de empresas rentables y menos aún de empresas de los sectores estratégicos, así como tampoco de los servicios públicos.
ACCIONES CONCRETAS
Exigir un compromiso escrito y notarizado en donde se indique que el Banco del Pacífico no será vendido a ningún banco privado local ni extranjero y se mantendrá como propiedad del Estado.
Constituir un solo frente de banca pública estatal y no estatal (BIESS) con las cooperativas de ahorro y crédito para romper el oligopolio de la banca privada.
Presentar un compromiso escrito y notarizado en donde se indique que ninguna empresa estatal (p.ej. CNT) ni la seguridad social (IESS) serán privatizadas (delegadas, concesionadas, monetizadas, bursatilizadas) ni tampoco su administración será privada.
Fortalecer a la CNT para enfrentar el monopolio de las dos transnacionales de la telecomunicación.
Impedir la privatización/concesión/delegación/monetización/bursatilización de los servicios públicos y de otros activos estratégicos y rentables del Estado. Igualmente exigir un compromiso escrito en los casos más emblemáticos.
Retirar al Ecuador del CIADI para evitar arbitrajes internacionales que pongan en jaque las políticas públicas y el interés general
Exigir una auditoría legal a todos los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que se encuentren en proceso de negociación.
- Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
En complemento al punto 3, es crucial que el gobierno nacional demuestre su capacidad de tomar políticas para enfrentar a los procesos inflacionarios que tienen incluso orígenes externos.
ACCIONES CONCRETAS
El gobierno emitió un decreto simbólico para controlar los precios. Ya hay un marco jurídico para combatir la especulación: exigir su aplicación inmediata, así como exigir una recuperación de las capacidades institucionales el Estado en el control de prácticas especulativas y de abuso de poder de mercado.
Exigir un estudio técnico para identificar los niveles de concentración de poder de mercado para los productos de la canasta básica familiar. Desde los resultados de ese estudio, emprender políticas anti-oligopólicas.
Realizar un estudio técnico que identifique los principales factores tanto de oferta como de demanda que influyen en el incremento de los precios a nivel local, al menos para los productos de la canasta básica familiar. Estimar, dentro de ese estudio, al efecto que tiene la especulación.
Habría que controlar en los puntos de origen de los precios sobre todo en los grandes grupos económicos. Eso exige romper con los oligopolios.
Hay que bajar los costos de producción de los alimentos de primera necesidad, reduciendo las tasas de interés para abaratar los créditos (detalles en punto 2).
Implementar medidas que disminuyan la intermediación (detalles en punto 3).
Hay que ampliar el subsidio y demás políticas de fomento a la agroecología familiar y campesina (detalles en punto 4).
- Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
Siendo los temas prioritarios, realmente han sido los más sacrificados. Se requiere un tratamiento prioritario a ambos temas.
ACCIONES CONCRETAS
Presentar un plan de ampliación de cupos para el acceso a la educación superior al menos para todo el período de gobierno. Asimismo, planificar una ampliación del acceso a cursos de nivelación.
Presentar un plan que permita garantizar, facilitar y terminar con todas las dificultades que impiden la ejecución presupuestaria a plenitud en los sectores de educación y salud.
Garantizar un mínimo de cupos de acceso a la educación superior a pueblos y nacionalidades, afros, así como a demás poblaciones históricamente excluidas.
Impulsar políticas para impulsar la información técnica y tecnológica ya que no toda la juventud puede ingresar a la universidad. En las nacionalidades y pueblos se debe potenciar los sistemas de capacitación técnica que ya poseen para que accedan a la certificación.
Restituir el presupuesto a las universidades ecuatorianas con fondos extras para que puedan ampliar la oferta educativa y absorber la demanda de los estudiantes.
Cumplir con el mandato constitucional del 6% del PIB para la educación, sin considerar allí a la educación superior.
Exigir una política pública que garantice el acceso a educación a la vez que facilite el pago de las deudas de becarios, incluyendo un decreto que permita condonar/aliviar las deudas de becarios de hasta diez mil dólares con la banca pública.
El gobierno se vio forzado, por la movilización popular, a declarar la emergencia de la salud; emergencia que deberá ser de forma permanente hasta superar la crisis hospitalaria y de salud Se esperan resultados inmediatos, incluyendo un detalle de los recursos económicos que se destinarán para atender la emergencia, incluyendo la correspondiente dotación de insumos y personal.
Incrementar sustantivamente la inversión en salud cumpliendo el mandato constitucional del 4% del PIB (habría que ampliar el piso mínimo al 5%).
Simultáneamente hay que sacar las mafias del sistema de salud.
- Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola
de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
El país tiene ya los índices más altos de inseguridad y violencia. En vez de negar o minimizar esa realidad, es momento de que el gobierno busque soluciones.
ACCIONES CONCRETAS
Reabrir el ministerio de justicia y derechos humanos.
Exigir que se presente un plan integral para enfrentar la crisis carcelaria, con participación de los sectores de la sociedad civil que se han especializado en el tema, y que garantice la seguridad de las poblaciones carcelarias, que en su mayoría provienen de las poblaciones despojadas, estigmatizadas y criminalizadas.
Negar cualquier aplicación de un Plan Ecuador o similar, que provoque resultados nefastos como fue el Plan Colombia. Más bien, diseñar una estrategia integral (y con participa represión policial y militar.
Mejorar las condiciones sociales de los segmentos más marginados de la población, sobre todo de la juventud. Por ejemplo, presentar un plan detallado que contribuya a modificar los sistemas de atención a jóvenes con adicciones.
Convocar a una gran MINGA por la seguridad, la justicia social y la justicia ecológica, que permita plantear los principios de una cultura de paz.
Convocar a una comisión de la verdad para que investigue todas las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante la represión a las protestas de junio de 2022. Exigir que la comisión esclarezca las condiciones en las que se dieron los fallecimientos durante las protestas, definiendo con claridad todas las responsabilidades de los respectivos funcionarios gubernamentales.
Exigir el esclarecimiento de la detención de los 8 guevaristas, anterior a las protestas de junio, así como su libertad, tanto como el fin de la criminalización de movimientos políticos disidentes.
Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo estatal y de la sociedad, en él deberían tener un papel las universidades para hacer un seguimiento de los acuerdos del dialogo propuesto por el movimiento indígena y popular. Elaborar indicadores concretos para ir monitoreando semestralmente a fin de verificar los avances, estancamientos y hacer ajustes para efectivizar el cumplimiento.
