En Ucayali, agricultores reclaman la presencia del Estado en su región por el azote del tráfico de tierras. Lo que recibieron, sin embargo, fue una brutal represión policial que dejó a más de 20 heridos.
Por Álvaro Meneses
En Pucallpa, desde el distrito de Campoverde, agricultores y ronderos retomaron esta semana un paro indefinido contra el tráfico de tierras que azota su región hace más de veinte años. En el intento de llamar la atención del Gobierno, sin embargo, fueron reprimidos por la policía. Por lo menos dos manifestantes quedaron heridos por impacto de proyectil de armas de fuego.
El pasado lunes 24 de enero, por convocatoria de la Central Única Regional de Rondas Campesinas Urbanas y Nativas de Ucayali (CUNARC), agricultores y ronderos de la región bloquearon el kilómetro 34 de la carretera Federico Basadre, en el distrito de Campo Verde, como acto de protesta contra el tráfico de tierras.
A ese mismo lugar llegaron unidades policiales para reprimir la protesta con armas de fuego y bombas lacrimógenas. Reportes de la CUNARC indican que por lo menos 22 agricultores quedaron heridos, entre ellos Luis Burgos, secretario de Asuntos Agrarios de CUNARC. Dos de ellos, además, recibieron impactos de bala. Ellos son Isidoro Sangama Cachique (68), herido del ojo izquierdo por un disparo de proyectil, y Willy Luna Villad (35), que recibió una bala en el torax.
Ambos agricultores heridos de bala, hasta el cierre de esta nota, se encuentran en situación crítica en el Hospital Amazónico de Yarinacocha.
En entrevista para Wayka, la secretaria de CUNARC, Rosalyn Quispe, denunció además que la policía está hostigando a los heridos. “Los heridos, nuestros compañeros, han ido a las postas, hospitales, y han sido detenidos por la policía. Muchos de ellos están siendo atendidos nomás en sus casas por temor a que los detengan. Los policías los han esperado en las puertas para llevarlos”, reclamó la dirigente de CUNARC.
El pliego de reclamos del paro indefinido exige que el Gobierno Regional de Ucayali deje de despojar a los agricultores de sus tierras para entregárselas a las empresas Refinca Holding SAC y Bosques Silvestres SAC, ambas compañías cuestionadas por presuntos delitos vinculados al tráfico de tierras.
En diciembre de 2020, la Fiscalía Provincial Mixta de Padre Abad (Ucayali) pidió 5 años de prisión para el gerente de Refinca, Martín Retamozo Inuma, y la apoderada Gladis Galarreta Howard en el marco de una acusación por usurpación agravada, daños agravados y atentado contra el medio ambiente. Esta investigación fiscal, cabe recordar, se inició luego de que la empresa intentó invadir 30 hectáreas de la Asociación de Palmicultores San Martín en 2017.
Frente al constante despojo de sus tierras, los agricultores organizados a través de CONARC enviaron el martes 25 de enero una carta al presidente Pedro Castillo y la premier Mirtha Vásquez, en donde solicitan una reunión de emergencia para frenar el tráfico de tierras en Ucayali. Hasta el momento, sin embargo, los agricultores no han obtenido respuesta.
“Pido a este Gobierno que dice ser del pueblo que realmente lo sea. No es posible que nuestros hermanos ronderos sean ignorados. Las tierras se siguen dando a empresas, quitandole al campesino su manera de sobrevivir. No es posible que el Gobierno se haga el ciego y que las fuerzas del orden nos acribillen. Estamos hablando de piedras contra balas. Y todo porque el Estado no se acerca a conversar. Estos campesinos piden la titulación de sus tierras hace 15 años”, exclama Rosalyn Quispe.
