El gobierno nacional cuenta con un área dedicada específicamente a los sectores populares del campo, pero la asistencia casi no llega a las familias rurales. Tras el desmantelamiento hecho por el macrismo, los trabajadores continúan precarizados y no cuentan con recursos básicos para sus tareas. La Secretaría está en manos del Movimiento Evita.
No tienen agua ni para tomar. Son 115 familias en el norte de Santiago del Estero que se abastecen con la lluvia que colectan en tachos. Pero no llueve. Y el río Salado hace una semana que sólo trae peces muertos. Señalan a la empresa Austin Powder, que fabrica explosivos para la megaminería y cuya planta está ubicada aguas arriba, en la provincia de Salta, como una de las contaminadoras.
“El tema del agua es urgente”, dice Cintia Pereyra, una de las pobladoras del El Churqui, en el departamento Alberdi, que forma parte de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte. Se dedican a la cría de animales y otros trabajos en el campo. “Hace dos años presentamos un proyecto para construir cisternas. Lo aprobaron, pero desde el Ministerio (de Agricultura) no hacen los desembolsos. Nadie nos da respuestas”, se queja. La comunidad tampoco tiene energía eléctrica y los caminos de acceso son de tierra. Si llueve, se quedan aislados. “No tenemos ripio, sufrimos cuando llueve. Si estamos enfermos pasamos malos momentos porque no podemos salir.”
En ese contexto, Cintia insiste en que hoy la urgencia es el agua. Y que las cisternas serían una solución porque les permitirían acopiar agua de lluvia –o de otra fuente, como aljibes o camiones cisterna– en mayor cantidad, en mejores condiciones y por más tiempo. El proyecto para construirlas fue aprobado por el Ministerio de Agricultura de la Nación dentro del Programa de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (Pisear). Pero no se concreta porque hace dos años que la cartera que ahora dirige Julián Domínguez no envía el dinero. El presupuesto para 114 cisternas es de 252.777 pesos.
Lo que pasa en El Churqui no es un caso aislado. Las políticas del Ministerio en beneficio de pequeños productores y familias campesinas comenzaron a debilitarse pasado el 2010 y sufrieron un golpe de gracia con el gobierno de Mauricio Macri, que prácticamente desmanteló la Secretaría de Agricultura Familiar. Desde la asunción de Alberto Fernández, pese a las declaraciones públicas de apoyo al sector, la realidad sigue siendo de emergencia.
Como resultado de la acción gremial, en 2020 el Gobierno volvió a contratar a cerca de 400 ingenieros agrónomos, veterinarios, trabajadores sociales y antropólogos (entre otros profesionales) de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci) que habían sido despedidos durante el macrismo. Aún quedan decenas por reincorporar. Sin embargo, poco pueden hacer estos equipos técnicos debido a la precaria situación en la que se encuentran.
Una política de Estado: desfinanciar la agricultura familiar
En la mayoría de los casos, las y los técnicos no tienen oficinas, trabajan desde sus casas o en espacios prestados por las comunas o por el INTA. Tampoco tienen vehículos: muy difícil ante una una tarea que se realiza en radios de más de 150 kilómetros en áreas rurales. Y si logran sortear esos obstáculos, cuando presentan proyectos para promover y mejorar la vida de las familias en el campo, se los rechazan o –como en el caso de la cisternas–, demoran años en concretarse.
En el norte santiagueño, uno de los técnicos es Francisco Orellana, quien fue despedido y luego recontratado. En diálogo con Tierra Viva, Orellana –quien a su vez es militante de Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Santiago del Estero)– contó que empezó a trabajar en la Secretaría de Agricultura Familiar en 2002. “En 2015 éramos quince técnicos para la zona norte, que incluye los departamentos Copo, Alberdi y Pellegrini. Ahora somos unos diez, pero la mayoría hace trabajo remoto porque no hay vehículos para trasladarnos”, explica. “Seguimos sin recursos. Perdimos la oficina, donde teníamos computadoras, internet y podíamos imprimir.”
Sobre los proyectos para los campesinos, explica que en los casos en que el Gobierno los aprueba, el dinero no llega. “Hemos hecho varios informes que enviamos a (el Secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel) Gómez, pero no hemos tenido respuesta”, señala.
Similar es la situación en el norte de Santa Fe, en el departamento 9 de Julio, una de las zonas con mayor índice de pobreza de la provincia. Oscar Nagel es veterinario y forma parte de la Secretaría desde 1988. Lo despidieron en 2018, pero lo reincorporaron a los tres meses. En la actualidad trabaja desde su casa en Gato Colorado, casi en el límite con Chaco, o en oficinas que le presta la comuna de esa localidad o la de El Nochero, a 50 kilómetros. Sus tres compañeros trabajan desde Tostado, la ciudad cabecera. La única camioneta que tienen la comparten con el equipo del departamento San Cristóbal.
Asisten a unos 300 pequeños productores de la zona, que se dedican en su mayor parte a la ganadería. Cuenta que hacen de todo, desde asesoramiento en cuestiones productivas o de acceso a la tierra hasta trámites en la Anses. “En la pandemia, por ejemplo, nos la pasamos haciendo trámites de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).”
También combaten incendios, que se dan con regularidad en la zona debido a la sequía y a las quemas intencionales para expandir las áreas de cultivo de algodón transgénico y ganadería.
La burocracia gubernamental y el desarraigo en el campo
Nagel se molesta porque los trámites para acceder a los fondos del Ministerio de Agricultura son cada vez más burocráticos. Y, al igual que en Santiago del Estero, el dinero no llega o llega tarde. “Nos aprueban fondos para hacer sorgo pero el desembolso llega cuando ya se pasó la época para sembrar”, grafica. Ante eso, tratan de recurrir a otras fuentes de financiamiento: fondos de la Ley de Bosques, convenios con comunas o programas provinciales, entre otros.
Una novedad de los últimos meses fue la reimplementación del Monotributo Social Agropecuario, que se había eliminado en 2018. Se trata de un régimen impositivo subsidiado, dirigido al sector campesino, indígena y de pequeños productores. Sin embargo, al reimplementarse se quitó un beneficio elemental: mientras que antes toda la familia podía sumarse como adherente a la obra social, ahora sólo puede acceder a ese beneficio el titular.
Ante las consultas de Tierra Viva sobre estas situaciones, el Ministerio de Agricultura no dio respuestas.
Foto: Productor familiar de Gato Colorado, en el norte de Santa Fe.
Un deterioro progresivo y falta de decisión política
“El desmantelamiento viene desde hace unos ocho años. La peor fue la época del macrismo”, señala Gabriela González, técnica del Safci en Eldorado, Misiones, y delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “En nuestro territorio (que abarca los departamentos Eldorado, Iguazú y parte de Montecarlo) hace ocho años éramos 17 técnicos y había tres vehículos. Y había proyectos para casi todas las organizaciones, recursos genuinos del ministerio.”
Con el tiempo –relata González–, los recursos estatales empezaron a escasear. Empezaron a recurrir, entonces, a ONGs o a fondos de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Luego, durante el macrismo, además de los despidos masivos y el desmantelamiento de oficinas, se sumó otra complicación: las mesas técnicas provinciales que evaluaban los proyectos perdieron protagonismo y las decisiones comenzaron a centralizarse en Buenos Aires. Así creció la distribución discrecional de los fondos. “Si plantabas maíz transgénico, había fondos. Si el proyecto era para trabajar con pueblos originarios, quedabas marginado”, ejemplifica.
Desde 2019, con el gobierno de Alberto Fernández, cobraron mayor relevancia organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que conduce Juan Grabois; el Movimiento Evita, al que pertenece Miguel Gómez, titular de la Safci; y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), cuyo coordinador nacional, Nahuel Levaggi, es el director del Mercado Central de Buenos Aires. González señala que en el último tiempo muchos proyectos se distribuyen a través de esas organizaciones, pero aclara que es siempre a cuentagotas. «Nunca se llega a lo que el sector necesita y se merece. Hablamos de la parte más vulnerable del campo donde hay necesidades estructurales que tranquilamente la Safci, si tuviera una planificación y decisión política, podría resolver”, advierte.
Por un modelo de campo con agricultores y sin extractivismo
En Río Negro, los equipos de Agricultura Familiar trabajan con crianceros de chivas, ovejas y vacunos, con granjeros porcinos y avícolas, con familias productoras de miel, horticultoras, fruticultoras. También con pescadores artesanales de lago, río y mar. María Virginia Galara, una de las técnicas, reconoce que a partir de 2019 comenzaron a abrirse líneas de financiamiento del Ministerio pero advierte que son insuficientes y muy burocráticas. “Veníamos con las manos vacías y muy desesperanzados”, dice. “Ahora se aprobaron proyectos pero aún no se han podido ejecutar.”
Desde Andalgalá, en Catamarca, Melina Zocchi, también trabajadora de la Secretaría e integrante de la mesa coordinación de ATE-Safci a nivel nacional, advierte sobre la gravedad de llegar a destiempo a las necesidades urgentes de los pequeños productores. “Los jóvenes se van del campo”, advierte. “Nuestro trabajo apunta a un modelo del campo con agricultores, contra el modelo extractivista. Estamos al lado de las familias y sus organizaciones en las luchas contra los desmontes, la minería y todas las actividades que los expulsan”, señala.
Secretaría de Agricultura familiar: exigen estabilidad laboral y planificación a largo plazo
Los trabajadores de Agricultura Familiar de todo el país, a pesar de en algunos casos tener más de 20 años de antigüedad, están bajo una relación laboral de contratados. “Nuestra lucha es por el pase a planta permanente”, remarca Nagel, desde el norte santafesino. Eso les permitiría mayor estabilidad y les evitaría estar expuestos a nuevos despidos masivos.
Además, sumado a los reclamos por recursos básicos para trabajar, exigen espacios de debate y planificación a largo plazo. “Los proyectos tienen que ser pensados como procesos socioproductivos”, sostiene Gabriela González. “Infraestructura básica para luego poder dar valor agregado. Agua, energías renovables, caminos, viviendas”, enumera. “Ya no tenemos espacios de debate y planificación, nos han simplificado la realidad del campo que es bastante compleja.”
Foto portada: Subcoop
