La reocupación del Asentamiento Cristo Rey por parte de las 70 familias que el 27 de octubre fueron desalojadas de forma violenta e ilegal, se constituyó en un hecho relevante en el marco del conflicto social por la tierra que vive Paraguay. Acompañados por una movilización masiva de más de 1500 personas, la comunidad de Cristo Rey, ubicada en Guayaibi, Departamento de San Pedro, volvió a sus tierras, dando asi un nuevo impulso a las organizaciones y comunidades campesinas que resisten al avance del modelo de agronegocios y a la violencia estatal.
Sin contar con orden de un juez competente la fiscal Lilian Ruíz ejecutó el desalojo contra las familias de Cristo Rey el pasado 27 de octubre, las casas y fincas productivas de los campesinos que ocupaban unas 700 hectáreas fueron totalmente destruidas, sus animales fueron robados y civiles armados y policías prácticamente arrasaron con el lugar destruyendo lo que a lo largo de 12 años habían construido los pobladores, como una escuela y una capilla que fueron reducidas a cenizas.
Empujados a vivir al costado de uno de los inmensos sojales que rodea el Asentamiento las familias campesinas sufrieron por el envenenamiento constante a causa de las fumigaciones con agrotóxicos. Soportaron lo que a decir de los propios pobladores fue un infierno, sin sombras, sin acceso a agua potable, sin poder producir, ni recuperar los productos que habían quedado en sus chacras.
Al borde de la desesperación las familias vieron en el apoyo de la Federación Nacional Campesina (FNC) una esperanza: organizarse, resistir, volver a sus tierras y volver a producir y vivir como campesinos y campesinas, productores y productoras.
Fue así que tras recibir el apoyo de la FNC y de las comunidades aledañas se resolvió volver a ocupar el lugar hasta lograr la legalización definitiva del Asentamiento. Hoy venciendo la violencia estatal, el avance del modelo sojero y sus agrotóxicos las familias de Cristo Rey se constituyeron en una línea de defensa de la soberanía territorial y alimentaria de los paraguayos y paraguayas.
Se prevé que en el año 2022 la defensa del territorio campesino e indígenas será la principal lucha del movimiento popular, esto ante el violento y acelerado avance del modelo de agronegocios que es acompañado por el punitivismo y la criminalización por parte del Estado, que se ha visto acentuado con la aplicación de la Ley Zavala-Riera.
