El coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B), Silvestre Saisari, denunció este lunes que las más de 200 familias campesinas de habitan en la comunidad Tierra Firme, en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz), habrían sido despojadas de sus terrenos, luego de presiones que sufrieron por parte de personas ajenas a la comunidad.
El hecho ocurrió el 25 de octubre, mientras las y los miembros de la comunidad realizaban su asamblea mensual, momento en el que fueron cercados por una turba, encerrados al interior de la sede de la comunidad quienes les impidieron salir hasta pasada la medianoche.
“Había compañeros dirigentes y de base también. Algunos pudieron saltar, salir de la sede huyendo al monte y otros se quedaron ahí; los que no podían, mujeres ancianos y niños, se quedaron ahí siendo hostigados, golpeados hasta la media noche. Encontraron a dos o tres dirigentes y los expulsaron sin derecho a retornar a su comunidad”, indicó Saisari al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del CEJIS.
La comunidad Tierra Firme se encuentra en el municipio de San Ignacio de Velasco. Es una de las primeras dotaciones que tierra que se dieron en el gobierno del Expresidente Evo Morales, a las y los campesinos sin tierra de la región del oriente del país.
De acuerdo con Saisari, el conflicto se arrastra desde 2017, cuando denunciaron ante la justicia los primeros intentos de ingreso de personas que no pertenecían a la comunidad, sin consentimiento de quienes ya habitaban en el lugar. La denuncia hasta el momento no progresó por presiones políticas, según mencionó Saisari.
“Les dicen que la tierra es muy grande. Ellos (los avasalladores) dicen que el gobierno ha dicho que tienen que distribuir a 50 hectáreas, y ¿por qué ustedes tienen más? Ese es el argumento con el que metieron gente por encima de los compañeros”, explicó el dirigente.
Además de las amenazas y el despojo, Saisari denunció que los avasalladores se habrían adueñado de los documentos de propiedad de los comunarios, con los cuales estarían haciéndose pasar por dueños de estos predios de las y los comunarios que fueron expulsados de la comunidad.
Saisari demandó a las instancias estatales brindar las garantías necesarias para el retorno de los dirigentes que habrían sido expulsado de la comunidad, y de las y los comunarios que escaparon hacia el monte luego de la toma de la sede. Hasta el momento, de algunos de ellos no se conocería su paradero, mientas que otro grupo habría llegado hasta la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra para sentar la denuncia correspondiente.
“En la comunidad están solo sus hijos, sus niños, que se han quedado y están viviendo lo que han vivido sus padres. No hay garantías para los niños, para las personas de tercera edad, que no se pueden mover o personas con discapacidad. Que los dejen trabajar y que haya garantías constitucionales para ellos”, reclamó.
