En los últimos días, el país vivió la mayor movilización indígena de su historia ante el inminente fallo del Tribunal Supremo Federal sobre el territorio indígena Ibirama - La Klãnõ. Los especialistas coinciden en que la sentencia significará un importante precedente en relación al derecho territorial. Mientras el agronegocio y la minería buscan que se consideren los territorios demarcados antes de la Constitución Federal del 5 de octubre de 1988, los pueblos están luchando para que el Poder Judicial reconozca el derecho originario a sus territorios.
Fotos: Isabelle Araújo y Alass Derivas
Entre el 23 y el 27 de agosto, la ciudad de Brasilia fue el escenario de la mayor protesta pública de pueblos indígenas de Brasil en defensa de sus derechos territoriales. Cerca de 6.000 indígenas, de más de 160 pueblos de distintos puntos del país, manifestaron su oposición a la propuesta de establecer el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la actual Constitución Federal, como plazo definitivo para el derecho de un pueblo indígena a su territorio. La tesis del marco legal es defendida por los sectores de la agronegocio, la minería, los garimpeiros, los madereros, los terratenientes, la industria del turismo rural y otros ocupantes ilegales interesados en apoderarse de áreas históricamente ocupadas por indígenas.
A fines de junio, el Supremo Tribunal Federal (SFT) había decidido que entre el 25 y 26 de agosto juzgaría el caso de la tierra indígena Ibirama-La Klãnõ: un territorio habitado por los pueblos Xokleng, Kaingang, Guaraní, Guaraní Mbya y Guaraní Ñandeva. El conflicto surgió cuando el gobierno del estado de Santa Catarina impugnó su demarcación mediante un recurso extraordinario.
Previamente había establecido que su decisión tendría “repercusión general”, por eso los pueblos indígenas se autoconvocaron en la capital de Brasil. En otras palabras, la decisión tomada por el STF serviría como directriz para el Gobierno Federal y todas las instancias del Poder Judicial en las disputas relativas al reconocimiento de los títulos de tierras indígenas. Del mismo modo, serviría como jurisprudencia para orientar futuras leyes que aborden los derechos territoriales indígenas.
De este modo, el conflicto pone en juego la discusión jurídica entre la adopción de la “tesis del indigenato”, es decir, el derecho originario de los pueblos indígenas a sus territorios, o la adopción de la “tesis del marco temporal”. Esta última se fundamenta en la Opinión Normativa Vinculante de la Fiscalía General de la Nación (AGU, por sus siglas en portugués) del 19 de julio de 2017, que fue aprobada por el entonces Presidente de la República, Michel Temer, y que cuenta con el apoyo explícito del actual presidente, Jair Bolsonaro, quien tiene a los ruralistas como su principal base de apoyo político.
Si el Supremo Tribunal Federal se posiciona a favor de la opinión de la Fiscalía General de la Unión, la Fundación Nacional del Indio (Funai) podría incluso realizar una revisión general de todas las tierras indígenas ya demarcadas, así como demarcar las posibles áreas donde aún no se ha constatado ocupación indígena al 5 de octubre de 1988. El único problema aquí es que actualmente la Funai está controlada políticamente por el agronegocio. En efecto, entre febrero y noviembre de 2020, el pastor evangelista Ricardo Lopes Dias había sido designado al frente de la Coordinación General de Indios Aislados y de Contacto Reciente a pesar de las críticas de las organizaciones indígenas y de derechos humanos.
La historia de violencia contra los Xokleng que habitan Ibirama - La Klãnõ y el desplazamiento forzado al que fueron sometidos a lo largo del siglo XX es un ejemplo de lo absurdo de tomar la fecha de promulgación de la Constitución Federal como referencia del derecho a la tierra. Contrariamente a lo esperado por los 6.000 indígenas que viajaron a Brasilia, el STF volvió a postergar la sentencia para el próximo 1° de septiembre. El día es esperado con mucha ilusión y esperanza, tanto por quienes tuvieron que regresar a sus territorios, como por quienes pudieron quedarse en la ciudad.
La posición de los pueblos indígenas ya ha sido presentada y difundida ampliamente. Corresponde al Supremo Tribunal Federal confirmar el derecho original de los pueblos indígenas a sus territorios, tal como lo establece la Constitución Federal de 1988.
Lea el original en Debates Indígenas.
Ricardo Verdum es científico social y Doctor en Antropología Social de América Latina y el Caribe por el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado sobre las Américas de la Universidad de Brasilia. Es coordinador del Comité de Asuntos Indígenas de la Asociación Brasileña de Antropología.
