En la última semana, dos grandes incendios forestales han arrasado alrededor de 150 mil hectáreas en la Chiquitanía de Bolivia. El Área Natural de Manejo Integrado San Matías y el Valle de Tucabaca en Roboré fueron el centro del fuego que parece no dar tregua a Bolivia por tercer año consecutivo.
Este panorama preocupa por los antecedentes que reporta Bolivia en los dos últimos años en los que se perdió alrededor de diez millones de hectáreas por los incendios.
Para entender cómo este problema ha afectado, además, a los territorios de los pueblos indígenas, un grupo de especialistas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) analizó los efectos de los incendios forestales en los últimos diez años.
El resultado fue el libro Incendios en territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia, análisis del periodo 2010 – 2020, que refleja el impacto del fuego en las comunidades indígenas de la Amazonía norte y sur, la Chiquitanía, el Trópico de Cochabamba, el Norte de La Paz y el Chaco.
Mongabay Latam conversó con Miguel Vargas, director ejecutivo de Cejis, quien explicó cómo estos incendios han generado un impacto acumulado de 5 229 872 hectáreas que corresponde al 42 % del total del territorio indígena titulado en Bolivia.
«Había un vacío de información y decidimos evaluar y cuantificar el daño que está ocasionando los incendios en los territorios indígenas», dice Vargas en esta conversación.
En los últimos años, Bolivia ha perdido alrededor de 10 millones de hectáreas por los incendios forestales, ¿por qué están ocurriendo los incendios?
En los últimos años ha habido un incremento de incendios dentro de territorios indígenas, áreas protegidas y áreas de producción forestal permanente, es decir, en los bosques. Ha sido una situación recurrente por dos factores: el primero tiene que ver con el cambio climático, porque las condiciones ambientales han ido cambiando, y el segundo con una política muy vinculada a la ampliación de la frontera agrícola.
En Bolivia existe una alianza del gobierno con el sector agroexportador, principalmente de la región de Santa Cruz, en el Oriente, que ahora está expandiéndose al Beni, en la Amazonía. Este sector ha promovido una serie de normas que permiten la habilitación de áreas que tradicionalmente no estaban disponibles para la producción de alimentos, y que ahora están principalmente destinadas a los monocultivos. Por eso hay mayor presión sobre los territorios indígenas y sobre las áreas protegidas. Entonces, tenemos una situación compleja. En Bolivia se han titulado más de 268 territorios indígenas y en las tierras bajas se han reconocido 58 de estos territorios en los últimos diez años, de acuerdo al estudio que hemos realizado, hay una afectación considerable en 29 de estos 58 territorios.
Ustedes acaban de publicar un libro que presenta un estudio de los últimos diez años de los incendios en Bolivia. ¿Por qué deciden publicar este libro?
A partir del año 2019, se empezó a poner bastante atención a lo que ocurre en las áreas protegidas, pero si se busca información sobre lo que ocurre en los territorios indígenas hay un vacío de información. En el Ministerio de Medio Ambiente y Agua se habilitó un portal en el que se hacía monitoreo y la categoría de territorios indígenas no existía. Lo mismo ocurre con instituciones vinculadas a la protección del medio ambiente, que concentran su atención en áreas protegidas, pero dejan de lado la situación de los pueblos originarios. Ante ese vacío de información, nosotros decidimos evaluar y cuantificar el daño que están ocasionando los incendios forestales dentro de los territorios indígenas. En una década, hemos podido observar que existen serias afectaciones en estos espacios. Por esa razón, decidimos hacer este estudio que intenta visibilizar la situación de los territorios indígenas.
¿Cuáles son los pueblos indígenas que más afectados resultaron en estos diez años de incendios?
Llama la atención, por ejemplo, la situación del pueblo Movima, en el Beni, un territorio que ha concluido su proceso de titulación con una extensión muy limitada de área reconocida. Ahí la afectación supera el 200 % (en referencia a que los incendios se han repetido en los mismos lugares ya quemados) y llega inclusive a las comunidades que sin estar dentro del territorio son parte de la organización del pueblo Movima. También está la afectación al territorio Pacahuara donde, presumimos, existen poblaciones indígenas en situación de contacto inicial o aislamiento voluntario, según un estudio que haremos público en unas semanas. Una situación similar ocurre en el departamento de Santa Cruz con el pueblo ayoreo y con Santa Teresita, uno de los territorios más impactados. En el estudio se señala que la magnitud de los incendios del año 2019 ha podido poner en situación de peligro en términos de subsistencia a algún sector del pueblo ayoreo.
En el estudio también se menciona que más del 40 % del territorio indígena ha sido afectado, ¿es así de crítica la situación?
Sí, en términos técnicos y de acumulación de superficie en 10 años se han afectado más de 5 millones de hectáreas dentro de los 58 territorios indígenas, es decir, el 42 % del total de tierras tituladas. Recordemos que entre 2010 y 2013 no contábamos con este paquete de normas que permite el desarrollo de fuegos, entonces, al tener un paquete normativo que prioriza la ampliación de la frontera agrícola, si uno trata de tener una mirada hacia adelante, vemos que la situación puede agravarse en el futuro.
¿Entonces se podría decir que a partir de 2013 aumentan los incendios?
Es un tema que tenemos que discutir con quienes están poniendo en duda la sostenibilidad de los territorios indígenas, en el sentido de que se prioriza un desarrollo de actividades vinculadas a la agroexportación y a la producción principalmente de monocultivos y al uso de semillas transgénicas, así como al cambio del uso de suelos tradicionalmente ocupados para producción familiar o para producción forestal permanente. Entonces, el modelo de desarrollo extractivo es el que está generando una presión sobre las comunidades indígenas.
Usted ha mencionado que por un lado está el modelo de desarrollo, pero por otro lado también está el tema del cambio climático. ¿Cómo intervienen ambos factores en los territorios de Bolivia?
En Bolivia, durante los últimos años hemos visto una presencia mayor de sequías o inundaciones, esto es producto de un fenómeno global, pero que afecta con mayor intensidad a las poblaciones en sus prácticas cotidianas, en el manejo cotidiano de sus medios de subsistencia, de sus medios de vida. En 2019 las normas se aprobaron en julio y en agosto llegó una helada muy fuerte, y generó las condiciones para que el bosque se convierta en combustible. Las comunidades están tratando de adaptarse a estas nuevas condiciones y hacer frente a estos cambios que son realmente muy difíciles de sobrellevar, porque no existe apoyo o políticas desde el Estado que permita este proceso de adaptación a estos cambios.
Hay una situación realmente preocupante porque en los últimos años estas variaciones han generado incluso cambios en los hábitos dentro de las comunidades. Esto implica otro tipo de fenómenos, como la necesidad de emigrar que conlleva otro tipo de problemas de carácter social dentro de las comunidades. Antes que políticas de adaptación, lo que se está haciendo es potenciar otro tipo de acciones que tiende más bien al ingreso de actores externos dentro del territorio indígena.
¿Y cuáles son esas otras acciones?
Tienen que ver con la discusión sobre la propiedad de la tierra, que en este momento estamos debatiendo en Bolivia. Hay una discusión en relación al proceso de consolidación de la distribución de la tierra. En esa disputa los territorios indígenas se encuentran totalmente aislados. Estamos identificando ahora que el fuego está llegando a los territorios indígenas desde las tierras colindantes, de los vecinos, que son empresarios, que pueden ser colonizadores interculturales, que en esta perspectiva de ampliar la frontera agrícola hacen uso del fuego, y las consecuencias son las que estamos viendo.
En el libro mencionan que hay mucha presión alrededor de los pueblos indígenas, ¿este análisis ha permitido determinar de dónde provienen los incendios que se han registrado en los territorios indígenas?
Básicamente se generan en propiedades circundantes a los territorios indígena, así como en asentamientos ilegales dentro de estos territorios. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, autoridad responsable de la fiscalización de bosques, no ha estado cumpliendo con su responsabilidad de cuidar y proteger estos espacios. Mientras mantengamos esta situación estructural de debilitación institucional, se mantendrá la crisis que está poniendo en serio riesgo el ejercicio de los derechos ambientales y territoriales para los pueblos indígenas.
¿Creen que esto pueda cambiar en los próximos años?
De no encontrar la voluntad en las autoridades para hacer un giro en la política agraria y en la política medioambiental del país, esto se ve como irreversible.
Según la publicación, ha sido la Amazonía la región con mayor impacto.
En Bolivia, la pérdida de bosque en la Amazonía ha sido la más fuerte y la tendencia es que siga siendo así debido a los incendios. El Beni es un departamento amazónico y fue allí que en 2019 se aprobó el nuevo plan de uso de suelo, y el análisis arrojó datos alarmantes. Si se compara los incendios de 2019 con los del 2020, dentro de territorios indígenas, se puede apreciar que hubo un incremento de alrededor del 62 % de fuego. Este es un dato muy importante porque solamente en un año, con una nueva estructura normativa que permita la habilitación de espacios en los que tradicionalmente no se cultivaba, se presentó la tendencia al aumento. Hay una presión evidente hacia la Amazonía, pero fundamentalmente esta presión se encuentra en este modelo exitoso, entre comillas, de desarrollo que viene desde el Brasil.
¿Y qué está pasando en la Chiquitanía?
Hemos visto una tendencia al aumento de los incendios. En junio en Santa Cruz hubo 70 focos de calor y para julio se incrementó a 394. En la Chiquitanía, vemos que hay 79 focos de calor en Santa Teresita, por ejemplo, que es el territorio del pueblo ayoreo. Entonces, la tendencia ahora que se inicia la época seca del año es que el 2021 podría ser complicado en términos de incendios.
Ustedes cuentan con la participación de monitores socio-ambientales en campo, ¿cómo se realiza esta colaboración?
El trabajo consiste en ratificar la información desde las mismas comunidades, para ello, los comuneros y comuneras reciben capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas, de tal forma que identifiquen y confirmen la información que nosotros generamos en el satélite. A través de una aplicación pueden llegar al lugar de donde llegó la alerta y verificar si se trata de un incendio forestal para validar la información del satélite. Ahora estamos trabajando para que en los próximos reportes podamos trabajar también con imágenes. Recientemente hicimos un recorrido en Lomerío [Santa Cruz] con los monitores socio-ambientales en 13 de 29 comunidades y logramos ver cómo, en tiempo real, la afectación de la sequía era tomada en puntos del satélite. Ahora queremos que las imágenes nos permita validar nuestros reportes.
¿Es importante la participación de los comuneros en el control de su propio territorio?
Es fundamental promover la participación de los comuneros, porque solo así se establecen mecanismos de defensa, en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando. Las autoridades estatales y la sociedad civil deben asumir y entender que cuando se habla de la superficie de afectación por los incendios forestales dentro de estos espacios habitan colectividades humanas que tienen sus propios sistemas de vida, su cultura y sus propias de autoridades.
Imagen principal: incendio forestal en Bolivia. Foto: CEJIS.
