Una violenta oleada de desalojos forzosos se desarrolla en el país desde hace meses, los violentos desahucios afectan particularmente a comunidades indígenas que son despojadas de sus territorios ancestrales. Organizaciones sociales y de Derechos Humanos insisten en la necesidad de frenar estas acciones por parte de la fuerza pública.
Según datos recabados por el Parlamentario del Mercosur, Ricardo Canese, en una denuncia presentada ante el órgano legislativo regional, al menos seis comunidades indígenas de la Región Oriental fueron desalojadas en los meses de mayo, junio y julio. Según dicho recuento unas 385 familias pertenecientes a Pueblo Indígenas habrían sido afectadas por los desalojos forzosos, estas acciones contra comunidades a quienes “le pertenecen legítimamente las tierras que pretenden ser usurpadas por latifundistas, se dan en un marco de inseguridad jurídica que afecta prácticamente a todas las comunidades indígenas del país” señala la denuncia presentada por Canese.
Ante esta situación el parlamentario planteó que “la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur concurra “in situ” a constatar estos gravísmos crímenes de lesa humanidad perpetrados contra las comunidades indígenas Ava Guaraní, Paĩ Tavyterã y Ayoreos por la Fiscalía, Poder Judicial y gobierno de Abdo Benítez entre los meses de mayo, junio y julio del corriente año”.
En el mismo sentido la la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), junto a dirigentes campesinos, presentó en la mañana de hoy un anteproyecto de ley para suspender la ejecución de desalojos o desocupaciones forzosas mientras dure la pandemia, “puesto que, en el marco de la situación sanitaria, el derecho a la vivienda es un elemento clave para garantizar la vida de las personas”. Codehupy plantea modificar el artículo 52 de la ley que declara estado de emergencia en el país por la pandemia de Coronavirus,“suspéndase en todo el territorio de la República, durante el tiempo de vigencia de la declaración de pandemia producida por el SARS-CoV-2 por la Organización Mundial de la Salud y de la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la ejecución de todas las decisiones judiciales, fiscales o de cualquier otra índole cuyo objeto sea el desalojo o desocupación forzosa de inmuebles rurales o urbanos, que sirvan de asentamiento colectivo y se encuentren ocupados desde antes de la declaración de emergencia sanitaria citada” señala la propuesta de la coalición de organizaciones de Derechos Humanos.
Según la CODEHUPY esta propuesta sigue la línea de medidas ya solicitadas al Estado por parte de Relatorías de Naciones Unidas sobre los desalojos de asentamientos al principio de la pandemia que, entre otras cosas instaron a los gobiernos a “Declarar el fin del desalojo o desplazamiento forzoso de los asentamientos informales. Asegurar que se disponga de los recursos necesarios para aplicar esta orden de manera efectiva, incluidos los recursos para vigilar y prevenir los desalojos extrajudiciales”. Desde las Relatorías argumentaron que, en este contexto sanitario, el desalojo del hogar “es potencialmente sentencia de muerte”.
