Mientras los presos políticos Mapuche intentan entablar un diálogo con el gobierno de Chile, los terratenientes continúan atacando a las comunidades ubicadas en la Araucanía. A la represión habitual de Carabineros y la construcción discursiva de un “enemigo interno”, se suma ahora la agresión física a los manifestantes que ocupan pacíficamente edificios públicos y la constante violencia de las transnacionales. La crisis sanitaria del Covid-19 visibiliza la desigualdad económica y es una oportunidad para articular las resistencias globales.
Por: Jakelin Curaqueo Mariano
En el marco del proceso de huelga de hambre que están llevando a cabo 27 Prisioneros Políticos Mapuche (PPM) en las cárceles de Lebu, Angol y Temuco desde hace más de 80 días, hermanos y hermanas Mapuche realizaron una ocupación pacífica de los ayuntamientos de Curacautín, Victoria, Traiguén y Ercilla. El objetivo fue presionar para generar un diálogo con el gobierno de Sebastián Piñera sobre las demandas de los huelguistas: aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), revisar los cargos, las figuras de prisión preventiva y, en algunos casos, las condenas.
En la misma semana, fruto de las divisiones políticas al interior del oficialismo debido al proceso de protesta social y Asamblea Constituyente, el mal manejo de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, el presidente Piñera nombró como Ministro del Interior a Víctor Pérez, un conocido defensor del dictador Pinochet con vínculos con el enclave Colonia Dignidad del difunto abusador de niños Paul Schäfer.
“En pleno toque de queda por la pandemia se produjo un asalto e intento de linchamiento a aproximadamente 30 personas Mapuche que ocupaban pacíficamente la municipalidad de Curacautín.”
La primera acción política de Pérez fue visitar la región de La Araucanía para reunirse con asociaciones de latifundistas, colonos y grupos paramilitares de la zona, quienes reclaman la violencia que ejercen contra ellos comuneros Mapuche. Horas más tarde y en pleno toque de queda por la pandemia (que incluye la restricción de tránsito de personas después de las 22.00), se produjo un asalto e intento de linchamiento a aproximadamente 30 personas Mapuche que ocupaban pacíficamente la municipalidad de Curacautín ante la mirada cómplice de la policía y el ejército.
Los desalojos de los edificios públicos por parte de la acción conjunta de policía y civiles son un hecho inédito y marcan tácitamente la continuidad de la violencia colonial en el territorio Mapuche. Pero además, hacen evidente la complicidad de los aparatos represivos del Estado como los Servicios de Inteligencia, el Ejército y, especialmente, los Carabineros de Chile. Estos últimos, en la región de la Araucanía, encuentran su origen histórico en guardias civiles armadas que protegían el despojo territorial contra los Mapuche hace no más de 150 años.
Represión y desalojo a mapuche que ocupaban pacíficamente la municipalidad de Curacautín. Foto: Agencia Uno.
Las dimensiones globales del racismo
Lo sucedido en el pueblo de Curacautín da cuenta de las diversas lógicas, racionalidades y estructuras raciales globales que se expresan localmente. Por un lado, el extractivismo de recursos naturales como manifestación actual del racismo global. Por otro lado, las huelgas de hambre como uso de los cuerpos como estrategias últimas de resistencia. Al mismo tiempo, visualizamos la necesidad de generar debates globales que permitan la articulación de estrategias para desarticular y desmantelar la estructura racista, patriarcal, jerárquica occidental confrontada nuevamente a una profunda crisis global.
La ocupación y posterior anexión chilena del Wallmapu, el despojo territorial de riquezas materiales y el extractivismo de los recursos naturales son las causas principales del mal llamado “Conflicto Mapuche”. Denominarlo así es un error porque, en verdad, el “Conflicto Mapuche” es un proceso de reivindicación histórica de territorios ancestrales avalado por los derechos universales de la autonomía política, la libre determinación y la soberanía territorial, al mismo tiempo que una articulación de resistencias territoriales contra la lógica extractivista de empresas forestales, mineras, pesqueras y centrales hidroeléctricas.
Frente a estos procesos, el Estado chileno ha respondido a través de una estrategia de “guerra de baja intensidad” que reproduce los imaginarios de la “colonización moderna” (contra los salvajes) y la lógica gubernamental del “enemigo interno” (contra los terroristas) impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet. Esta estrategia estatal tiene como saldo un cuantioso número de víctimas Mapuche asesinadas por instituciones represivas y un alto número de presos políticos encarcelados a través de operaciones policiales y de inteligencia falsas, comprobados por la misma justicia del Estado chileno.
La represión en Curacautín se produjo en toque de queda y luego de la visita a Temuco del nuevo Ministro del Interior. Foto: Mapuexpress.
Violencia sobre cuerpos y territorios racializados
El uso de los cuerpos como estrategia de resistencia contra el modus operandis del extractivismo económico global es una práctica cotidiana de muchas comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes y negros alrededor del mundo. No es una elección de las lideresas y líderes asesinados, detenidos y desaparecidos, sino que se ven obligados a contrarrestar los intereses de empresas transnacionales extractivistas que usurpan sus territorios.
En el caso Mapuche, la producción forestal de monocultivos es la principal razón de la violencia medioambiental. Todo se origina en la dictadura de Pinochet, cuando el Decreto de Ley 701 de 1974 homogeneizó millones de hectáreas bajo el espectro biológico de solo dos especies forestales: el pino y el eucaliptus. Esto generó una colonización continua de las madereras que al día de hoy, solo en la región de la Araucanía, suman un total de 632.289 hectáreas.
Casi medio siglo después, las consecuencias son evidentes. Se han reproducido las lógicas de la pobreza y la desigualdad, y se ha profundizado las consecuencias del cambio climático global al acelerar procesos de desertificación y sequía en territorios ya frágiles y desgastados. Todo lo anterior, en un contexto caracterizado por la violencia policial y militar, así como “montajes” estatales y civiles para inculpar al pueblo Mapuche por situaciones de violencia y quema de maquinarias. Es aquí donde el Estado chileno encuentra la excusa para intervenir y controlar a los “salvajes devenidos terroristas” con todos los recursos que sean necesarios, como el bono étnico a la policía, para favorecer el “desarrollo y progreso” de los territorios indígenas.
Estos son los resultados de la implementación del “proyecto de muerte occidental”, como describen las racionalidades de los pueblos indígenas al proyecto “civilizatorio occidental”. Un proyecto de vida que no hace más que matar para vivir. Un proyecto que destruye y asesina a otros en nombre de su proyecto de vida. Un proyecto de vida que se encuentra en la base de la crisis ecológica global.
Marcha en solidaridad a los presos político mapuche. Foto: Julio Parra.
Crisis ecológica global, racismo y pandemia
Hasta la declaración de la pandemia, la crisis ecológica era el tema de debate y preocupación global, incluso promovida por organismos supranacionales como Naciones Unidas, a través de la Conferencia de las Partes (COP), cuya organización en Chile fue finalmente cancelada luego de las manifestaciones de 2019.
Ante este escenario, el Covid-19 se constituyó como el principal “Estado de emergencia global”. La crisis sanitaria visibilizó aún más la opresión colonial y el racismo estructural en torno a las probabilidades de contagios y vulnerabilidades para prevenirlos en relación a la población mapuche. Por ejemplo el acceso al agua potable para lavarse las manos es un recurso que escasea.
Mientras tanto, en medio de la pandemia tuvo lugar un estallido global contra el racismo como consecuencia del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un agente policial de Mineápolis, Estados Unidos. Las movilizaciones estuvieron acompañadas del derribamiento o destrucción de estatuas que representaban el colonialismo occidental en distintas partes del mundo, práctica que ya se había implementado en Chile durante los meses del estallido social. Nuevamente, se cuestionaron “las posiciones de privilegio” producidas por la acumulación histórica y estructural del racismo, la desigualdad económica y de género.
“En medio de una crisis ecológica, sanitaria, económica, racial, colonial y de representatividad, la necesidad de las sociedades occidentales de aunar sus valores y visiones de futuro con sus prácticas cotidianas las obliga a una transformación paradigmática.”
En medio de una crisis ecológica, sanitaria, económica, racial, colonial y de representatividad, la necesidad de las sociedades occidentales de aunar sus valores y visiones de futuro con sus prácticas cotidianas las obliga a una transformación paradigmática. En este contexto, los pueblos indígenas vivimos las manifestaciones más violentas de las contradicciones que enfrentan las sociedades occidentales y occidentalizadas: derechos, equidad, democracia, nuevas generaciones, cuidado del medio ambiente y sostenibilidad.
En este sentido, leemos el ataque racista de la comunidad de Curacautín contra el movimiento social Mapuche como una reacción de aquel modelo civilizatorio moderno que está en crisis. Una reacción racista y violenta promovida por un pequeño grupo de la oligarquía regional en defensa de su posición de privilegio y poder, construido a través de un proceso de usurpación territorial enmarcado en la histórica estructura racista, colonialista y jerárquica de la cual se han beneficiado hasta el día de hoy.
En este marco, nos preguntamos cómo podemos romper con los beneficios que aportan las empresas transnacionales ubicadas en el Wallmapu a la posición de privilegio de sus accionistas ubicados en el norte global. ¿Cuál será la resistencia de los privilegiados a perder sus ganancias económicas por el desmantelamiento de las actividades extractivistas en el sur global?
Valparaíso luego del estallido social. Foto: Francisco Godínez Galay.
Hacia un nuevo contrato social global
Actualmente, en Chile se intensifica el debate y la toma de posición respecto del proceso constituyente que permitirá definir el futuro contrato social para enfrentar los desafíos locales y globales que enfrentamos como sociedad. En este sentido, la sociedad tiene una oportunidad de vanguardia para situarse localmente frente a las problemáticas ecológicas, raciales, de género, económicas y representacionales que nos afectan globalmente.
Sin embargo, podemos observar cómo esta oportunidad intenta ser bloqueada por grupos de poder e intereses que justamente se oponen a la justicia social y medioambiental, y la equidad de género, racial y económica. Tal como han demostrado en el pasado, los sectores privilegiados no dudarán en argumentar razones económicas y nacionalistas para justificar la violencia, la desidia de los gobiernos y el odio racial. Es este sentido, ¿cuáles deben ser las estrategias de activistas sociales para confrontar tales estrategias de resistencia y mantención de posiciones de privilegio, intereses económicos y poder?
“En Chile se intensifica el debate y la toma de posición respecto del proceso constituyente que permitirá definir el futuro contrato social para enfrentar los desafíos locales y globales que enfrentamos como sociedad.”
Como nunca antes, somos testigos de una interrelación global que afecta a todos los pueblos. Resulta imprescindible conectar las luchas y resistencias locales a las lógicas raciales, patriarcales, extractivistas y coloniales. El funesto ataque al pueblo Mapuche en la municipalidad de Curacautín no es un hecho local y aislado, sino que, al contrario, representa un punto de clivaje global, donde las poblaciones indígenas vemos nuestros territorios asediados, invadidos y extractivizados de sus recursos naturales a cambio del bienestar de la economía capitalista global.
En tal contexto nos preguntamos cuáles deben ser las transformaciones, disrupciones y desmantelamientos que deben experimentar aquellos en posiciones de privilegio y de poder para terminar con la violencia que sufren quienes viven en territorios racializados y extractivizados y colonizados. La pandemia significa una ventana de oportunidad para repensar las estrategias y el uso de los cuerpos para combatir el racismo global.
Milton Almonacid es profesor, historiador y candidato a doctor en Estudios Transculturales en la Universidad de Copenhagen. Es miembro de la Comunidad de Historia Mapuche, colabora como asesor técnico de comunidades mapuche en el Gnulu mapu (Chile) y es especialista en descolonización de la producción de conocimiento.
Jakelin Curaqueo Mariano es oriunda del lof Mapuche Forrowe y presidenta del Centro de Estudios e Investigaciones - Comunidad de Historia Mapuche (CEIM-CHM). Es Magister en Educación y actualmente investiga el racismo y la discriminación al pueblo Mapuche en Chile.
Lee la nota completa con todas las fotografías en: https://debatesindigenas.org/notas/67-resistencia-contra-extractivismo.html
