Por Carlos Crespo B. (1) (2)
El Acuerdo Ministerial 2020-00014del 15 de marzo pasado, dispuso la suspensión de clases para las instituciones educativas en todo el país. Los seis meses transcurridos hacen parte de una de las etapas más críticas de nuestra historia educativa, marcada por la inesperada desaparición de la convivencia escolar y el encuentro presencial en el acto educativo,y por la instalación del aprendizaje en casa mediado por las pantallas y los recursos virtuales, todo en medio del cerco impuesto por la pandemia.
En vísperas del inicio del año escolar en el régimen Sierra-Amazonía surgen en el debate nacional las posiciones de diversos actores y, al mismo tiempo, el show mediático-político sobre la viabilidad de la reapertura de actividades educativas presenciales. Las familias, con la carga del rol“educador” asignado y la incertidumbre por el futuro, barajan opciones educativas para sus hijos e hijas, en medio del temor al riesgo del contagio (3). Mientras tanto, el Ministerio de Educación ensaya medidas para el retorno progresivo a las aulas, bajo el lema “Juntos aprendemos y nos cuidamos”(4) en el marco del Plan “Yo me cuido” anunciado por el Gobierno central para reemplazar el estado de excepción declarado por la emergencia a causa del Covid 19.
Hace casi 4 meses, al cumplirse el primer mes y medio de la cuarentena se dijo, en la primera Nota de Política que circuló la Coalición por el Derecho a la Educación en el Ecuador (5), que la política educativa, tomada por sorpresa, había seguido una cadena reactiva en búsqueda de salidas coyunturales ante la urgencia de responder a la demanda de casi 4 millones y medio de estudiantes, y se expresó que la emergencia puso al descubierto las desigualdades económicas y sociales, multiplicadas por los efectos de la pandemia, que constituían una amenaza al derecho a la educación.
A esta altura, no solo se ha ratificado que las desigualdades de todo tipo definen las oportunidades educativas de las y los estudiantes, sino que se constata también el abismo que existe entre el discurso oficial, amplificado como verdad única bajo la legitimidad del conocimiento técnico, y las complejidades del aterrizaje de la política educativa en los territorios donde los docentes actúan “en la primera línea de respuesta a la emergencia”.
A mediados de abril los medios de comunicación mostraron los cuestionamientos de las familias por el anuncio de que las clases en la región Costa comenzarían de forma no presencial. En este momento en que casi todas las familias ecuatorianas han experimentado la muerte de algún amigo o familiar cercano por efectos del COVID, los cuestionamientos y el temor recrudecen ante el anuncio de la posibilidad del retorno a las actividades presenciales. En aquella ocasión, la resistencia de las familias a la educación a distancia se debía que no tenían las condiciones económicas, materiales, ni tecnológicas para asumir la educación en casa. En la actualidad, cuando estamos a días de iniciar el año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía, las familias rechazan el retorno a las actividades presenciales sobre todo por el temor al contagio y a que la muerte llegue a casa, más aún cuando el Gobierno central anuncia que deja en manos de cada quien la auto responsabilidad de protegerse (6).
Pero, ¿qué dicen hoy los datos y los hechos más allá de la retórica oficial y las interpretaciones técnicas?La reciente encuesta de UNICEF-MINEDUC (2020) (7) sobre la situación de los niños y niñas entre 9 y 19 años que se encuentran en el sistema educativo, muestra que la mayoría de las familias entrevistadas (75% en la Costa y 65% en la Sierra) consideran que sus hijos no deben regresar a clases presenciales hasta que exista la vacuna. A su vez, los gremios docentes rechazan el regreso presencial a las aulas, incluso como plan piloto (8).
En un escenario con profundos desequilibrios sociales y económicos que prevé para el futuro próximo un decrecimiento económico de menos 9 puntos en el PIB, y una disminución del ingreso en al menos 8.6% (9), según previsiones de la CEPAL (10), 10, es posible imaginar el impacto que tendrá en las prioridades de las familias con la consecuente multiplicación de la deserción del sistema escolar (UNICEF-MINEDUC, 2020) (11).
De hecho, uno de cada diez estudiantes (10.8%) que estaban en el sistema educativo, no pudo continuar sus estudios desde que inició la emergencia. Las principales razones: no tener internetyfalta de recursos y equipos, una carencia que en las áreas rurales se acerca a la mitad de las familias (UNICEF –Mineduc,2020)en promedio aunque en algunos territorioseste dato puede llegar a niveles dramáticos(Bustos, 2020). (12)
Siguiendo la misma fuente, una cifra importante de familias a nivel nacional, el 7.1%, considera retirar o no matricular a sus hijos, agravándose esta decisión en el nivel inicial y en el área rural donde alcanza, aproximadamente, el 10%. Otro tanto, el 8.8%,se plantea cambiar a sus hijos de una institución educativa privada a una pública, debido en gran medida a problemas económicos, según declara cerca de la mitad de las familias encuestadas (UNICEF-Mineduc, 2020).
En efecto, 83% de los hogares con hijos en el sistema público responden que tienen menores ingresos de los que tenían antes de la pandemia, una tercera parte por disminución de salarios (27.7%), otro porcentaje semejante por falta de trabajo y casi una cuarta parte por despido del empleo (23.2%). A su vez, los propios registros del Mineduc dan cuenta que hasta el momento se han matriculado 95.755 alumnos menos, con respecto al año que finalizó en junio en el régimen Sierra-Amazonía (13)
Los datos oficiales lo confirman, la alerta se ha encendido. Luego de los avances significativos logrados en las última década y media, el sistema educativo vuelve a enfrentar el reto del acceso, agregando a ello la incógnita sobre lo que están aprendiendo los niños, niñas y jóvenes. No está todo resuelto como intenta mostrar el discurso oficial. Al contrario, el sistema educativo vive uno de sus momentos más críticos. Es muy importante transparentar la situación y actuar integralmente sobre ella.
En este contexto crítico, cobra relevancia el rol estratégico que están cumpliendo los docentes, en medio de las condiciones de sobrecarga laboral, reducciones salariales, limitaciones de conectividad, vacíos en la preparación profesional y falta de reconocimiento de su trabajo (14).
Los relatos docentes recogidos por la Coalición por el Derecho a la Educación muestran reiteradamente el compromiso que asumieron desde el inicio dela emergencia para“reinventarse” como maestros, y mostrar que como docentes pueden hacer la diferencia, comprendiendo que “no se trataba de un reto particular sino de un proyecto compartido entre maestros, padres y niños”: “El reto ha sido reinventarme de manera súbita y empezar a trabajar de otro modo” (15).
Un estudio reciente realizado por la Universidad Politécnica Salesiana (16) anota que casi la mitad (44%) de los profesores entrevistados han rediseñado totalmente las planificaciones curriculares, y el 88% incluye temas del contexto. Por su parte, las familias señalan que el 60% de los docentes tienen un contacto diario con sus hijos (UNICEF-Mineduc, 2020).
Esta información da cuenta de las adaptaciones y acciones que los actores docentes han tenido que realizar a la luz de la situación particular en los contextos territoriales sin que tenga conexión, necesariamente, con las directivas que “vienen desde arriba” y, por otra parte, sin que esta voz del territorio sea considerada como uno de los insumos esenciales para la toma de decisiones.
La tendencia de las acciones oficiales ha ido por el lado de priorizar las medidas de bioseguridad y, en el campo de la educación, además de seguir la misma línea han enfatizado en directrices asociadas al desarrollo de contenidos, metodologías, capacitación docente para el uso de las Tics, y otras decisiones que parten del supuesto que las condiciones de las familias siguen siendo las mismas. La cotidianeidad de las familias y de los estudiantes cambió radicalmente y no solo en relación a los procesos educativos.
El desempleo, el aumento de la pobreza, la inestabilidad, la pérdida de horizonte afecta a la mayoría de familias, con los consecuentes efectos en la salud, alimentación y bienestar. El desafío de la política pública es atender integralmente la situación de la niñez y de la juventud y, en general, del conjunto de la población estudiantil, propiciando oportunidades para fortalecer en las y los docentes intervenciones pedagógicas pertinentes donde la dimensión curricular adquiera sentido en función de esa respuesta estratégica integral (17).
Sin duda, ello requiere un cambio sustancial en el enfoque del conjunto de la política social, con prioridad en la inversión estatal para asegurar el acceso a la escuela de toda la población en edad escolar junto con medidas de protección de la salud, la nutrición y el bienestar integral.
¡A esta altura, sigue existiendo un abismo entre el discurso oficial y la realidad de los territorios!
(1) Este artículo es una contribución de la Coalición por el Derecho a la Educación en el Ecuador, una iniciativa de investigadores y docentes de las áreas sociales para producir conocimiento que aporte a la defensa del derecho a la educación. https://www.facebook.com/coalicion.derechoalaeducacion.3
(2) Investigador del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas, CENAISE. Miembro de la Red Estrado.
(3) Médicos, padres y dirigentes de maestros dicen no a clases presenciales propuestas por COE, por COVID-19. Diario El Universo (22 de agosto, 2020).https://www.eluniverso.com/guayaquil/2020/08/21/nota/7950331/medicos-padres-dirigentes-maestros-dicen-no-clases-presenciales
(4) Ministerio de Educación tiene listo el plan retorno a las aulas combinado durante la emergencia sanitaria. Diario El Universo (26 de agosto, 2020). https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/26/nota/7956148/ministerio-educacion-ecuador-plan-retorno-escolar-pandemia-covid-19
(5) Coalición por el Derecho a la Educación –Ecuador. Nota de política educativa N°1.La urgencia de ver más allá de la coyuntura: línea del tiempo de la política educativa en el Ecuador frente a la pandemia covid-19. Carlos Crespo B., María Sol Villagómez R.y Rocío Peralvo.
(6) Corresponsabilidad y autorregulación, pide el Gobierno al anunciar próxima fase sin toque de queda ni prohibiciones de movilización. Diario El Universo (26 de agosto, 2020). https://bit.ly/3bFG5Qp
(7) UNICEF –Mineduc. Monitoreo Sistema Educativo. Situación de emergencia sanitaria. Agosto, 2020 (Presentación de resultados).
(8) Gremios rechazan regreso presencial a las aulas aunque sea como plan piloto. Diario El Universo (21 deagosto, 2020). https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/21/nota/7949869/une-rechaza-regreso-presencial-aulas-aunque-sea-como-plan-piloto.
(9) Según reciente información del INEC, 1 millón de ecuatorianos está en el desempleo a junio 2020.https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-subio-ecuador-informalidad-crisis.html Según la misma fuente del Observatorio COVID 19. FLACSO 2020,la CEPAL estima un aumento de 7 puntos en la pobreza y 5 puntos en la pobreza extrema.
(10) UNICEF –Mineduc. Monitoreo Sistema Educativo. Situación de emergencia sanitaria. Agosto, 2020 (Presentación de resultados).
(11) UNICEF-Mineduc (ibid)
(12) Mario Bustos, líder del pueblo Kayambi reitera las dificultades de la población para acceder a la educación virtual y coloca como ejemplo a una escuela urbana municipal en Cayambe con 700 estudiantes que, al inicio de la emergencia, solo 22 tenían conectividad. Foro Virtual Educación rural: carencias y desafíos para la reapertura de clases el 27 de agosto 2020, organizado por el CSE.
(13) 95.755 estudiantes menos que el ciclo anterior iniciarán en Sierra y Amazonía; aún faltan matrículas extraordinarias. DiarioElComercio(27deagosto,2020) https://www.elcomercio.com/actualidad/clases-estudiantes-registrados-sierra-amazonia.html#.X0hf66bXUp0.whatsapp
(14) Robalino,Magaly (2020). El derecho a la educación en Ecuador en tiempos de pandemia: entre brechas sociales, intención técnica y ausencia de voluntad política. Revista de Educación y Cultura, TareaN° 100. Lima, julio del 2020. Edición digital. Pp. 9-15 Coalición por el Derecho a la Educación –Ecuador. Relato docenteN°3
(15). Profesora Soraya Chicaiza Toaquiza. Cotopaxi.24/05/2020.
(16) UPS-GIEI. (2020) Educación y docencia en tiempos de emergenciasanitaria covid-19. Socialización de resultados de la Encuesta a docentes. Primera Fase.(Presentación de Resultados).
(17) Coalición por el Derecho a la educación-Ecuador. Nota de política educativa n° 4. Las infancias y juventudes en tiempos de coronavirus: el imperativo de atender su situación integral. Daniel Llanos Erazo. 17 de junio de 2020.
