La propuesta de ley que crea el Sistema Nacional de Catastro y Registros Públicos (SINACARE) tomó un nuevo impulso tras la reunión de referentes de los tres poderes del Estado que decidieron apoyar dicha norma. Esta ley no fue consensuada, ni debatida, con las organizaciones campesinas, a pesar de que el sector sería uno de los más afectados por la nueva legislación.
“Se nota que la propuesta viene desarrollándose, sin la participación del sector social, principalmente del campesinado y los pueblos indígenas, sectores que serán los afectados directos si se llega a aprobar el proyecto, en todo lo relacionado a inmuebles. Se evidencia que el proyecto se desarrolló solamente en el ámbito político, en conjunto con el sector privado, y con algunas instituciones estatales, con total exclusión de las organizaciones sociales” expresó Abel Areco, abogado especializado en la temática rural.
Vale mencionar que tras el acuerdo surgido de la cumbre de poderes, los principales impulsores de la Ley son Enrique Riera y Fidel Zavala, ambos referentes del sector terrateniente en la Cámara de Senadores. Esta situación da pistas respecto a qué buscaría realmente la mencionada legislación. Si bien la propuesta abarca a todos los bienes y actos jurídicos registrables, pone énfasis en la “regularización de tierra” pero omite mencionar “la función social de la tierra”, aspecto fundamental del “Estado Social de Derecho”, como lo estipula la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario.
El mencionado proyecto simplemente coloca la tierra como una mercancía más, un bien negociable en el mercado, a este respecto Areco mencionó que “el argumento principal del proyecto consiste en, la incorporación de los que poseen bienes inmuebles al mercado de tierra con la regularización, se sostiene que esto significa la superación de la pobreza, que a través ello se lograría el desarrollo rural. El abogado añadió que “esto es una equivocación, el sector campesino e indígena, requiere del recurso tierra para producir alimentos para el sustento y para proyectar su vida familiar desde ese lugar, no pensando en endeudarse para lograr su desarrollo. Hasta se puede considerar una ofensa el argumento señalado, ya que, lo que se está haciendo con ese discurso, es impulsar al campesinado a endeudarse más, a ofrecer como garantías sus tierras, y así convertirse en presa fácil de las empresas agropecuarias y banqueros, creando condiciones para más acaparamiento de tierras por parte de los sectores más pudientes” consideró.
El proyecto adolece a la vez de deficiencias técnicas que abren las puertas a que los sectores más vulnerables se vean afectados con la aplicación de esta Ley, ya que la legislación no prevé formas de atención adecuada a las problemáticas de comunidades campesinas e indígenas. Además los mecanismos establecidos para la resolución de conflictos respecto a la tenencia de tierras posibilitarían que las más de 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas puedan ser “blanqueadas” por los tenedores irregulares y no recuperadas para la reforma agraria.
“Con todo lo señalado, se concluye que el Proyecto en cuestión, se encaminó de una forma excluyente, se presentó de forma apresurada y sin tener en cuenta ciertos aspectos que son necesarios a considerar. De ser aprobado el Proyecto, así como se plantea, es un camino seguro al fracaso y puede resultar perjudicial principalmente para los sectores más vulnerables” concluyó el abogado e investigador Abel Areco.
