Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.
Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.
El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras. Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos. Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.
Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.
Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.
Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas. Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”.
Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.
Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando. Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.
Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó a PRIMERA EDICIÓN que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador. Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”.
Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.
“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente. Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.
Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria. Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.
En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.
