“…yo he vivido allá toda mi vida, soy del lugar; mi madre ha sido viuda, yo no podía estudiar en la escuela, tenía que ponerme un apoderado para entrar en su nombre para estudiar en la empresa. En sus tiempos de don Mario Mercado, daban útiles escolares a los hijos de los trabajadores, a nosotros no nos daba porque no formábamos parte de los asegurados (…) nos prohíben hasta hoy, la crianza de nuestros animales nativos. Al campamento entran y los encerraban en los calabozos, y teníamos que recuperar con una multa o rogándonos.
En el año 1988, cuando cerraron la empresa se quedaron cuatro serenos y un administrador que nos ha quitado todos nuestros terrenos. La empresa manifestó que se quedaba como empresa privada y que dentro de la misma no teníamos derecho ni a sembrar en esos terrenos, cinco personas se sembraban en esos terrenos. Por esa época yo era un niño, hablo por todos los comunarios que sufrimos ese abuso de nuestros sembradíos (…) nosotros teníamos plataformas como del Machu Picchu, pero esa piedra se lo sacaron para hacer sus campamentos. Nos quitaron también el agua que baja del cerro Saño, el agua principal que baja incluso hasta el campamento lo han desviado al lado del ingenio, entonces, nosotros no teníamos agua para sembrar nuestros terrenos ni para regar ni para nuestros animales, ahora mismo no hay agua ni para nosotros, nuestros animalitos por instinto o necesidad se ven obligaos a tomar aguas de sus diques o de los desperdicios del ingenio. Con respecto a sus diques no existe protección con malla, como el animal no sabe se entra y muere ahogado, del agua que está en sus diques sacan para regar los caminos de los campamentos, agua contaminada.
Todos esos cerros que eran para el pastoreo de nuestros animales [están afectados], abrieron caminos por aquí por allá, como existen distintas bocaminas, para nuestros animales ya no hay vegetación. En aquellos tiempos eran más de 500 trabajadores [externos] los de la empresa, puesto que no metían gas para su consumo, depredaron todo el cerro. Cuando existían fiestas traían la leña de los cerros dejando a nuestros animales sin tener qué comer.
A mi madre y a otras personas hicieron trabajar de palliris, nunca tuvieron una vacación, ni un aguinaldo, pero igual trabajaron por necesidad. Cuando yo entré de autoridad en el 2005, empezamos a caminar y pedir el resarcimiento de daños pacíficamente mediante el diálogo, pero la represalia contra mi persona y otras más fue de cortarnos el trabajo. La discriminación laboral, hizo que la gente migre a otros lados y hasta a otros países para poder trabajar. Son más de 60 familias, de las cuales solo cinco personas de la comunidad están trabajando dentro de la empresa, en su informe indican que trabajan 80 personas” (Fausto Mamani, Comunidad de Pokerani).
Tras cuatro horas de viaje desde la ciudad de Potosí, atravesando una inmensa zona montañosa cuya apertura caminera se debe a la actividad minera de larga data, llegamos a la comunidad de Pokerani del Ayllu Qorqa, una de las cuatro parcialidades del Jatun Ayllu Yura, Provincia Antonio Quijarro en Potosí.
La comunidad de Pokerani está compuesta por cinco estancias: Pokerani, Vaquería, Santa Tere, Collpani y Uyuni Chico, donde se encuentra asentado el campamento minero de la mina de Caracota, actualmente administrada por la empresa EMUSA, históricamente dirigida por Ricardo Ruíz, y luego por su yerno, Mario Mercado Vaca Guzmán, el conocido y finado empresario y dirigente deportivo.
La memoria de las comunarias y comunarios y su voluntad por dar testimonio de lo ocurrido en su territorio, dirige nuestra visita hacia el antiguo campamento, Santa Tere, donde yace una concentración de drenaje ácido de minas (aguas ácidas, cargadas de sulfatos y metales pesados), abandonada hace años, y que con cada lluvia rebalsa y se descarga en la vertiente de los ríos que se descargan en las comunidades del municipio de Cotagaita. Otra situación es la de la estancia Pokerani, donde el paisaje, al pie del cerro sagrado Sañu, está drásticamente marcado por enormes piscinas donde se lavan los minerales, y actualmente, seguir explotando oro y antimonio. De estas piscinas una de forma irregular y sin geomembrana, las otras construidas sólidamente, todas con soluciones químicas, colores verdes azulados, al aire libre y sin mallas de seguridad. En Uyuni Chico, el actual campamento, yacen las oficinas, laboratorios, y por supuesto, la escuela y hospital que menciona la empresa al momento de discutir las condiciones y aportes, en los que la comunidad originaria y el extractivismo minero han convivido a lo largo de los años. En Collpani y Vaquería, resisten algunas parcelas agrícolas, principalmente de cultivos de maíz, haba y papa, que se abocan al autoconsumo de las familias que todavía residen en el territorio.
Desde el 2018, la comunidad de Pokerani y el Tribunal de Justicia Indígena Originario Campesino de la Nación Qhara Qhara (TJIOC), han iniciado un proceso de demanda de resarcimiento a la empresa EMUSA. Han realizado inspecciones con la colaboración de la Universidad Autónoma Tomás Frías, han convocado a las instituciones y autoridades correspondientes y han denunciado un proceso de desplazamiento forzoso de las familias comunarias, la destrucción de propiedades en diferentes estancias de Pokerani, de áreas de pastoreo, contaminación ambiental, discriminación laboral y extracción indebida de oro.
Este tipo de demandas despiertan una serie de controversias en los territorios donde las empresas extractivas han logrado intervenir e incrustarse. En el caso de la comunidad de Pokerani, no existen mineros cooperativistas, sin embargo, desde el tiempo del auge de la minería, la mayoría de las familias estaban articuladas a la empresa, aunque como exponen los testimonios, no siempre de manera formal, las mujeres de palliris (mujeres que acopian, escogen y pulverizan rocas en busca de mineral), los hombres de cargas y peones, y otros oficios, sin lograr seguridad social. Los campamentos e ingenios mineros transforman la vida comunitaria de forma radical, incorporan las lógicas individuales del trabajo asalariado y consolidan una lógica de aceptación y consentimiento a la transformación y depresión del paisaje natural.
Entre las consecuencias del extractivismo minero más importantes, se tienen las medioambientales que determinan las posibilidades de la agricultura familiar y el aprovechamiento colectivo de la tierra; en este caso, el TJIOC identificó como una de las consecuencias más importantes, la pérdida cultural y la fuga de la población, que al no encontrar alternativas de estudio y trabajo, fue cediendo sus propiedades y alejándose de lo que fue su tejido comunitario.
Tal como EMUSA, muchas empresas en los países ricos en minerales, han cumplido con sus compromisos, han resarcido daños particulares en las comunidades rurales, han intentado sostener relaciones armónicas con las familias, aunque sin considerar los derechos colectivos de las comunidades, su derecho a la consulta previa, y principalmente, la sostenibilidad de sus recursos naturales. Sin embargo, este tipo de problemáticas nos convocan a intentar comprender una complejidad en la que se cruza el interés del capital extractivista, los intereses laborales de los comunarios, las opciones de mercadeo informal para las comunidades, las relaciones entre mujeres y hombres comunarios con una población minera que se asienta en su territorio con prácticas sociales y culturales ajenas, y la presencia de una patronal con agenda propia.
Al aprobarse la carta magna que modificó la Asamblea Constituyente de 2008, se constitucionalizó el Estado Plurinacional y una serie de concepciones que hacen a los pueblos indígenas. Entre ellas, la igualdad jerárquica entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, la ancestralidad y preexistencia y el derecho a la libre determinación y autonomía administrativa de los pueblos indígenas y naciones originarias. Estas políticas ponen en crisis al viejo sistema, a la república monista y conservadora, y lógicamente, implican un proceso arduo, no de lineal implementación, sino de diálogo, negociación y pulsiones entre una diversidad de actores.
Quienes tienen la experticia en la labor del diálogo y negociación, respeto a la visión del mundo del otro, precisamente son los pueblos indígenas, que vienen entablando largos procesos de reivindicación de sus derechos y necesidades, ante un Estado centralista y autoafirmado como hegemónico en los últimos siglos. No es de extrañarse que las empresas y otros actores privados, e incluso estatales, desconozcan la visión de los pueblos, pues siempre han actuado de forma autoreferencial y ejerzan aún, relaciones de poder logocéntricas y condescendientes.
Ante la primera década de constituido el Estado Plurinacional, existen muchas falencias en su correcta implementación y comprensión. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, en su artículo 10, establece una serie de limitaciones a la jurisdicción indígena, por ejemplo, en cuanto al ordenamiento territorial republicano e incumpliendo la CPE y los tratados internacionales sobre el alcance de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y su derecho a la autodeterminación, a la reconstitución de sus territorios y al aprovechamiento de sus recursos naturales. Indudablemente, éste es el momento de la construcción y no así de la plurinacionalidad en pleno, aún la lucha por la tierra y territorio es una reivindicación viva y pendiente, pese a que la autonomía indígena está constitucionalizada. Una correcta concepción del territorio, de la jurisdicción indígena y el derecho a la autodeterminación, sigue siendo parte de la agenda de tareas imprescindibles de un Estado que lleva más de dos décadas implementando su descentralización y una década aspirando a la plurinacionalidad.
Esta experiencia comunaria y los aprendizajes del TJIOC serán abordados por el Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, a través de una investigación exploratoria, y que ilustre sobre las dificultades y potencialidades del ejercicio de la justicia indígena originaria en el ámbito del extractivismo minero en territorios rurales en Bolivia.
