Dos son las reformas indígenas pendientes que el Poder Ejecutivo o el Congreso de la República del 2020 tiene que hacer con miras al bicentenario de la independencia. Una de ellas es la reforma política y la otra es la reforma económica.
Por Shuar Velásquez*
La reforma política tiene que ver con la creación de una normativa que permita la participación de los pueblos indígenas en el Parlamento Nacional. El censo del año 2017 arrojó la información de que 30% de los peruanos se autoidentifica como miembro de algún pueblo originario. Según el reporte del Ministerio de Cultura, existen actualmente 55 pueblos indígenas, cada uno de ellos con una lengua y cultura diferente. No obstante, a pesar de ser una realidad masiva y evidente, en nuestro país no tienen representantes políticos ante uno de los principales poderes del Estado. Tenemos, como sociedad, una deuda legendaria que saldar.
La reforma económica, por su lado, tiene que ver con la participación equitativa de los pueblos indígenas en la economía nacional. No es justo que aportando ingentes beneficios a las arcas del Estado con la minería, el gas, el petróleo y los bionegocios, vivan como los parias de la sociedad peruana. Basta revisar las estadísticas para conocer la desigualdad en la que se hallan muchas de las comunidades andinas y amazónicas. Para superar esto se plantean las siguientes medidas: a) la creación de un vice ministerio enfocado exclusivamente en la promoción de los negocios indígenas, b) la creación de una norma que obligue a las empresas postoras de proyectos mineros, petroleros o gasíferos, a dar prioridad a las empresas locales como socios ineludibles.
La primera medida sería el ente que, en cooperación con las instituciones de carácter económico de nuestro medio, impulse políticas para facilitar los negocios indígenas e interindígenas. ¿Por qué no crear algún sistema financiero que atienda a los más de 5 millones de peruanos que se consideran oriundos de nuestra patria? ¿Por qué no crear alguna certificación indígena que incentive las inversiones sostenibles en sectores claves como los recursos forestales, el sector ecoturístico o también la explotación minera, petrolera o gasífera? ¿Es posible impulsar alguna exoneración tributaria para empresas que inviertan y den empleo en los territorios indígenas?
La segunda medida contribuiría en generar mayor dinamismo a este tipo de negocios. Con la visión romana de que el Estado es el que administra los recursos nacionales, se adjudican proyectos mineros, petroleros y gasíferos a postores que luego pagan tributos y regalías. No obstante, es conocido por todos, que este esquema de explotación de los bienes genera conflictos sociales y sobre todo excluye a la población que históricamente ha vivido en el lugar.
Esta realidad no debe seguir siendo tolerada. La solución pasa por crear una norma que obligue a las empresas postoras de proyectos extractivos a contratar y a subcontratar a las empresas locales e indígenas. Así, las comunidades participarían directamente. Además de ganar económicamente, cuidarán del proyecto.
Ad portas de los doscientos años de nuestra vida independiente, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República del 2020 tienen una ardua e histórica tarea. Las reformas indígenas pendientes no pueden seguir estando a espaldas de la nación. Es tiempo de hacer justicia a los que son la base y esencia de nuestra sociedad. De lo contrario, habremos vuelto a fracasar como país y probablemente estaremos asistiendo a otros cien años de inequidades sociales.
* Presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú
