En la Amazonía los incendios se van apagando por el aumento de las lluvias en el Mato Grosso, pero la tasa de deforestación no disminuye. Mientras que tres instancias marcan la agenda en esta materia ambiental/indígena: la Cumbre de Cambio Climático en la ONU, el Pacto de Leticia -un remedo de acuerdo regional post Organización del Tratado de Cooperación Amazónica- y el próximo Sínodo Pan amazónico denominado “Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral", y pueden establecer acuerdos políticos de la mayor importancia, en circunstancias tan complejas.
Sin embargo, existe la necesidad de compromisos más firmes y solidos por parte de los gobiernos nacionales amazónicos, que no queden en discursos sino en metas concretas y medibles en materia de detención de la deforestación, de la contaminación, de la titulación comunal para cerrar filas frente a la fragmentación y la titulación individual.
Mientras tanto, la crisis política desatada recientemente en el Perú, tuvo otra vez, como actriz protagónica, a Mercedes Araoz, responsable en el 2009 de defender Decretos Legislativos como el 1090 conocido como la Ley de la Selva que originó el Baguazo.
En el campo social, nos encontramos con el desparrame de conflictos sociales y políticos desde los incumplimientos de los Acuerdos de Paz en Colombia, las insurgencias de grupos irregulares en la triple frontera, las amenazas de los diversos Lotes Petroleros en Loreto. A esto se suman las próximas acciones de erradicación forzosa de coca en el VRAEM –que empezaron con la instalación de campamentos del CORAH en Mazamari-, que tendrán consecuencia no solo en cambios en la dinámica del narcotráfico, sino en el crecimiento de una convulsión social, con imprevisibles consecuencias.
El reciente Congreso Empresarial Amazónico en Ucayali, y el Festival de Cine Ambiente de la Amazonìa (FICAMAZONIA), en Mocoa, Colombia, son muestras de distintas voces de esta región. Pese a las consecuencias del Caso “Lava Jato” en obras de regiones amazónicas como el caso de la Interoceánica Sur, o el caso de algunas vías en la región San Martìn, la continuidad de las exoneraciones tributarias para Amazonía, debe ser puesta en tela de juicio pues no han servido sino para beneficio de algunos medianos empresarios, pero no para la población de la región.
Así también deben evaluarse mejor las consecuencias de la iniciación de Proyecto Hidrovìa Amazónica sobre más de 2,000 kilómetros de los principales ríos de la región, que adolece de una serie de irregularidades contractuales, técnicas, de pobre licencia social y de posibles afectaciones irreversibles so pretexto de mejorar la conectividad comercial hacia el Brasil. Asimismo, el anuncio de próximo reinicio de BR 319 que comunica Manaos con Porto Velho en el Brasil, las afectaciones severas al piedemonte a causa de la migración desordenada, y las graves consecuencias de la minería ilegal en varias regiones amazónicas de Colombia, Venezuela Guyana, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú, deben ser priorizadas por los gobernantes, la cooperación internacional, la Iglesia y los empresarios.
Complejo escenario frente al cual se presta poca o nula atención en los grandes medios, y al que no podemos seguir dando la espalda.
