En la Cámara de Diputados existen dos proyectos de ley que plantean la modificación del Estatuto Agrario, principal instrumento rector de la política de tierras a nivel país. Las propuestas incluyen modificaciones que favorecen a personas no beneficiarias de la Reforma Agraria que hoy están ocupando irregularmente las tierras del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), en su mayoría sojeros y ganaderos.
El Abogado Abel Areco, especializado en la temática agraria, señaló que los proyectos son aberrantes ya que “proponen cambios para blanquear las irregularidades de tierras públicas ocupadas por no sujetos de la reforma agraria; además, se pretende introducir al Estatuto un artículo donde se menciona que quienes tengan antecedentes no sean beneficiarios de la ley, a pesar de que este aspecto ya se viene aplicando de hecho, ilegalmente; ahora quieren legalizarlo; la pregunta es, ¿qué va a pasar de los sin tierras? la mayoría imputados a mansalva y con antecedentes por luchar por la Reforma Agraria”
Una de las propuestas fue presentada por los Diputados colorados Avelino Dávalos y Pastor Soria junto al liberal Hugo Capurro; el otro proyecto, de similares características, lo presentó el Diputado Liberal Edgar Ortiz.
“En vez de que el INDERT reivindique sus tierras mediante acciones legales, lo que se plantea es que las ocupaciones irregulares, que son las que están en manos de personas que no deberían ser beneficiarias de tierras destinadas a la Reforma Agraria, sean blanqueadas y que el INDERT pierda definitivamente la posesión de esos terrenos que salieron ilegalmente del patrimonio de la Institución” mencionó el abogado Abel Areco. Además, agregó que otro aspecto negativo que presenta el proyecto es que se plantea ofertar en venta al INDERT sus propias tierras, en posesión irregular de no beneficiarios actualmente, lo que podrá beneficiar a los ocupantes irregulares.
Si bien los proyectistas fundamentan en su propuesta la consecución de la anhelada Reforma Agraria, la intención de querer regularizar inmuebles públicos a favor de sujetos no beneficiarios por el estatuto actual, y que son pudientes para adquirir tierras privadas y a valor de precio de mercado es un contrasentido a la Reforma Agraria, manifestó Areco, al tiempo de señalar que debe tenerse en cuenta la falta de tierras para los pequeños agricultores, verdaderos beneficiarios de la reforma agraria, y los conflictos que se generan a partir de esa situación.
“Mientras la reforma agraria tiene como propósito modificar la estructura agraria del país y beneficiar a pequeños productores campesinos principalmente, esta propuesta más bien plantea beneficiar a ocupantes irregulares de inmuebles que debían ser destinados para la Reforma Agraria y que hoy en día se encuentran en poder de sojeros y ganaderos” indicó el abogado. La propuesta de modificación no fue debatida ni socializada con las organizaciones campesinas e indígenas que son quienes mayor interés tienen en la modificación del Estatuto Agrario para lograr verdaderos avances de cara a una Reforma Agraria Integral.
Según menciona el Libro “Colonias Campesinas”, publicado por BASE-IS, Justo Cárdenas, Presidente del INDERT hasta agosto de 2018, había afirmado que un millón de hectáreas de tierras adjudicadas dentro de las colonias habilitadas por las distintas instituciones agrarias (IRA, IBR, INDERT) hoy se encuentran en manos de personas no sujetos de la Reforma Agraria, que fueron usurpadas violando las leyes agrarias. Esto es, entre el 35 y 40 % de todas las tierras que formaron parte de los programas de colonización. La mayor parte de estas tierras hoy son utilizadas por empresarios del agronegocio que serían los beneficiarios de las modificaciones planteadas en la propuesta de ley.
