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Brasil es uno de los países con mayor concentración agropecuaria en el mundo. Según los datos del último censo agropecuario del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2006, la agricultura familiar representaba 84,4% de los establecimientos rurales brasileños.

Este contingente de agricultores familiares ocupaba un área de 80,25 millones de hectáreas, o sea 24,3% del total del área ocupada por los establecimientos agropecuarios brasileños. Ya los establecimientos no familiares, a pesar de representar el 15,6% del total de los establecimientos, ocupaban 75,7% del área ocupada. Esta absurda disparidad es históricamente generadora de conflictos y pobreza en el país. La lucha por la tierra, por la infraestructura en los asentamientos, por la educación en el campo, por la asistencia técnica, por el acceso al crédito fueron, entre otras, las banderas de los sindicatos y movimientos sociales del campo que históricamente luchan por cambiar ese cuadro de desigualdad.

Sólo en las dos últimas décadas, aunque con serias limitaciones, se implantaron políticas de desarrollo para el campesinado. Entre ellas destacamos la creación del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) en 1999, que abarcó diversas políticas sectoriales y territoriales. El golpe contra el gobierno de Dilma disolvió el MDA, disminuyendo su estatus y anexándolo como Secretaría Especial a la Casa Civil y revocó buena parte de las políticas públicas en funcionamiento volcadas a esa porción de la población siempre ubicada en situación subalterna.

El MDA posibilitó la implantación de políticas públicas que apuntaban al fortalecimiento de la agricultura campesina, tales como la ampliación y diversificación de las líneas del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), creado en 1996, y la viabilidad de la participación social en las negociaciones internacionales que se referían a la agricultura familiar, a la reforma agraria y a las políticas de desarrollo agrario. La existencia de ese Ministerio fue también fundamental para la implementación del Programa «Un Millón de Cisternas Rurales» (2003), del «Programa de Adquisición de Alimentos» (2003) y del «Programa Nacional de Alimentación Escolar» (2009), entre tantos otros. Muchos de estos programas lograron que el alimento saludable llegara a la mesa de la población más vulnerable de los centros urbanos, al mismo tiempo que estimulaba el desarrollo rural por el aumento de la demanda.

Pero como era de esperarse los diputados del frente parlamentario de la actividad agropecuaria, más conocido como Bancada Ruralista, votaron en su gran mayoría a favor de la admisibilidad del impeachment el día 17 de abril y con eso dieron nuevas fuerzas al poder de la vieja oligarquía y de los grandes grupos económicos. Basta ver que el nuevo Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Blairo Maggi, ya admitió que flexibilizará la Ley 5709, que dificulta la venta de tierras a extranjeros, por medio del proyecto de ley 4059/2012 que reglamenta el artículo 190 de la Constitución Federal, que a su vez dispone acerca de la venta de propiedades rurales brasileñas a extranjeros. Actualmente, un dictamen de la Abogacía General de la Unión (AGU) de 2010 veda esta práctica. La liberación de la extensión de tierra pasible de venta a los extranjeros ocasionará, entre otras cosas, el avance del cultivo agrícola en áreas de protección ambiental, el aumento de la especulación inmobiliaria, el incremento de la venta ilegal de tierras públicas, la utilización de recursos de origen ilegal (lavado de dinero, tráfico de drogas, etc.), el aumento del «grillaje»¹ de tierras, la proliferación de intermediarios en la adquisición de esas tierras, el aumento de la biopiratería en la región amazónica y la ampliación de la producción de etanol y el biodiesel sin la debida regulación.

Pero esa no es la única moneda de cambio presentada a los ruralistas por el apoyo al proceso de impeachment de Dilma Rousseff. También se suman otros puntos como la flexibilización del concepto de trabajo esclavo contemporáneo para legalizar la sobreexplotación de trabajadores en el campo y la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 215/2000, que pretende transferir del Ejecutivo al Legislativo la competencia de la demarcación de tierras indígenas. Esto, en la práctica, imposibilita las demarcaciones y pone en riesgo las tierras ya demarcadas.

Otro proyecto que puede volverse todavía aun más dañino con la aprobación de la venta de tierras a extranjeros es el Programa de Desarrollo Agrario MATOPIBA, que abarca áreas de los Estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía y fue creado en 2015 y capitaneado por la entonces Ministra de Agricultura, Kátia Abreu (PMDB). La finalidad de este programa es expandir la «frontera agrícola», léase soja, sobre el Cerrado, importante bioma brasileño.

También fue grave la actuación del gobierno de Michel Temer al recortar la Dirección de Políticas para las Mujeres Rurales y excluir así a las mujeres del campo de las prioridades del Estado, una vez más. Para dar una idea, entre 2006 y 2015, más de 1,5 millones de mujeres fueron documentadas por el Programa Nacional de Documentación de la Trabajadora Rural, 158.269 mujeres fueron apoyadas en sus organizaciones productivas por el Programa de Organización Productiva de Mujeres Rurales, y 63.145 mujeres fueron atendidas por la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER). El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar atendió a más de 1,1 millón de mujeres, y 41.612 de ellas fueron beneficiadas directamente por el PRONAF Mujer. Estos son sólo algunos ejemplos de la importancia del conjunto de acciones integradas bajo la coordinación de la Dirección eliminada por Temer.

En la misma línea, la propuesta presupuestaria para 2017 exhibe las prioridades del actual gobierno. La propuesta de déficit presupuestario de 139.000 millones de reales establece una gran reducción de partidas para importantes programas que benefician la reforma agraria. El recorte abarca ministerios y órganos responsables por acciones direccionadas a pequeños agricultores, indios, comunidades tradicionales, derechos humanos, entre otros.

La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) tendrá el menor presupuesto discrecional (de aplicación libre) de los últimos diez años. Con el recorte presupuestario en el Programa de Asesoría Técnica, Social y Ambiental a la Reforma Agraria (ATES) sólo 50.000 familias serán atendidas en comparación a las 450.000 que se atendieron en años anteriores.

En el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) hubo reducciones en los programas de reconocimientos de áreas cimarronas (quilombolas) de 48% y de obtención de tierra para la reforma agraria en 52%.

En la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), el programa Agro Sustentable sufrió un corte de 33%. La ampliación y mejora de la capacidad de almacenamiento de alimentos de la compañía, una de las prioridades del órgano en el Plan Plurianual 2016-2019, prácticamente desapareció. El Proyecto de Ley Presupuestaria (PLOA) de 2016, no toca la cuestión de la vulnerabilidad interna de la oferta de alimentos agravada por los niveles precarios de stocks. Como ejemplo tenemos el hecho de que el programa Seguridad Alimenticia y Nutricional sufrió un recorte en las subvenciones de 51%.

Al mismo tiempo, el gobierno prevé, en el PLOA 2016, renuncias tributarias para las exportaciones del agronegocio del orden de los 6.400 millones de reales (valor ocho veces superior a las subvenciones previstas para el programa de reforma agraria). Así, queda claro que Brasil continuará vendiendo commodities a China, al mismo tiempo que tendrá que importar alimentos como trigo y frijol.

Con todos estos datos, se percibe claramente que el actual gobierno priorizará las exportaciones con vistas a mejorar el saldo de la balanza comercial del agronegocio brasileño (que venía en caída desde 2013). De este modo, los mercados asiáticos seguirán siendo blanco de inversiones. En 2014 los chinos compraron el 71% de la soja vendida por Brasil en el exterior. En 2015, el 78%. Y, aun en ese escenario, la economía de China debe crecer 6% este año, lo que significa que el consumo no debe disminuir. En el caso del sector de carnes, los mayores compradores también son asiáticos: Hong Kong y China.

El posicionamiento del actual gobierno es claro: aportes e incentivos para las exportaciones de commodities del agronegocio y recortes para la producción de alimentos de agricultura familiar y para el desarrollo del campo. Falta saber cómo sobrevivirá el país a esto.