Erbol, 19 de noviembre, 2008.- El Gobierno de Evo Morales aprobó este miércoles el Decreto Supremo 29802 que tiene como objetivo principal acabar con los sistemas de servidumbre, trabajo forzoso, peonazgo y la esclavitud de familias cautivas en Bolivia.
El director nacional de Tierras, Cliver Rocha, en declaraciones a la Red Erbol, informó que esta norma le permite al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) verificar los sistemas de servidumbre en predios agrarios.
De encontrarse dicha forma de explotación o las demás señaladas en el Decreto, la propiedad en cuestión pasará a dominio del Estado de forma inmediata por no cumplir la Función Económico Social (FES).
"Significa que el INRA tiene la capacidad legal para verificar sistemas servidumbrales. Con esta nueva norma, el INRA puede entrar en cualquier rato a distintos predios para verificar si existe o no sistemas de servidumbre", indicó Rocha.
El Director Nacional de Tierras informó que su despacho sancionó recientemente a dos propiedades que en el Chaco chuquisaqueño, donde se registraron casos de explotación a indígenas guaraníes que se encontraban en calidad de servidumbre.
El Decreto Supremo 29802, aprobado hoy en Consejo de Ministros, en su Artículo 1 precisa la atribución que se le otorga al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para verificar la existencia de los sistemas servidumbrales, independientemente de las acciones que generen en materia laboral o penal.
El Artículo 3, IV Parágrafo de la norma, instruye al INRA que en todos los casos donde verifique y establezca la existencia de las relaciones servidumbrales, deberá denunciarlas ante las autoridades correspondientes.
Este Decreto responde a la recomendación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó al país el 9 de junio, dirigida por la relatora para Bolivia, Luz Patricia Mejía y el relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, para recabar información sobre la situación de familias del pueblo guaraní que viven cautivas y siguen padeciendo una situación de servidumbre análoga a la esclavitud en la región del Chaco.
En su informe, la Comisión reitera la obligación del Estado de implementar la normativa vigente en materia de reforma agraria. En este aspecto, la CIDH insta al Gobierno a garantizar la implementación efectiva de estas leyes, teniendo en cuenta la particular relación de los pueblos indígenas con la tierra y en consecuencia, en el proceso de titulación, dé prioridad al reconocimiento de sus tierras y territorios ancestrales.
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