La presidenta Dilma Rousseff dio por zanjada la polémica reforma de la ley forestal en Brasil, que entró en vigor con un veto parcial al texto aprobado en el Parlamento dominado por el poderoso lobby agropecuario y que ecologistas consideran un retroceso para la Amazonía.
Dilma Rousseff vetó nueve artículos de la ley, matizando los aspectos más radicales introducidos por la bancada agropecuaria del Parlamento para intentar impedir que impulse una mayor deforestación u otorgue una amnistía a quién deforestó, informó la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira. "No amnistiar, no estimular deforestaciones ilegales", resumió Teixeira.
El texto definitivo de la reforma con los vetos fue publicado en el Diario Oficial como decreto presidencial. Fue la última palabra de la presidenta para la polémica reforma que lleva años enfrentando a ecologistas y agricultores.
"El campo ha logrado la seguridad jurídica que necesitaba para producir. Se acabó la hegemonía ambientalista sobre las cuestiones del medio ambiente", declaró satisfecha la presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA) y líder de la bancada agropecuaria del Senado, Katia Abreu.
Abreu defendió la reforma, incluso con los vetos, y aseguró que "Brasil continúa teniendo una de las leyes más rigurosas del mundo" para proteger los bosques.
Pero los ambientalistas consideran al nuevo Código Forestal un retroceso. "El veto de la presidenta mejoró un poco el texto del Parlamento, que era horroroso, pero el resultado continúa siendo muy malo", dijo el responsable para Amazonía de Greenpeace, Paulo Adario, al estimar que la reforma es poco exigente en la recuperación de áreas deforestadas y reduce la protección del bosque, por ejemplo en áreas de ríos.
Para el especialista del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) André Lima, la ley otorga "muchas amnistías a pequeños productores que no serán penalizados por haber deforestado, y otros pueden seguir ese camino".
"Haga lo que haga la presidenta, podemos concluir que ganó quien deforesta, y perdió la sociedad", lamentó la excandidata presidencial ambientalista Marina Silva al inicio de la semana.
Para el gobierno, el debate quedó zanjado y comienza ahora la hercúlea tarea de regularizar el agro brasileño, "5,2 millones de propiedades, con un catastro ambiental rural que tendrá ser concluido en los próximos dos años", explicó a la AFP el asesor especial de la ministra Teixeira, Luiz Antonio Carvalho.
Para el especialista, esa regularización podrá traducirse en la recuperación de hasta 30 millones de hectáras de bosque destruidas en el pasado, una cifra que los ambientalistas ponen en duda.
El Código Forestal obliga a mantener intacta un 80% de selva en propiedades rurales amazónicas y un 35% en el Cerrado, la gran sabana brasileña.
La reforma de la ley de bosques era un reclamo de agricultores y ganaderos que vieron aumentar el rigor ambiental en los últimos años, cuando Brasil logró reducir la deforestación amazónica de 27.000 km2 en 2004, a poco más de 6.000 km2 en 2011.
El gobierno vio en la reforma una posibilidad de poner al día al agro con la ley ambiental incumplida, pero subestimó el poder del lobby agropecuario en el Congreso.
El llamado Código Forestal enfrenta dos caras de Brasil: el gigante productor y exportador agropecuario cuyos cultivos ocupan el 27,7% del territorio de 8,5 millones de km2, y la potencia ambiental con 60% de bosques.
Rousseff vetó una primera reforma del Congreso en mayo, a un mes de la Cumbre de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Rio+20, y mandó al Legislativo un texto alternativo que volvió a ser modificado.
El texto publicado ahora por el gobierno podría ser reconsiderado por el Congreso, pero Abreu indicó que esa posibilidad es remota.
"Tenemos hoy 230 millones de hectáreas para la producción de alimentos en Brasil. Puede que perdamos 30 millones para recuperar (áreas deforestadas en el pasado) pero, con tecnología, lo que queda es suficiente para duplicar la producción de carne y más que duplicar la de granos" concluyó Abreu.
Aun así, el líder de los legisladores que defienden los intereses del agro en la Cámara de Diputados, Ronaldo Caiado, anunció que presentará una moción de inconstitucionalidad a los vetos por considerar que Rousseff debería haberlos sometido de nuevo al Congreso.
