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El mundo está cambiando, así como las luchas agrarias de los movimientos sociales rurales y su concepción de la reforma agraria, la tierra y el territorio.

Cuando el movimiento campesino global La Vía Campesina (LVC) se reunió al inicio de la década de 1990, las reformas agrarias “clásicas”, reformistas y revolucionarias de las décadas anteriores estaban siendo revertidas por las contrarreformas impulsadas por el Banco Mundial y sus programas de gestión y titulación de la tierra. Sin embargo, antes de eso los gobiernos capitalistas habían implementado reformas agrarias limitadas para reemplazar a los latifundios improductivos con granjas familiares más productivas y dinámicas para impulsar la producción de alimentos para la mano de obra urbana y, por lo tanto, las economías nacionales. Pero éstas fueron desmanteladas por las nuevas reformas, diseñadas para crear mercados de la tierra funcionales, capaces de atraer inversiones a las áreas rurales, conduciendo inevitablemente a una reconcentración de la tierra. Aunque el Banco Mundial disfrazó esta privatización de tierras comunales y públicas como “reforma agraria de mercado”, sus efectos generales fueron contrarios a los intereses de los campesinos.

Estas tendencias llevaron a LVC a crear la Campaña Global por la Reforma Agraria (CGRA), junto con FIAN International y la Red de Investigación-Acción sobre la Tierra (LRAN). La CGRA fue creada para apoyar las luchas existentes por la reforma agraria a promover nuevas iniciativas y a llevar a cabo cabildeo internacional y trabajo solidario e iniciar diálogos (por ejemplo, con la FAO) y/u organizar protestas (por ejemplo, contra el Banco Mundial) dirigidas a las instituciones internacionales que trabajan con cuestiones relacionadas a la tierra. Otro elemento clave fue (y sigue siendo) constituir una red de emergencia capaz de responder a situaciones actuales o inminentes de violaciones a derechos humanos de los campesinos que luchan por la tierra.

En el 2000, LVC celebró su tercera Conferencia Internacional en Bangalore, donde se realizó el primer análisis detallado de lo que significan la soberanía alimentaria y la reforma agraria. LVC analizó las limitadas reformas agrarias capitalistas o burguesas del pasado y las llevadas a cabo por los gobiernos socialistas, apuntando a las limitaciones de las reformas capitalistas y los peores casos de aquellos países que no se beneficiaron de ninguna. Se observó un aumento importante personas sin tierra como resultado de una década de políticas neoliberales.

En la conferencia de Bangalore, la reforma agraria se definió como un “proceso amplio de distribución de la propiedad de la tierra”. Se enfatizó la propiedad de parcelas familiares individuales. Como premonición de los que LVC después llamaría reforma agraria “genuina” o “integral”, se argumentó que la simple distribución de la tierra no sería suficiente para garantizar el bienestar de las familias campesinas, y que por lo tanto la reforma agraria debería incluir cambios significativos en el panorama general de las políticas públicas relativas a la agricultura campesina (comercio, créditos, seguros para las cosechas, educación, acceso democrático al agua y las semillas, otros servicios de apoyo, etc.)

Por primera vez, la reforma agraria se vinculó a la soberanía alimentaria, el nuevo gran paradigma inaugurado por LVC en la misma conferencia.

La tierra debería distribuirse para producir alimentos para la gente en vez de productos de exportación para la economía global. En términos estratégicos, la reforma agraria se planteó no sólo como una lucha de los campesinos, sino como solución para muchos de los mayores problemas de la sociedad. Más tarde, un encuentro clave se llevó a cabo en marzo de 2006 en Porto Alegre, Brasil. LVC y otras organizaciones internacionales organizaron el Foro “Tierra, Territorio y Dignidad” pocos días antes de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural convocada por la FAO con la participación de los Estados miembros. El análisis colectivo resultó en un llamado a una reforma agraria reimaginada con una perspectiva territorial, de manera que la distribución de la tierra a los campesinos no conllevara una circunscripción de los derechos de los pastores a las áreas de pastoreo estacional, de los pescadores a las áreas pesqueras y de los habitantes de los bosques a los mismos. En Porto Alegre también se observó un insistente énfasis en la obligación de los Estados y la reivindicación de la ocupación de la tierra como herramienta de lucha.

Más tarde aún, una reunión de LVC sobre la reforma agraria global realizada en 2012 en Bukit Tinggi, Indonesia, y la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá, Brasil, fueron oportunidades para repensar la “reforma agraria para el siglo XXI”. Estas reuniones se enfocaron en los cambios observados en el mundo y en las estrategias y tácticas que el movimiento por la reforma agraria debería desarrollar para enfrentar nuevos desafíos. En Brasil, por ejemplo, las tierras disponibles para la reforma agraria, y por lo tanto aptas para ser ocupadas, cambiaron drásticamente en los últimos años como resultado de las recientes oleadas de capitalización del agronegocio. Por ejemplo, los latifundios, grandes extensiones de tierras improductivas —que en su momento fueron el blanco de la ira y las ocupaciones campesinas—, en su mayoría se convirtieron en plataformas productivas de exportación del agronegocio.

Por lo tanto, el argumento utilizado históricamente en la lucha por la opinión pública dejó de ser relevante. Ya no tenía sentido hablar de la injusticia inherente en el hecho de que la mayoría de la tierra estuviera en manos de unos cuantos “que ni siquiera la usan”, mientras millones de personas que necesitan la tierra desesperadamente no tienen nada. Ahora, el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) ocupa sobre todo tierras utilizadas por la agroindustria y argumenta de manera incisiva en los beneficios para toda la sociedad y para el medio ambiente de una agricultura campesina que produce alimentos sin agrotóxicos. El MST compara dicha agricultura con los daños provocados por el monocultivo industrial a gran escala para exportación y agrocombustibles. Esto se refleja en la evolución del discurso de LVC contra las transnacionales y el capital financiero y a favor de los beneficios de la agricultura campesina y familiar para construir soberanía alimentaria, cultivar alimentos saludables, reducir el calentamiento global y cuidar a la Madre Tierra.

La Declaración de Marabá advirtió sobre los peligros de una creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación:

“Estamos presenciando el surgimiento de una alianza entre el capital financiero, las empresas transnacionales, el imperialismo, grandes sectores de los Estados nacionales (casi sin preocuparse por su supuesta ideología) —sobre todo, pero no exclusivamente, las instituciones judiciales y de seguridad pública—, los sectores privados en las industrias agrícola, pesquera y de alimentos (incluyendo la agroindustria y la acuicultura), la minería, la construcción, la silvicultura y otros sectores extractivos y los medios de comunicación comerciales. Los miembros de esta nueva alianza están fomentando una avalancha de privatizaciones, acaparamientos y despojo de los bienes comunes y públicos, como la tierra, los recursos acuáticos, los bosques, las semillas, la ganadería, la pesca, los glaciares y territorios completos…

“El surgimiento de esta nueva alianza entre el capital financiero, la agroindustria, el Estado y los medios masivos de comunicación —y su capacidad de disputar territorios, la opinión pública y el Estado, aun cuando el gobierno es “progresista”— nos ha forzado de nuevo a llevar a cabo un proceso de reflexión y reformulación de nuestros conceptos y propuestas, así como nuestras estrategias, formas y prácticas de lucha… hemos visto cómo el capital financiero ha transformado al antiguo enemigo de los campesinos y trabajadores sin tierra —los latifundios improductivos— en agronegocios capitalizados, minas, pesquerías y acuicultivos industriales y proyectos energéticos. En realidad, estos sectores llamados “productivos” están produciendo sobre todo miseria y devastación ambiental.

En esta transformación, el capitalismo ya no requiere una “reforma agraria clásica” para aumentar la productividad en las áreas rurales. En el pasado, los campesinos sin tierra creaban alianzas a favor de este tipo de reforma agraria, con ciertas fracciones al interior del Estado que representaban los intereses del capital productivo. Pero estos cambios eliminan la posibilidad de cualquier alianza con una parte del capital, dejando las futuras reformas agrarias exclusivamente en el ámbito de la lucha de clases. También reducen la utilidad del viejo argumento a favor de la reforma agraria, de que tanta tierra en manos de gente que ni siquiera la usa es una injusticia, considerando que tanta gente no tiene tierras. Al mismo tiempo, esta nueva reforma agraria está creando los fundamentos para un nuevo llamado para la sociedad y para todas las clases trabajadoras, tanto rurales como urbanas, a cuestionar la fundación misma del proyecto del capital para el campo.”2

Un par de puntos merecen una mayor explicación. Primero, LVC ha identificado a los medios masivos de comunicación como parte de la alianza contra los campesinos, tanto por su papel en demonizar a la protesta social para moldear la opinión pública a favor de la criminalización de los activistas y los movimientos sociales, como porque ha descubierto que algunos de los mismos fondos de inversión que sustentan a la agroindustria y a las empresas mineras mantienen buena parte de las acciones de dichos medios. Esta alianza tiene una gran capacidad de disputar los territorios de los pueblos rurales por medio de la inversión y la capitalización de las industrias extractivas, el acceso al aparato represivo del Estado para realizar desalojos y al proceso legislativo para redefinir leyes a su favor y la realización de campañas mediáticas que caracterizan a quienes defienden sus tierras, aguas y bosques como “terroristas”. Considerando este análisis en el sentido de que ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica, LVC ahora propone: “… una Reforma Agraria Popular, una reforma agraria no sólo para los campesinos sin tierra, LVC piensa que es urgente que las organizaciones campesinas demuestren a los pobres urbanos que vale la pena luchar juntos. Ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo. Pensemos en el desarrollo inmobiliario y la gentrificación en las ciudades y la expansión de los cultivos para agrocombustibles y las concesiones mineras en el campo Nuevos desafíos y retos en la defensa de la tierra – No. 4 de la serie de Documentos 85 sino para todas las clases trabajadoras y toda la sociedad. Este enfoque agroecológico y territorial a la reforma agraria sólo puede ser exitoso por medio de la lucha de clases y la confrontación directa del proyecto del Capital, incluyendo sus ganancias, sus medios de comunicación y sus agentes nacionales e internacionales. Se trata de una reforma agraria que maximice el potencial de la agricultura, la economía y el territorio campesinos”.3

En vez de una alianza entre clases, la nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad. Los campesinos ya no pueden contar con la posibilidad de una alianza política a favor de una reforma agraria con los dueños de las fábricas urbanas y otros segmentos del capital nacional. Pero eso no quiere decir que los campesinos tendrán por sí mismos el suficiente peso político para impulsar una reforma agraria. Aún necesitan aliados. Pero la alianza que LVC cree ahora que se debe construir es entre los sectores populares del campo y la ciudad. En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas. La nueva estrategia es una alianza “entre pobres”, en vez de una “alianza capitalista entre campesinos y poblaciones urbanas”. ¿Cuál podría ser la base para dicha alianza?

LVC considera que urge que las organizaciones campesinas les demuestren a los pobres urbanos que vale la pena luchar juntos. Ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento impulsado por el capital especulativo. Pensemos en el desarrollo inmobiliario y la gentrificación en la ciudad, y la dramática expansión de los cultivos para agrocombustibles y las concesiones mineras en el campo. La mayoría de quienes viven en las barriadas urbanas son migrantes recientes del campo o hijos o nietos de dichos migrantes. La mayoría aún tiene parientes en el campo que practican la agricultura campesina. Muchos van y vienen, trayendo productos campesinos como frutas y queso para vender en sus barrios. Plantan maíz y árboles frutales en sus patios, tienen gallinas y mantienen muchas características campesinas. Se entienden entre sí. Juntas, estas clases populares en el campo y la ciudad probablemente componen por lo menos dos terceras partes de la humanidad. Es evidente que existe el potencial para una poderosa alianza.

Las organizaciones campesinas en LVC quieren que esta posible alianza se vuelva realidad. Una manera de hacerlo es ofrecer alimentos saludables a precios accesibles en mercados de agricultores en barrios pobres. Trabajar con los pobres urbanos en cuestiones que afectan a estos últimos e invitar a los habitantes de las barriadas a las tierras campesinas los fines de semana es otra manera de hacerlo. Lo que se espera es poder convencer a los pobres urbanos de que una reforma agraria popular —basada en la construcción de una alianza entre las “clases populares”— beneficiaría a todos los pobres, no sólo en el contexto rural. Convencerlos de que, al substituir los monocultivos agroindustriales que producen alimentos transgénicos y llenos de pesticidas dañinos a la salud por productos campesinos cultivados ecológicamente, todos nos beneficiamos. La lucha campesina puede frenar la contaminación de aguas potables urbanas con pesticidas causada por la agroindustria. Y usar su creatividad para darle una mano, o muchas manos, a sus compañeros urbanos.
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Peter Rosset es profesor en el El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Chiapas, México y uno de los coordinadores de la Red de Investigación-Acción sobre la Tierra (LRAN). Extracto de la publicación: “Nuevas Amenazas y Estrategias en la Defensa de la Tierra y el Territorio”, en el cuarto en la la Serie de Documentos de Información de LRAN.

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