Resistencia de campesinos a la sojización abre el debate político sobre el modelo de agronegocios.
La resistencia impulsada por decenas de comunidades indígenas y campesinas al avance de la sojización ha puesto en el centro del debate al modelo de agronegocios fuertemente instalado en el país. La lógica expansiva y el acelerado acaparamiento de tierras que genera este modelo entra en conflicto con el arraigo y la forma de producción de las familias campesinas paraguayas.
Violación de leyes ambientales, adquisición irregular de tierras, uso ilegal de la fuerza contra ciudadanos paraguayos y soborno a autoridades, son algunos de los hechos cometidos por grandes productores de soja que quedaron al descubierto tras una campaña de denuncias realizada por diversas comunidades campesinas y que llegó al Senado de la Nación. En plena sesión de dicha Cámara del Congreso legisladores denunciaron esta situación y acusaron a la Unión de Gremios de la Producción (UGP), organización que nuclea a grandes productores sojeros, de ser responsables de la situación de violencia y expulsión que viven miles de familias campesinas y que hoy se convirtió en una crisis nacional debido al inicio de la zafra sojera.
También durante la sesión se hizo público un video donde colonos brasileños amenazaban a congresistas integrantes de la Comisión de Reforma Agraria del Senado con realizar un tractorazo sacando 600 maquinas a las rutas en los Departamentos de Canindeyú y Caaguazú y señalando que podrían haber muertos; “no vengan a lamentar después si alguno muere en uno de los procedimientos” dice uno de los representantes de los sojeros brasileros. Los colonos exigían que las autoridades obliguen al cese de la resistencia campesina al avance de la sojización.
Legisladores del Partido Colorado y del Partido Patria Querida salieron en defensa de los gremios del agronegocio y de los colonos brasileros diciendo que solo buscan trabajar tranquilos y que son víctimas de la violencia de grupos campesinos instigados por sectores políticos. Los parlamentarios del agronegocio hablaron de proteger la propiedad privada y no incentivar la lucha de clases, en referencia a las luchas que llevan adelante campesinos e indígenas defendiendo sus territorios que se encuentran amenazados por el monocultivo de soja transgénica.
Hasta el momento el gobierno de Mario Abdo Benítez se ha mantenido en silencio y sin tomar medidas ante la ola de violencia que sacude al campo paraguayo que afecta a indígenas y campesinos y que ha dejado ya más de una decena de heridos y un muerto.
Impuesto a la soja
En medio del debate generado en la Cámara de Senadores la Bancada del Frente Guasú propuso tratar en 15 días el Proyecto de Ley de Impuesto a la Exportación de Soja, que fuera presentado ya en el año 2014, pero que fue repetidamente bloqueado por otros sectores políticos. Según señalaron los legisladores de esta agrupación este impuesto permitirá obtener recursos para apoyar a la agricultura familiar campesina y será un avance hacia la justicia tributaria ya que los grandes exportadores de soja generan enormes daños sociales y ambientales sin dejar ganancias al Estado paraguayo.
El avance del monocultivo de soja ha llegado a ocupar tres millones y medio de hectáreas generando la expulsión de más de un millón de campesinos y campesinas en la última década, el uso de agrotóxicos se ha quintuplicado entre los años 2009 y 2017 y sólo el 6% de las tierras arables están destinadas a la producción de alimentos.
