Las comunidades indígenas sufren la degradación y el acaparamiento de tierras de las que depende su supervivencia, condiciones que se ven agravadas por los efectos del cambio climático.
La ONG apoya a pueblos indígenas y tribales en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades a partir de proyectos productivos sostenibles y en el acompañamiento jurídico y técnico para la defensa de sus derechos colectivos.
Aumenta la violencia contra los indígenas defensores de derechos: 281 personas fueron asesinadas en 2016, un centenar más que en 2015.
Madrid, 9/08/18.- Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Manos Unidas denuncia que el problema de acceso a la tierra y las consecuencias del cambio climático son los principales obstáculos para que las comunidades indígenas vivan en condiciones dignas.
Según datos de ONU, en el mundo hay 370 millones de indígenas que constituyen el 15 % de las personas más pobres del mundo y hasta un tercio de la población mundial que vive en extrema pobreza en áreas rurales.
La degradación y el acaparamiento de los territorios de los que depende la supervivencia de las comunidades indígenas –en muchos casos como consecuencia de grandes proyectos económicos como la agroindustria, la minería, explotaciones petrolíferas, grandes infraestructuras, etc.–, así como el deterioro medioambiental acentuado por los efectos del cambio climático, son dos vulnerabilidades compartidas a nivel global por estas poblaciones.
Cambio climático y expropiación de territorios tribales en India
En este contexto, muchos campesinos e indígenas migran a las ciudades en busca de trabajos precarios y las familias que permanecen en sus lugares de origen se ven forzadas a modificar sus medios de vida para adaptarse a las nuevas circunstancias. Este es el caso de India donde, según Ramón Álvarez, Responsable de Proyectos de Manos Unidas en Asia, «el Gobierno está queriendo expropiar territorios tribales para cederlos a grandes empresas para la extracción de recursos minerales, lo que ha generado manifestaciones multitudinarias en el estado de Jharkhand que han conseguido, de momento, retrasar los planes de explotación».
Para Álvarez, las comunidades campesinas y los pueblos indígenas «son los más vulnerables al cambio climático y los menos responsables del mismo». En India, el cambio climático «está teniendo consecuencias dramáticas para las comunidades tribales», dedicadas tradicionalmente al cultivo de arroz y la recolección de productos forestales. «La reducción de las lluvias monzónicas afecta a las cosechas», afirma Álvarez, «por lo que estamos apoyando la puesta en marcha de técnicas agrícolas eficientes con un mejor aprovechamiento del agua y la diversificación de cultivos ecológicos con el fin de que las familias puedan vivir dignamente en sus territorios sin necesidad de emigrar».
La defensa del territorio y de los derechos humanos en América Latina
Los pueblos indígenas denuncian la exclusión o el acceso muy limitado a la toma de decisiones políticas y la discriminación que sufren en el ámbito judicial. De igual modo, hacen frente a una mayor represión y violencia en las luchas en defensa de sus derechos y territorios. Según Naciones Unidas y con datos de la ONG Front Line Defenders, solo en 2016 fueron asesinados 281 defensores de los derechos humanos –un centenar más que en 2015–, en su mayoría indígenas de América Latina.
El Cardenal Pedro Barreto, vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y socio local de Manos Unidas en Perú, denunciaba recientemente en una entrevista publicada por Manos Unidas, la vulneración de derechos y el «maltrato del entorno natural» por parte de las intervenciones extractivistas en la Amazonía y se refería al nivel de violencia existente con estas palabras: «Asumimos, sí, la entrega de nuestra propia vida para asegurar la de los niños que están creciendo y de los que vendrán».
En este sentido, María Manso, técnico de proyectos de Manos Unidas, señala que cada vez es mayor la búsqueda de apoyo en procesos de defensa del territorio por parte de organizaciones y pueblos indígenas. «Aunque seguimos trabajando para que mejoren sus condiciones de vida por medio de iniciativas productivas de soberanía alimentaria», afirma Manso, «en los últimos años estamos apoyando más proyectos de fortalecimiento de organizaciones para que las comunidades reclamen ante el Estado el cumplimiento de sus derechos colectivos, así como iniciativas que tratan de impedir jurídicamente el despojo de las tierras que han habitado ancestralmente».
Acceso a la tierra y adaptación al cambio climático en el Chaco paraguayo y boliviano
Un ejemplo del trabajo de Manos Unidas en América Latina se encuentra en su acompañamiento a comunidades indígenas en el Chaco. A través de Tierra Libre, socio local
de Manos Unidas en Paraguay, el pueblo nivaĉle solicitó apoyo en sus esfuerzos por recuperar tierras comunitarias y adaptarse al cada vez más seco y deforestado Chaco paraguayo. Las comunidades nivaĉle, ligadas ancestralmente al río Pilcomayo, han visto cómo sus espacios de vida eran cada vez menores a causa de la sobreexplotación del agua y el acaparamiento de tierras destinadas a la ganadería extensiva, a lo que se suman recientes exploraciones para obtener hidrocarburos.
«Actualmente estamos acompañando a los nivaĉle», asegura Manso, «en sus demandas al Estado paraguayo para recuperar tierras comunitarias, promoviendo especialmente la participación de las mujeres ya que ellas hacen frente a una doble discriminación: por ser indígena y por ser mujer». A este asesoramiento técnico y jurídico se suma un componente productivo y de adaptación al cambio climático: «Para Manos Unidas el derecho a la alimentación es la base sobre la que construir lo demás. Estamos apoyando la cría de ganado menor a nivel comunitario, la generación de ingresos a través de la artesanía tradicional, el almacenamiento de agua de lluvia en aljibes comunitarios y la rehabilitación de sistemas de distribución de agua».
Los guaraní no viven una situación muy diferente en la parte boliviana del Chaco. Desde finales del siglo XIX fueron desposeídos de su territorio hasta el punto de que las familias quedaron recluidas en condiciones de semiesclavitud en las grandes haciendas de la región. Estas circunstancias no cambiaron hasta que en 1987 surgió la Asamblea del Pueblo Guaraní y, con la ayuda de la Iglesia católica y otras organizaciones, se inició un proceso de reasentamiento de las familias en nuevas comunidades. «Acompañamos a los guaraní desde 1999», dice María Manso, «y hoy podemos decir que las comunidades están consolidando su capacidad económica, organizativa y de participación política, aunque las condiciones medioambientales y los cambios extremos del clima no son favorables».
El territorio guaraní sufrió la erosión de los suelos por las explotaciones ganaderas, la quema indiscriminada para ampliar la frontera agrícola, la explotación maderera y la contaminación por hidrocarburos. «Junto a CIPCA, socio local en Bolivia, además de fortalecer la incidencia política de los guaraní para la defensa de sus derechos, nos estamos enfocando en que las mujeres y los jóvenes se incorporen a los procesos y en generar prácticas agropecuarias sostenibles y adaptadas al cambio climático, desde la recuperación de semillas nativas a la transformación y comercialización de productos ganaderos y la cría de peces en estanques».
A lo largo de sus casi 60 años de historia, Manos Unidas ha apoyado a más de 200 pueblos indígenas y tribales en todo el mundo. En los últimos 5 años, ha puesto en marcha un total de 252 proyectos de desarrollo para apoyar directamente a casi 600.000 personas indígenas.