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Los indígenas bolivianos trajeron el expediente que defiende sus derechos y lo entregaron al Gobierno.Archivo particular.

A finales de junio, una delegación de los Qhara Qhara, una de las 36 naciones indígenas de Bolivia, viajó hasta Bogotá para notificar al Estado colombiano de sus derechos sobre el tesoro colonial, ligado a las minas de Potosí.

Crece la discusión sobre la extracción de los restos del galeón San José y del millonario tesoro que cargaba cuando fue hundido frente a la costa de Cartagena, en 1708, por un barco inglés. Ya no se trata solo de los intereses de Colombia y España, que están enfrascados en una discusión por la potestad sobre el navío, hundido hace más de tres siglos, cuando la Corona española todavía tenía poder sobre sus colonias en América Latina.

Ahora ha surgido una reclamación indígena, concretamente del pueblo Qhara Qhara, una de las 36 naciones que conforman el Estado plurinacional de Bolivia, quienes aseguran que los recursos que están bajo el agua les pertenecen, pues fueron sus ancestros quienes los extrajeron de las minas de Potosí desde el siglo XVI. Un pedido que va más allá de lo anecdótico, pues, entre finales de junio y principios de julio, una comitiva de representantes viajó hasta Colombia para reunirse con el Ministerio de Cultura y explicar, de manera formal, sus aspiraciones.

Para entender esta reclamación es necesario comprender el contexto en el que se dio la extracción de los recursos, como el oro y la plata, que fueron a parar al galeón San José y cuyo destino era España, hasta que fue hundido el 8 de junio de 1708. En el siglo XVIII, el territorio americano (ya colonizado por el país europeo, que en esa época era una potencia mundial) estaba dividido en virreinatos. Entre esos, estaba el Virreinato de Perú, compuesto por lo que en la actualidad son Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Era en este último país, que en esa época recibía el nombre del Alto Perú, donde se encontraban las que fueron las minas de oro y plata más importantes de América. Se trata, en concreto, de las minas de Potosí, descubiertas a mediados del siglo XVI, que ayudaron a convertir al virreinato en una de las principales cajas de la Corona española. El periodista Nelson Fredy Padilla, en su libro El galeón San José y otros tesoros (sello Aguilar), explica: “Toneladas y toneladas de minerales preciosos sacados de las montañas de Potosí los llevaban por el océano Pacífico hasta Panamá y transportados a lomo de mulas hasta Portobelo, mar Caribe, desde donde el San José partió hacia Cartagena”.

Entonces, para extraer los minerales, la Corona española usó a los esclavos, incluyendo a negros traídos desde África e indígenas, cuyos pueblos habían sido conquistados con anterioridad. Y es en este punto donde el reclamo de los Qhara Qhara cobra sentido.

Padilla citó a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)sobre el alcance del reclamo al que hoy se suman los bolivianos: “Las monedas de oro y plata hundidas con el galeón en el fondo del mar Caribe deberían representar una oportunidad única para reflexionar sobre nuestra propia historia (…) debería recordarnos la invasión, el saqueo y el genocidio de pueblos y civilizaciones realizados por la Corona española en nombre de las santas Cruzadas para poder obtener tan codiciado tesoro”.

En ese sentido, el tata Senobio Fernández Ruiz, autoridad de Justicia Indígena Originaria de los Qhara Qhara, explicó a El Espectador que su reclamación es una reivindicación histórica, no solo por las muertes que causó la colonización (por ejemplo, de cada diez indígenas que trabajaban en Potosí apenas sobrevivían tres), sino por el irrespeto que significó que los españoles, extraños a su historia, llegaran a América para “profanar las tumbas de nuestros ancestros, quienes eran enterrados con todos sus honoríficos, pues el oro (el Sol) y la plata (la Luna) tenían un significado espiritual. En la época del inca, de nuestros ancestros, eso era sagrado y el rey ordenaba que profanaran las tumbas”.

Pero este pedido no es fruto del azar. Empezó el mismo 4 de diciembre de 2015, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció el hallazgo de los restos del galeón San José. Mientras en Colombia empezaba la discusión sobre cómo se recuperaría, España intervenía para pedir que los hallazgos fueran llevados a su país y la empresa estadounidense Sea Search Armada terciaba en la pelea para reclamar parte del tesoro, los Qhara Qhara verificaban la procedencia de lo sumergido.

Para esto acudieron, con peritos suyos (como el tata Samuel Flórez, secretario permanente de Justicia Indígena Originaria y Campesinos, quien también viajó a Colombia) a los archivos históricos de su país. Así, desde 2016, recolectaron la información que consideraron necesaria para darle un sustento a su petición, insistiendo en que no se trata solo para su nación, sino también para todos los pueblos indígenas. “Estamos vivos y organizados, en ejercicio de nuestra identidad; por eso estamos pidiendo la devolución”. Ese fue el expediente que entregaron, de manera formal e insistiendo en que se trata de un reclamo diplomático, por ser ellos una nación con jurisdicción propia, al Ministerio de Cultura.

Más que el afán de que se les entreguen los recursos, su preocupación radica en que las aspiraciones de España prosperen, pues, en palabras del tata Senobio sería “ir en contra de nuestros ancestros, de nuestra historia”, puesto que, para ellos, el galeón más que representar riquezas significó “acabar con vidas humanas, humillación, desculturización de todo el continente americano, pueblos despojados de sus tierras y desaparecidos”.

Señalan su preexistencia como pueblos originarios, antes de la llegada de los españoles a América, por lo que se les debe reconocer su potestad sobre los recursos sumergidos en las costas del Caribe colombiano. Su esperanza es que, así Colombia declare los recursos que se encuentren sumergidos junto con el galeón San José como bienes patrimoniales, estos sirvan para que haya una reparación de “los pueblos que han sufrido en América”. Eso significa no darle prioridad a su valor mercantil.

En 2015, poco después de que el presidente Santos diera a conocer el hallazgo del San José, la ONIC recordó a los indígenas sacrificados en costas colombianas: “Lo importante acá no es determinar a quién le pertenece el tesoro en la actualidad, la cuestión fundamental debe ser ¿a quién le pertenecía el tesoro antes de ser hurtado por los españoles y bajo qué procedimiento lo obtuvieron?”.

Aunque la ONIC no emprendió acción formal, como sí lo hicieron los bolivianos, determinó que “los dueños históricos de las riquezas que se hundieron con el galeón son los pueblos originarios y naciones indígenas, dado que ellos fueron las víctimas de la barbarie de la invasión y el saqueo”, añadiendo que se hacía evidente la necesidad de que existieran “medidas pedagógicas y culturales (…) para concienciar sobre el trato discriminatorio que históricamente se les ha dado a los pueblos originarios”.

“Lo que a nosotros nos interesa es que no se les dé un valor mercantilista, sino de lo que significa para nosotros, porque seguimos vivos. Si lo consideran patrimonio cultural de la humanidad, consideramos que hay que darle ese valor, no uno mercantil. Si eso va a ocurrir, entonces Colombia estaría poniéndose en el mismo nivel de España. A eso no nos oponemos”, afirmó el tata Senobio Fernández. La visita de los líderes Qhara Qhara no tuvo la repercusión mediática que sí tuvo la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender la licitación de la empresa que tendrá la responsabilidad de rescatar la embarcación. Revisar los derechos indígenas, junto con la decisión sobre el contrato —que se le iba a adjudicar a la firma Maritime Archaeology Consultants Switzerland—, queda en manos del gobierno de Iván Duque.