Aunque el presidente de Bolivia, Evo Morales, promociona a nivel internacional un discurso de cuidado del medio ambiente, su Gobierno impulsa 21 proyectos ligados con la intervención de áreas protegidas y la vulneración de derechos de los pueblos indígenas en cinco regiones del país.
Del total de estos proyectos, 14 afectan a siete áreas protegidas de las 22 que existen a nivel nacional y una está ubicada en la región de Tiahuanaco que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los 15 corresponden a bloques petroleros cedidos a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Los otros seis fueron observados por ambientalistas e indígenas y corresponden a cinco hidroeléctricas y la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.
Las críticas contra los proyectos extractivos se reactivaron luego del acalorado discurso que brindó Evo Morales en la III Cumbre Empresarial de Las Américas y por el Día Internacional de la Madre Tierra que se celebra hoy.
De los 15 bloques petroleros sobrepuestos en áreas protegidas, San Telmo (Tariquía), Aguarague Centro, Acero y Astillero cuentan con contratos de exploración, mientras que La Ceiba fue cedida a la empresa petrolera Gazprom a través de un contrato de estudio.
“Antes de cualquier adjudicación se debería primero organizar la consulta previa, sin embargo, una vez nacionalizado el sector y siendo el Estado el principal actor, lamentablemente esto no se aplica”, afirmó el especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.
Este panorama desató la reacción de pueblos indígenas de la reserva forestal de Tariquía donde están los bloques San Telmo Norte y Astillero. En abril de la gestión pasada, un grupo llegó hasta Tarija exigiendo el respeto al área protegida. En el lugar se emplazó un frente de resistencia a los proyectos que el Gobierno pretende ejecutar.
Si por un lado hay conflictos en los proyectos petroleros, también existe resistencia a la construcción de hidroeléctricas que también afectan a áreas protegidas.
El proyecto hidroeléctrico El Bala que está en etapa de estudio a diseño final fue uno de los más cuestionados. El estudio de identificación que fue filtrado el 2016, indica que se inundarán 595,28 hectáreas y su emplazamiento afectará a casi 4.000 habitantes.
“Más que nunca estamos siendo vulnerados los pueblos indígenas”, afirmó el secretario de Comunicación de la Mancomunidad de Comunidades del Río Beni y Quiquibey, Alex Villca. Indígenas de cinco comunidades que se oponen al proyecto plantearon su queja ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Villca anunció también la creación de una coordinadora contra la construcción de hidroeléctricas a nivel nacional, en vista de lo que ocurre con el proyecto Rositas y para vincularse a organismos internacionales y organizaciones de otros países.
En Taborga, la representante de los indígenas afectados por la hidroeléctrica Rositas, en Tatarenda Nuevo, afirmó que continuarán con la acción popular interpuesta el mes pasado, pese a las dos declaratorias de incompetencia en instancias legales.
En tanto, el exinvestigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, advirtió en un reciente estudio que la hidroeléctrica Cambarí será construida en el núcleo de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, afectada ya por proyectos petroleros.
Cachuela Esperanza y la binacional río Madera que están en etapa de estudio también fueron criticadas por ambientalistas por el alto riesgo de inundaciones, desplazamientos y sedimentación que provocarán.
Para el ministro de Energía, Rafael Alarcón, sólo “algunas personas se atribuyen la representatividad de algunos pueblos indígenas, nosotros vamos a trabajar de forma orgánica con los pobladores de los diferentes lugares”.
La autoridad minimizó la acción popular presentada por los indígenas en contra de la hidroeléctrica Rositas argumentando que existe un convenio con la dirigencia de las comunidades guaraníes.
Tras las denuncias de daños por las hidroeléctricas Chepete-El Bala, en La Paz, y Rositas, en Santa Cruz, el presidente Evo Morales advirtió que “si no quieren” esas inversiones se trasladarán a otros departamentos.
Carretera
Tras la decisión del Gobierno de levantar la intangibilidad del Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis), sin tomar en cuenta las voces en defensa de ese territorio para impulsar la construcción de una carretera, persisten las protestas de indígenas de la zona.
La presidenta de la Subcentral de Mujeres del Tipnis, Marqueza Teco, afirmó que durante este Gobierno “se atropelló” más que nunca los derechos de los pueblos indígenas. Denunció que por la presencia de colonos en el Polígono Siete los ríos están contaminados.
Exploración petrolera en áreas de reserva
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22 áreas protegidas en Bolivia
Según el Cedib, la superficie total de áreas protegidas de Bolivia alcanza las 18.271.699 hectáreas, distribuidas por zonas.
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REPLANTEAR
Recomiendan evitar conflictos sociales
El investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, recomendó remarcar los bloques que ingresan a las áreas protegidas para evitar conflictos sociales con los pueblos indígenas a falta de la consulta previa.
Indicó que una nueva delimitación sería favorable para los pueblos indígenas, pero también para el Estado porque de esa forma podría consolidar nuevas inversiones. “Es complicado para una empresa invertir para que después haya una oposición al proyecto”, manifestó. Velásquez indicó que las firmas extranjeras no pueden invertir para que después de años de estudio el proyecto no pueda ejecutarse y queden a la deriva.
LO QUE DIJO EVO
" Otros continentes conocidos como el viejo mundo, ya han llegado al límite de explotación de la tierra y nos utilizan como proveedores de materia prima para alcanzar sus objetivos de expansión económica".
En Perú
"No se trata de aportar nuevas ideas, sino recuperar, como nuestros antepasados tantos años han vivido, sin occidente, sin políticas de saqueo de recursos naturales, han vivido mejor".
Estados Unidos
"El próximo debate serán los derechos de la Madre Tierra. Para mí más importante son los derechos de la Madre Tierra que los derechos humanos, esa es la lógica y ese pensamiento".
Bolivia
ANÁLISIS
Los estudios ambientales no miden el impacto real
Óscar campanini
Exinvestigador del Cedib
Los proyectos de generación eléctrica tienen diversos impactos. Las hidroeléctricas además del área inundada por el embalse cuando tiene este componente, genera impactos sobre la fuente de agua hacia abajo de la obra de infraestructura; además de la emisión de metano.
Mientras más grande es la hidroeléctrica por su puesto que los impactos socioambientales son mayores. Para el caso de Bolivia, las grandes hidroeléctricas en la macrocuenca del Amazonas por la riqueza en biodiversidad, particularmente ictiofauna, y por la dinámica del sistema hídrico es donde los impactos son mayores en dimensiones y en extensión territorial.
Desafortunadamente los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizados en algunos de estos proyectos son muy limitados y no valoran de forma adecuada ni suficiente los impactos ambientales y sociales reales. Por lo que, no existe información suficiente para identificar los impactos de estas políticas y metas gubernamentales.
Actualmente, nuestra matriz energética se basa principalmente en el consumo de gas para generar electricidad.
Al ser el gas el principal producto de exportación de Bolivia, haber incrementado de forma importante su consumo interno y plantear la exportación de energía generada por termoeléctricas ahondan las dificultades que conlleva la dependencia de recursos energéticos no renovables.
Coica: “No queremos discursos, sino hechos“
En respuesta al discurso que emitió el presidente Evo Morales en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (Unpfii), el representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Edwin Vásquez, indicó que requieren hechos y no discursos.
“Los que hoy defendemos nuestra tierra para la pervivencia en el futuro, estamos perseguidos por los presidentes que hoy dicen que quieren y cuidan a la Pachamama, entrometiéndose en nuestros territorios con carreteras e hidroeléctricas”, indicó.
Afirmó que se buscan resultados para defender los derechos de los pueblos indígenas, porque constantemente son perseguidos y “encarcelados” por defender sus ideas.
Mineros buscan ingresar a las reservas forestales
La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) busca expandir la explotación de oro en al menos 22 áreas protegidas del territorio nacional e iniciar operaciones en las cabeceras de las cuencas de los ríos, según un documento de la organización
Los cooperativistas solicitan la rezonificación y la certificación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para que autorice el uso de suelos para trabajos mineros y la elaboración de un reglamento para este fin. Argumentan que tropezaron con problemas de obstaculización de nuevas áreas ubicadas al interior de áreas protegidas y forestales.
Sin embargo, según un informe de los ministerios de Minería y Medio Ambiente, muy pocas cumplen con las normas ambientales.
