En la tarea de cuidar el ambiente, el primer eslabón son los campesinos, quienes son los que habitan los territorios rurales, donde están la fauna, la flora y las fuentes de agua que deben ser protegidas para garantizar la sostenibilidad del planeta y la habitabilidad armónica con la naturaleza, cada vez más en riesgo por el cambio climático y la acción humana.
En Antioquia, desde la Gobernación, se lidera el programa Pago por Servicios Ambientales -PSA-, que busca involucrar a 10.000 familias campesinas en el cuidado de sus territorios, especialmente en las zonas con nacimientos de agua que surten acueductos. Ya hay 5.535 beneficiándose del proyecto.
Asociada con la corporación Corantioquia y EPM, se acaba de firmar un convenio para proteger 24.000 hectáreas de bosques y nacimientos de agua en 22 municipios del departamento, con una inversión de $5.696 millones.
Las familias beneficiarias son 1.833, que adquirieron el compromiso de ejercer sus labores agrícolas con el máximo respeto y cuidado con el ambiente, pues este, además de proveerles a ellas los recursos para su subsistencia, constituye un bien común que se agota y debe ser cuidado de la contaminación, la deforestación, la extensión de las fronteras agrícolas y ganaderas y el maltrato por parte de otros ciudadanos.
Lucy Rivera Osorio, secretaria del Medio Ambiente, señala que con el PSA, “se desincentivan los usos del suelo que generan pérdida a la biodiversidad, y se crean lazos de confianza entre las comunidades y el Estado”.
La retribución
Si bien las comunidades están en los territorios y necesitan de estos para ganar su sustento, esta tarea deben hacerla de manera responsable. El convenio permite pagarles a estas familias sumas de dinero por la labor de protección de los recursos. Los pagos se hacen de forma periódica, mensual o anual, y constituyen el incentivo principal para que las familias sientan que el trabajo les da rentabilidad, dice la secretaria Rivera Osorio.
El Pago por Servicios Ambientales se formalizó para Antioquia en la Ordenanza 49 de 2016, basada en la obligación que tienen las gobernaciones de destinar el 1 % de sus ingresos para la compra de predios en zonas de nacimientos de agua que abastezcan acueductos.
Para la ambición del departamento de involucrar más territorios, esta ley constituía un obstáculo.
“El año pasado se tenían $13.000 millones para comprar predios, pero por temas catastrales y de sucesiones, se volvió algo muy complejo, entonces en la Asamblea aprobamos la Ordenanza, que sustituye la compra de predios por el pago a los campesinos para que, sin salir de sus fincas, reciban beneficios por proteger los bosques y las fuentes hídricas”, explicó la diputada Ana Ligia Mora.
El pasado mes de mayo, el Ministerio del Medio Ambiente aprobó el Decreto 870, que establece los lineamientos del PSA, y así quedó despejado el camino para poder invertir los recursos, cumpliendo un doble objetivo: cuidar el ecosistema y hacer un aporte social, porque las beneficiarias son las familias en condición más vulnerable.
El gobernador, Luis Pérez, afirmó que con este sistema las familias asumen las funciones naturales de los ecosistemas como servicios de los que depende la vida: “Si queremos mantener un equilibrio ambiental y económico, hay que mirar al campo y este es un proyecto para que los campesinos permanezcan allí cultivando”, afirmó Pérez.
El director de Corantioquia, Alejandro González Valencia, destacó la participación de los alcaldes de las 26 localidades beneficiarias.
Los municipios impactados con el convenio son Gómez Plata, Guadalupe, Belmira, Briceño, Donmatías, Anorí, Angostura, Ituango, Andes, Ciudad Bolívar, Betulia, Salgar, Concordia, Santa Fe de Antioquia, Sabanalarga, Liborina, Ebéjico, San Jerónimo, Caracolí, Remedios, Vegachí, Yolombó, Yondó, Cisneros, Tarazá y Jericó.
FUENTE: C.COLOMBIANO
