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Paraguay

Paraguay, así como otros diez países latinoamericanos, impulsa investigaciones para actualizar los límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR) que pueden contener los alimentos en esta región para evitar que dañen la salud.

Los estudios son realizados a través del registro de plaguicidas en América Latina y el Caribe (ALC) y se ajustan a los patrones de consumo de los habitantes de cada país.

La iniciativa es apoyada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a través del Servicio Agrícola Extranjero (USDA/FAS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

CULTIVOS MENORES. La medida afectará a los cultivos de pequeña escala (cuyo consumo no es masivo entre la población de un país), según explicó Lourdes Fonalleras, especialista en sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos del IICA.

Ayer jueves, 30 civiles armados entraron al asentamiento y dispararon contra la gente en dos momentos, en la segunda, acompañados por la policía, según las denuncias. Hay dos agricultores heridos que no recibieron aún asistencia médica. Las tierras en disputa son de origen malhabido, asegura la Organización de Lucha por la Tierra(OLT), que hace casi un año pide al Indert una reunión para analizar la situación del lugar.

Hacia las 11 horas de ayer unos 30 pistoleros de la Ganadera Pindó entraron al asentamiento compuesto por 200 familias campesinas, disparando sobre las personas, explicaron dirigentes del asentamiento. Hacia las 13.30 horas volvieron a atropellar el lugar, pero con el agravante de hacerlo juntamente con la policía local, comentaron.

En el cuarto mes del año en el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos además resaltaron el reconocimiento oficial de que al maíz transgénico contamina al nativo y los controversiales índices de pobreza del gobierno de Horacio Cartes.

 Los últimos informes mensuales desde fines del año pasado hablaban de conflictos relacionados a la campaña sojera 2013/2014, como fumigaciones irregulares, resistencia de las comunidades campesinas, represión policial-fiscal-judicial para resguardar la producción de la oleaginosa y expulsión de familias agricultoras de sus tierras para expandir el modelo agroexportador.

Esta fue la primera cosecha sojera durante el gobierno de Horacio Cartes y su proyecto de rearticulación y avance neoliberal, y en contrapartida, excluyente con los sectores no empresarios.

El presidente de la República, Horacio Cartes, firmó la ley de expropiación de tierras a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa.

Así lo confirmó el abogado Sergio Godoy, asesor jurídico del Jefe del Ejecutivo, quien explicó a la prensa que aún falta la firma de los Ministros de Educación y del Interior para comunicar oficialmente la aprobación de la ley de expropiación a favor de los nativos.De esta manera se restituye 14.404 hectáreas de tierras ancestrales ubicadas en el departamento de Presidente Hayes.

Los afectados realizaron una vigilia de varios días en la capital a la espera de la restitución, por la cual el Estado fue condenado en el año 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Congreso aprobó la expropiación de 14,404 ha. a favor de la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo Enxet

El 21 de mayo se sumó una efeméride más en la lucha de la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo indígena Enxet. Ese día la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley de expropiación de 14,404 Ha para la restitución de parte de sus tierras ancestrales a la comunidad indígena en la zona conocida como Loma Porã, en el Chaco o Región Occidental. El proyecto ya contaba con media sanción del Senado.
 
Esta decisión llegó ocho años después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) del 29 de marzo del 2006 que obligaba al Estado paraguayo a que en un plazo de tres años restituya el territorio reclamado por la comunidad y que estaba ocupado por el terrateniente alemán Heribert Roedel. El fallo condenó al Estado por la violación de derechos fundamentales de la comunidad Sawhoyamaxa, que vivió más de dos décadas fuera de sus tierras ancestrales usurpadas por Roedel y ordenó a las autoridades que concrete emprendimientos viales y programas de desarrollo en forma de resarcimiento.

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