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Paraguay

Varias comunidades indígenas de Paraguay se manifestaron hoy en el centro de Asunción para exigir al Gobierno que acate una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que obliga al Estado a devolver unas 10.000 hectáreas de tierra al grupo Xákmok Kásek, del pueblo sanapaná. 

Varias comunidades indígenas de Paraguay se manifestaron hoy en el centro de Asunción para exigir al Gobierno que acate una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que obliga al Estado a devolver unas 10.000 hectáreas de tierra al grupo Xákmok Kásek, del pueblo sanapaná.

Llegados de distintos rincones del país, un centenar de nativos permanecieron cortando calles del centro capitalino, frente al edificio de la Vicepresidencia, para pedir que esa institución intervenga para que se cumpla la sentencia de la CorteIDH, que data de 2010.

"Necesitamos que el Gobierno concrete de una vez por todas un acuerdo de pago con el propietario. No tiene sentido que esto se siga retrasando cuando el propietario quiere vender para terminar el conflicto", dijo a Efe Gerardo Larrosa, líder de la comunidad Xákmok Kásek.

Ayer se re-conformó el Congreso Democrático del Pueblo en Asunción, una histórica plataforma con más de 30 organizaciones de distintos sectores de la sociedad paraguaya. El elemento común es el rechazo a las políticas privatistas del gobierno de Horacio Cartes y la construcción de una alternativa nacional que anteponga el bienestar de la poblacón al beneficio de un reducido sector empresarial.

En una jornada de análisis, reivindicaciones y debate se oficializó ayer domingo el re-nacimiento delCongreso Democrático del Pueblo. Se trata de una plataforma que será una herramienta centralizadora de lucha de los sectores sociales de Paraguay frente al endurecimiento de las políticas neoliberales que el gobierno intenta endurecer.

Alrededor de 1.300 delegadas y delegados de distintas organizaciones, colectivos y comunidades participaron ayer de la re-fundación de la instancia, que en 2002 logró revertir la venta de empresas estatales a conglomerados privados.

Será el viernes 6 de marzo,19 horas, en el Archivo Nacional, donde se presentará un texto que reúne ocho historias de asentamientos campesinos sustentables, otro que compila la obra de cinco exponentes del pensamiento crítico en Paraguay y una investigación sobre políticas públicas en torno a la tierra.

El 7 de marzo de 2012 falleció el sociólogo paraguayo Tomás Palau, fundador y director de nuestra institución Base Investigaciones Sociales, luego de una breve enfermedad. Al cumplirse tres años, realizaremos un acto de homenaje.

El programa de dicha jornada arrancará con una breve evocación a su persona y sus aportes y seguirá con el lanzamiento de tres materiales realizados por nuestra institución.

Un grupo de indígenas ayoreo se desplazó desde el Chaco paraguayo, en el norte del país, hasta Asunción para pedir al Gobierno que no realice prospecciones geológicas en el Cerro León, un área protegida que es parte de su "hogar y cultura" y donde viven algunos de sus familiares en aislamiento voluntario.

El Cerro León está integrado dentro del Parque Nacional Defensores del Chaco, que ocupa cerca de 780.000 hectáreas, y en esa área el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay (MOPC) planea realizar prospecciones geológicas con "fines de investigación científica".

En una entrevista a Efe, los ayoreos reivindicaron que el Parque forma parte de su "tekohá", un término que en la lengua guaraní quiere decir "territorio", como noción de "tierra" o "espacio vital", y no en el sentido jurídico de propiedad legal de un lugar.

Además, han constatado que el parque es la zona por la que transitan grupos de ayoreos no contactados, lo que los convierte en el último pueblo indígena americano aislado fuera de la Amazonía.

Sostiene Tierra Viva por reapertura del caso Sawoyamaxa. La ministra que concedió el trámite, Mónica Bareiro, había dicho, en la anterior resolución constitucional, que todo se ajustaba a derecho.

La comunidad Sawoyamaxa, luego de 20 años de destierro, consagró su derecho de reasentarse en 14.404 hectáreas que estaban ocupadas por empresas del alemán Herbert.

La cosa vino primero como mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, se aprobó en Diputados, después en Senadores y, finalmente, se promulgó la ley de expropiación, con la indemnización estipulada, establecida con tasación del Ministerio de Obras Públicas. Pero el alemán y sus empresas atacaron la ley de inconstitucional.

La Corte rechazó. Pero unos días antes de cerrarse el 2104, sin publicidad alguna, la ministra Mónica Bareiro, titular de la Sala Constitucional de la Corte, admitió otra inconstitucionalidad, esta vez en contra del artículo que establece la indemnización. 

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