La primera sesión del “8° Encuentro internacional por la tierra y territorio en Sudamérica. En tiempos de COVID-19”, desarrolló un diálogo basado en el primer capítulo sobre Argentina del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. A continuación, reseñamos parte de la discusión.
El Grupo de Estudios Rurales – Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL) de la Universidad de Buenos Aires, a través de la investigadora Gisela Hadad y los investigadores Tomás Palmisano y Juan Wahren, presentó su análisis respecto al acceso a la tierra y territorio en el contexto pandémico del 2020 en Argentina.
Tomás Palmisano se refirió al contexto previo a la pandemia. En diciembre del 2019 se realizó el cambio presidencial, del gobierno de Mauricio Macri a la apertura del mandato de Alberto Fernández. Se agravó la crisis económica y la pandemia intensificó esta situación, una evidencia es que la línea de la pobreza en Argentina aumentó 41 %, informó Palmisano.
Uno de los temas que desarrolló el informe fue sobre el Programa Nacional de titulación y arraigo de tierras rurales. En 2020, se reactivaron los protocolos para este programa, con enfoque de género, consideraciones respeto a pueblos indígenas y la elaboración de una agenda para el año 2021.
En el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, falló a favor de la asociación Lhaka Honhat que nuclea 10.000 personas de comunidades indígenas en la provincia de Salta. Ese fallo ordenó titular las 4.000 hectáreas de territorio ancestral que reivindican las comunidades. El cumplimiento de este fallo supone el desarme de las empresas ganaderas de la zona.
Gisela Hadad complementó afirmó que la conflictividad en los territorios indígenas, se debe al acaparamiento de tierras, fumigaciones, agrotóxicos, acaparamiento del agua, minería, fracking, entre otros.
Los impactos del agronegocio y las fumigaciones con agrotóxicos generan un mayor número de enfermedades en los pueblos. Se trataría de una epidemiología popular que evidencia una problemática, insistió Hadad. A pesar de medidas cautelares y leyes que supuestamente amparan a los territorios, hay una falta de fiscalización e implementación de las medidas de protección y respeto hacia las poblaciones rurales.
A pesar de que hay sectores libres de intervención del agronegocio, en la provincia del Chaco al noreste de Argentina, se están vulnerando los territorios. Un ejemplo, es un caso donde 250.000 hectáreas que son parte de un parque nacional, tiene denuncias de desmontes dentro del bosque. Por eso, se han constituido instancias de organización como las guardias indígenas para la autoprotección.
Otro de los principales conflictos es el avance de la minería. El año 2020 se inició la nueva gestión presidencial con políticas que intentan derogar las leyes de protección del agua y del territorio, y la aprobación del uso de sustancias tóxicas en la minería. Las movilizaciones de Mendoza surgieron a raíz de esto. Además, el trabajo de exploración de litio, también generan conflictos en Cajamarca y Jujuy, por el uso del agua y la explotación de acuíferos.
La lógica extractivista vulnera no solo el territorio y a quienes lo defienden, en el último tiempo las provincias productoras de hidrocarburos han visto avasallados sus territorios y sus derechos, con las promesas de inversiones, afirmó Hadad.
Por su parte, Juan Wahren habló sobre las movilizaciones y propuestas que dieron los sectores campesinos a través de la pandemia. A pesar de su potencial propositivo, las organizaciones y movilizaciones rurales se vieron restringidas por la pandemia, el aislamiento dificultó mucho la movilización. Sin embargo, en octubre y noviembre de 2020, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizó una movilización en la ciudad de Buenos Aires, instaurando una chacra agroecológica en una de las plazas central, para mostrar la capacidad productiva con productos de calidad, precios accesibles, una forma de hacer una crítica al agronegocio a través de la producción agroecológica.
En las provincias de Salta y Jujuy distintos pueblos indígenas se movilizaron para elevar sus reclamos, a pesar de que no fue una marcha masiva, caminaron más de 500 km hasta el centro político de la provincia desde las propias comunidades.
Actualmente, se pelea por la ley de humedales que, no solo están siendo amenazados por el agronegocio, sino también con movimientos inmobiliarios que avanzan sobre las reservas de agua, que son muy importantes para el ecosistema. También la implementación de granjas porcinas para la exportación de carne a China, resulta ser un conflicto para las comunidades. Estos temas incluyen a otros grupos sociales como ambientalistas, personas jóvenes y movimientos urbanos, que piden respetar las leyes que protegen a los territorios, la consulta previa y la anulación de acuerdos.
La mayor respuesta de las organizaciones campesinas a la pandemia fue mostrar alternativas. Los movimientos indígenas y campesinos pusieron en debate, la existencia de otra forma de producir alimentos, más sanos, accesibles e implican nuevas formas de comercialización, rompiendo cadenas largas de intermediarios, creando otras lógicas de comercio, afirmó Wahren.
Junto a GER-GEMSAL, Aldo Gómez, Nahuan Principal de la Comunidad Ticas del Pueblo Comechingón, compartió otro de los abordajes de la lucha por el territorio se lo hace a partir de lo jurídico. El reconocimiento de la Constitución política hacia los pueblos indígenas o el derecho a la tierra; sin embargo, estos logros se los consiguió a través de la demanda de los pueblos y no como cesión del estado, afirmó Gómez.
El año 2006 se logró una ley de emergencia territorial frente a los problemas que enfrentan los pueblos, prohíbe cualquier forma jurídica y administrativa de despojo a las comunidades. Este tipo de avance jurídico es importante, y a pesar de su vigencia no se cumple en las provincias. En ese mismo año, durante el desmantelamiento económico en el gobierno de Macri, faltó presupuesto para el relevamiento de tierras, esto afectó bastante, y se ve, pues en el año 2020 persisten las comunidades sin relevamientos territoriales, por lo cual son hostigadas por empresas inmobiliarias.
Otro de los conflictos que se vive, es la construcción de la autopista interoceánica que no cuenta con estudios de impactos ambientales, consulta previa, libre e informada a los pueblos. Según Gómez, se trataría de un estudio incompleto, pues viola muchos derechos territoriales, entre ellos, la intervención a lugares ceremoniales y ancestrales.
La pandemia ha demostrado una forma distinta de ver a los territorios, el Nahuan Gómez afirmó que no ha habido enfermos de COVID-19 en su comunidad, y eso es producto de la conservación de la salud en los territorios, que fortalece a la comunidad frente a otros grupos humanos por el acceso y la defensa de la tierra.
Gómez comentó que los pueblos no recibieron ayuda del Estado durante la pandemia, sin embargo, ejercieron su autonomía para crear apuestas y alianzas con organizaciones de varios tipos. Las 25 comunidades de Córdoba plantearon pasar de la resistencia a la propuesta, a través de la sabiduría con la que cuentan los pueblos.
La vivencia actual de demuestra que las ideologías no bastan, se debe recurrir a la cosmovisión de los pueblos. Gómez comentó que “los grupos verdes” tienen como fundamento la sabiduría ancestral de los pueblos del Abya Yala, “por eso nos vemos muy fortalecidos” comentó, pues marca un resurgir de los pueblos, no solo en los territorios, en la sociedad en general. “los pueblos no solo venimos con reclamos, también con propuestas” afirmó el Nahuan Gómez.
Para finalizar, Gómez reflexionó sobre las otras formas de vivir en este mundo. En los territorios se practica la negación sistemática de otras existencias, la pandemia lo demostró. El hecho de compartir territorio con otros grupos humanos en situación de crisis, como con los productores bolivianos, es una muestra de ello.
En las reflexiones finales, el acuerdo porcino se está llevando a cabo actualmente en Argentina, se mencionó que este acuerdo se centra en las bases de un extractivismo ganadero, está muy articulado a la producción de soja y puede resultar a largo plazo en un conflicto ambiental.
Este acuerdo porcino consiste en la introducción de una cría intensiva de cerdos y construcción de enormes granjas, algo que rompe absolutamente con la dinámica rural y los sistemas agroalimentarios. Al respecto, el Nahuan Gómez dijo “es romper con nuestra cultura, con las formas alimenticias (...) introducir una nueva forma de producción que no está pensada en el pueblo, sino en el comercial”.
Cabe resaltar la gravedad del asunto, ya que estos acuerdos no realizan consulta previa con la sociedad civil, ni con los pueblos indígenas, ni campesinos. Por otro lado, estas políticas están conectadas a nivel Sudamérica, como es el caso de Bolivia con carne bovina, el principal objetivo tiene por abastecer el consumo de carne de países externos, principalmente en Asia.
Carlos Aguilar que es responsable de justicia climática para Latinoamérica y el caribe de OXFAM compartió al finalizar el evento algunas conclusiones. Destacó que es necesario resaltar que la construcción del informe 2020 se realizó en un momento muy particular de la historia, la pandemia configuró bastante las dinámicas sociales de todos los países del mundo.
También se mostró una similitud contextual en los países de la primera sesión, como ser la dificultad de movilización, situaciones difíciles para la provisión de alimentos, la concentración de tierras, la disputa de los recursos naturales, deforestación, políticas extractivistas y el desempleo. Estos conflictos no solo tuvieron continuidad en el contexto pandémico, sino que terminaron reforzándose.
Las alternativas a la crisis y la importancia de involucrar a la población se volvieron elementos fundamentales en la pandemia, sino existe producción de alimentos en las zonas rurales se hace más evidente. La pandemia indiscutiblemente demostró que se necesitan dinámicas a partir de los movimientos indígenas y campesinos, para generar nuevas respuestas a las futuras crisis.
