A fines de septiembre, en coordinación con el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), organizamos un conversatorio, actividad enmarcada en el Foro Virtual de Derechos Campesinos que se desarrolló durante dos semanas, y que abordó el ámbito de las adversidades que debe sopesar la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DDC). En este encuentro, participaron las investigadoras, Daniela Andino Peñafiel de FIAN Ecuador, activista de derechos humanos especialmente del derecho humano a la alimentación, con experiencia en temas de desarrollo rural, territorio y soberanía alimentaria; y además, Tamara Artacker del IEE/OCARU, y el Centro Latino Americano de Ecología Social (Uruguay), magister en Desarrollo Internacional por la Universidad de Viena y doctorante en ecología social en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena.
Tamara Artacker valoró a la agricultura produce alimentos, pero también se refirió a la compleja relación entre los agricultores y las cadenas de agroexportación en Ecuador. Marcando así, un contexto de desigualdades y desventajas importantes, en el que las y los campesinos sin apoyos, incentivos, condiciones de producción y comercialización, se ven obligados a endeudarse y vender, además de su fuerza de trabajo, sus tierras. Esta dinámica es la que determina que cada vez los grandes productores sean más grandes, mientras tanto, las y los campesinos desaparecen pues se enajenan de sus recursos propios.
Sin duda, esta situación se vio agravada y se desataron conflictos en medio de la pandemia, entre diversos actores, exportadores y productores. Los productores presionaron, hubo una sobreoferta de productos y llegaron a donar a sectores vulnerables para el consumo interno, a vender a precios bajos a los exportadores; es decir, se vivió una gran desigualdad dentro de los rubros.
Pese a estos movimientos económicos el sector del trabajo se vio afectado con despidos masivos, sin indemnización de vida, y que no encuentran una solución por la vía judicial. El gobierno central declaró la flexibilización laboral en el mes de junio y lanzó una Ley de apoyo humanitario. Estas medidas afectan de forma grave a los trabajadores, por ejemplo, en el sector bananero no se brindaron medidas de bioseguridad, y los trabajadores rurales están doblemente expuestos, a los agroquímicos y al contagio por el COVID-19.
Estos problemas estructurales, siempre presentes, revitaliza la organización de las comunidades campesinas e indígenas. En la sierra, muchas comunidades indígenas cerraron las vías, al saber que no hay política pública, la respuesta es la autorganizacion, hay más trueque, entre fincas, entre comunidades y hasta municipalmente, afirmó Artacker. Debido a la crisis económica, muchas personas que habían migrado a la ciudad, volvieron al campo, les faltaron oportunidades, y el miedo al contagio, les llamó a volver. Se profundizaron y activaron algunas vías de producción alternativa, hay más canastas agroecológicas para la ciudad, y otras vías de contacto entre el consumidor y productor.
Según Artacker, la compleja situación que viven muchos agricultores articulados a cadenas de agroexportación, interviene en el derecho a la alimentación. La reducción de sus ingresos y las dificultades de vender sus productos en sus propios sistemas agroalimentarios, lleva al deterioro o al incumplimiento de su derecho a la alimentación. No obstante, la investigadora remarca que se debe resaltar que la agricultura familiar y campesina es la que sostiene la alimentación del resto de la población. Por lo tanto, si se obstaculiza a esa producción, alteramos el derecho a la alimentación del resto de la población, de la alimentación sana y confiable para la salud.
Como ocurrió en varios Estados de la región, en Ecuador el Estado aprovechó la crisis sanitaria para regularizar hectáreas de producción de exportadores, y persistió en su búsqueda por un tratado con Estados Unidos. Se promovieron programas y alianzas público-privadas para la entrega de kits alimentarios, bajo el lema de “dar la mano sin dar la mano”, solicitaron a la población, principalmente urbana, a dar donaciones para comprar estos kits a las grandes cadenas de supermercados. Este tipo de política contradictoria es la que agudizó la crisis sanitaria y alimentaria en la región, y más aún para las y los campesinos.
Por su parte, Daniela Andino se refirió a la atención médica, que a nivel nacional había sufrido un recorte del personal que seguramente, tuvo incidencia en la crisis sanitaria. Más aún en las zonas rurales, cuya población afectada y en busca de ayuda, sale a las ciudades, y se generan situaciones como la que se vivió con el colapso del sistema de salud en Guayas, con una tasa de contagio de 50 % y de muerte hasta 70%.
Según Andino, la demanda por atención al Estado era creciente y en el campo fue peor, se cerraron muchos centros de salud, para que los médicos puedan salir a las ciudades a atender a la población. En el campo la gente fallecía sin ningún tipo de acompañamiento, incluso no se contó con información en diferentes zonas, y no se tenía recursos para bioseguridad. Frente a esta situación, algunas organizaciones elaboraron sus propios desinfectantes, mascarillas, y respondieron de inmediato, con pocos recursos y altos riesgos de contagio, en sectores subordinados a la agroindustria.
Uno de los problemas identificados, explica la investigadora, fue que no existía información, no había datos desagregados en zonas rurales, se contaba con pocas pruebas de COVID, no se podía saber cómo estaba la situación. Cuando se da el retorno de los familiares, se incrementan los contagios. Se propaga, además, el miedo al contagio, la falta de oportunidad laboral, y se chocan con las medidas de restricción de circulación y flexibilización laboral. La población empleada en el sector informal, no encuentra medios suficientes para su subsistencia, y por eso, retornan al campo. Lo cual es una oportunidad, pero también es un riesgo de contagio, para sí mismos y para la población rural.
Entre las medidas de prevención que se tomaron a nivel familiar y comunal, se tienen diversas iniciativas, desde las mujeres y las organizaciones, conforman boticas comunitarias, en la costa y sierra, y tienen protocolos propios. Sin embargo, se ponen en cuestión otros temas y problemas estructurales, por ejemplo, el acceso al agua potable. Todos recomiendan “hay que lavarse las manos”, pero, ¿Qué se hace donde el agua está contaminada? En la Amazonía hubo un derrame petrolero, el agua estaba contaminada, y, ¡En los kits que se les entregó no había agua!, manifestó Andino, en claro desacuerdo por la vulneración de derechos.
Respecto a la educación, Daniela Andino nos ofrece varios datos, entre 2003 y 2014 se cerraron o fusionaron varias Escuelas del milenio, sin haber significado mejoras para la educación, pero sí a la plurinacionalidad, porque antes no había enseñanza intercultural y bilingüe. Hasta 2018, el analfabetismo digital llegó a 19 %, mucha población no contaba siquiera con señal de telefonía celular. Entonces, la educación rural en la pandemia es uno de los ámbitos más complicados, aun cuando sí hay acceso al internet, los padres y las madres no pueden ser guías, como indica el rol del profesor, las madres y los padres, en los territorios rurales tienen tareas fuera de la casa. Esta situación provocó la deserción escolar, sobre todo de las niñas.
Se ha denunciado que el servicio de internet llegaba al campo, pero con altos precios. Eso implicó para muchas familias, sacrificar otras necesidades para que sus hijos puedan acceder a educación, postergar vestido, salud, alimentación, etc. Para que los hijos y las hijas no queden frustrados.
En cuanto a las mujeres rurales, se tienen otros problemas estructurales permanentes, por ejemplo, que sólo tienen 30% de tenencia de la tierra, por ello, salen del campo y se emplean en el sector informal, ventas, y muchas de ellas están vinculadas a los mercados. Estas mujeres, durante la pandemia y medidas de restricción de 2020, no tuvieron acceso a los recursos, estuvieron muy expuestas al contagio, y lo peor, fueron víctimas de violencia. Durante la cuarentena en Ecuador, se registraron más de 200 llamadas de emergencia por violencia, no existe información desagregada por etnia y no existió acompañamiento adecuado. La pandemia expone estas deficiencias, múltiples roles no remunerados, sobrecarga, sobre explotación, violencia física y psicológica. Además, las mujeres dejaron de acceder a servicios de salud reproductiva, se produjeron más embarazos no deseados, y en definitiva, se vulneraron muchos de sus derechos.
Revive el Conversatorio Pandemia y derechos campesinos en Ecuador, junto a Tamara Artacke, OCARU/ IEE y Daniela Andino de FIAN Ecuador. Disponible en: https://www.facebook.com/IPDRS/videos/701532077378606
