Marqueza Teco, presidenta de la subcentral de mujeres de comunidades indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), denunció que la situación de las mujeres se ha dificultado mucho más en el territorio, ante la inminente construcción de una carretera que atravesaría el corazón de su territorio.
El crecimiento de la zona de producción de coca tiene implicancias importantes para la vida de las comunidades indígenas. Según Alcides Vadillo, especialista de la Fundación Tierra, pese al proceso de saneamiento y titulación colectiva del territorio, la seguridad jurídica y los derechos de los pueblos indígenas no se han respetado, pues la tendencia gubernamental en los últimos diez años es la de aceptar los asentamientos ilegales, además, junto a la titulación colectiva, se legalizaron 150 mil hectáreas ocupadas por colonizadores y 50 mil hectáreas por terceros (grandes ganaderos y propietarios privados).
Por su parte, Adhemar Mole, presidente de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, se refirió a la situación del movimiento indígena en Bolivia, que otrora apoyase el actual gobierno, pero que ahora, ante las diversas agresiones territoriales, debe sufrir no sólo la división y descomposición política, sino también la persecución de sus dirigentes.
Alertados por la creciente presencia de población no indígena al interior del TIPNIS. Al ser este territorio área protegida desde el año 1965, pone en manifiesto el comportamiento gubernamental respecto a los recursos naturales, y actualmente, una tendencia respecto a los derechos de los pueblos indígenas.
Además de indígenas y colonizadores, Vadillo explicó que existen otros actores con intereses en la región del TIPNIS, éstos serían los ganaderos que expanden sus zonas de pastoreo, el interés por petróleo y el riesgo de las exploraciones, a pesar de la titulación colectiva y la condición de área protegida; y además, el interés de la agricultura intensiva brasilera que en realidad está interesada por el tramo Rondonia (Brasil) y Arica (Chile), para viabilizar sus exportaciones.
“La carretera ha sido y será la vía de penetración de nuevos asentamientos, de ampliación de la frontera agrícola, de ampliación de lo tierras para los colonizadores, principalmente cocaleros del Chapare”, afirmó Vadillo, informando además, que no existe un proyecto que incluya los resultados de un estudio ambiental y que el proceso de Consulta previa, que establece la Constitución y la legislación internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha sido muy cuestionable y totalmente extemporáneo.
Fabián Gil, presidente de la subcentral del TIPNIS, denunció la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas y la persecución a la resistencia a la inminente carretera. Las comunidades indígenas no están negando el desarrollo y la solución de sus problemas básicos, pero piden respetar un territorio extenso y compatible con la vida de tres pueblos indígenas.
La discusión final repercutió en la profundización de un modelo extractivista que no se ha transformado pese a las afirmaciones del gobierno central, a pesar de las movilizaciones y resistencia que interponen las poblaciones indígenas que habitan el territorio. El IV Foro andino amazónico de desarrollo rural, propuso un espacio para el tratamiento de este conflicto que permanece pendiente hace ya 7 años en Bolivia, y se realizó entre el 18 y 19 de octubre en la ciudad de La Paz. Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, solicitó que el evento pueda desplazarse a la ciudad de Trinidad, cercana al TIPNIS y los recursos de los que dispone realmente apoyen la resistencia de los pueblos.
