El Informe Mujeres sobre acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, está a punto de publicarse. En esta edición decidimos mirar hacia adentro y comprometernos con ampliar las miradas, voces y propuesta de las mujeres. En el capítulo de Colombia abordamos la persistencia de la violencia, particularmente, hacia defensores y defensoras territoriales y de derechos humanos, y su extensión hacia niños, niñas y adolescentes. En las altas cifras, uno de los sectores más afectados por la violencia estructural y patriarcal son las mujeres, cuyos asesinos son principalmente sicarios y narcomafiosos.
En la tarea imprescindible de significar el campo, destacamos el conflictivo proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz para el cese de la violencia. En un contexto adverso, la ratificación del Acuerdo de Escazú no fue posible, pero junto al nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez del partido Pacto Histórico, que genera grandes expectativas sobre la representatividad popular e incidir en la agenda pública, se materializó y también la ratificación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos.
Retomamos el compromiso de revisar los datos oficiales que ofrecen las instituciones públicas encargadas del tema agrarios para construir los datos sobre acceso a la tierra y territorio para las mujeres. El Censo Nacional Agropecuario refiere que quienes poseen más de 500 hectáreas (0,4%) concentra alrededor del 75,6% de la tierra, y quienes tienen menos de 5 hectáreas (73,2%) ocupan sólo el 2,3% de la tierra. Con el cambio de gobierno, se reafirmaron las recomendaciones del Acuerdo de paz, y principalmente, del Punto 1 sobre la Reforma Rural Integral, que se materializan en las siguientes metas: 3 millones de hectáreas entregadas al Fondo de tierras y 7 millones de hectáreas formalizadas. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras, mediante del Plan Estratégico, refiere a que entregaron 40.759 títulos a mujeres, a su nombre o con sus parejas, con un avance de 265,8% que sobrepasan las metas trazadas. En cuanto a la formalización al ANT indica que en el 2022 formalizaron 112.398 hectáreas en beneficio de 13.758 mujeres rurales campesinas, a su nombre o con sus parejas (ANT, 2022). En este apartado también especificamos los datos sobre las ocupaciones ilegales de tierras, los territorios étnicos y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
Posterior a la revisión de datos sobre acceso a la tierra y territorio, recurrimos a las organizaciones para identificar las agendas organizativas de las mujeres, los avances y logros respecto a la institucionalidad, puesto que parte de la movilización por sus territorios y por acceder a mejores condiciones de vida, incluye un proceso de incidencia por acceder a perspectivas cada vez más diferenciales, étnicas y de género.
Finalmente, la aproximación a las realidades de las mujeres campesinas e indígenas colombianas lo hicimos junto a Magaly Belalcázar Ortega, referente campesina del proceso de base Mujeres, Amazonía y Paz en el Caquetá, que hace parte de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales; y la líder del pueblo Nasa Roseli Finscue Chavaco del Programa de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Junto a ellas, realizamos el balance con la abogada Ana Jimena Bautista, Inspectora de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.