El pasado viernes 11 de noviembre, el Tribunal Originario Abya Yala de Justicia (TOAJ) realizó el taller “Justicia indígena originaria campesina y defensa de tierra territorio – Zongo”, convocando a la Federación departamental de campesinos Tupaj Katari y Bartolina Sisa. La jornada estuvo marcada por la experiencia de La defensa territorial desde la jurisdicción indígena de Zongo, como un caso ejemplificador y referente del pluralismo jurídico a nivel nacional e internacional.
Para motivar la discusión, se presentó el documental Zongo: Los Caminos de la Justicia Indígena en Bolivia, producido por el IPDRS, y sobre el cual se inició una serie de reflexiones referidas al acceso a la justicia, el rol de las autoridades originarias y campesinas en los territorios y la devastación territorial que desata la minería.
Entre los expositores del taller estuvieron, la abogada Magali Vienca Copa, que caracterizó el pluralismo jurídico y las iniciativas que existen en Bolivia para impulsar consejos de justicia, tribunales y otras instancias que se articulan, principalmente, por la defensa de territorios; la amauta de justicia Marcela Quisbert del Valle de Zongo; el abogado Marco Loayza de la Fundación Construir, que se refirió a algunos avances en la jurisprudencia sobre la justicia indígena; y finalmente, Claudia Terán de UNITAS que se refirió a los derechos de las y los defensores de derechos humanos y ambientales.
Cuando los participantes realizaban un trabajo de grupo para reflexionar sobre todos los conceptos vertidos y visibilizar su aplicación en sus organizaciones y territorios, un grupo de cooperativistas mineros, acompañados por el propietario de la mina Alexander de Zongo, irrumpió en el taller y exigió participar de los grupos de trabajo, generando así un ambiente de incomodidad e inseguridad.
Debe recordarse que en el caso de Zongo, la violencia fue un imperante, la vulneración de derechos laborales y persecución a las autoridades originarias y defensores territoriales. Hubo un ejercicio de judicialización de la protesta y denuncia, y varios comunarios estuvieron en la cárcel; ante todos estos atropellos, lograron que la justicia ordinaria decline a favor de la justicia indígena y la decisión de los comunarios de expulsar a la empresa minera fue un hecho.
Sin embargo, la actuación del interés minero persistió, dividiendo a las comunidades y procesando a los defensores territoriales. En este último evento, el asedio a la formación y socialización de la experiencia de la jurisdicción de Zongo, muestra una vez más, que la justicia indígena representa un riesgo para los intereses del extractivismo. Además, del interés privado las instituciones públicas han hecho muy poco por hacer respetar las decisiones que emanan de la libre determinación de las y los originarios de Zongo.
Un taller que intentaba socializar conceptos y experiencias, terminó por ser un espacio más de asedio y persecución a la justicia indígena originaria campesina. Menos mal, las y los organizadores se pusieron firmes y no permitieron que se interrumpa la actividad ni derive en un conflicto. Actualmente, la federación de campesinos Túpaj Katari y Bartolina Sisa está buscando medios para seguir informándose y apropiándose de las herramientas jurídicas que largos años de lucha les ha tomado a las organizaciones campesinas e indígenas para asentar constitucionalmente, la igualdad jerárquica entre las jurisdicciones ordinaria e indígena.
