(*) Ismael Guzmán

Entre julio y septiembre del presente año Bolivia vivió, paso a paso, en un dramático suspenso, el recorrido de seiscientos kilómetros de la VIII Marcha protagonizada por los pueblos indígenas de las tierras bajas del país, demandando que una carretera destinada a unir los departamentos de Beni y Cochabamba no atraviese el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Luego de tensas negociaciones, en La Paz, el presidente Evo Morales promulgó una Ley que suspendía el tramo, pero no todo estaba dicho...

Los protagonistas de la VIII Marcha Indígena y la población en general asumieron que con la promulgación de la Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, culminaría el conflicto entre el gobierno y los pueblos indígenas. No obstante, el gobierno logró instalar una nueva trinchera de resistencia sobre la base del concepto de intangibilidad, para luego pasar a la ofensiva con la clara intensión de concretar la construcción de la carretera entre Villa Tunari, departamento de Cochabamba y San Ignacio de Mojos, departamento del Beni, atravesando el TIPNIS.

Para entender la polémica

En este contexto, la polémica en torno a la intangibilidad ha heredado, en cierta forma, el protagonismo mediático y de debate sociopolítico de la marcha indígena, porque, en realidad, es una derivación de la misma.

Desde el imaginario socio-territorial de los pueblos indígenas, además de los factores de relación material, la intangibilidad está constituida por el carácter sagrado de determinados espacios al interior del territorio y de ahí la aportación conceptual dirigida a la gestión ambiental en general. Para el caso específico de los territorios indígenas como el TIPNIS, la concepción espiritual está incorporada en el sentido de la intangibilidad para el conjunto del territorio, pero con unos énfasis mayores en determinados espacios.

El movimiento indígena definió el concepto a partir de la praxis tradicional en sus espacios de interacción cotidiana, en cambio el gobierno, lo utiliza como Caballo de Troya dirigido a deslegitimar a la dirigencia indígena del TIPNIS desde el interior de su territorio, es decir, desde sus  propias comunidades. El discurso del gobierno en los niveles nacional y local apunta a generar incertidumbre entre la población indígena de ese territorio respecto a la continuidad del acceso tradicional a sus medios de vida y a la concreción de proyectos inusitadamente ofertados recientemente.

Independientemente de las definiciones técnicas del término, su introducción en la gestión del territorio indígena no es una iniciativa reciente, ya que la organización indígena la propuso antes, enfocada en la prevalencia de principios de armonización entre las actividades productivas y reproductivas de la población y la sostenibilidad ecológica del entorno natural con el que a diario interactúa.

Un antecedente que indudablemente contribuyó en la generación del sentido de la intangibilidad entre los pueblos indígenas, es el avasallamiento de tierras por parte de terceras personas, hecho que constituye una de las experiencias más traumáticas a la que estuvieron expuestos y a ello responde la concentración de su esfuerzo orgánico por lograr la titulación de sus territorios. No obstante, la situación no se revirtió sustancialmente, por el contrario, a lo anterior se agrega la exposición de su territorio a efectos negativos, producto de la acción del Estado a través de sus políticas públicas, como el proyecto de construcción de la mencionada carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos y las actividades del sector hidrocarburos.

Por tanto, el movimiento indígena planteó la intangibilidad con el fin de lograr un blindaje contra el avasallamiento de su territorio por actores externos en busca de la apropiación de tierras o su aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, sean ganaderos, colonizadores interculturales o madereros, pero también el Estado y sus políticas públicas desarrollistas, como la implementación de mega proyectos o programas productivos concebidos bajo modelos de desarrollo foráneos a las lógicas económicas indígenas.

Sobre los sentidos

La aplicación de la intangibilidad tiene al menos dos componentes centrales: la continuidad de las lógicas de acceso y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de la población local y el convencimiento de conservar intactos aquellos núcleos de cualidad sagrada por su condición de espacio de reproducción genética o por su carácter espiritual.

Para los fines de concreción de este principio de interacción con su entorno natural, la población del TIPNIS, por intermedio de sus organizaciones territoriales y comunales, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), acordó una zonificación del TIPNIS en tres tipos de espacios territoriales:

1)         Áreas de aprovechamiento tradicional, donde es permitido para el conjunto de las familias acceder a los recursos naturales y también realizar actividades productivas de baja escala solo para el consumo familiar.

2)         Áreas de aprovechamiento comercial de recursos naturales, intervenidos en base a planes de manejo forestal, aprobados por las instancias correspondientes de gobierno.

3)         Áreas de conservación intangible o zona núcleo, constituido por sitios frágiles a los que no se permite acceder bajo ningún argumento económico, debido a su situación de fragilidad y a la funcionalidad de reproducción genética de la fauna y flora.

Complementariamente, el sentido de la intangibilidad dentro del territorio está protegido por la restricción del acceso de cualquier agente económico de fuera del territorio. De este modo la noción de intangibilidad en el TIPNIS está dirigida a reproducir las lógicas económicas de la población indígena que históricamente lo habita y a impedir la penetración de agentes económicos externos o las lógicas económicas foráneas, generalmente depredadoras.

Sobre los sin sentido

Ese es el sentido del concepto de intangibilidad que el movimiento indígena planteó ante el gobierno para su incorporación en el diseño de la Ley 180 de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. No obstante, inmediatamente promulgada la Ley y mientras se negociaba su reglamento, el gobierno le otorgó una interpretación que,  en los hechos,  evidencia un sin sentido: la intocabilidad ecológica del TIPNIS.

Según el gobierno, la intocabilidad se refiere a que nadie, ni aún los habitantes históricos del territorio, pueden actuar sobre sus recursos. Es una pretensión que contraviene claramente los artículos 2 y 403 de la Constitución Política del Estado (CPE), en los que se establece el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y al aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales en sus territorios en el marco de la libre determinación.

El sinsentido también está en la contradicción al contenido de la misma Ley 180, que reconoce que el TIPNIS es una zona de "reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas", pues esta condición requiere del acceso a medios de vida y éstos tradicionalmente son los recursos naturales existentes en el territorio.

Probablemente el contraste de sentidos en torno a la definición de intangibilidad forme parte de las tensiones existentes entre concepciones culturales contrapuestas que, obviamente, están expuestas a la generación de sentidos también opuestos en torno a un mismo rasgo socio-ambiental. A este tipo de tensiones respondió, por ejemplo, el choque de visiones de desarrollo confrontadas en el escenario sociopolítico generado por la marcha indígena: la visión desarrollista representada en las políticas públicas de la gestión de gobierno frente a la visión expresada a partir de otra singularidad basada en la ética de la armonía ambiental y la colectividad social.

Las condiciones establecidas en torno a la interacción entre el ser humano y la naturaleza configuran la cualidad del territorio indígena, puesto que es un espacio socio-ambiental, que adquiere sentido solo en la medida en que se lo otorga la presencia de los pueblos indígenas que lo habitan. Por reconocimiento constitucional, el TIPNIS es un territorio indígena y esa cualidad no puede ser eliminada ni por una ley ni por un decreto.

Personas y pueblos, no palabras

No solo se trata de habitantes del territorio en una noción individualizada y abstracta, sino de pueblos con cultura propia, distintas a la de la sociedad global, con una cosmovisión y una forma propia de organización. La condición sociocultural implica su existencia en este espacio territorial particular, métodos específicos de aprovechamiento de los recursos naturales, de gestión territorial y, sobre todo, una manera de relacionamiento con su entorno natural, circunscrito en una territorialidad con antecedentes históricos.

Por tanto, esta dimensión socio-ambiental se deberá proteger con el mecanismo jurídico de la intangibilidad, puesto que el sentido de territorio indígena y la forma de relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza, por lo general respetuosa y armoniosa, están expuestos a la intervención de otros actores con distintas formas de manejo, acceso a los recursos naturales, formas de producción y de explotación de la biodiversidad.

Los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS y los que habitan otros territorios indígenas del país son sujetos de desarrollo cultural, social y espiritual a partir de su propia cosmovisión. Pero ello solo será posible en la medida en que puedan ejercer el principio de autodeterminación en sus espacios históricos en los que tradicionalmente interactúan, donde puedan ejercer su autonomía como forma constitucional de gobierno e implementar su plan de vida y hacer uso sostenible de los recursos naturales. Son condiciones esenciales para su desarrollo como pueblos, por las que han marchado desde 1990, hasta ahora, en una lucha que no concluye.

Lo principal

 En un escenario de relaciones sociopolíticas no corresponde reducir el concepto de intangibilidad a un sentido meramente físico-ambiental. No se trata de aislar la naturaleza del ser humano, se trata de preservar formas de relación al interior de los territorios indígenas, que en esencia constituyen paradigmas de otra idea de desarrollo.

Se supondría que un Estado para quien el imaginario social tiene como referente esencial el principio de la plurinacionalidad, debieran prevalecer los simbolismos culturales, incluso en la acción política, de modo que la comprensión de intangibilidad no puede ser despojada de una connotación sociocultural, lo que implicaría respetar las cosmovisiones de los pueblos originarios históricos de los territorios indígenas, quienes, al final, dan esencia al principio de lo plurinacional.

Entendido de esa manera, el concepto de intangibilidad incorporado en la Ley 180 de Protección del TIPNIS es un componente valioso para la protección del territorio indígena de los impactos perturbadores provenientes de fuera que penetran sin consentimiento y puede contribuir en la búsqueda del vivir bien de los pueblos indígenas.

(*) Sociólogo, investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), regional Beni, Bolivia.

Tierra,Propiedad y Poder(*)

IPDRS(**)

 El derecho a la propiedad de la tierra es un tema antiguo en las agendas sociales que, lejos de simplificarse, se ha ido haciendo cada vez más complejo por una intricada trama de correlaciones con intereses económicos en las estructuras de propiedad, los modelos de desarrollo vigentes, las tensiones entre diferentes concepciones culturales de apropiación, manejo y valores simbólicos de la tierra y la enorme, creciente presión de hábitos de consumo y demanda por la expansión de las fronteras agrícolas.

El presente artículo, penúltimo de la oferta anual del IPDRS,  refleja algunas dimensiones de esa complicada trama en Sudamérica, a partir de la reflexión compartida entre expertos de Argentina, Bolivia y Perú, que la debatieron en el marco de tres sucesivos y apasionantes eventos, llegando a la conclusión de que el debate está otra vez en agenda, más urgente y desafiante que nunca.

El almuerzo está servido, anuncia una voz aterciopelada y los comensales se acercan a la mesa donde se instalan frente a los platos de elegante cristal que contienen... píldoras de diversos colores...

Desde la década de los años 50 la literatura y el cine de ciencia ficción describían de esa manera el universo catastrófico de un futuro en el que los alimentos naturales y frescos serían los bienes más escasos.

Si bien el mundo aún no cumplió con esas profecías, ya transitando hacia la segunda década del Siglo XXI, en Sudamérica continúan y se incrementan las visiones calamitosas respecto a la escasez de los alimentos causada, entre otros factores, por la expansión de una frontera agrícola destinada principalmente a la producción de combustible, frutas de lujo para la exportación y  forraje para animales destinados al consumo de proteínas.

El motor de ese modelo de producción es impulsado por los hábitos de consumo de un mundo cuya población está en constante crecimiento, mientras sus hilos más poderosos y evidentes se expresan en la concentración de tierras agrícolas en pocas manos con el consiguiente despojo y abandono de tierras agrícolas de la producción campesina, desarrollo de empresas transnacionales y el fenómeno que se ha dado en llamar extranjerización de la tierra.

Derechos urgentes y problemas de siempre

La ola de revoluciones que recorrió Sudamérica en la década de los años 50 incluyó entre sus estrategias procesos de reforma agraria que tuvieron desenlaces diversos según las formaciones y devenirse históricos de cada país. Sin embargo, el derecho a la propiedad de la tierra sigue siendo una demanda insatisfecha de sectores sociales, principalmente campesinos e indígenas. Y esto ocurre casi por igual en todos los países sudamericanos ¿Por qué una aspiración que parece tan básica se encuentra en el medio de una tormenta creciente?

Según la investigadora argentina Lilian Ferro, quien presentó un estudio realizado en colaboración con el IPDRS, una perspectiva panorámica de la construcción histórica de la estructura de propiedad de la tierra en los países de Sudamérica muestra tendencias similares, principalmente a raíz del modelo agro exportador que la mayoría asumió desde hace varias décadas. Esa estructura se entiende mejor analizando la concepción diferenciada que los distintos sectores económicos y sociales tienen sobre la tierra, desde lo simbólico hasta lo financiero. En el origen de los problemas actuales -plantea Ferro- están aspectos de orientación y tendencias del desarrollo concebido como expansión de la producción en escalas crecientes de monocultivo y exportación de oleaginosas, lácteos, frutas y cárnicos.

Desde el análisis del investigador peruano Fernando Eguren, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), el acaparamiento de tierras en la región no es un fenómeno aislado, sino que es parte de una problemática mundial, que ya está en las agendas de preocupación en esa misma dimensión. Eguren señala que no son problemas nuevos, puesto que parte de sus raíces se encuentran en el período de la Colonia y que, al mismo tiempo, responden a la presión de los patrones y hábitos de consumo a nivel global. Los cultivos "comodines" dijo Eguren, intentan responder a esa presión, un claro ejemplo son las grandes extensiones de maíz, caña, palma y soya, que lo mismo pueden servir para alimentar a la población, producir combustibles o convertirse en forraje de ganado.

Indudablemente hay una tendencia mundial al acaparamiento de tierras (land grabbing) como se conoce a la compra de tierras por parte de Estados ricos de Asia y de Arabia en países latinoamericanos y africanos, para contar con extensiones dedicadas a la producción de alimentos y combustibles para su propia población.

En Bolivia, apuntó Miguel Urioste, investigador de la Fundación TIERRA, hay extranjerización de la tierra, mostrando datos numéricos para el caso boliviano, que ilustran la conclusión de que el flujo de inversiones extranjeras (principalmente brasilera) va dirigido sobre todo a la producción de soya, cuya expansión está produciendo depredación forestal, monocultivo y retraso o impedimento de los procesos de saneamiento de la propiedad.

Juan Carlos Rojas, ex director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a tiempo de mostrar los logros del saneamiento en Bolivia,  alertó sobre un proceso de reversión de los derechos indígenas sobre tierra y territorio, generados por la visión tradicional de desarrollo agroexportador y provocando una corriente de enfrentamientos entre campesinos e indígenas.

 En busca de respuestas

El acceso a la tierra es más que obtener el título y la legalización o, en términos más amplios, contar con lo que se denomina la condición de seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra para individuos y comunidades o del territorio cuando se trata de pueblos indígenas. La amplitud incluye valores, simbología, modos de vida, continuidad y sostenibilidad, persiste más allá de procesos históricos de distribución y va más profundamente que la noción de recursos naturales.

Esa complejidad es fundamental para entender la demanda de acceso a la propiedad de la tierra según la perspectiva de distintos sectores y, por ende, la preocupación generalizada respecto a la concentración o acaparamiento de tierras. A eso apunta la campaña Crece de OXFAM, cuyo informe señala que las principales violaciones del land grabbing en Sudamérica son la falta de información transparente, condiciones laborales inseguras en el sector del empleo agrario, inseguridad jurídica, expropiaciones ilegales, desplazamiento de poblaciones rurales y presión sobre el recurso agua, cada vez más escaso. La mayoría de los gobiernos de países sudamericanos no asumen la gravedad del problema, señaló Luis Camacho, miembro de Oxfam en Bolivia.

¿Hay soluciones para enfrentar los diversos aspectos de este panorama desalentador? Los investigadores que participaron en la serie de reflexión sobre tierra, propiedad y poder coincidieron fundamentalmente en que hay problemas de información e interpretación de los datos y de intereses económicos y políticos que involucran tanto a los gobiernos como a la sociedad civil.

En el primer punto, como lo mencionó Camacho, la respuestas de fondo pasan por desafiar los mitos vigentes, como por ejemplo que hay mucha tierra de labranza disponible, que la agro exportación genera empleo y que los impuestos de las empresas compensan el deterioro de la tierra.

En cuanto a los intereses, se trata de acciones de carácter macro orientadas hacia aspectos estructurales, como garantía de los derechos, políticas de desarrollo sostenible, mecanismos de transparencia respecto a las inversiones y al manejo de la información privada y estatal, aplicación y exigibilidad de las leyes y normas que desalienten la concentración.

Los Estados y las diversas expresiones de la sociedad civil, desde organizaciones campesinas e indígenas de base hasta los gremios empresariales, tienen papeles específicos que deben cumplir a veces juntos y a veces diferenciados.

No es falsa alarma

En la mayoría de los países sudamericanos hay procesos económicos, culturales y políticos respecto al desarrollo rural que, si bien tienen tonalidades distintas en cada uno, en realidad se deben estudiar, analizar y enfrentar como procesos regionales. Esto es, justamente, lo que está haciendo el IPDRS. La propiedad de la tierra es un claro ejemplo de esa diversidad y de la necesidad de un enfoque regional.

El contenido de la reflexión que sirvió de base a este artículo nos está alertando al mostrar que, pese a un extendido discurso regional sobre seguridad y soberanía alimentaria, las situaciones de concentración y uso de tierras responden más bien a procesos económicos que a la necesidad de asegurar la alimentación y el uso sostenible de los recursos en Sudamérica.

Por ello, el IPDRS insiste en que se debe abrir un nuevo debate subcontinental, que es responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad civil, y tomar las medidas adecuadas para evitar que el capital financiero termine apropiándose del agro.

(*) El contenido de este artículo se basa en una serie de eventos de información y reflexión sobre el tema, el mes de noviembre del año en curso en las ciudades de La Paz y Santa Cruz con la participación de: Luis Camacho, OXFAM Bolivia; Fernando Eguren, CEPES, Perú; Lilian Ferro, Argentina; Juan Carlos Rojas, Bolivia y Miguel Urioste, Fundación TIERRA, Bolivia.

(**) El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) organizó los eventos junto con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), el Centro de Investigación y Desarrollo de Estudios Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES - UMSA), ICCO, OXFAM y la Fundación TIERRA.

(*) Carina Salazar-Guerrero

Cuando, en la arena del mercado internacional de alimentos, las directrices discursivas para Latinoamérica de parte de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) llaman a atender la crisis alimentaria mundial, en el proceso político venezolano agrario contemporáneo del siglo XXI nos encontramos en la lucha por la hegemonía de las políticas estatales que se generan desde la propuesta de un socialismo agrario.

Nacimiento de Agropatria

Las políticas de la convencionalidad económica neoliberal al servicio de los circuitos agroalimentarios fueron llevadas adelante tradicionalmente por la Cámara Venezolana de Alimentos (CAVIDEA) y la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela (FEDECAMARAS), ambas instituciones de carácter privado.

La empresa Agroisleña®, propietaria de más de 250.000 hectáreas, manejaba las políticas agrícolas de producción nacionales con la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos Agropecuarios (AFAQUIMA) y la Asociación de Formuladores y Distribuidores de Agroinsumos (AFODISA), gremios del modelo de agricultura que el movimiento agroecológico venezolano denominó "agricultura corporativa agrotóxica". Con Agroisleña la estructura organizativa comercial lograba dominar y mantener su hegemonía como mercado en un modelo de producción rentista que generaba siempre dependencia en las decisiones locales a las ofertas del mercado.

El cuatro de octubre del pasado año el gobierno del presidente Hugo Chávez expropió Agroisleña y creó Agropatria, empresa estatal con la cual Venezuela se desafía a sí misma a partir de antecedentes fundamentales en sus políticas como: i) la experiencia petrolera del subsidio a la agricultura, ii) las importaciones de alimentos para satisfacer la demanda incrementada del consumo masivo, iii) la organización campesina para la siembra  través de planes de siembra, y iv)las normas agroecológicas, como la actual propuesta en discusión nacional de la Ley Orgánica de Agricultura Sustentable o Ley Orgánica de Agroecología, entre otros esfuerzos normativos y organizativos desde los movimientos populares y los órganos del Estado para el sector.

Todas esas decisiones están enmarcadas en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que: "El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al de las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola".

Acceso a bioinsumos

Uno de los propósitos estratégicos de la expropiación y de la consecuente creación de Agropatria fue garantizar la disponibilidad de bioinsumos para la producción agrícola venezolana sostenible. Los bioinsumos son abonos orgánicos obtenidos por la lombricultura, por métodos artesanales de fermentación, entomopatógenos, entomófagos y productos a base de calcio y azufre.

Con esas medidas se crearon las condiciones para la organización nacional de productores de bioinsumos y extractos minerales. Los aspectos más relevantes de este proceso organizativo pueden resumirse en las iniciativas pioneras de insumos ecológicamente aptos, socialmente dinamizadores y económicamente viables para la agricultura sustentable del país, con una experiencia de 30 años en algunos casos, que se valida y visualiza a través de las políticas de Estado para la agricultura.

Estas iniciativas carecían de plataforma de apoyo a su actividad para el crecimiento y acceso a las políticas de financiamiento agrícola, lo cual representaba una barrera estructural que limitaba el avance cualitativo para la lucha de transformación del modelo económico y social de la agricultura venezolana al servicio de la alimentación y nutrición con soberanía. De ahí la importancia de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

La nueva Ley garantiza la seguridad agroalimentaria, establece como utilidad pública e interés social actividades y bienes afectos a la producción agroalimentaria, incorpora al poder popular, garantiza la distribución eficiente, valida el trueque considerándolo como forma de intercambio, garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos, apoya e incentiva la investigación y educación en materia agroalimentaria y desarrolla un sistema de sanciones que garantizan el bienestar de la mayoría de la población

Con la institucionalidad del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) se articulan de manera técnica y política los entes responsables de registro, producción, distribución, almacenamiento y comercialización de insumos para la agricultura, así como de financiamiento; para hacer uso de nuestro marco legal de privilegiar la actividad agrícola de los pequeños agricultores. Por ejemplo, existen 14 iniciativas campesinas y de pequeñas empresas familiares productoras de bioinsumos en el país, que han obtenido respuesta a la demanda para el registro de manera oficial de su actividad. Ello se manifiesta de manera determinante en la realidad local y la estima organizativa, que es positiva para el ejercicio de soberanía con la microplanificación de la economía local y la organización del poder popular, a través de los voceros y voceras municipales de la Misión Agrovenezuela.

Misión Agrovenezuela

La Misión Agrovenezuela está soportada estructuralmente en las y los voceros de insumos. La Misión Agrovenezuela es la convocatoria nacional a todos los actores del proceso productivo, incluyendo a productores, campesinos, pescadores, trabajadores, consejos comunales y milicias, para que se incorporen a la producción agrícola, pecuaria y pesca, durante 2011 y 2012 (Para mayor información remitirse a http://agropatria.co.ve/mision-agrovenezuela).

Esta red organizativa para la producción permite al Estado moverse a través de la mayor red de Puntos de apoyo para el agricultor, que al momento suman 102, creciendo organizativamente hacia las Agropatrias comunales. Estas son puntos de apoyo productivo local, pues allí no solo se adquieren insumos, sino que se van articulando iniciativas adicionales de apoyo integral a los agricultores, como las guías de movilización, los operativos de tierras y los operativos sociales.

Un balance: dificultades y respuestas

Una de las principales limitante para la distribución y almacenamiento de bioinsumos del tipo entomopatógeno lo representa la infraestructura de la denominada Cadena de Frio, es decir las condiciones de refrigeración de los productos, de tal modo que se puedan almacenar y llegar en estado óptimo hasta los usuarios.

Para responder a esa necesidad se están dando pasos iniciales en seis Estados, que ya poseen cavas para almacenar entomopatógenos y garantizar la calidad del almacenamiento con miras a la distribución nacional de bioinsumos. Con esto se espera reducir la carga tóxica en la producción de alimentos en el campo.

Las propuestas técnicas de producción agrícola generadas desde Agropatria vienen incorporando gradualmente el uso de bioinsumos para sustituir los agro tóxicos. Esta medida forma parte de una fase inicial hacia la consolidación de áreas libres de agro tóxicos, un proceso que ya se produjo en el fértil valle de Tucutunemo, en el Estado Aragua, donde se produce principalmente maíz, caraota, frijol, papa y tomate.

La estructura organizativa de Agropatria cuenta con el área de bioinsumos vinculada a la distribución de insumos, ferretería, maquinaria y otros, lo que ha permitido de manera específica conocer la voluntad de transformación de los agricultores y agricultoras como está establecido en nuestra Constitución.

La organización en red con la Misión Agrovenezuela, desde el ámbito parroquial, y la vocería campesina de Agropatria, dan cuenta de la visión estratégica de la política que se desarrolla en el sector y para el sector, desde una plataforma de insumos para la agricultura con la lógica de un uso territorializado y con planificación local, construido mediante balances municipales derivados del trabajo de los voceros y voceras articulados con los servidores públicos del MPPAT.

Finalmente, es un logro Biopatria, la marca nacional de bioinsumos, que distribuirá los productos generados desde los centros oficiales de producción de biocontroladores y biofertilizantes en el país.

Este es un balance sucinto, en medio de las obvias dificultades de la producción y comercialización de insumos químicos trasnacionales y los patrones de producción agrícola acordados como norma internacional. Es nuestra historia agraria en la Venezuela de hoy.

 (*) Licenciada en Historia y Magister en Desarrollo Agrario y Reforma Agraria. Docente e investigadora del Centro de Estudio de Economía Política- La estructura Agraria Venezolana-, y Coordinadora Nacional de Investigación en la Universidad Bolivariana de Venezuela.

* Werner Jungbluth Melgar

En este artículo se analiza la tensión entre dos áreas fundamentales de la economía peruana, desde una visión optimista de una posible nueva perspectiva gubernamental. El Perú se encuentra al inicio de una transición en la conducción política del Estado. El gobierno del presidente Ollanta Humala, que generó mucho temor entre los sectores más conservadores, logró canalizar en las elecciones de este año la expectativa de cambios en la conducción del Estado en lo relativo al desarrollo y la inclusión social de sectores que percibían haber quedado fuera de la "fiesta" del crecimiento económico sostenido que el país ha experimentado en los últimos diez años.

Aunque no es nuestra intención embarcarnos en un debate ideológico, creemos que el escenario heredado por el anterior gobierno ayuda a explicar la tendencia que ha favorecido la gran inversión minera, pero también agroexportadora, en desmedro de la agricultura de base campesina o pequeña agricultura. Creemos que este escenario ha estado marcado por los intentos del gobierno del ex presidente García por zanjar con lo que él consideraba cautelas obstinadas frente a la gran inversión y a la puesta en valor de los recursos del país.

Este pensamiento fue resumido en una serie de artículos escritos por el ex presidente, titulados ‘El síndrome del perro del hortelano'. En el primero de estos artículos se lee: "Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano". (En: http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html.)

De esa lectura quedaba claro que la gran minería iba a estar muy por encima de la agricultura campesina en las prioridades del gobierno.

Dos valoraciones del campo

Para este artículo consideraremos que ‘agricultura campesina', ‘pequeña agricultura' y ‘agricultura familiar' son equivalentes. Como sabemos, las dos últimos aluden a las que se desarrollan en menos de 10 hectáreas bajo riego y utilizan, básicamente, mano de obra familiar. Entendemos que el carácter ‘campesino' de la agricultura tiene que ver con tierras de propiedad campesina y que, en el Perú, éstas se hacen en extensiones territoriales pequeñas y sin contratación de mano de obra, en otras palabras, con uso prioritario de mano de obra familiar. Empecemos por abordar este concepto.

Los minifundios han experimentado un incremento sustancial entre 1994 y 2009, configurando un proceso de "atomización de la tenencia de la tierra (que) está ocurriendo de manera simultánea al aumento del número de neo latifundios" (La Revista Agraria, marzo 2011). En casos concretos los pequeños productores han logrado integrarse a la agricultura de exportación, como ocurre con los cafetaleros. Cuando no lo hacen, se integran al mercado interno, al punto que se dice que la llamada "agricultura familiar" es responsable de proveer casi el 70% de alimentos que consume la población peruana, según Cavassa y Mesclier (Citado en ‘Políticas públicas y presupuesto para la pequeña agricultura en el Perú'. Grupo Propuesta Ciudadana -GPC-, mayo de 2011).

La relevancia de la pequeña agricultura ha sido señalada en base a tres criterios adicionales: i) el constante crecimiento de la población rural, ii) la predominancia de la Población Económica Activa (PEA) agropecuaria en varias regiones del país y iii) la abrumadora mayoría de la pequeña agricultura, no solo en números sino en superficie ocupada. Respecto del segundo de estos criterios, sabemos que la contribución del sector agropecuario al empleo nacional es importante, llegando al 32,8% y que la proporción de personas viviendo en extrema pobreza que dependen de la agricultura asciende a 81,2% (En GPC (Op. Cit. Con datos del INEI y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo -MTPE-).

Sin embargo, el Estado peruano ha estado de espaldas a la agricultura de pequeña escala desde la década de 1990, implementando reformas para favorecer a la agro exportación de gran escala, localizada sobre todo en la costa del Perú, acerca de la cual se pueden mostrar evidencias de éxito. Para lograrlo, el Estado ha invertido ingentes recursos públicos en proyectos de irrigación en costa, con el fin de satisfacer las necesidades de estas nuevas inversiones privadas.

La otra cara de la moneda la ofrece la pequeña agricultura de la sierra y selva, donde persisten los niveles de pobreza rural, desnutrición crónica y bajos rendimientos productivos. Si bien la pobreza monetaria global ha disminuido en el medio urbano, en el ámbito rural, especialmente el de la sierra, ha cedido muy poco; siendo éste el gran desafío que enfrenta el país para los próximos años.

Para el Estado peruano parece haber un ‘campo' que verdaderamente importa y otro, que ha sido prácticamente dejado a su suerte. El siguiente gráfico sintetiza el escenario.

Inversión pública total ejecutada versus inversión en pequeña agricultura

Fuente:MEF.
Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana.

Esa otra agricultura cedió frente a presiones de grupos de poder e inversionistas privados con capacidad de inversión y voz en el gobierno central para reconcentrar tierras en un movimiento que algunos analistas han calificado como contrarreforma agraria. Sobre este escenario, claramente desfavorable para los pequeños productores agrícolas, están las tensiones que la minería genera por la tierra y los recursos.

Dos tensiones concretas: tierra y trabajo

Una primera afirmación sobre la minería es que no es intensiva en producción de nuevos puestos de trabajo. En efecto, las estadísticas laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, indican que el porcentaje de PEA ocupada por rama de actividad en la minería ha sido básicamente igual desde 2004 hasta 2009, situándose en un promedio de 0.9% en todo el país. Si nos concentramos en el área rural únicamente, constatamos un crecimiento de la PEA minera, desde 06% en 2004 hasta 1.1% en 2009, mientras que la PEA agrícola disminuye de 79.8% a 75.3% en el mismo periodo.

Parece haber una relación entre el trasvase de la PEA agrícola hacia la minería, aunque no es concluyente, porque el crecimiento del sector de la construcción también ha sido significativo, pasando de 1% a 2.3% en el ámbito rural. Una forma de centrar mejor el análisis sería incluir los cinco departamentos "más mineros" del país. La forma de medir qué tan mineros son es a través de la contribución de esta actividad al Producto Interno Bruto (PBI). Así, tenemos que Áncash, Cajamarca, Arequipa, Pasco y La Libertad componen un mayor porcentaje de PBI minero, con valores que van desde S/. 1,906 millones en el primero hasta S/. 920 millones en el último. El siguiente cuadro permite ver los datos de empleo.

Porcentaje de PEA ocupada en agricultura y minería en cinco departamentos

Fuente: Ministerio de Trabajo, estadísticas laborales

En esos cinco departamentos la PEA minera ha crecido y la PEA agrícola ha bajado, aunque de forma mucho más significativa. No se puede decir fehacientemente que la minería haya desplazado a la pequeña agricultura, pero ciertamente se ha estabilizado o crecido, mientras que la PEA agrícola ha bajado claramente.

Otro tema interesante para analizar es el impacto de la minería y la tensión que ésta ejerce en el territorio. Como en el caso anterior, presentamos un cuadro resumen sobre los derechos mineros en estos departamentos.

Derechos mineros en kilómetros cuadrados y porcentajes en cinco departamentos con fuerte PBI minero

Fuente: INGENMET, INEI.

Todos los departamentos, salvo Pasco, están por encima del promedio nacional en cuanto a porcentaje de su territorio asignado para la minería -los cuales han crecido sostenidamente en miles de hectáreas desde 2004 hasta 2009. En este caso, sin embargo, es más difícil hacer la comparación con la superficie de áreas cultivadas por departamento, principalmente porque el último censo agropecuario se llevó a cabo hace 17 años. Intentaremos una aproximación con la información pública más actualizada.

Los pequeños productores agropecuarios se encuentran sobre todo en la sierra, que concentra el 61.3% de ellos, mientras en la selva se encuentra el 22.5% y en la costa el 16.2% (citado en CEPES. Tierra y derechos. Un observatorio sobre los derechos sobre la tierra en el Perú. En: www.observatoriotierras.info/estadistica.

¿Cuál sería el impacto de tener prácticamente la mitad del territorio de cuatro de estos cinco departamentos bajo derechos mineros? Suponemos que los derechos mineros están, sobre todo, en las áreas de sierra andina de estos departamentos, que es justamente donde deberían encontrarse los pequeños productores agropecuarios. En otras palabras, que esa mitad del territorio con derechos mineros es la mitad donde vive la población campesina, es decir, áreas rurales. Un cruce de datos final podría darnos el panorama completo.

De acuerdo al INEI (citado en CEPES. Tierra y derechos. Un observatorio sobre los derechos sobre la tierra en el Perú. En: www.observatoriotierras.info/estadística , la proyección de población rural para 2011 en los cinco departamentos señala que dicha población en Áncash asciende al 36.3%, Arequipa al 8.4%, en Cajamarca al 70%, en La Libertad al 24.6 y en Pasco al 35.1%.

En suma, los departamentos donde la minería representa el mayor aporte al PBI, tienen derechos mineros en territorios donde presumiblemente se asienta la población rural, salvo en el caso de Arequipa donde ésta es menor al 10% Es de esperar que haya tensiones por el uso del suelo y de los recursos naturales entre la agricultura campesina y la minería, dada esta aparente superposición, que debe, sin duda, complementarse con investigación en profundidad.

El escenario en adelante

Empezamos diciendo que el gobierno de Ollanta Humala había logrado concentrar expectativas de cambio. ¿Hay señales de que el desfavorable escenario para la agricultura campesina pueda empezar a cambiar? Creemos que sí.

Para empezar, están los cambios en al menos tres ministerios que tienen mucho que decir sobre la problemática de minería y pequeña agricultura. Tanto el Ministerio de Agricultura, como el de Medio Ambiente y el de Energía y Minas, están bajo la gestión de profesionales que permiten anticipar una participación menos inercial del Estado y más promotora o, de ser el caso, vigilante sobre los recursos y las posibilidades de inclusión de los sectores más pobres de la población, que coinciden con la población que trabaja en agricultura.

Aunque la creación de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social amenaza con concentrar programas de alivio a la pobreza con un criterio más tecnocrático que integrador, anuncios como la pronta realización de un censo agropecuario dan muestras de un mayor acercamiento al agro peruano.

Incluimos entre las carteras relevantes del Ejecutivo a Medio Ambiente y Energía y Minas porque pensamos que es significativo que, de 214 conflictos sociales, 141 activos y 73 latentes, 119 sean de tipo socio ambiental (Defensoría del Pueblo. Reporte de conflictos sociales Nº 90, agosto de 2011), es decir de disputa por el uso de recursos en territorios definidos. Esto presenta un escenario complejo de participación y mediación entre proyectos de inversión privada (como en el caso de la minería) y las comunidades, en el marco de un escenario complejo con dos niveles de gobierno y competencias diferenciadas, desde el nivel nacional hasta el municipal.

Otro anuncio positivo es la rápida promulgación de la Ley de consulta previa, basada en el Convenio 169 de la OIT, que, en lo esencial, señala la obligatoriedad de tomar en cuenta las decisiones y puntos de vista de los pueblos indígenas u originarios a la hora de adoptar decisiones que competan a organismos del Estado que tengan el potencial de afectar a dichas comunidades, tal como ocurre con las concesiones mineras, por citar solo un ejemplo. Parece que se dan pasos para alejarse de la concepción excluyente y paternalista del gobierno pasado y empezar a formular políticas agrarias donde la pequeña agricultura tenga un lugar preponderante: no más perro del hortelano, felizmente.

* Sociologo, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Perú

* Marcela Montan Rodriguez

 Desde su declaración en la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) en 1996, los países han adoptado el término de Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que indica que "Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana." La FAO establece cuatro dimensiones que requieren ser satisfechas para que ninguna persona padezca de hambre, a saber: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad (FAO, Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 1996).

En concordancia con ese acuerdo, la Soberanía Alimentaria (SA) es un concepto "instalado en la agenda política de muchos países de la región, todavía en construcción, inicialmente impulsado y promovido por la sociedad civil organizada. Este término ha tenido su desarrollo conceptual y su implantación como alternativa política al sistema alimentario actual globalizado" (Juan García, Lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe: la relevancia del marco institucional, 2009).

Durante el foro paralelo a la CMA  de 1996 la Vía Campesina propuso entender el concepto como "la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping".

En ambas versiones conceptuales un rasgo fundamental de la SA  es el protagonismo de los pueblos, las comunidades indígenas y otros grupos excluidos de los sistemas de gobierno, para definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de manejo de suelos y agua, que sean ecológica, económica y socioculturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias específicas. Lo mismo se plantea acerca de la producción campesina y familiar para una alimentación inocua, nutritiva, diversa y libre de organismos manipulados genéticamente.

Mirada sudamericana

Los países sudamericanos han avanzado en el desarrollo institucional de la Seguridad y Soberanía Alimentaria (SSA). Cinco cuentan con leyes específicas, habiendo sido Argentina el primero en contar con una ley de Seguridad Alimentaria en la región, con el lema "El hambre más urgente", en respuesta a la situación surgida con la crisis de finales del año 2002. Posteriormente elaboraron leyes, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Colombia, Paraguay y Perú cuentan con marcos normativos o ante proyectos de ley de Seguridad Alimentaria Nutricional.

El investigador brasileño Graziano propone tres perspectivas para analizar las políticas públicas nacionales de SSA en Sudamérica: Protección social, asistencia y educación nutricional y desarrollo rural y apoyo a la pequeña agricultura (José Graziano, Estrategias de desarrollo, políticas públicas y seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, 2008).

Políticas de protección social

En Sudamérica tradicionalmente se ha planteado las políticas de  SAN desde la protección social. Así lo demuestra el dato, no menor, de que la mayor parte de los programas de los países de la región, salvo Guyana, provengan precisamente de los ministerios de desarrollo social, con la idea troncal de facilitar el acceso de la población a los alimentos.

En esa perspectiva se reconocen dos mecanismos. El primero, con mayor trayectoria, corresponde al establecimiento de diferentes canales de distribución de alimentos, entre los que se destacan los programas de alimentación escolar, alimentación materna y  los comúnmente llamados comedores populares, que proveen a costos muy bajos al menos una comida al día. Cabe destacar el caso de Venezuela, con el programa "Casas de alimentación", atendidas por dueñas de casa y supervisadas por consejos comunales y comunas adscritos al Ministerio de Alimentación y al Ministerio de Comunas.

El segundo, y más reciente mecanismo, es el de la transferencia directa de dinero a la población más vulnerable, para que las personas puedan acceder a los alimentos. En términos técnicos las transferencias directas son  Programas de Transferencias Condicionadas, que "consisten básicamente en la entrega de recursos monetarios a familias en situación de pobreza, condicionadas al cumplimiento de ciertas responsabilidades o metas en diversos ámbitos de políticas públicas, tales como educación, salud, y nutrición" (CEPAL. Las Transferencias Condicionadas en América Latina: Luces y Sombras. Documento para el Seminario Internacional "Evolución y desafíos de los programas de transferencias condicionadas", Brasilia, 20 y 21 de Noviembre de 2007).

Las primeras experiencias fueron las de Colombia, el año 2002 con "Familias en Acción"  y la de Argentina con "Jefes y Jefas de hogar para la inclusión", también en 2002. Los países que más recientemente aplicaron ese mecanismo son Paraguay, con "Tekopora y Nopytyvo", el año 2005 y Bolivia, con el Bono "Juancito Pinto, el año 2006.

Políticas de asistencia y educación nutricional

Cercana a la línea de la protección social, la política de asistencia y educación nutricional orienta  los programas  de formación para una alimentación sana, otorgando importancia a la dimensión Utilización de la SAN. Su herramienta más empleada es la capacitación de los grupos vulnerables, niños en edad escolar, madres lactantes y personas en estado de inseguridad alimentaria grave, para mejorar el valor nutricional de su ingesta diaria.

Un buen ejemplo es el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) en Perú, que prioriza a las mujeres, quienes asisten y apoyan en los talleres de seguridad alimentaria para la atención de otras mujeres en alto riesgo nutricional, como también a grupos de niños y de damnificados por situaciones de emergencias temporal.

Otro ejemplo es el de Uruguay, con el Observatorio Alimentario (ObSAN), creado para "ser un articulador nacional en materia de SAN y monitorear adecuada y oportunamente las situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional de la población, focalizando su trabajo hacia los sectores más vulnerables" (Carmen Torres, Fortalecimiento del observatorio de seguridad alimentaria y nutricional. Informe final de la consultoria realizada en el marco del Proyecto, 2010).

Entre otras acciones relacionadas con la orientación de  asistencia y educación nutricional están los huertos caseros y familiares,  la crianza de animales menores y las ferias  de alimentos.

Otros países de la región han planteado programas para fomentar la producción para el autoconsumo mediante la agricultura urbana, como en Colombia, con la Red Nacional de Seguridad Alimentaria (ReSA Urbana); en  Brasil, con el Programa Nacional de Agricultura Urbana (Fome Zero); en Argentina con Pro Huerta, a través del Ministerio de Agricultura, y en Venezuela, con el Programa Nacional de Agricultura Urbana, a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

Políticas de desarrollo rural y apoyo a la pequeña agricultura

En general el objetivo de las políticas de desarrollo rural y apoyo a la pequeña agricultura ha sido el incremento y masificación de la producción, atendiendo a la dimensión Disponibilidad de la SAN. Usualmente los proyectos y  programas de este tipo utilizan herramientas como la transferencia tecnológica, créditos, capacitación y apoyo a la comercialización para que los pequeños productores puedan tener más y mejor producción.

Sin embargo, muchas veces el fracaso de injertos tecnológicos, traídos de otros casos exitosos en agricultura, mostraron que no hay recetas que funcionen igual para todos los países, especialmente en el área rural de la región sudamericana, donde existe una amplia diversidad social, cultural, biológica y territorial.

Dentro del apoyo a la pequeña agricultura, "en algunos países se han realizado programas de arreglos contractuales entre una agencia pública y pequeños productores para la adquisición de determinados productos, el cual es canalizado a programas públicos de distribución de alimentos o alimentación directa, como por ejemplo desayunos escolares. Con este tipo de acciones, además de brindar los apoyos técnico-financieros más comunes, se busca evitar que el pequeño productor enfrente la incertidumbre sobre los volúmenes o precios, lo que muchas veces inhibe su participación en esos mercados, restringiendo sus posibilidades de generar ingresos" (José Graziano, Estrategias de desarrollo, políticas públicas y seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, 2008).

Ejemplo de ese caso son el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), en Brasil, articulado al Programa de Alimentación Escolar la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) de Venezuela, que tiene como objeto el subsidio directo a los sectores más desprotegidos de la población, otorgándoles productos de origen agrícola considerados estratégicos por su alto contenido calórico y proteico, y en Bolivia compras estatales de apoyo a los pequeños productores, quienes venden alimentos a diferentes programas de gobiernos en los ámbitos nacional,  departamental y municipal.

Combinaciones

La mayoría de los países han adoptado políticas de dualidad,  a través de  las que promueven la agricultura campesina y familiar y, al mismo tiempo, y muchas veces con mayor intensidad,  la agroindustria.

Dos ejemplos de ello son Argentina y Brasil, que si bien tienen programas de fomento a la pequeña agricultura como Pro huerta y Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) respectivamente, también son exportadores importantes de soya, en el marco de su modelo agroexportador, que recurre al paquete tecnológico de siembra directa. Una estrategia que  desplaza a pequeños productores del campo, amplía la frontera agrícola, erosiona la  tierra y  cambiando la aptitud del suelo ganadero,  entre otros efectos negativos.

Paraguay y Uruguay no escapan de esa dualidad, contando respectivamente con el  Programa Nacional de Seguridad y Seguridad Alimentaria para la Agricultura Familiar (PRONSADAF) y el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Desarrollo de la Agricultura y Economía Indígena (PRONSADAI). Ambos se han convertido en exportadores principales de soya, causando en sus territorios efectos semejantes a lo que ocurre en  Argentina y Brasil.

Chile es un caso especial, debido a que no utiliza propiamente los conceptos de SAN ni SA, habiéndose enfocado principalmente en la dimensión utilización de la SAN, con campañas sobre los conceptos de calidad, inocuidad y sustentabilidad ambiental, que aparecen asociados a la gran producción de exportación y bastante alejados de la producción a pequeña escala o de subsistencia destinada al mercado interno.

Políticas de SA con ejemplos más claros se encuentran en Ecuador (2008) y Bolivia (2009), países que incorporaron en sus constituciones el principio de SA, bajo el marco del paradigma del Vivir bien. Venezuela también promulgó una Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en la cual  se reconoce la SAN como política de Estado.

A modo de conclusión

Un balance general para Sudamérica indicaría que se ha avanzado en las tres orientaciones de políticas públicas más comunes: Protección Social, Asistencia y educación nutricional y Desarrollo rural y apoyo a la pequeña agricultura. Sin embargo, la vanguardia todavía la llevan las instancias de gobierno encargadas del desarrollo social, por lo que predomina la asistencia alimentaria.

Respecto al apoyo la pequeña producción campesina y familiar, que articula la SAN con la SA, se pueden contabilizar innumerables experiencias que todavía son aisladas y no se han convertido en el eje central de la política pública de los países de Sudamérica. Existe aún un déficit notable entre la articulación consistente entre los criterios y políticas de protección social y producción de alimentos.

Pese a contradicciones y debilidades, las políticas de SA pueden aportar el nexo necesario en el reconocimiento de los pueblos para proponer políticas alimentarias promoviendo la participación activa de la sociedad civil, siendo, al mismo tiempo, una forma de sostener la agricultura campesina y familiar como alternativa al sistema alimentario globalizado.

Ingeniera Agrónoma, investigadora del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (La Paz,Bolivia).

* Francisco Hidalgo Flor

Entre los años  2006 y 2008 en Bolivia y Ecuador se realizaron sendas Asambleas Constituyentes, planteándose el desafío de releer y reinterpretar problemáticas estructurales agrarias, con la visión con la que algunos autores llaman "deudas históricas", como el acceso, la propiedad y la distribución de los recursos naturales, entre ellos, la tierra, incorporando los aportes de estos conceptos para definir nuevas propuestas de cambio para la ruralidad (Jorge Núñez. "El despojo agrario". Diario El Telégrafo. Ecuador,  septiembre 2010).

Fue un desafío teórico para la coherencia entre las estrategia de desarrollo y el  compromiso político, de y con los movimientos campesinos e indígenas y con el conjunto de la sociedad, para dar respuesta a problemáticas muy antiguas, como el hambre, la desigualdad, la concentración de la riqueza y la destrucción de la naturaleza, debajo de las cuales se encuentran estructuras poderosas, que mantienen intactos estos problemas sociales.

 Soberanía Alimentaria y tierra

Una de las marcas del mal desarrollo de Ecuador, desde la época colonial hasta la presente, es la persistencia estructural de una problemática ligada al hambre, causa de la desnutrición crónica en un país caracterizado por la diversidad de pisos climáticos y fertilidad de sus suelos.

Según datos oficiales, el año 2010  "El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % desnutrición cónica grave, habitan en las áreas rurales; también se da una concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 60 % de los niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica extrema. El 71 % de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños con desnutrición crónica extrema" (Portal de internet: ecuador.nutrinet.org. Consultado julio 2011).

El problema alimentario en Ecuador no es asunto de teoría o  la amenaza de un futuro incierto. Es una lacerante realidad,  consecuencia de un patrón de acumulación primario exportador que, desde el primer auge cacaotero, a fines del siglo XIX, pasando por las fases bananera y petrolera e incluso ahora, en el siglo XXI, ha ido concentrando a su favor  la tierra,  apropiándose  de los suelos con mayor potencialidad agrícola y destinando su producción a los mercado externos.

Una resolución profunda del problema del hambre atraviesa por enfrentar ese patrón de acumulación, que organiza el desarrollo de la agricultura en función de la renta del gran capital, en lugar de orientarla para satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la población urbana y rural. El concepto de soberanía alimentaria puede dar nuevas guías para diseñar y emprender políticas públicas con un sentido más amplio que el de los clásicos de productividad o desarrollo rural.

La virtud del concepto de Soberanía Alimentaria, que nace de la lucha de los movimientos sociales del campo contra los Tratados de Libre Comercio (TLC) y las imposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es colocar al centro el derecho de los Estados para decidir con soberanía  cuáles  políticas alimentarias quieren adoptar,   garantizando el derecho a la alimentación del conjunto de la población, y que los alimentos provengan de la producción de los campesinos y agricultores familiares.

La organización Vía Campesina estableció como definición de Soberanía Alimentaria: "la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias; ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping (venta por debajo de los costos de producción)".  Ese sentido tiene un horizonte más integral que el de la Seguridad Alimentaria, cuyo foco es la provisión de alimentos para la población, no así la sustentabilidad de la población campesina y familiar, de sus territorios y su rol para garantizar alimentación sana del conjunto de una región y país. De hecho, el concepto enriquece la visión sobre la temática de la tierra, al promover políticas que garanticen a las y los campesinos el acceso a la tierra, para sostener y expandir la producción de alimentos, recuperando los valores culturales y de identidad.

El  proceso constituyente en Ecuador reinterpretó el concepto de Soberanía Alimentaria, al insertarlo en la visión de derechos y del régimen de desarrollo, como un eje para construir un modelo distinto de agricultura dentro de la propuesta de un nuevo  modelo de desarrollo, orientado hacia los seres humanos y no al mercado.

El derecho a la alimentación destaca que "las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas culturas", es parte sustancial de los derechos del buen vivir (Constitución del Ecuador, articulo 13). Por tanto, la Soberanía Alimentaria es una responsabilidad del Estado, lo que implica "impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria" (artículo 281).

El texto constitucional articula la realización de la Soberanía Alimentaria con la necesidad de "promover políticas redistributivas de la tierra, que permitan su acceso al campesinado" (artículo 281, numeral 4), y expone el mandato de que el Estado "(...) normará el uso y acceso a la tierra, que deberá cumplir la función social y ambiental (...) y prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra".

Los sentidos de Soberanía Alimentaria también modifican las comprensiones sobre la tierra, que dejaría de ser vista como una mercancía, cuyo uso tiene el propósito de garantizar la tasa de ganancia de quien es dueño e invierte en ella. En su lugar, se esgrime una visión de la tierra como sustento para la reproducción de la vida y un uso social respecto de la riqueza que genera, así como un rol para la reproducción de los ecosistemas en los cuales se encuentra.

Entre las funciones económicas y sociales de la tierra tiene un lugar prioritario la responsabilidad de satisfacer las necesidades humanas, individuales y colectivas, entre ellas la alimentación, así como la generación de empleo para quienes habitan y trabajan el campo. Para ello, es necesario mirar el acceso a la tierra junto con el del agua y mecanismos de financiamiento, que permitan la reproducción de la economía y la sociedad campesinas en un sentido amplio,  que incorpora a indígenas, afro descendientes y agricultores familiares. Esta visión cobra mayor trascendencia cuando se enfrenta al debate de políticas públicas ante el fenómeno de crisis alimentaria.

Buen vivir

El discurso dominante sobre la tierra está siendo modificado desde otras visiones  de desarrollo y evoluciones económicas, entre ellas, las concepciones del Buen Vivir, que recuperan las Constituciones de Ecuador y Bolivia. De ahí la trascendencia de incorporar ésta en el debate sobre políticas públicas de la tierra, para definir nuevos objetivos y estrategias de políticas en el agro.

La propuesta del Buen Vivir proviene de las culturas y cosmovisiones de los pueblos originarios del Abya yala, sustento para la resistencia ante los embates de terratenientes y de la expansión del modelo primario exportador, permitiendo la pervivencia de la comunidad indígena campesina, de los sentidos de vida de pueblos ancestrales, y en ciertas regiones, cuando las condiciones lo permitieron, de los territorios indígenas.

En Ecuador los primeros rescates del Buen Vivir se dieron alrededor de las comunidades quechuas de la Amazonía y, desde fines del siglo XX, se destacó que:  "en la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de las personas, no existe el concepto de desarrollo, existe una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear  las condiciones materiales  y espirituales para construir y mantener el ‘buen vivir', que se define como ‘vida armónica', que en idiomas como el quichua se expresa como Allí Kausai o Sumak Kausai (Carlos Viteri, Visión indígena del desarrollo en la Amazonía, 2000. Portal de internet: redalyc.uaemex.mx).

En Bolivia hubo un proceso similar, en el que Vivir Bien es tomado del concepto Suma Qamaña. "Qamaña es vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros,  en un segundo uso insinúa la convivencia con la naturaleza, con la madre tierra o pacha mama... por su parte  Suma  describe un sentido de plenitud, que no se da en el castellano, mas pudiera traducirse como agradable, amable, acabado"( Xavier Albo, Suma qamaña = convivir bien, ¿Cómo medirlo?. En: Vivir Bien ¿paradigma postcapitalista... Cides - UMSA, Bolivia, 2010).

Algunos estudiosos precisan que una mejor traducción sería "convivir bien" o "convivir  en armonía" (Albó). Por ello, uno de los desafíos es la articulación de la tierra y la propuesta de convivir mutuamente en armonía. Los propios pueblos originarios dieron ya algunas de las respuestas, por ejemplo la tierra concebida como base de la vida y de su reproducción; la madre tierra o Pachamama, individual, familiar y colectiva, integrando estos tres niveles de sociabilidad y siendo uno solo con la naturaleza; la tierra como sujeto con vida que sustenta la reproducción de los seres humanos y la naturaleza, no como objeto inerte a ser depredado ni como entes separados, sino como una unidad en diversidad.

En ambos casos se trata de la recuperación de las concepciones de los pueblos y naciones indígenas, incluidos en las etapas constituyentes y enriquecidos desde otras lecturas y experiencias, como las tendencias post  desarrollistas. De ese proceso resultó lo que podríamos llamar  "el buen vivir constituyente", opuesto a las concepciones clásicas del desarrollo, que adoptan como horizonte el capitalismo central y sus instituciones, el crecimiento material sin límites,  el mercado como realizador del interés general, la economía reducida a una racionalidad de fines y medios.

Quien fuera Presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana sistematizó el debate recordando que: "el planteamiento del Buen Vivir colocado en la Constitución se plantea como una oportunidad para construir otra sociedad, sustentada en una convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en el país y el mundo"( Alberto Acosta, El Buen vivir en el camino del post - desarrollo: una lectura desde la Constitución de Montecristi". FES, Ecuador, 2010).

El Buen Vivir resulta un proyecto de futuro para el conjunto de la sociedad, interactuando y enriqueciéndose con otras tendencias del pensamiento crítico y humanista, hacia un horizonte emancipatorio. En esa construcción de proyecto de nueva sociedad, los debates contemporáneos se confrontan con las tendencias neoliberales, que van en retirada, y con las tendencias neo desarrollistas, que están  ingresando a una fase de expansión, pretendiendo copar el escenario abierto por los procesos políticos de fines de los años 90 e inicios del 2000.

Por todo lo anterior la noción del Buen Vivir constituyente interroga al debate sobre la tierra desde proyectos de sociedades distintas, construidas con horizontes de  equidad, democracia, economía social y solidaria, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza.

 (*)Director Ejecutivo del  (SIPAE) y profesor de sociología agraria en la Universidad Central del Ecuador.

* Elizabeth Bravo

En Sudamérica los primeros cultivos transgénicos a nivel comercial se empezaron a sembrar en suelo argentino el año 1996 usando semillas de soya transgénica (Soya RR). Casi simultáneamente se introdujeron de manera ilegal en el Estado de Rio Grande do Sul en Brasil y desde allí pasaron a Paraguay y Bolivia.

Los cultivos biotecnológicos establecidos hasta el momento en la región son: en Argentina (18millones de hectáreas cultivadas de soja, maíz y algodón), en Brasil (25 millones de hectáreas con soja y algodón), en Paraguay (3 millones de soya), en Uruguay (un millón de hectáreas de soya y maíz) y en Colombia (algodón y maíz). Además se producen semillas a nivel comercial, sobre todo de algodón y maíz, en Chile y Costa Rica.

Actualmente más de 46 millones de hectáreas están cubiertas de soya transgénica en el Cono Sur.  Desde la zafra 2002/2003 las exportaciones procedentes de esta región superaron a las de Estados Unidos. Argentina es la primera exportadora mundial de aceite y harina de soya, seguida por Brasil y Estados Unidos, en tanto que Estados Unidos y Brasil lideran las exportaciones de soya sin procesar.

 Expansión

Los crecientes niveles de exportación se alcanzaron a costa de una gran expansión de cultivos que fue posible debido a un modelo de producción basado en el paquete tecnológico de la soya RR,  aspersiones aéreas con el insecticida Roundup  y la siembra directa.

Un muestra del ritmo acelerado de esa expansión es que e1 año 1997 el área ocupada por soya en Argentina era de casi 7 millones de hectáreas y en la zafra 2010/11 fue de 18 millones 600 mil; en tanto que en Brasil de 13 millones de hectáreas en 1997 pasó a más de 24 millones en 1010/11. Esto ha ocurrido a costa de la destrucción de ecosistemas naturales y de la sustitución de otros cultivos, muchos ellos dedicados a la provisión nacional de alimentos, y del desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas

Las semillas con resistencia a glifosato facilitan las fumigaciones aéreas y el uso de las maquinarias de siembra directa, pero esta tecnología no es posible si no es usada en monocultivos a gran escala.

En Paraguay y Bolivia la expansión de la soya está creciendo de forma paralela a la denominada "extranjerización de la tierra", pues en ambos países los grandes productores, y a la vez propietarios o arrendatarios de tierras, son brasileños o alemanes. En Uruguay quienes arriendan la tierra para producir soya son empresarios argentinos que también la producen en su país.

 Legislación 

 Hay varias semejanzas entre la forma como se elaboran las normas y se desarrollan las políticas sobre transgénicos en los países sudamericanos, porque éstas obedecen a un proyecto financiado por el PNUMA-GE, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo Mundial (PNUMA) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés),  para que todos los países de la región desarrollen marcos nacionales de bioseguridad más o menos armonizados.

Algunas de las semejanzas en las normas y políticas de bioseguridad en la región son:

• Fueron elaboradas a través de medidas tomadas por el Poder Ejecutivo a través de decretos supremos o acuerdos ministeriales.
• En el proceso de toma de decisiones intervienen Comisiones Nacionales de Bioseguridad, quienes asesoran al ejecutivo sobre la liberación de organismos transgénicos.
• Incluyen cláusulas de confidencialidad en los expedientes, justificadas por razones comerciales.
• Utilizan la evaluación de riesgos como el instrumento de toma de decisiones.

 Sujetos económicos

 Independientemente de dónde se siembren la soya o el maíz transgénico, a lo largo de la cadena productiva quienes se benefician del negocio son empresas estadounidenses o europeas. Universalmente se identifica a la empresa biotecnológica Monsanto como la gran ganadora de la implantación de la biotecnología en el agro al ser la portadora de la patente de la soya RR, del gen RR y de la marca Roundup, con la que vende el herbicida glifosato. A nivel mundial Monsanto controla el 91% de las semillas de soya transgénica. En algunos países, Monsanto no vende semillas, sino que, como portadora de la patente, "licencia sus genes" a las empresas semilleras, su ganancia está en el cobro de regalías  por la vía de la propiedad intelectual. 

Cuatro empresas se benefician del comercio mundial de la soya. Tres son estadounidenses: ADM, Bunge y Cargill, y una francesa, Louis Dreyfuss. Ellas controlan el 43% de la elaboración de aceite en Brasil, el 80% del comercio de la soya o sus derivados en la Unión Europea y el 75% del mercado de soya en Estados Unidos.

A pesar de que se promociona a los transgénicos porque usan menos agrotóxicos, la verdad es otra. Solo dos características transgénicas han sido introducidas masivamente en el mercado: la tolerancia a herbicidas (aproximadamente el 70% del área sembrada con transgénicos tiene este rasgo), la resistencia a insectos y la combinación de ambas conocida como el apilamiento de genes.

En la práctica, la inserción de genes con resistencia a herbicidas en casi todas las semillas transgénicas significa un incremento en el uso de herbicidas. De esa manera, las empresas combinan la venta de semillas transgénicas con los plaguicidas que producen, de hecho, las verdaderas ganancias están en la venta del herbicida. Esto se refleja en el incremento en el uso de plaguicidas en los países que adoptaron masivamente los cultivos transgénicos. En Argentina durante la campaña 1991/1992 se utilizó un millón de litros de glifosato y el 2007 su consumo alcanzó a cerca de 200 millones de litros. El año 2008 Brasil se convirtió en el primer consumidor de agrotóxicos en el mundo. Según el Sindicato Nacional de Productores Industriales, el 2009 se vendieron en el país más de 733,9 mil toneladas de plaguicidas, llegando a un millón de toneladas en el 2010, de los cuales el 46% estuvieron destinados al cultivo de soya

Una de las principales razones por las que existen los cultivos transgénicos es porque se  reconocen derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Para las empresas biotecnológicas es muy importante que existan normas "adecuadas" de propiedad intelectual sobre las semillas en América Latina, por ser un mercado importante a nivel mundial. 

Hasta mediados de la década de los años ochenta la mayoría de los países de la región no tenían normas de propiedad intelectual sobre las semillas. Ahora son miembros del Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 1978 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Chile, que ya era parte de UPOV 78, y Perú tuvieron que adherirse recientemente al acta UPOV del 91 debido a los compromisos que adquirieron cuando firmaron Tratados de Libre con Comercio con  Estados Unidos y Perú.

Ninguna de las legislaciones sobre propiedad intelectual vigentes en América Latina reconoce el pago "por el producto de la cosecha", lo que la empresa Monsanto llama "impuesto tecnológico" por el uso de su tecnología transgénica.  El cobro de este rubro tiene implicaciones económicas importantes, por ejemplo en Argentina, en la zafra 2003 - 2004, los agricultores pagaron 75 millones de dólares en regalías por la compra de semillas a Monsanto. Esta cantidad equivale al 18% de las 14 millones de hectáreas sembradas con soya RR.  Una estimación de la exigencia de Monsanto ubica los ingresos pretendidos para la campaña 2003-2004 con un valor de entre 648 y 1.548 millones de dólares.

La ayuda alimentaria constituye un mecanismo para colocar los excedentes agrícolas estadounidenses, incluyendo alimentos transgénicos. Se calcula que un 6% de las exportaciones estadounidenses de granos se hacen bajo ese mecanismo, habiéndose  encontrado transgénicos en donaciones de alimentos hechos a los países andinos.

 Sujetos sociales

 En América Latina ha habido una evolución de los actores sociales para enfrentar los cultivos transgénicos. A mediados de la década del noventa, prácticamente no había organizaciones preocupadas por la problemática de los transgénicos en América Latina, a pesar de que ya en Argentina había unos cuantos millones de hectáreas sembradas con soya transgénica.  En 1999 tuvo lugar la primera reunión latinoamericana que abordó el tema en la ciudad de Quito, agrupando a organizaciones de campesinos, ambientalistas, de desarrollo rural y religiosas.  Un resultado fue la creación de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, que existe hasta ahora con participación más activa de organizaciones no gubernamentales.

Hacia finales de la década de los años  noventa el discurso anti transgénico fue acogido por las organizaciones campesinas, especialmente la Vía Campesina y la Coordinación de Organizaciones del Campo, sección latinoamericana de la Vía Campesina (CLOC), así como organizaciones ecologistas y de consumidores en la región. Se unió el tema de los transgénicos al de la soberanía alimentaria, lo que potencia su discurso.

 En Perú varios gobiernos locales están declarando sus territorios libres de transgénicos y en Colombia algunas comunidades indígenas hicieron lo mismo.

En los países donde los cultivos transgénicos están totalmente establecidos, se han retomado las antiguas campañas en contra de los plaguicidas.  Este es el caso del Brasil, donde las organizaciones de agroecología llevan a cabo esa lucha. En Argentina los vecinos de las zonas fumigadas se organizaron en contra de las fumigaciones con la Campaña "Paren de Fumigar", llevada a cabo en más de 70 pueblos y comunidades en las que se lucha para frenar la expansión de los cultivos de soja transgénica y el uso irracional de pesticidas que éste conlleva.

 Agenda inmediata

 El futuro de los cultivos transgénicos en América del Sur está marcado por situaciones antagónicas. Por un lado tenemos la declaratoria de una moratoria por 10 años a la liberación de transgénicos en Perú, que fue un logro de las organizaciones sociales peruanas, pero aún debe esperarse qué hace el nuevo gobierno.

Por otro lado está la aprobación de la Ley de Revolución Productiva en Bolivia, que  aunque abre la posibilidad de aprobar nuevos cultivos transgénicos,  aún cabe esperar que la palabra del presidente Evo Morales se mantenga al asegurar que en Bolivia están prohibidos los transgénicos.

Este año se recuerda con preocupación la liberación hecha en Brasil de mosquitos transgénicos para el control del dengue y la aprobación de nuevas variedades de semillas transgénicas que incluyen variedades resistentes a herbicidas más fuertes como el Dicamba, lo que significará mayor uso de plaguicidas y mayores impactos en la salud y el ambiente (hasta el momento hay más de 20 diferentes tipos de transgénicos aprobados en Brasil).

Está en la agenda también una posible introducción en el campo de eventos transgénicos de caña y de eucalipto en Brasil, lo que potenciará más la industria de los agro combustibles, especialmente del etanol, y con posibilidades de irradiarse a otros países de la región. 

Por otro lado, está la adopción de un nuevo tipo de soya transgénica en Argentina, que obligará a los agricultores a firmar contratos que les impiden guardar semillas y les obligan a aplicar un paquete tecnológico (incluyendo el glifosato),  y a vender solo a las empresas que forman parte del circuito con los que Monsanto firma convenios. Con esto se consolida el poder de la empresa en ese país. A lo que se añade la reciente aprobación de la soya transgénica con resistencia a glifosato en Colombia.

Con todo, la conciencia sobre los peligros que producen los transgénicos sigue aumentando. Por eso en Argentina las poblaciones se organizaron en torno a la problemática de las fumigaciones asociadas a los cultivos de soya con resistencia a glifosato, los médicos han formado sus redes propias para enfrentarla, los consumidores de la región conocen más sobre el peligro de los alimentos genéticamente modificados y las organizaciones campesinas siguen demandando soberanía alimentaria y rechazando las semillas modificadas genéticamente.

* Es bióloga, PhD en Ecología de Microorganismos. Profesora de la Universidad Politécnica Salesiana, miembro de Acción Ecológica del Ecuador, y coordinadora de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT).

 *Carmen Beatriz Ruiz

El Derecho a la Consulta, mencionado inicialmente a secas y posteriormente como una consulta previa e informada corresponde al grupo de los denominados derechos colectivos y está intrínsecamente ligado a los pueblos indígenas como sujetos de derechos y a  condiciones tales como territorio, autonomía y regulación de actividades de explotación de recursos naturales. Con esa concepción este Derecho se encuentra en las Constituciones de Bolivia y Ecuador y en leyes específicas, relacionadas o contenido por inferencia en la mayoría de los países de Sudamérica, los mismos que, por cierto, a su debido tiempo ratificaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la más reciente Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En términos generales, el contenido del Derecho a la consulta establece que ésta debe ser realizada de manera obligatoria, previa a la medida o actividad a desarrollar, con normas y procedimientos propios o procedimientos apropiados, a través de sus instituciones, de buena fe, concertada y correspondiendo al Estado respetarlo y garantizarlo. Este Derecho debiera aplicarse en medidas legislativas, administrativas, así como explotación de recursos naturales. Esto significa actividades hidrocarburíferas, mineras, proyectos de infraestructura; generalmente proyectos de gran envergadura y medidas legislativas que se prevé tendrán impacto directo sobre las condiciones de uno o más territorios y, por ende, sobre las poblaciones que los habitan.

Sin embargo, más allá de la letra, hay permanentes tensiones entre el ejercicio de derechos indígenas sobre sus territorios y la visión sobre desarrollo y los costos de propuestas y proyectos de los diversos gobiernos, prácticamente sin diferencias, pese a sus tendencias y a sus auto denominaciones políticas.  

Algo de historia

Desde el inicio de la década de los años noventa se puede seguir la pista a un proceso de demanda, reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en la región, marcado profundamente por aspectos relativos al territorio. Puede decirse que ese proceso alcanzó su pico discursivo más alto ya promediando la primera década del año dos mil, con las Constituciones de Bolivia y Ecuador, notoriamente más inclusivas y definidas hacia el reconocimiento de una extensa carta de derechos específicos de los pueblos indígenas.

En Colombia ha sido la Corte Constitucional la encargada de establecer el Derecho a la consulta previa como obligación del Estado, basándose en el artículo sexto de la Ley 21 y de la Constitución de 1991 que marcó el inicio de una jurisprudencia garantista que le dio a la consulta la misma protección de la gozan los derechos fundamentales.

Dos antecedentes normativos fundamentales para el Derecho a la Consulta están en el Convenio 169 de la OIT, del año 1961 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del año 2007. El primero establece en su artículo 6 que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

La Declaración trata el tema al menos en tres artículos. En el artículo 18 establece que "Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones". El artículo 19 dice que "Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado". Mientras que el artículo 26 detalla que "1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate".

Como es evidente, según palabras del investigador alemán Frank Semper "La consulta no es un fin en sí mismo, sino que tiene por objeto asegurar la efectividad y la concreción de los derechos fundamentales a la integridad cultural, social y económica de la comunidad indígena y su subsistencia como grupo social. Al mismo tiempo sirve a la concreción o bien maximización de la autonomía indígena".

En tiempo presente

En Bolivia en estas semanas resulta imposible referirse en términos generales al Derecho a la Consulta previa e informada sin mencionar el conflicto que es fuente de atención en todo el país, referido a la negativa de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a que una carretera pase por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El pasado tres de junio el gobierno inició las obras de construcción de los tramos I y II de la carretera que, partiendo de Villa Tunari (departamento Cochabamba) debe llegar a la localidad de San Ignacio de Moxos (departamento Beni), atravesando el TIPNIS.

El 15 de agosto 500 indígenas iniciaron en Trinidad, capital del departamento del Beni la VIII Marcha Indígena de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía. La manifestación tiene una plataforma de 13 demandas, siendo la central la referida a la defensa del TIPNIS. Los marchistas, que a la fecha suman más de mil personas, prevén llegar a sede de gobierno en 35 días, en medio de un desarrollo altamente controvertido por su negativa a entablar negociación con nadie más que no sea el Presidente del Estado, mientras que éste mantiene públicamente una posición definida y cerrada respecto a que la carretera debe hacerse "de todas maneras" y que quienes se oponen a ella "se están oponiendo al progreso".

Perú, hace dos años, fue escenario de un encarnizado conflicto en la zona de la Amazonía, (Bagua, 2009), donde murieron 34 personas, entre policías e indígenas, tras las protestas en la selva contra unos decretos que éstos consideraban lesivos a sus derechos. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de ese país, la ausencia del mecanismo de consulta es considerada por especialistas como uno de los factores desencadenantes de los conflictos sociales relacionados con temas ambientales que, en junio pasado, eran 118 de los 217 registrados por la misma institución.

Precisamente por eso el Congreso de Perú está debatiendo una Ley de Consulta, sobre lo que Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, opina que "será una herramienta para el diálogo, que permitirá que los diferentes sectores y niveles de gobierno puedan establecer marcos especializados para desarrollar procesos de conversación con los pueblos indígenas".

Pero, como lo muestra la práctica en otros países de la región,  una norma no es suficiente por sí misma si, al mismo tiempo "no se fortalecen las capacidades de las autoridades y funcionarios públicos en el diálogo intercultural. También será necesario fortalecer las capacidades del propio Estado para que cumpla la norma. Asimismo, la representatividad y la institucionalidad de los pueblos indígenas porque se van a requerir interlocutores que tengan la legitimidad de sus pueblos. Así, el diálogo que se consiga deberá tener un marco que haga viable los acuerdos y consensos, por eso será importante que a partir de los procesos de consulta que se den haya un análisis y un seguimiento de cuáles serán las lecciones y los aprendizajes para lograr un diálogo verdadero y no impuesto". (www.losandes.com.pe)

Piedra de toque

No es novedad que los conflictos emergentes de la violación del Derecho a la Consulta provengan de la explotación de recursos naturales ubicados en territorios indígenas, como indica el peruano Ismael Vega "El extractivismo y la exportación de materias primas, constituye uno de los pilares que sustenta el crecimiento que el gobierno muestra en cuanto escenario puede. Esto encaja perfectamente con la estrategia de los gobiernos de la Unión Europea, muy preocupados por los intereses y las inversiones de las empresas transnacionales del viejo continente en la región Latinoamericana. (...) no hay que perder de vista que se sigue ofreciendo los territorios de los pueblos indígenas como si esta norma no le importara al gobierno, persiste la inseguridad jurídica por los decretos legislativos que aún no han sido derogados, no se ha tomado en cuenta la recomendación de la comisión de expertos de la OIT respecto a la suspensión de concesiones en los territorios indígenas y tampoco se han considerado muchas de las recomendaciones de las mesas de diálogo" (Ismael Vega Díaz, agosto 2011).

Unos cuantos ejemplos de situaciones que están ocurriendo ahora mismo, mientras ustedes leen estas páginas, en Bolivia, Perú, Brasil y Colombia, muestran que el Derecho a la Consulta es una norma sometida a presión como piedra de toque emblemática de la aspiración fundamental de los pueblos indígenas a decidir y a participar en las condiciones de desarrollo de sus territorios, tal como lo acaba de expresar la primera Cumbre Regional Amazónica de Organizaciones Indígenas, que reunió a grupos de nueve países, desde Bolivia hasta Surinam. Realizada en Manaos, Brasil, del 15 al 18 del pasado mes de agosto, fue organizada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y suscribió el Mandato de Manaus: Acción Indígena por la Vida, en el que denuncia "la hipocresía de las macropolíticas de la globalización neoliberal que profundizan la depredación y deforestación de los bosques bajo el manto de planes y proyectos supuestamente sustentables".

 En síntesis, no puede negarse que es un avance el que haya reconocimiento constitucional, respaldo de derecho internacional y legislación específica sobre el derecho a la consulta previa e informada a los pueblos indígenas, así como jurisprudencia y antecedentes fácticos de procesos de derecho a la consulta.

Sin embargo, el derecho a la consulta previa y el cumplimiento de los requisitos ambientales son percibidos por el propio Estado como un obstáculo para las inversiones. Como lo expresó recientemente el indígena Pedro Nuny, miembro de la Asamblea Plurinacional de Bolivia "Se sigue negociando contratos para la explotación de hidrocarburos sin la adecuada consulta ni participación, omitiendo las propias leyes y con escasa transparencia y los procesos que inician las comunidades afectadas por acciones de la industria petrolera con frecuencia reciben respuestas que favorecen a las empresas".

Frente a esa evidente tensión entre discursos y realidad, no cabe más que preguntarse si no es hora de ir, más allá de una disputa formal, al debate de fondo sobre la concepción de desarrollo que guía las acciones estatales y de otros sujetos económicos.  

* Comunicadora social, miembro del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (La Paz, Bolivia).

 * Paulina Pozo Infanta

En Chile, durante los últimos meses se está llevando a cabo un encendido, aunque poco conocido debate sobre la propuesta del senado de una Ley para la liberalización del uso de transgénicos en la manipulación de semillas. Este artículo presenta una posición crítica sobre los principios de la Ley en debate y describe el contenido del marco de convenios internacionales que la sustentan.

Las características de la economía de mercado globalizante implementadas en Chile durante las últimas décadas han permitido la privatización de bienes de uso colectivo y la concentración de su comercialización en manos de consorcios empresariales como la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (Endesa), en el caso del agua, y el Grupo Matte, en el caso de la tierra. Esto, asociado a un creciente y progresivo proceso de acumulación de capital generó profundas desigualdades en las que priman el racismo y clasismo socioambientales.

Las desigualdades se manifiestan en la instalación de vertederos, empresas forestales y salmoneras en territorio mapuche; en la construcción de viviendas sociales sobre humedales, aumentando las condiciones de vulnerabilidad social de las comunidades, expuestas a la contaminación por la instalación de complejos industriales, por ejemplo el caso de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) en Ventanas, comuna Puchuncaví de la Región de Valparaíso y plantas termoeléctricas en las localidad de Coronel, en la Región del Biobío.

Entre convenios y presiones internacionales

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) fue creada el 02 de diciembre de 1961 en Francia. Se trata de un Convenio entre Estados, creado por la Convención Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales. Su objetivo es el resguardo de los derechos de propiedad intelectual sobre especies vegetales, donde el Estado que suscribe debe vigilar y proteger derechos de propiedad privada y sancionar a quienes violen la Ley de Obtentores. A la fecha se han dictado tres Actas con disposiciones para  cumplir este objetivo: 1972, 1978 y la última data de 1991. Al ocho de julio de 2011, contaba con la adhesión de 70 países miembros, entre los cuales se encuentra Chile, que forma parte desde el 5 de enero de 1996 con la ratificación del UPOV-78, según dispone la Ley 19.342, aún vigente. El 11 de mayo de 2011, el senado chileno aprueba la adhesión de Chile a UPOV-91. Esto viene asociado a dos proyectos de Ley que permitan su eficaz funcionamiento: Ley de Obtentores Vegetales - que legaliza UPOV-91 otorgando derechos de propiedad privada sobre especies vegetales a particulares y empresas - y Liberación de Cultivos Transgénicos, que permite las condiciones para la introducción y expansión de cultivos transgénicos en el territorio chileno.

Actualmente, a través de la adhesión de Chile al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), el proceso de privatizaciones sigue creciendo en el área de la agricultura familiar campesina e indígena, a través de la apertura al patentamiento, privatización y manipulación genética del patrimonio cultural y genético que significan las semillas.

Como se dice en el documento presentado al Tribunal Constitucional por las Organizaciones Sociales y Ciudadanía de Temuco - Araucanía: Rol 1988 - 11, sobre requerimiento Constitucional, Ilegalidad e Inconstitucionalidad UPOV 91, 14 de junio de 2011 (http://media.argentina.indymedia.org/uploads/2011/06/carta_upv_tc.pdf) durante los años 90 el UPOV, Acta del año 1991, propuso liberalizar condiciones ya enunciadas en el anterior UPOV 78, a las cuales se agregó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), del año 1995, que funciona en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). De estas medidas emergen acuerdos y convenios que permiten el surgimiento de las condiciones necesarias para que los consorcios globales tengan libre acceso al uso de semillas mejoradas, mientras pone trabas a los países para proteger y preservar su diversidad genética.

Radiografía del Convenio sobre la Biodiversidad

En Chile, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en el año 1994, se ha cedido a las presiones de los consorcios internacionales de una apertura cada vez mayor al uso de la manipulación genética, por ejemplo el país no adhirió ni ratificó el Convenio sobre Biodiversidad ni Protocolo de Cartagena.  

El Convenio sobre Biodiversidad surgió en Nairobi, Kenia, en mayo de 1992, y fue firmado en junio del mismo año durante la Conferencia de las Naciones Unidad sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Rio de Janeiro, Brasil. Se trata de un instrumento de carácter internacional que insta a los Estados a definir políticas para la conservación de la diversidad biológica, el uso racional de los recursos naturales y la igualdad en la distribución de los beneficios generados por los usos sociales del recurso genético. El Protocolo de Cartagena surgió como complemento de este Convenio, reconociendo las potencialidades de la Biotecnología pero al mismo tiempo advirtiendo y regulando disposiciones ante las consecuencias adversas asociadas a su uso. En este contexto, es posible afirmar que en Chile no existen facultades legales que protejan el patrimonio genético y cultural asociado al uso de las semillas.

Dentro del contexto socioeconómico y político en Chile, la aprobación del Convenio UPOV-91 atenta contra el principio fundamental establecido en la Constitución, que establece: "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza". Por el contrario, el Convenio posibilita la inscripción de elementos que se relacionan directamente con la vida, los genes y organismos vivientes como bacterias o vegetales, y, finalmente, promovió la ley para la liberalización de transgénicos que se está tramitando actualmente en el congreso chileno.

Un aspecto central de este Convenio es que se otorgan garantías jurídicas y económicas para que las empresas privaticen las semillas, permitiendo que quien detenta una patente pueda hacer libre usufructo de la misma y, al mismo tiempo, impedir que terceros hagan uso o lucren con el elemento o la idea patentada.

En relación a la propiedad intelectual, se ha pasado de una concepción de la patente como valoración de la iniciativa e imaginación en pos del bien común, hacia la concepción de patente como aseguramiento de la propiedad de un recurso. Se trata del paso del innovador al inversor, momento en el que se produce el avance del campo científico y tecnológico moderno y su conjugación con el proceso de acumulación capitalista.

La concesión de la patente implica tanto el ejercicio del derecho a utilizar como el derecho a prohibir. Esto supone expandir la conjugación de los intereses económicos con el conocimiento científico para permitir una nueva forma de la propiedad intelectual.  Se trata de una nueva lógica de mercado, la economía o capitalización del conocimiento que, asociada al paradigma de la tecnociencia, pone en discusión elementos de orden ético, político y social, al subordinar la manipulación y difusión del conocimiento científico a intereses de empresas privadas. Esto además muestra la creciente apertura de la articulación entre laboratorio y empresa. Esto porque la biotecnología, en su forma tecno-científica, se ha desarrollado a la par que los avances en materia de propiedad intelectual y obtención del derecho a patentes.

Las universidades representan un ejemplo explícito de cómo el conocimiento científico público puede traspasarse a intereses particulares y pasar a formar parte de la propiedad intelectual de empresas privadas, con la necesaria intermediación de laboratorios de investigación y de la administración pública. (Documento presentado al Tribunal Constitucional por las Organizaciones Sociales y Ciudadanía de Temuco - Araucanía: Rol 1988 - 11, sobre requerimiento Constitucional, Ilegalidad e Inconstitucionalidad UPOV 91; http://media.argentina.indymedia.org/uploads/2011/06/carta_upv_tc.pdf, 14 de junio de 2011).

La firma del Convenio UPOV-91 permite aumentar ganancias de empresas  transnacionales como Monsanto, que concentra más del 90% del comercio de semillas a nivel mundial, y a otras que hoy lucran con las semillas y el paquete agroquímico asociado. Al aumentar artificialmente la durabilidad de un producto, se crean semillas que cuestan más, deben renovarse constantemente y tratarse con un paquete de agroquímicos que la misma empresa produce.

Contar con la propiedad intelectual permite a quien la detenta lucrar con los precios de los productos y eliminar posibles competidores, monopolizando la comercialización.  Asimismo, supone profundas transformaciones en las formas ancestrales de relación con la naturaleza, ya que el cultivo y resguardo de semillas están asociados directamente con el uso de conocimientos tradicionales y con saberes populares relacionados con la agricultura, la medicina y/o la religiosidad. 

Desde el Artículo 14, incisos 1 y 2 del Convenio UPOV-91, es posible apreciar cómo, asociado al patentamiento de especies vegetales, una empresa puede adueñarse de éstas y del conocimiento tradicional que exista sobre la misma, ya que, por una parte, puede prohibir su uso de quienes lo han detentado por años de tradición, por ejemplo el conocimiento de pueblos indígenas, población rural, saber popular de curanderos, etc. y, por otra, adueñarse de los derechos de una investigación científica posibilita acceder a estos conocimientos y usufructuar de ellos sin previa autorización de las comunidades que los han desarrollado a través de siglos de tradición. Un ejemplo de esta situación se encuentra en el caso de la Quinwa o Quinoa (Chenopodium quinoa Willd), planta cultivada y consumida tradicionalmente por los pueblos indígenas en Sudamérica, cuya variedad modificada ha sido inscrita por Empresas Baer. (Ver http://www.semillasbaer.cl/fichas/regalona_baer.htm).

Consecuencias perversas

La idea de soberanía y autosuficiencia alimentaria seguirá modificándose para su transformación hacia una forma de seguridad alimentaria, en tanto relación regulada desde el agronegocio de alimentos y biocombustibles, primando el acceso y la disponibilidad de los alimentos e ignorando las características e impactos sociales y ambientales del origen de su producción.

Como se ejemplifica desde la experiencia de países como Argentina, Paraguay y Brasil, la uniformidad y mala calidad en la alimentación pone en riesgo la biodiversidad del planeta y, particularmente las manifestaciones culturales y el derecho a reproducir nuestras tradiciones culinarias con alimentos nutritivos que se han cultivado de manera orgánica durante generaciones.

En Paraguay, las tierras utilizadas actualmente para producir soya transgénica fueron reconvertidas de tierras ganaderas a la producción de leguminosas. La apropiación de estas tierras se hizo a partir de la venta, alquiler o desalojo de las familias campesinas. Esto se relaciona con la apropiación de las llamadas "tierras marginales" para su utilización en la producción del cada vez más demandado biocombustible utilizado para satisfacer los requerimientos supuestamente ecológicos del mercado automotriz europeo y norteamericano.

Por ello es necesario conocer casos en países de Latinoamérica donde se ha firmado el Convenio sobre Biodiversidad y esto ha significado la puerta de entrada de la investigación y el uso de transgénicos. Esta información implica una reflexión de la sociedad acerca del impacto de estas prácticas, llevadas a cabo en forma represiva y violenta, que provocan un desarraigo cultural enorme, asociado a la migración forzada del campo a los centros urbanos en condiciones de miseria, la pérdida de espacios de reproducción de las prácticas tradicionales en torno a la alimentación, el cultivo, el intercambio de productos, entre otros.

Por último cabe resaltar que la vía libre a los transgénicos causa pérdida del conocimiento social y cultural acumulado respecto de semillas, cultivos y alimentos tradicionales y, en la misma medida, la pérdida material de estos elementos por contaminación con productos ya manipulados genéticamente o con agroquímicos. Se trata de un factor más del proceso de "descampesinización" que está ocurriendo de manera progresiva a partir de la transformación forzosa de las formas agrícolas campesinas e indígenas tradicionales para asimilarlas al modo de producción del agronegocio.

(*) Antropóloga, con especialización en Educación Ambiental, trabaja en el Centro de Educación Ambiental Intercultural en Contexto Mapuche "Pewmayiñ Taiñ Lif Mapu", Lolen bajo, Freire, Región de la Araucanía, Chile.

 Giel Ton (*)

La crisis mundial de los precios de los alimentos agrícolas ha dejado de ser un dato coyuntural para formar parte de una realidad permanente, en la que destacan las situaciones de fluctuación de los precios, con tendencia continua al alza, y su impacto persistente sobre las condiciones de trabajo y de vida de las y los productores campesinos. Al mismo tiempo, las poblaciones urbanas, principalmente las más pobres, sufren el efecto negativo de esta crisis. Los gobiernos se encuentran ante el desafío de generar acciones eficaces equilibradas entre ambos tipos de necesidad. El presente artículo habla de esos desafíos, mostrando con ejemplos concretos que se trata de algo que puede hacerse.

Los pronósticos respecto a los precios de los productos agrícolas en el mundo indican que van a fluctuar llegando a niveles históricamente altos. Las reservas de maíz y trigo están muy bajas, como se muestra en la figura 1, lo que causa una reacción fuerte de los precios frente a cualquier acontecimiento que podría influir sobre la oferta de granos, por ejemplo un desastre natural en Australia o un cambio en las políticas sobre biocombustible.

2011 está siendo un año de alza de precios sin precedentes (Figura 2). Países que son altamente deficitarios de producción propia de alimentos, como los emiratos árabes, están adquiriendo amplias franjas de territorios y fuertes unidades de producción para garantizarse el suministro de alimentos en una eventual situación de escasez absoluta. Países exportadores, como Brasil y, hasta mi propio país, Holanda, flexibilizan sus compromisos sobre la biodiversidad con el argumento de que se debe ampliar la frontera agrícola para poder alimentar a una población mundial en fuerte crecimiento.

Figura 1: Fluctuaciones de precios agrícolas

Fuente: Meijerink et al (2011), Price and prejudice: Why are food prices so high?  LEI. Wageningen

Figura 2: Precios de maíz entre 2009 y 2011

Respuestas políticas

Las políticas agrícolas de fomento a la producción agrícola y pecuaria interna de los países han vuelto a la agenda política con una connotación positiva, contraria a la actitud negativa de las dos últimas décadas, tendencia que se ve reflejada en las discusiones en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Se trata de una tendencia claramente diferente  en comparación con la actitud de relativa negligencia del sector agrícola durante la coyuntura del auge de precios en 2007, que sacudió el mundo. Sin embargo, el impulso al libre mercado ya no es el mantra dominante. En los países económicamente poderosos que forman parte del Grupo de los Veinte (G-20), el  mayor énfasis está puesto en buscar mecanismos para contrarrestar el aumento de precios para los consumidores en vez de crear mayores posibilidades para los productores. Por el contrario, en países del Sur han surgido muchos ejemplos de iniciativas con políticas pro activas para incentivar la producción de los pequeños productores. Brasil, por ejemplo, canaliza financiamiento a inversiones de pequeños productores rurales y usa las compras estatales como herramienta para fortalecer el sector cooperativista y Bolivia actualmente está colocando recursos en dinero mediante su Banco de Desarrollo Productivo. Por otra parte, países en África del Este, como Kenia y Malaui, están experimentando con subsidios para semillas y fertilizantes.

Buscando equilibrios

Para encontrar un balance entre los intereses de la población pobre de las ciudades para poder alimentarse a bajo precio y los intereses de los productores, necesitados de precios altos para sus productos que faciliten inversiones en mano de obra y tecnología con que podrían aumentar la productividad, se requiere de decisiones políticas prudentes. Sin embargo, lo que se ve en muchos países es que las políticas son más bien reacciones improvisadas y coyunturales.

Kenia incentivó la producción de maíz con la distribución de paquetes de semilla, fertilizantes y pesticidas para ese grano. Según un estudio de la Organización Nacional de Productores (KENFAP), este impulso causó un incremento en productividad del 53 por ciento, pero no hubo capacidad de compra por parte del estado, ni mercado libre, ni capacidad de almacenamiento en las zonas aledañas, lo que causó una baja en el precio, por lo cual no hay interés entre los productores  para sembrarlo de nuevo. Por añadidura, las donaciones de países en el área de tecnología impactaron negativamente en la red rural de suministro de insumos agropecuarios que había en Kenia. Por estos hechos, el aumento de productividad de 2010 puede calificarse de un "victoria pírrica", puesto que se trató de un triunfo que, al mismo tiempo y contradictoriamente, ayudó al desastre de 2011 cuando, en una situación agravada por la sequía, los precios de los productos agrícolas se dispararon a niveles nunca vistos y el gobierno decidió bajar sus aranceles a cero para que los molineros pudiesen internar maíz de países vecinos.

En el otro lado del mundo, Bolivia estatizó la distribución de azúcar a través de la creación de un ente distribuidor denominado Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), buscando desarticular el poder económico de grupos opositores en el departamento de Santa Cruz (zona productora agropecuaria y agroindustrial), y fijó precios máximos para el mercado interno. Sin embargo, en los primeros meses del año 2011, el país  no logró abastecerse de la cantidad suficiente para la demanda y distribución, por lo que el gobierno  re-enfocó sus políticas de fomento productivo nuevamente hacia el sector agroindustrial,  dejando la distribución estatal al mercado con ‘control social' sobre los precios.

Estos dos ejemplos de políticas audaces, pero claramente coyunturales funcionaron solo en un lapso corto, y no significan incentivos de mediano plazo que pueden fomentar la producción.

Instrumentos fuertes

 Es primordial desarrollar y afinar instrumentos de política que sean ‘robustos' a mediano plazo, más que lanzar iniciativas bruscas que responden a agendas políticas coyunturales. Hay ejemplos de instrumentos fuertes, como mecanismos que han mostrado ser efectivos en épocas de alza y de baja en los precios, y que incentivan inversiones en la productividad a largo plazo en vez de cambios de los patrones de cultivo a corto plazo en función a señales de precios distorsionados.

Algunos ejemplos de instrumentos robustos son: 

• La política arancelaria de "Franja de Precios' de la Comunidad Andina, que es una muestra de una medida que demostró ser efectiva para suavizar la volatilidad de precios en el mercado interno, con un costo operativo mínimo de solo unas pocas personas encargadas de hacer seguimiento a los precios en el mercado mundial y su traducción en aranceles variables de manera transparente. 
• El crédito para inversiones de pequeños productores, con tasas favorables y con incentivos para fomentar la cancelación del préstamo ‘al día', reduciendo el monto luego de unos años de ‘buen pagador'. 
• Utilizar los programas nutricionales para generar infraestructura descentralizada de almacenamiento de granos, que sirvan al productor o al comerciante, para generar capital de trabajo mientras se pueden esperar mejores precios que aquellos que suelen existir al momento de la cosecha (Warehouse Receipt Systems). 
• Fondos concursales para incentivar la innovación en el campo. En vez de un desarrollo desde arriba, mediante programas costosos de transferencia tecnológica, se incentiva la iniciativa empresarial de grupos de productores para encontrar su ‘nichos' en el mercado, con productos de mayor valor agregado. 
• Programas de reforestación, que se basen en el interés y el control social durante períodos de 20 años, como como ejemplo la entrega de plantas a las niñas recién nacidas, para que éstas, ya crecidas, les sirvas de dote al momento de casarse, en los países donde se acostumbra esa práctica. 
• Fomentar la comercialización colectiva de pequeños productores, mediante la exoneración del pago de impuestos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), o el Impuesto a las Transacciones (IT) en las ventas internas de pequeños productores dentro de su grupo.

 Instrumentos como los ejemplificados en los párrafos precedentes han madurado en un largo tiempo, a través del cual se logra aprender y afinar los detalles, de manera que aumentan su capacidad de resistir los vaivenes, situación inherente a los mercados y la política. De ese modo,  se logra construir el ‘capital social' necesario para preparase para enfrentar los desafíos del futuro.

 (*) Giel Ton es economista agrícola, Investigador experto en desarrollo de metodologías, evaluaciones de impacto, cadenas de valor y desarrollo rural, con varias publicaciones es esta temática. Actualmente es investigador senior del Instituto de Economía Agrícola de la Universidad y Centro de Investigación de Wageningen en la Haya.

Esta reflexión refleja las discusiones en la sesión 6 ‘Linking Farmers to Efficient Markets' en el Foro Europeo de Desarrollo Rural, Marzo/Abril en Palencia, España (http://www.ruralforum.info/menu-13-es.php) organizado por la alianza de centros de investigación europeos AGRINATURA http://www.agrinatura.eu/.