Hace apenas unos meses Ecuador y su proceso político estaban en las primeras planas de la agenda periodística. Como suele ocurrir, el silencio y el desinterés sustituyen a la cobertura del hecho noticioso puntual. En el IPDRS, sin embargo, creemos que hay procesos, como el de las promesas de los gobiernos recientes, por ejemplo, que deben merecer mayor seguimiento, ya que éste forma parte del tan mentado control social. Por ello, en esta oportunidad publicamos la visión de una joven abogada  ecuatoriana quien se pregunta si la actual situación de su país da motivos para esperanza o es, como dice la canción “servir pasado en copa nueva”.

Ecuador, otra mirada

Walleska Pareja Díaz*  

17 de febrero de 2013: en Ecuador ocurre lo que la mayoría de análisis y previsiones vaticinaban, el “Candidato Presidente”, como lo denominó la oposición, ganó en primera vuelta con el 57.17% de los votos. Asimismo, una fórmula matemática de asignación de escaños favoreció al partido de gobierno, que obtuvo la mayoría de los curules de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. De esta forma, la tendencia ratificó que el Movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana) tendría la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (con 106 de 137 miembros) y pocos asambleístas de otros partidos.

La realidad de América Latina no ha sido precisamente fácil en ninguno de sus ámbitos y la política no es la excepción. Nuestros pueblos han sido lesionados y perjudicados por una clase política irresponsable que ha puesto sus intereses por sobre el bien común y ha sabido manchar el término política hasta volverla “mala palabra”.

El Ecuador no se ha salvado de este cáncer. A partir del retorno a la democracia a finales de los años setenta, hemos sido víctimas de serias crisis políticas y económicas y hemos sido testigos del paso efímero por el poder de la mayoría de nuestros gobiernos que, desgraciadamente, fueron los eternos ausentes en cumplir sus principales y más básicas labores.

Tsunami político

Desde hace siete años, el país ha venido experimentando una serie de acontecimientos inéditos en su historia política contemporánea. En el libro La gobernabilidad democrática en Ecuador: factores condicionantes y las encrucijadas del cambio político, la investigadora argentina Flavia Freidenberg, calificó como un verdadero tsunami político el proceso iniciado en Ecuador a partir de las elecciones del año 2006.  

A mi parecer,  parte de dicho fenómeno son hechos como: el declive y desaparición de los partidos políticos tradicionales o de la llamada “partidocracia”; el triunfo continuo del economista Rafael Correa Delgado y, de mayor importancia, la nueva Constitución vigente, aprobada el 2008 por el pueblo ecuatoriano, mediante Referéndum. La nueva Constitución contempla temas de gran importancia para el país y es reconocida como una de las constituciones más progresistas del mundo.

Los tres hechos, sin duda, han significado un cambio estructural de la vida política nacional. En ese marco deben analizarse los resultados del reciente proceso electoral del año 2013, que concluyó con la reelección del Presidente Correa y la derrota de propuestas.

En el entendido de que los procesos electorales no comienzan precisamente el día en que se inicia una campaña, ni mucho menos cuando llega el día de las elecciones, puede afirmarse que un momento crucial para estos comicios ocurrió a finales del año 2011 y principios de 2012 cuando se discutió y aprobó la reforma al Código de la Democracia.

La propuesta de reforma contenía, entre otros temas, la inclusión del método de asignación de escaños con una fórmula que beneficiaba claramente al oficialismo; reglas ambiguas para la campaña a través de los medios de comunicación, que provocaron una fallida demanda de inconstitucionalidad de éstos, y uso de los recursos estatales para la campaña a través de nuevas excepciones y eliminando ciertas prohibiciones. El Consejo Nacional Electoral (CNE) se vio obligado a mover fechas del calendario electoral para que no se incumpliera con la prohibición constitucional de realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones (Artículo 117). Pese a las críticas, la norma fue aprobada por la Asamblea Nacional.

Por otra parte, los partidos políticos ecuatorianos que aspiraban a ser partícipes del proceso verían su anhelo hecho realidad, si es que lograban re-inscribirse como tales, puesto que la Constitución y el Código de la Democracia contemplan este requisito. De igual forma, la Codificación del Reglamento del CNE, estipuló que solamente podrían presentar candidatos y candidatas si estos actores hubiesen obtenido su personería jurídica hasta seis meses antes del proceso electoral.

La fecha fijada para la presentación de las solicitudes de inscripción de los partidos fue el 18 de julio del año 2012, sumando el requisito constitucional de presentar el registro de las y los afiliados o adherentes, en el caso de movimientos políticos, mismo que ascendía al 1.5% del Registro Electoral Nacional. Este porcentaje indispensable de firmas (157.947) provenía en referencia al último proceso de las elecciones pluripersonales del año 2009.

El proceso de inscripción estuvo protagonizado por una serie de irregularidades. Si bien el CNE procedió a calificar a las organizaciones políticas que cumplían con el requisito a través de un sistema informático de verificación de autenticidad de firmas, estalló el escándalo de que supuestamente existían firmas falsas en los registros y que se debía realizar nuevamente el proceso de validación de firmas. El organismo público contrató, en un abrir y cerrar de ojos, gente para verificar nuevamente las firmas de los partidos que aspiraban participar en los comicios venideros. Luego de la hazaña, que incluyó desvelos, millones de dólares invertidos y una dura crítica pública al CNE, así como el descrédito de las organizamos políticas tachándolas de “falsificadoras” sin que medie una resolución judicial, finalmente se lograron inscribir diez movimientos y partidos de carácter nacional y provincial.

El CNE anunció el 18 de octubre a las organizaciones que participarían en el proceso 2013 y, un día, después convocó oficialmente a elecciones. Dado el escándalo del reprocesamiento de firmas, era necesario cumplir con el plazo de 28 días para inscribir candidaturas, tiempo que se vencía a mediados del mes de noviembre. Todo fue como una carrera de nunca acabar.

Finalmente, el CNE registró y calificó ocho binomios presidenciales, contradiciendo la expectativa de que la oposición tuviera una o un candidato único, para hacerle contrapeso a la candidatura del Gobierno. De este modo, el cuatro de enero de 2013 arrancaron los 45 días de campaña electoral oficial para las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos. Este periodo estuvo plagado de críticas sobre el uso de recursos públicos en la campaña gobiernista y el exceso de gasto electoral de algunos partidos, sin un aparente control sobre el tema.

Mirar y preguntar

Varios analistas políticos señalan como un progreso para Ecuador el hecho de que, al parecer, hemos llegado a una cierta estabilidad política traducida en el apoyo constante a un partido y un candidato, a diferencia de sus clásicos episodios de golpes de Estado y gobiernos poco duraderos.

Freidenberg sostiene que durante el período 1978-2006 el sistema político ecuatoriano sufría de recurrentes cambios de las reglas de juego y los resultados confusos de esos cambios institucionales eran: una alta fragmentación, bajos niveles de disciplina, gobiernos de minoría, el carácter centrífugo de la competencia, escasa capacidad para generar acuerdos estables por parte de los actores partidistas y cálculos estratégicos de grupos con alta capacidad de veto que privilegiaban los beneficios a corto plazo. Por todo ello se generaba un escenario inestable y pocos incentivos para la gobernabilidad democrática.

Sin embargo, me pregunto: ¿Han cambiado realmente las prácticas políticas nefastas en Ecuador? ¿Podemos dar por sentado que la vieja política murió y está enterrada en alguno de los cementerios locales? Desgraciadamente, parece que estamos lejos de poder llevar flores a su tumba.

Sería iluso, e incluso soberbio, no reconocer que la gestión del Presidente Correa ha alcanzado logros importantes. Por ejemplo, la mejora de la infraestructura vial nacional y una serie de avances en materia social, son algunos de los avances que el Ecuador ha tenido en este último tiempo, que han llevado, sin ser exhaustiva respecto de otras razones, al gobierno a una nueva reelección. No obstante, tampoco considero justificable que, por haber sido víctimas de gobiernos inoperantes, hoy nos refugiemos en la idea de que un gobierno que no hace más que “aquello que le corresponde”, desmejore la calidad de la democracia y de la vigencia de los derechos y garantías consagradas en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y los aplique, o no, a su conveniencia.

La historia política ecuatoriana ha estado marcada por una cantidad importante de acontecimientos que han dejado huella en nuestras vidas. No ha sido fácil, sin duda, pero las y los ecuatorianos hemos aprendido mucho a lo largo de este tiempo y esperamos que días mejores vengan para nuestra sociedad.

Si la POLÍTICA, así, con mayúsculas es aquella que “se preocupa por lo colectivo, cuando quizás a corto plazo no parezca lo mejor para el interés privado (…) y “es un tema de generosidad y sobretodo de responsabilidad” (Leire Pajín, en una transmisión televisiva de 2010). Estas palabras, sencillas, pero llenas de significado son las que deben inspirar a cualquier persona que tenga una vocación política, que sienten un llamado de servicio al pueblo, a la gente, a las y los que más lo necesitan.

El contexto electoral de Ecuador de este año, como ha sido descrito, fue bastante complicado. A partir de sus resultados, deja de ser especulación que hay una total concentración de poder por parte del movimiento Alianza PAIS, actual partido de gobierno, y por lo tanto, poca cabida para el diálogo y los acuerdos políticos. Esperemos, por el bien del país, que estas aseveraciones no representen la crónica de una muerte anunciada.

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* Abogada, especialista en Género, con maestría en estudios políticos aplicados y maestrante en Derecho Internacional del Delito y Justicia, Universidad de Turín, Italia.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Al llegar al número 100 del boletín virtual quincenal Apuntes y de la serie de artículos Diálogos, la autora, cofundadora y miembro del equipo del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, comparte con las y los lectores algunos avatares y lecciones del proceso.

En la ruta

Carmen Beatriz Ruiz*

En noviembre del año 2008, cuando el investigador inglés Anthony Bebbington nos advertía que “Lanzar un Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica es, por lo menos, una iniciativa ambiciosa” estaba delineando un camino en el que, cuatro años después, aún nos encontramos.  Era el primer número de la serie de artículos que el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) produce y difunde virtualmente cada 15 días. Desde ese noviembre de 2008, que ahora lejano, hasta hoy, llevamos difundiendo cien versiones del “Diálogos”.

Junto a la serie de artículos salieron a la luz institucional pública el Boletín virtual quincenal Apuntes, y el propio IPDRS, que desde unos meses antes, y principalmente entre amigos y potenciales alianzas, habíamos lanzado como una idea provocadora ¿Por qué no mirar y analizar y proponer sobre desarrollo rural en Sudamérica desde La Paz?

En el artículo que le solicitamos a Bebbington reflexionaba que “Más allá de los desafíos institucionales que implica, su mismo nombre presume tres supuestos que no son para nada obvios: que el “desarrollo rural” tiene futuro como proyecto político-normativo en la región; que tiene sentido pensar este futuro y este proyecto a nivel de Sudamérica – o sea, que Sudamérica existe como una unidad de análisis y reflexión; y que la generación de conocimiento pueda influir en este futuro.  El reto del Instituto es  demostrar que estos supuestos son acertados, y así poder legitimar su propia existencia”. La ruta del Boletín y de los artículos de diálogo nos permitirá responder a la inquietud del investigador.

El proceso en números

Se trata de 100 artículos, escritos por 104 autores, 39 mujeres y 65 hombres. Por nacionalidad, las y los autores son: tres de Argentina, 40 de Bolivia, cinco de Brasil, un belga, un ítalo canadiense, seis de Colombia, seis de chile, ocho de Ecuador, cuatro de España, un francés, un guatemalteco, dos de Holanda, dos ingleses, dos de México, un paraguayo, nueve de Perú, seis uruguayos y tres de Venezuela. Es necesario advertir que aunque desde Bolivia escribió un mayor número de personas, la mayoría de los artículos fueron en perspectiva regional y no sobre el mismo país.

El principal rango de edad de quienes colaboraron hasta hoy está entre los 40 y los 60 años. La categoría sub 40 fue ampliada gracias a la iniciativa del concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, destinado específicamente a jóvenes investigadores de la región, y patrocinado y llevado adelante por el IPDRS, Oxfam e ICCO en su primera versión el año 2012. Nos congratulamos del impulso que el concurso dio a gente joven, porque varios/as que publicaron con nosotros tuvieron un impulso para seguir produciendo y para ampliar sus relaciones con otras personas e instituciones interesadas en el campo del desarrollo rural.

Según su contenido, 29 artículos tocaron temas relativos a políticas pública de desarrollo rural, 21 abordaron distintas aristas del debate sobre modelos de desarrollo rural, 15 analizaron perspectivas diversas de procesos e instituciones de integración regional vinculadas al desarrollo rural, 15 trataron diversos aspectos sobre ciudadanía, derechos e interculturalidad (de éstos, seis fueron enfocados expresamente sobre la situación de los derechos de las mujeres), 13 fueron específicamente sobre seguridad y soberanía alimentaria en Sudamérica y siete tocaron temas sobre el acceso, tenencia y usufructo de la propiedad de la tierra en Sudamérica.

Entre bambalinas

No suele verse qué hay detrás de un esfuerzo del tipo del Diálogos, quizá tampoco es necesario mostrar los pasos que ocurren “entre bambalinas”, como los nervios porque el artículo comprometido no llega a tiempo, la despiadada persecución a las y los colaborares (todos tienen mucho que hacer, reciben y gustan del Boletín, les encantaría escribir, pero…); y la ansiedad por lograr un deseado y frágil equilibrio entre los temas, la procedencia y la representación de las y los autores, y la presión por salir a tiempo y sin fallar, rigurosamente cada dos semanas.

Los artículos tienen un formato orientador pero flexible, cada texto se edita para facilitar un lenguaje que asegure su llegada a los casi cuatro mil suscriptores, y cada autor tiene la prerrogativa de revisar, aprobar o volver a corregir lo que escribió. Una vez aprobado, el texto pasa a diagramación, según el diseño estándar que el Instituto ha definido. Finalmente, cuando el nuevo Boletín está en la pantalla de los suscriptores y en nuestra portada de la página web,  hay un gran alivio… que se interrumpe de inmediato, porque hay que comenzar de nuevo el proceso para el siguiente número.

Hay al menos tres personas permanentes en estos afanes, dos somos del IPDRS y una es el o la colaboradora de turno. Pero están, sobre todo, los objetivos y el soporte institucional, que no han variado en lo mínimo desde que comenzamos con la serie, y se basan en el convencimiento de que en la región sudamericana hay una significativa producción de conocimiento y reflexión sobre desarrollo rural de base campesina indígena que debe ser divulgada.

Aprendiendo

El Instituto tiene definida su estrategia de producción y de comunicación de conocimientos y el contenido de los materiales está organizado según seis ejes temáticos, los mismos que se mencionaron en el párrafo sexto del presente artículo.  Se trata, como suele ocurrir, de una división un tanto arbitraria y un tanto convencional que, sin embargo, ayuda a orientar la planificación de los temas  y el contacto con las y los especialistas. Como es obvio, además de los contenidos regulares o de base estable, estamos abiertos y alertas para la identificación de temas coyunturales o de emergencia. Por ello, la definición de contenidos es relativamente fácil, pero la adrenalina se produce principalmente durante el proceso práctico de identificar, convocar, seducir o presionar para obtener las colaboraciones. Una de las lecciones más duras fue que nada debe darse por supuesto, y que una contribución gratuita, por mayor buena voluntad de la que provenga, siempre necesita un acompañamiento minucioso.

Otra lección importante fue constatar que, en general, en los propios países sudamericanos nos cuesta mucho pensar en términos de la región. Motivados por ampliar la mirada regional estamos haciendo contactos y convocatorias que impulsen a las y los colaboradores a levantar la mirada auto centrada en su propio país, comparar y analizar datos  de por lo menos dos países y a identificar e imaginarse tendencias regionales. No es fácil, y una y otra vez nos encontramos con una gran facilidad para hablar desde “adentro” sin lograr una perspectiva más amplia.

Aunque los temas pueden ser infinitos, dada la vastedad del campo de interés que tienen el Instituto, sus colaboradores y suscriptores, nos preocupó desde el inicio no quedar encerrados en una red estrecha de colaboraciones con firmas consagradas. De ese modo hacemos permanentemente esfuerzos por convocar a personas de distintas disciplinas y experiencias, por contactar a especialistas de los países sudamericanos y, al mismo tiempo, por provocar la exposición y el debate desde visiones y posiciones diversas puesto que en este campo, como en muchos otros, el diálogo debería ser resultado de la confrontación de ideas y no de la imposición, o restricción, de un pensamiento único.

Paso a paso

Los desafíos de Anthony Bebbington al inicio de este proceso para que demostráramos que tres supuestos del diálogo sobre desarrollo rural en Sudamérica constituyen una apuesta efectiva. Cuatro años y cien artículos después, producto de una compleja y rica red de colaboraciones horizontales estamos en condiciones de afirmar que el desarrollo rural no sólo ha renacido, sino que ha incrementado su potencial como componente esencial del proyecto político-normativo en la región; que Sudamérica es una referencia regional, poco explorada todavía, pero potencialmente convocadora para el análisis y la reflexión, y que, basándonos en experiencias acumulativas de construcción de sentidos como la seguridad y soberanía alimentaria y el debate en agenda sobre los recursos naturales, la generación de conocimiento en el área puede influir en políticas públicas del futuro inmediato. 

De todos modos, al tiempo de estar convencidos que se trata de un camino largo, en el que hay que ir dando pasos encadenados, somos conscientes de que esto se hace entre muchos, por lo cual aprovechamos este aniversario para seguir invitando – insistiendo a que el mayor número de investigadores, docentes, líderes y miembros de organizaciones sociales, de gobierno, de proyectos de desarrollo y de la cooperación continúen contribuyendo.

Puede que tengamos un exceso de optimismo, impulsados por el torrente de las buenas intenciones; puede que haya más oídos sordos que voces sonoras pero, si bien es cierto que, parafraseando al poeta “cien números pueden no ser nada”, seguimos en la ruta.

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* Comunicadora social, maestría en antropología, es parte del equipo del IPDRS.

Los resultados de las recientes elecciones en Ecuador fueron analizados principalmente en términos de los porcentajes de la victoria de Rafael Correa y de la derrota de sus adversarios. Pero aún quedan muchas preguntas flotando respecto a la manera en que esos resultados influirán en diversos ámbitos de la vida del país. En esta nueva versión de Diálogos, Stalin Herrera analiza la situación en clave de la agenda rural en tres tiempos: antes, durante y después de las elecciones.

Posiciones pre electorales

Hasta mediados del año 2012 el agro aparecía como el sector más conflictivo y atrasado en la agenda del gobierno, siempre eficiente y dinámica. En enero de ese año el propio Presidente de la República reconoció que había una gran deuda con el campo, la revolución agraria no había avanzado en mucho y quedaban grandes temas pendientes.

De hecho, a pesar de que las políticas de Soberanía Alimentaria y la redistribución de recursos productivos tienen un respaldo popular y constitucional, el gobierno no dio paso a las demandas más importantes de las organizaciones en tono a las leyes de tierras y de agua, así como al avance de las fronteras extractivas en minería y petróleo.

En marzo del mismo año las organizaciones indígenas y campesinas, los movimientos sociales y los movimientos políticos Pachakuti (PK) y Movimiento Popular Democrático (MPD) lograron levantar la gran “Marcha por el agua y la dignidad de los pueblos” en la que, entre el sur minero y la capital, se movilizaron aproximadamente 70.000 personas, mostrando la vitalidad política y organizativa de las organizaciones sociales. Entre sus demandas apelaban por la desprivatización del agua y la redistribución de tierras y se negaban a la mega minería. Al mismo tiempo, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y la Red Agraria, organizaciones afines al gobierno, recogieron 40.000 firmas para impulsar la Ley de Tierras y Territorios de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, impulsando así la primera ley de “iniciativa popular”.

La respuesta inmediata del gobierno fue contener  la movilización: movilizaciones paralelas, despliegue publicitario y mediático, ofertas de planes o proyectos desde los ministerios e incluso exigió la lealtad de los servidores públicos (El Comercio, 4/04/13). A finales de abril se encargó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) a Javier Ponce, conocido poeta y militante de izquierda que hasta el momento había sido Ministro de Defensa. El Presidente le anunció que tenía como retos la democratización del acceso a la tierra y el incremento de la productividad, pero resaltó al mismo tiempo que “la distribución de tierras es importante, pero más aún una buena productividad” (El Comercio, 23/04/2012).

A lo largo del año 2012 las posiciones no cambiaron sustancialmente; el gobierno logró diluir el debate sobre las leyes a través de la Asamblea Nacional y, a pesar de los esfuerzos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en torno a la Consulta Prelegislativa en la que lograron inscribir a 1.600 organizaciones de base para promover un debate movilizador, junto con FENOCIN no lograron mantener acuerdos programáticos y acumular la fuerza política que les permitiera impulsar el debate en la Asamblea Nacional (El Comercio, 28/04/12).

El Presidente no solo reforzó su agenda extractivista, sino que mantuvo oposición férrea contra la Ley de Tierras y una posible reforma agraria, al tiempo que las posiciones conservadoras y terratenientes ganaron espacio y representación propia en la Asamblea Nacional (D. Carrión, 2012. Indicios sobre la posición de Alianza País en la discusión sobre la Ley de Tierras y Territorios”).

Las elecciones

Las campañas se iniciaron sin resolver las demandas de las organizaciones y el cálculo político las pospuso hasta después de las elecciones. Las organizaciones sociales formalizaron la unidad que había marchado el 22 de marzo; Alberto Acosta fue el candidato de consenso -probablemente el único que podía articular las grandes diferencias internas-; PK y MPD fueron los únicos movimientos políticos que pudieron recoger las firmas necesarias y los movimientos sociales respaldaron la unidad política manteniendo cierta distancia en el “Frente Social”. La gran “Marcha por el agua y la dignidad de los pueblos” animaba la unidad política y los pasos hacia las elecciones.

Aunque la unidad de las izquierdas logró grandes movilizaciones o concentraciones, la campaña electoral mostró que la unidad aún es una propuesta, los movimientos sociales no acompañaron al candidato de los movimientos y las pocas acciones que intentaron fueron débiles. Contradictoriamente, la candidatura de Alberto Acosta encarnaba la lucha por los derechos de la naturaleza, un discurso contra extractivo claro, oposición a la criminalización de la protesta, la bandera por la reforma agraria y la desprivatización del agua. En síntesis una apuesta por la Soberanía Alimentaria y vía campesina para el campo. El resto de candidatos no tenían ningún mensaje claro o significativo para la política agraria (OCARU, 2013. Política agraria postelectoral, en Coyuntura y cambio agrario, No1).

En cambio, el gobierno enfatizó sus logros sociales en términos de educación, salud, inversión pública, desarrollo vial, crédito y seguridad. La campaña se concentró en la figura del Presidente Correa, quien aparecía como el director técnico del equipo, mientras que los candidatos a asambleístas no tenían luz propia ni, mucho menos, una voz autónoma.

El candidato - presidente lanzó al campo una propuesta por la democratización y acceso a la tierra, el agua, el crédito y las semilla; la ampliación de los estándares de calidad gracias al acompañamiento técnico y el fortalecimiento de los negocios inclusivos; acortar las cadenas de intermediación; crear el sistema público de riego con calidad; mantener el seguro agrícola; fomentar a la producción orgánica; complementar la infraestructura vial y caminos rurales. En el centro se puso al Estado como el actor de la acción pública para el desarrollo en el campo (OCARU, 2013. Política agraria postelectoral, en Coyuntura y cambio agrario, No1).

Además, bajo el argumento de mejorar e impulsar la productividad en el campo, el gobierno manejó un discurso a favor del uso de transgénicos y el impulso de los biocombustibles, ratificando el Decreto Ejecutivo 1303 que el Presidente firmó en septiembre de 2012 -el Decreto tiene como tarea incorporar al dissell premium hasta el 10% de biodissell- (Decreto 1303, 17/08/13).

Resultados electorales

En 2013 el Presidente ganó en todas las provincias y cantones, incluso en los espacios que hasta el pasado año aparecían como bastiones de la lucha anti minera, las organizaciones indígenas y la izquierda partidista. La diferencia de la votación entre Correa (57%) y la unidad de las izquierdas y Alberto Acosta (3.22%), deja varias preguntas sobre las posibilidades de una vía campesina; los logros de la unidad estuvieron por debajo de figuras de derecha y centro derecha como Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez, y del desconocido Mauricio Rodas.

Entender los resultados electorales es aún una tarea pendiente. Podríamos decir que las estrategias de campaña sobrevaloraron las fuerzas reales de las organizaciones y movimientos sociales; que el enfrentamiento fue completamente desigual, porque el gobierno no solo tenía un candidato ganador indiscutible, sino que usó los recursos del Estado y los medios públicos para hacer proselitismo, y que las normas electorales se organizaron a favor del método de asignación de escaños que favorece a las mayorías, pero lo cierto es que todavía no hay claridad de los efectos de la política pública y las inversiones sociales del gobierno sobre la subjetividad de población, que vio en Rafael Correa la seguridad para los avances de su bienestar.

Sin duda las declaraciones del gobierno a favor del usos de transgénicos, la promoción de biocombustibles y apuesta por el desarrollo de la agro industria se distancian de los postulados de la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 -2013, que establecen con claridad candados para el uso de transgénicos, promueven una política de Soberanía Alimentaria y distribución de recursos productivos. En los hechos Correa sustenta posiciones conservadoras sobre la Ley de Tierras y Agua, y el Decreto 1303 fortalece la producción extensiva de monocultivos.

En el campo no se han medido adecuadamente los espacios ganados por el MAGAP y la política agraria; desde el ingreso de J. Ponce hay cambios importantes en la intervención del Ministerio. Aunque a principios de año el campo era el sector más atrasado de la agenda del gobierno, en el contexto del año electoral el MAGAP se convirtió en la mejor estrategia de promoción de su programa económico y electoral. Desde mediados del año anterior J. Ponce logró equilibrar la balanza de inversiones y atención en el campo; si bien no parece abandonar la apuesta institucional por la agro-exportación y la agroindustria, y refuerza la productividad como paradigma y los negocios inclusivos como estrategia de inclusión para los medianos productores, propuesta que a la larga terminan transfiriendo valor hacia los sectores más “modernos” (D. Carrión y S. Herrera, 2012. Ecuador Rural del Siglo XXI: Soberanía Alimentaria, inversión pública y política agraria) es visible que ha mejorado su capacidad para llegar a los productores más pequeños e incluso a los campesinos sin tierra.

Desde mediados de 2012, el MAGAP amplió sus acciones dirigidas a los medianos y pequeños productores asociados con mejoramiento de semillas, atención técnica y ampliación de servicios a través del Programa “Hombro a Hombro”, universalización de Seguro Agrícola, ampliación de la participación en los Concejos Sectoriales Campesinos, el Plan Nacional de Silos que se basa en tecnologías baratas y de fácil manejo, la asociatividad productiva para la exportación, mayor eficiencia de la Secretaria de Tierras en la legalización de tierras en posesión y la entrega de las tierras del Estado –entregó en campaña más de 25.000 has de 60.000 en manos del Estado-. A todo ello sumó la acción paralela del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco Nacional de Fomento, que invierten importantes recursos en el sector rural.

En síntesis, el MAGAP logró ampliar su cobertura hacia los medianos y pequeños productores, desarrollando una vieja estrategia que tiene grandes efectos sobre los procesos productivos en el campo como son las pequeñas intervenciones en tecnología, crédito, riego y mercado, que sin duda logran mejorar la productividad del trabajo familiar y sus ingresos, pero que resulta insuficiente para asegurar que superen sus condiciones de pobreza.

En el contexto electoral los avances del MAGAP lograron mantener las expectativas de la población y recuperar el espacio perdido por otros ministros. Evidentemente, es una cobertura o presencia del Estado largamente demandada por los pequeños productores, pero deberemos esperar su desarrollo, para intentar responder si los cambios de la política agraria marcan el desarrollo, estrategia y proyecto postelectoral hacia el campo en el próximo periodo o se agotan con la elección del presidente.

Desafíos para el campo

El análisis de coyuntura elaborado por el ya citado documento OCARU, 2013 muestra que, más allá del conflicto gobierno y movimiento campesino, el problema central son las pocas consideraciones al contexto mundial; caracterizado por el incremento de precios de los alimentos, escasez creciente de los recursos productivos y la falta de fuentes energéticas renovables, en el campo impulsan un modelo de acumulación por despojo que limita las posibilidades de construir una “vía campesina” de Soberanía Alimentaria. En este sentido, las posiciones del gobierno sobre el uso de transgénicos y su apuesta por la productividad refuerzan el modelo y, con éste, la conflictividad rural resultado de la presión sobre la naturaleza y los recursos en manos de los pequeños campesinos.

Las elecciones, las posiciones del gobierno y la acción pública del MAGAP muestran que no habrá mayores cambios. Al contrario, se presume que si se aprobaran las leyes pendientes de Agua, la de Tierras y la de Agro-biodiversidad y Semillas, y seguramente se encontraran caminos “legales” a la Consulta Prelegislativa, pero no serán a favor de un programa de Soberanía Alimentaria o de los agricultores familiares. No solo porque el triunfante Movimiento Alianza Patria Altiva y Soberana (PAIS) tiene una mayoría indiscutible y los cinco asambleístas de PK no tendrán peso como representación de los indígenas campesinos, sino porque en las últimas elecciones las fracciones de derecha ganaron más espacios.

Si bien la enorme votación por PAIS no quiere decir necesariamente que la población estará dispuesta a defender toda la estrategia del gobierno, es claro que la agenda de Soberanía Alimentaria de las organizaciones corre el riesgo de terminar marginada y sin eco en la sociedad.

El costo de esta tendencia es enorme. No podemos olvidar que son justamente las organizaciones indígenas y campesinas las que lograron, a través de la presión social, mostrar los límites y contenidos del modelo; son éstas las que denuncian la presión de los poderes terratenientes en el campo; son ellas las que mantienen la defensa de los pequeños productores y familias campesinas. Fueron las organizaciones indígenas y campesinas las que durante los noventa lograron contener el avance neoliberal y levantar propuestas tan importantes para la sociedad como la Soberanía Alimentaria y los Derechos de la Naturaleza.

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* Sociólogo de la Universidad Central del Ecuador. Director del Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE). Impulsa el Observatorio de Cambio Agrario www.ocaru.org.ec. Miembro del grupo de trabajo sobre desarrollo rural en CLACSO. Trabaja los temas de movimientos sociales, desarrollo rural, reforma agraria y políticas públicas.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Los resultados de las recientes elecciones presidenciales realizadas en Ecuador son analizados por  Pablo Ospina Peralta quien perfila los escenarios del futuro inmediato para el país, su democracia  y la gestión del  nuevamente electo presidente Rafael Correa. En el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) estamos siguiendo con mucho interés el devenir del hermano país y seguiremos ofreciendo a las y los lectores otras miradas sobre el proceso, especialmente en lo vinculado al desarrollo rural.

Elecciones ecuatorianas: lecturas y escenarios

Pablo Ospina Peralta

No tenemos información todavía fidedigna sobre la asignación de escaños en todas las provincias, pero parece que el gobierno podría tener una representación cercana a los 100 electos contra 59 que obtuvo en 2009. Pasó del 47% de la representación parlamentaria al 73%. Evidentemente esta sobre–representación se debió menos al aumento de votación que a la fórmula de asignación introducida mediante veto presidencial a fines del año 2011. Con el sistema de asignación de escaños anterior la representación habría caído entre 70 y 80 asambleístas sobre 137.

Desde un punto de vista regional, la votación gubernamental, igual que en 2009, fue mayor en la Costa y en las provincias serranas de Pichincha y Azuay, donde están las grandes ciudades de Quito y Cuenca, que en la sierra central y sur o en la Amazonía. En 2013 esta tendencia se acentuó notablemente. Hay tres provincias de la Costa donde la votación de Rafael Correa creció enormemente: Guayas, donde pasó del 44% al 63%, Los Ríos, del 53% al 61% y Manabí, del 53% al 63%. Estas tres provincias cuentan por prácticamente todo el aumento de la votación de Alianza País entre 2009 y 2013.

Las pérdidas de votación más significativas ocurrieron en la Amazonía sur, en todas las provincias de la frontera con Perú y en Imbabura, en la sierra norte. Tanto en esta última como en la costeña provincia de El Oro, en la frontera con Perú, la caída es fuerte, más de 10 puntos, pero desde niveles de votación muy altos: de 65 y 67% a 57%.En Loja y Zamora, en la Sierra y Amazonía sur, la caída es incluso más pronunciada: de 61% a 45% y de 46% a 34%. En otras provincias de la Sierra central y la Amazonía, la votación se mantuvo relativamente baja: 33% tanto en Bolívar como en Morona Santiago.

Salvo el caso de Bolívar, es muy difícil no ver en estos datos los ecos del rechazo a la política de promoción de la gran minería en el sur del Ecuador. Se trata, en efecto, de las provincias más afectadas por los grandes proyectos mineros. Las excepciones son la provincia del Azuay y la zona de Intag, en Imbabura, donde a pesar del impulso minero, la votación de Rafael Correa se mantuvo excepcionalmente alta.

En cuanto a las oposiciones de derechas e izquierdas, las recomposiciones fueron más dramáticas. Lo más significativo es la reducción drástica del apoyo a Lucio Gutiérrez y a Álvaro Noboa, que pasaron, respectivamente, de 28% a 6,7% y de 11% a 3,7%. Una gran parte de su antigua votación parece haberse dirigido, más o menos equitativamente, hacia Rafael Correa (sobre todo en las provincias de la Costa) y hacia Guillermo Lasso, el candidato más fuerte de las derechas (sobre todo en las de la Sierra). De hecho, es la primera vez desde la elección de Jaime Roldós Aguilera en 1978, que el candidato de las derechas, el guayaquileño Guillermo Lasso, obtuvo más votos en la Sierra que en la Costa. Esto hace suponer que su candidatura logró acumular una parte de votación “prestada” del electorado regional que tradicionalmente votaba hacia el centro y el centro izquierda.

Esto se explica porque esta primera vuelta del año 2013 funcionó como si fuera la segunda: se concentró la votación anti –gubernamental en la candidatura más fuerte de las derechas, en forma similar a lo que ocurrió con la candidatura de Lucio Gutiérrez en 2009, que también concentró el voto “anti –Correa” en la esperanza de forzar una segunda vuelta. Es imposible prever si este desplazamiento de la votación desde las “derechas populistas” (Gutiérrez Noboa) hacia las derechas ideológicas (Lasso, con 23% y el candidato nuevo, Mauricio Rodas, que consiguió 4% de los votos) será estable o no.

Las oposiciones de izquierdas salieron debilitadas con una votación que no superó lo que Martha Roldós y Diego Delgado obtuvieron en 2009: si sumamos la votación de Alberto Acosta, de la Coordinadora por la Unidad de las Izquierdas (3,3%) y Norman Wray, de Ruptura de los 25 (1,3%), la votación total se mantendría estancada en alrededor del 5%.

Hay que decir que si juzgamos la distribución regional de las votaciones en 2009 y 2013, en realidad no estamos hablando del mismo electorado. De hecho, contra todo pronóstico, Alberto Acosta, una figura bastante conocida y respetada, ex presidente de la Asamblea Constituyente, obtuvo menos votación que sus listas de asambleístas.

En efecto, las listas nacionales y de parlamentarios andinos de la Coordinadora de Izquierdas lograron concentrar lo que podríamos llamar el “voto duro” de las izquierdas históricas (el 5%), las vinculadas a la CONAIE –Pachakutik y al Movimiento Popular Democrático, mientras que Alberto Acosta no logró hacerlo. De esta manera, Pachakutik, el partido ligado a la CONAIE, logró mejorar su votación local en la Sierra central y en la Amazonía, obteniendo al parecer 6 asambleístas, mientras que el MPD parece haberse quedado sin representación aunque al momento de escribir estas líneas todavía se disputa un asambleísta en la provincia costeña de Esmeraldas.

A todas luces, el electorado que hubiera podido votar por Acosta, es decir, una parte del voto “blando” a favor del presidente Rafael Correa y una parte del voto de centro izquierda serrano, o no encontró diferencias significativas con las propuestas del gobierno o prefirió el “voto útil” a favor de la derecha. Esta es la votación que Acosta no pudo convencer en Cuenca y sobre todo en Quito, donde hubiera podido crecer mucho más y donde obtuvo votaciones muy bajas (6% en Azuay y 2,7% en Pichincha).

Escenarios

Un primer paso es hacer el recuento de los cambios en el comportamiento electoral. El segundo es interpretar sus significados y sus efectos sobre las relaciones de poder político en el país.

Lo que se ha producido es una polarización de la representación política formal entre la derecha ideológica, cuyo discurso se centró en la crítica al modelo estatista en economía, prometió rebajas de impuestos y más peso de la inversión y las empresas privadas, y Alianza País, cuya campaña no consistió en prometer algo nuevo sino en reafirmar la obra realizada. Por su parte, el discurso y el perfil político alternativo de izquierda están debilitados y se concentrarán sin duda fuera del sistema político, en los medios disponibles, en las organizaciones sociales y en las protestas callejeras. 

La mayor incertidumbre proviene del posible significado de largo plazo de esta “polarización” entre derecha y centro–derecha, representado fundamentalmente por CREO y el centro izquierda, representado por Alianza País. Recordemos que, por primera vez en décadas, esta diferenciación ideológica no aparece claramente atravesada por la fractura regional, es decir, la derecha en la Costa y la centro–izquierda en la Sierra. Lasso ganó ligeramente más votos en la Sierra mientras que Correa ganó muchos más votos en la Costa. ¿Podríamos estar asistiendo al nacimiento de la estabilización soñada hace treinta años por Osvaldo Hurtado de un bipartidismo parecido al que dominó Europa durante la segunda mitad del siglo XX? ¿Un escenario que clausurará los “extremos” y obligará a conformarse con ajustes menores en un sistema globalmente inmodificable? Este es un primer “escenario” posible, aunque tal vez menos probable, en la evolución futura del sistema político ecuatoriano.

Una primera objeción a semejante posibilidad es que los electores no tenían en mente una diferenciación propiamente ideológica al momento de votar y que por lo tanto la volatilidad de sus adhesiones sigue siendo la misma de siempre. Sin embargo, más allá de las adscripciones ideológicas estrictas o conscientes, hay en esos electores una clara diferenciación entre el peso que se le asigna al Estado en la dirección de los problemas económicos y la garantía de derechos sociales. Quienes votaron por Rafael Correa, claramente tenían en mente no solo un gobierno fuerte o una figura carismática sino el crecimiento de la obra pública, la ampliación de la inversión social, especialmente en salud y educación, pero también en atención a discapacitados y extensión de la cobertura de servicios, así como el esfuerzo de tecnificación disciplinaria de la burocracia. La votación por Lasso parece más mezclada: no solamente votaron por él quienes aspiran a un mayor peso del emprendimiento privado sino también quienes se sentían especialmente molestos por el autoritarismo y la prepotencia gubernamental.

La estabilización de un bipartidismo en el futuro del Ecuador implicaría seguramente algunos desplazamientos análogos a los operados en Europa en su momento: el fortalecimiento de las tendencias más “liberales” dentro del partido de gobierno y la aceptación por parte del centro–derecha que ciertas garantías sociales y un mayor peso del Estado son un mal necesario e inevitable una vez que la población los adopta por costumbre como “derechos adquiridos”.

Algo así se percibió en el discurso de campaña de Guillermo Lasso para quien era muy difícil promover el desmontaje del costoso aparataje de protección social inventado durante los años de gobierno de Alianza País. Por el lado del movimiento político gubernamental, asimismo, es fácil advertir que se debilitan los rezagos “movimientistas” y se afirman progresivamente los grupos más moderados, pragmáticos y menos animados por lo que ellos consideran las “novelerías” garantistas de la Constitución de Montecristi.

Esta podría ser, por ejemplo, la apuesta de ideólogos como Fernando Bustamante, actual asambleísta electo por Alianza País, para quien era necesario un “momento bonapartista”, es decir, de fuerza concentrada y disciplinaria, para salir del Estado “secuestrado” que teníamos y avanzar en la construcción de un Estado típicamente liberal. Es probable que el propio Rafael Correa, inspirado como está en la doctrina social de la iglesia católica, imagine un sistema político de tales características, con el matiz, propio de varios sistemas políticos liberales, de buscar un respeto sacrosanto a la majestad de la autoridad presidencial. En una paradoja no exenta de ironía, Correa podría ser el realizador de los sueños de Hurtado.

Existe, no obstante, un enorme obstáculo a semejantes propósitos. Nos referimos al déficit en la construcción propiamente partidaria de ambos movimientos. Ni CREO ni Alianza País cuentan con una estructura política fundada en la promoción de cuadros y dirigentes ni en la formación política basada en principios ideológicos o en horizontes de construcción del Estado.

El caso de CREO es menos grave porque se trata de un movimiento de tamaño más reducido y menos heterogéneo; mientras que Alianza País está demasiado fundado en la atracción electoral y decisión programática de la figura presidencial, que es lo único que mantiene unido a un movimiento extraordinariamente heterogéneo. Si las tendencias ideológicas que se afirmaron en las elecciones de febrero de 2013 no se estabilizan en estructuras organizativas mínimamente consolidadas, entonces las tradiciones personalistas, fragmentadas y faccionalistas de la política ecuatoriana volverán a dispersar el sistema político apenas terminada la fase de consolidación del “correísmo”.

Un segundo escenario posible, tal vez más probable, es la intensificación de las disputas y debates internos entre distintas facciones dentro de la propia Alianza País. En lugar de “estabilizar” el debate ideológico en dos fuerzas político –electorales distintas, el conflicto se trasladaría al interior de Alianza País, que se convertiría en la única fuerza política dominante. Los sectores empresariales ahora relativamente distantes se verían entonces obligados a un ingreso más orgánico y duradero dentro de las redes de poder del movimiento gubernamental.

Mientras dure el apoyo popular a Rafael Correa, el caudillo podría manejar, a la manera peronista, los antagónicos grupos y tendencias existentes a su interior. Alejado el máximo líder del poder o de la vida pública, el movimiento estallaría en varios pedazos liderados por distintos caudillos, cada uno reclamando la herencia política de las mejores épocas doradas del “correísmo “. Este segundo escenario resulta más compatible con las tradiciones políticas y la débil institucionalización, no solo de los partidos sino de las propias estructuras de encuadramiento político y social de las clases populares, de cuyo apoyo difuso e inestable depende el poder político acumulado por Alianza País.

Seguramente habrá esfuerzos y señales a favor de ambos escenarios. La vida política es difícilmente previsible y la realidad está siempre hecha de combinaciones dispares y resultados contradictorios. Al cúmulo de elementos imprevisibles hay que sumar el contexto internacional y la acumulación de tensiones en el modelo económico (peligroso aumento del déficit en la balanza comercial, alto costo fiscal de las garantías de derechos sociales y la inestabilidad en el precio de las materias primas en el mercado mundial). Este tipo de contradicciones internas del modelo económico podría llevar a radicales y dramáticas transformaciones del escenario político antes de que cuajara cualquiera de los escenarios descritos o de sus combinaciones posibles.

La proposición de escenarios políticos nos ayuda a orientarnos en medio de la confusión pero las bolas de cristal siempre han sido neblinosas. Lo que viene en el futuro inmediato es el período electoral de2014para elegir gobiernos locales. Rafael Correa, días después de la elección, anunció un paquete de reformas a la Constitución de Montecristi, donde espera restringir derechos y garantías que siempre consideró “noveleras” o “infantiles”, como la prohibición de la entrada de transgénicos al país y la excesiva facilidad para presentar acciones de protección ante los jueces para asegurar la garantía de derechos frente a las acciones de ciudadanos, de empresas o del Estado (“Segunda reforma a la Constitución”, El Comercio, 21 de febrero de 2013. Consultado en http://www.elcomercio.com/politica/Segunda-reforma-Constitucion-Ecuador-Correa_0_869913084.html).

Da la impresión que el gobierno quiere rayar la cancha para el proceso electoral venidero marcándolo con una consulta popular nacional que le permitiría intervenir con todo su aparato político para moderar el típico localismo de este tipo de elecciones y asegurar una mayoría del oficialismo. Pero al hacerlo de esta manera, atacando los “excesos garantistas” de la Constitución de Montecristi, envía una poderosa señal de alineamiento a su ala izquierda que tendrá en su boca una piedra dura de tragar.

¿Habrá remezón interno como el que produjo la Consulta Popular de mayo de 2011? No parece probable luego de la victoria de febrero que el presidente puede exhibir como un triunfo personal que nadie en su propio movimiento le puede disputar.

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El artículo fue publicado por el Comité Ecuménico de Proyectos (CEP), bajo el título de: Lecturas y escenarios de la victoria electoral de Rafael Correa y también puede encontrarse  en http://www.cepecuador.org

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

La certificación y los costos de transacción significan mucho en el incremento del precio final de los productos como parte de cadenas alimentarias que están causando preocupación en los países de la región debido a alzas y desabastecimiento. Hay muchas razones para explicar esto. El presente artículo adelanta un análisis de ambos factores a partir del caso boliviano, que bien puede aplicarse a otros países sudamericanos.

Cadenas productivas alimentarias y costos de transacción

Eduardo López Rosse A.

En las últimas dos décadas, los pequeños productores de Latinoamérica han estado enfrentando una serie de retos en las cadenas productivas alimentarias que han influido en sus medios de vida. Por ejemplo, la volatilidad de los precios de los commodities en mercados internacionales, como el precio del petróleo, del café y el azúcar. En Bolivia, el año 2010, se experimentó, después de más de veinte años, el alza del precio del azúcar, el desabastecimiento del producto, al mismo tiempo que su especulación galopante durante algunas semanas. Se dieron varias explicaciones de la crisis, algunas de las cuales se mencionan a continuación.

Biocombustibles y transnacionales. Las explicaciones sobre la “crisis del azúcar” en Bolivia mencionaban entre otros factores como la creciente demanda de biomasa por el sector de los biocombustibles, que está causando un desequilibrio en la oferta de la producción de alimentos, porque están creciendo los cultivos de palma aceitera, caña azucarera y maíz para elaborar biodiesel y etanol para mezclar con combustibles fósiles y proveer de energía a industrias y vehículos. Así mismo la participación de las transnacionales en las cadenas productivas alimentarias, comprando volúmenes importantes de diversos productos en los países de origen para transportarlos hacia los supermercados en el hemisferio norte, controlando, de esta manera, todos los eslabones de las cadenas.

Estándares.Finalmente,  el efecto negativo de la sobre estandarización de productos y procesos que, por lo general, confunde a los productores y, en algunos casos, los marginan económica y socialmente de las cadenas, aunque se trate de productores aptos,  porque no pueden cumplir con ciertos estándares o no alcanzan a solventar los altos costos de certificación, dependiendo del tipo de cultivo y su contexto.

Luces y sombras de la certificación

En un mundo cada vez más globalizado los estándares de calidad en el sector de los alimentos comunican a los consumidores información sobre los atributos o características inherentes sobre el origen, composición de los productos, su proceso de producción y otros atributos. El cumplimiento de estos estándares garantiza la comercialización de los productos en mercados finales, por ejemplo, en redes especializadas del comercio justo y orgánico en EE.UU y la Comunidad Europea (Ponte, N; Standards and Sustainability in The Coffee Sector. A Global Value Chain Approach; 2004).

La certificación fue creada como un instrumento para la reducción de los costos relacionados al intercambio de un producto, denominados costos de transacción (Williamson, O.E; Transaction Costs Economics: an overview 1985), pero, a medida que los estándares de certificación fueron desarrollados, estos costos se han incrementado, especialmente para los pequeños productores (Castillo L.R y Alejua, A. H. Información Asimétrica y Activos Específicos en la Agricultura Orgánica: Una Interpretación Neo institucional, 2005).

Descritos como las “barreras invisibles” por Murray et al en 2003, los estándares de certificación obstaculizan la entrada de pequeños productores organizados (PPO) a mercados especiales o diferenciados, por ejemplo los denominados “productos de boutique”, donde podrían recibir precios más altos que en mercados convencionales, pero no lo hacen ya que cumplen con los estándares o no pudieron pagar el costo del servicio de certificación.

Distintos reportes especializados demuestran la necesidad de repensar los estándares de certificación voluntarios por sus costos (costos de transacción, costos de certificación) y la exclusión de productores potenciales, a tiempo de recomendar el desarrollo de esquemas de certificación alternativos con atributos amigables con el ambiente y con responsabilidad social.

Por esta razón surgieron los esquemas de certificación alternativa, contra-movimientos a la certificación voluntaria, orientados por movimientos rurales sociales, ONG y redes de actores, para promover la inclusión económica y social de pequeños productores y el desarrollo de normativas con participación de todos los actores de las cadenas productivas. Un buen ejemplo son los Sistemas de Garantía Participativa (SGP) para productos ecológicos (Soto, G; Certification of Organic Products. The Guarantee Needed for Access to International Markets; 2005).

Costos de transacción

En la actualidad los servicios técnicos, empresariales y financieros no prestan atención a la identificación de los costos de transacción involucrados en las actividades de las cadenas productivas alimentarias. Esto trae como consecuencias pérdidas económicas para productores y consumidores,  debido a la estructuración de los precios de los productos. Por ejemplo, a los costos de transacción en las cadenas de productos amigables con el ambiente, como los ecológicos, se añaden otros como los de información, monitoreo y control, transporte y comercialización.

El interés en la reducción de los costos de transacción radica en el precio verdadero del producto ecológico, que es igual al precio de venta más los costos de transacción. Un precio real que debe ser desembolsado por el consumidor que, dependiendo del contexto en que se encuentren, puede llegar a ser una barrera invisible para la compra de dichos productos, provocando su comercialización por canales convencionales (side-selling)  perdiendo, en algunos casos, los premiums incluidos.

En Bolivia los Sistemas de Garantía Participativa (SPG) están siendo subvencionados por la cooperación internacional,  a través de agencias gubernamentales, ONG y otros proveedores de servicios, y no se cuenta con estudios de los costos involucrados que permitan desarrollar estrategias para que los SPG sean sustentables a mediano término. En otros países solo hay experiencias para productos prioritarios, como por ejemplo la papa convencional.

El estudio de dos experiencias

Con el fin de proveer suficiente evidencia sobre el desarrollo de estrategias que permitan la reducción de los costos de transacción en las cadenas de los SPG en Bolivia, propongo el análisis del nivel meso, en el cual los actores de las cadenas de productos ecológicos interactúan con otros. Para ello, empleo un enfoque en los costos de transacción de productos perecederos en dos estudios de caso en el departamento de Cochabamba: la Bio-Tiqui, feria ecológica celebrada cada domingo en el Municipio de Tiquipaya, y la Eco-Feria, que se celebra cada miércoles en la propia ciudad.

A partir de ambas experiencias se pudo identificar que los costos de transacción son los de la  organización para los comités, monitoreo y control social (26% productores, 26% transformadores); transporte (29% productores, 16% transformadores); información de mercados (16% productores,  16% transformadores, 30% prestadores de servicios, 17% consumidores); diseño e implementación de estrategias de comercialización (16% productores, 26% transformadores, 6% consumidores); información sobre SPG (29% productores, 16% transformadores, 70% prestadores de servicios, 49% consumidores).

A manera de ejemplo, los productores de hortalizas de la Eco-Feria gastan en transporte porque sus fincas se encuentran en el Municipio de Tiquipaya y deben llevar sus productos a la Eco-Feria en la Ciudad de Cochabamba  a una distancia de aproximadamente 10 km. Mientras que los productores de la feria Bio-Tiqui, no tienen gastos de transporte porque comercializan sus productos in situ, en  Tiquipaya.  Productores y prestadores de servicios obvian el estudio de los costos de transacción involucrados en las cadenas, de hecho los conocen como costos asociados, como por el ejemplo el transporte, pero no les prestan mucha atención, ya que los emprendimientos están subsidiados.

Para reducir costos de transacción para productores como el transporte y el control y monitoreo, éstos y otros actores deben desarrollar prácticas de cooperación para llevar productos desde las zonas productoras hasta las ferias locales. Es necesario fortalecer el capital humano y social de las organizaciones de productores para la organización de los comités SPG involucrando a todos los actores. Para lograrlo se debe trabajar en el desarrollo de destrezas y habilidades para mejorar los conocimientos en calidad y la correspondiente evaluación para su control y monitoreo. Por otra parte, es necesario cooperar en el desarrollo de estrategias comerciales para generar conciencia por parte de la población.

Finalmente, una mejor comunicación y coordinación entre los actores, principalmente prestadores de servicios técnicos, empresariales y financieros, redundará también en la disminución de los costos de transacción.

A partir del ejemplo desarrollado en este artículo se recomienda realizar estudios complementarios sobre los costos de transacción involucrados en los sistemas de certificación alternativa con el fin de aplicar estrategias para que los precios sean más atractivos para consumidores y, por ende, más beneficiosos para productores.

El autor asegura que  hay contradicciones flagrantes entre el discurso y la práctica del gobierno del presidente Mujica en Uruguay,  poniendo como principal ejemplo que “Los principales referentes del segundo gobierno del Frente Amplio, mediante ejercicios retóricos verdaderamente admirables, intentan enmarcar sus políticas agrarias como parte de la vía al socialismo” mientras que, en la realidad, esas transformaciones no existen. A lo largo del artículo, Gabriel Oyhantçabal describe y analiza la situación uruguaya para probar su aseveración. Probablemente hay otras visiones sobre la situación de Uruguay en esta área, invitamos a nuestros lectores y lectoras a compartir sus análisis al respecto.

La cuestión agraria en Uruguay

Gabriel  Oyhantçabal

Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social señaló que en Uruguay “los ejes de la transformación tienen que ver con la redistribución de la riqueza, las reformas protosocialistas, la economía social, la participación social que genera poder popular, no con mayor estatización a ultranzas. Y es en ese camino que transitó el primer gobierno del frente, en ese camino transita este gobierno y en ese camino transitará el tercer gobierno del frente amplio” (politicalatinoamericana.sociales.uba.ar/files/2011/05/olesker.pdf). Por su parte Lucía Topolansky, senadora y primera dama de Uruguay, en  declaraciones al programa Visión 7 Internacional (http://www.youtube.com/watch?v=-5fYr1amdyk) habló de las “reformas socialistas” del actual gobierno del Frente Amplio poniendo como principales ejemplos la creación de un fondo para el financiamiento de emprendimientos cooperativos (FONDES), la aprobación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR, Ley 18.876) y el accionar del Instituto Nacional de Colonización (INC), ente público estatal creado en 1948 por la Ley 11.029 con el objeto de promover “la racional distribución de la tierra”, que ha fundado nuevas colonias en el medio rural.

La ofensiva del capital y la política colonizadora

Lejos de esa romántica visión colonizadora, en la última década hemos asistido a una profunda transformación de la estructura nacional de la mano de la expansión e intensificación de las relaciones capitalistas en el campo, con el protagonismo de empresas regionales y transnacionales financiadas por el capital financiero. Estamos asistiendo al desembarco del agronegocio en rubros como la soja, el trigo, la forestación, la ganadería y el arroz, todos rubros orientados a la exportación que acumularon en 2011 un total de 3.200 millones de dólares, 40% de las exportaciones.

En el caso de la forestación, y a partir de una política de promoción y subsidios aprobada en 1987 por la Ley 15.939 votada por todos los partidos políticos, hemos llegado a un escenario en el cual tres empresas extranjeras (UPM de Finlandia, el consorcio Montes del Plata propiedad de Arauco de Chile y Stora Enzo de Suecia, y Weyerhauser de EE.UU.) controlan 650.000 hectáreas, lo que representa cerca del 70% de la superficie forestada en el país. Estas mismas empresas también controlan la fase industrial y de comercialización: UPM (ex-Botnia) y Montes del Plata montaron, gracias a la concesión estatal (del gobierno de Jorge Batlle en el caso de Botnia y de Tabaré Vázquez en el caso de Montes del Plata),  de zonas francas libres de impuestos, mega-industrias de producción de pulpa de celulosa.

En el caso de la agricultura (soja y trigo fundamentalmente) 8 empresas, 7 extranjeras y una nacional, controlan 600.000 hectáreas, 50% del área sembrada. Asimismo las principales transnacionales agrícolas están presentes en Uruguay, en particular controlando la venta de insumos (Monsanto, Nidera, BASF) y el acopio y comercialización de los granos (Cargill, ADM, Bunge).

En los casos de ganadería y el arroz existe una gran concentración en la fase industrial, controlada fundamentalmente por capitales brasileños: en la industria cárnica cerca del 48% de la faena y 60% de las exportaciones (en manos de las empresas Marfrig, JBS-Friboi, Minerva) y el 50% en la industria arrocera, rubro en el cual empresas brasileras también controlan buena parte de la fase agrícola (Ver Radiografía del agronegocio sojero de Oyhantçabal y Narbondo, 2011).

La ofensiva desbocada del capital transnacional en el sector agropecuario provocó un intenso dinamismo en el mercado de tierras tanto en la compra/venta como en los arrendamientos. Esta situación no es exclusiva de Uruguay, por el contrario se trata de un proceso regional. América del Sur es una de las zonas del planeta más codiciadas por los compradores de tierra, lo que agudiza la concentración de la tierra en la zona del mundo donde este recurso está peor distribuido (Informe del Banco Mundial de 2010 Rising Global Interest in Farmland).

En el contexto regional, Uruguay es de los destinos más interesantes para los grandes inversores por la acumulación de cualidades agroecológicas (suelos fértiles, régimen de lluvias regular, temperaturas templadas), bajos precios relativos de la tierra en comparación con Brasil y Argentina, y gran disponibilidad de tierras. Entre el 2000 y el 2010 se comercializaron 6,4 millones de hectáreas (600.000 hectáreas por año) lo que representa más del 33% del territorio nacional (con 16,4 millones de hectáreas productivas). El precio de la tierra se quintuplicó pasando de 450 a 3600 dólares la hectárea entre el 2000 y mediados de 2012, mientras que en el balance de las transacciones de compra-venta entre 2000 y 2008 las personas físicas (muchas de ellas uruguayas) vendieron 1,8 millones de hectáreas, mientras las sociedades anónimas compraron 1,7 millones de hectáreas.

Las cifras preliminares ofrecidas por el Censo General Agropecuario realizado en 2011 no hacen más que confirmar el proceso: entre 2000 y 2011 los uruguayos pasaron de controlar del 90,4% al 53,9% de la superficie productiva nacional, mientras que las personas jurídicas (sociedades anónimas en su mayoría) pasaron de controlar 1% a un 43,1% del territorio, apropiándose de casi 7 millones de hectáreas en sólo 11 años; mientras tanto la concentración de la tierra aumentó siendo que el 70% de los productores más chicos controlan sólo el 10% de la superficie, al tiempo que el 10% más grande acapara el 61% de la superficie nacional.

Algo similar sucedió en el mercado de arrendamientos, para lo cual fue fundamental la Ley 16.223 aprobada en 1991 que derogó el plazo mínimo para el arrendamiento de tierras. Entre el 2000 y el 2010 se registraron incrementos significativos en la superficie arrendada que acumuló en el período 7,3 millones de hectáreas, con un promedio anual que pasó de 400.000 a 1.100.000 hectáreas, al tiempo que la renta de la tierra pasó de 28 a 190 dólares por hectárea entre el 2000 y mediados de 2012. Este dinamismo representó un desembolso por concepto de operaciones de compraventa de 6.300 millones de dólares, y por concepto de operaciones de arrendamiento de 520 millones de dólares (Ver informes del mercado de tierras de la Dirección de Estadística Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el informe del investigador uruguayo Diego Piñeiro elaborado para la FAO en 2010 “Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina”: el caso de Uruguay”). 

¿Cuál es entonces el balance entre la política colonizadora “socialista” del gobierno del Frente Amplio y el actual dinamismo del mercado de tierras? Reduciendo el período de análisis a los primeros seis años de gobierno del Frente Amplio (2005-2010) tenemos que las operaciones de compraventa ascendieron a un total de 3,72 millones de hectáreas, mientras que las operaciones de arrendamiento alcanzaron 4,85 millones de hectáreas. Por su parte, y según informa en su página web el Instituto Nacional de Colonización (INC), en el período 1989-2011 la incorporación de tierras al ente fue de 24.301 hectáreas, aunque Andrés Berterreche, director  del INC, sostiene que durante el gobierno de Tabaré Vázquez se adquirieron 45.000 hectáreas.

Asumiendo la cifra de Berterreche tenemos que entre el 2005 y el 2010 la política estatal de colonización representó el 1,21% de las operaciones de compraventa y el 0,93% de las operaciones de arrendamiento. Es decir que por cada hectárea colonizada en el período 2005-2010 se vendieron 83 hectáreas y se arrendaron 108 hectáreas. Para el período 2000-2010: mientras el área colonizada representa la superficie del departamento de Montevideo (el más pequeño del país), el área transada en operaciones de compraventa equivale a los 6 departamentos del litoral, y de ese total el 40% fue adquirido por sociedades anónimas, mientras que el área transada en operaciones de arrendamiento equivale a los 6 departamentos del centro y noreste del país.

“Pusimos un tibio impuesto a la tierra”

De ese modo definió la senadora Topolansky en la entrevista mencionada al Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) aprobado en el Parlamento por la bancada oficialista a fines de 2011. Este impuesto, furibundamente rechazado por las gremiales de la burguesía agraria nacional y transnacional, los partidos de derecha y “sus” medios de comunicación, tiene por objetivo “captar para la sociedad parte de la valorización de la tierra y desalentar su proceso de concentrador”.

En la justificación del proyecto de Ley, el Poder Ejecutivo señaló que en vez de los cuatro dólares por hectárea que en la actualidad se paga por concepto de contribución inmobiliaria rural, los propietarios de la tierra deberían tributar 16 dólares por hectárea, al tiempo que afirma que la propiedad de la tierra en Uruguay está mucho más concentrada que los ingresos, en la medida que mientras el 10% de los uruguayos más ricos percibe 30,5% del ingreso total, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. La Ley aprobada prevé por un lado, la creación de un impuesto progresivo que gravará a los propietarios de extensiones mayores a las 2000 hectáreas de productividad media, lo que abarca alrededor de 1200 empresarios y recaudará aproximadamente 60 millones de dólares al año.

Luego de diversas presiones internas y externas al gobierno, éste resolvió destinar el total de lo recaudado para la construcción de caminos rurales. Por otro lado, la Ley modifica el régimen de liquidación de impuestos (IRPF e IRAE) para captar recursos de la valorización de los inmuebles rurales con destino al INC, en un monto que rondará entre los 12 y los 20 millones de dólares al año. ¿Podrá la Ley, tal como establece en la exposición de motivos, desacelerar el proceso concentrador y favorecer una política redistributiva?

Para tener un punto de referencia, en 2011 la recaudación impositiva proveniente del sector agropecuario ascendió a 266 millones de dólares, lo que representó el 6,5% del PBI sectorial, cuando el conjunto de la economía tributa alrededor del 17% del PBI según datos de la Dirección General Impositiva (DGI), y sólo el 3,2% del total recaudado por el Estado uruguayo (8.300 millones de dólares). Es conocido que en Uruguay la carga tributaria mayor es sobre el consumo (63,2% de la recaudación total) y las rentas personales (13,7%), mientras que el capital aporta por concepto de rentas empresariales 13,2% del total y por concepto de impuestos a la propiedad 6,5% del total. Las cifras preliminares de la recaudación del impuesto en 2012 son elocuentes: recaudó 39 millones de dólares, llevando  la presión fiscal en el agro al 8% del PBI. Cabe destacar que al mismo tiempo que se aprobó el ICIR se eliminó un impuesto municipal que pagaban los productores agropecuarios, de forma tal que en 2012 se dejaron de recaudar cerca de 28 millones de dólares. ¿Cuál fue entonces el balance del ICIR en 2012? 10 millones de dólares más para las arcas del Estado.

Es por lo tanto inverosímil afirmar que el impuesto tendría un efecto redistribuidor. Al mismo tiempo, tampoco opone mayores dificultades a la continuación del proceso de concentrador, en tanto no establece ninguna medida efectiva que regule el mercado de tierras. Concedámosle al gobierno el hecho de que en nuestro país la concentración de la tierra es un fenómeno histórico, y que mientras en 1885 sólo 4.000 estancias concentraban el 60% de la tierra, en el año 2000 la misma cantidad concentraba el 55%. No obstante, ninguna medida de fondo ha sido adoptada en los 7 años de gobierno del Frente Amplio para modificar esta situación, que ha llevado a que la tierra concentrada por las 4000 estancias más grandes subiera a 61%. Por el contrario, el gobierno impulsa decididamente políticas de fomento a la inversión extranjera responsables en buena medida del avance desenfrenado de los agronegocios.

Deconstruir la hiperrealidad

El escenario parece claro. La apuesta predominante del gobierno del Frente Amplio se ciñe a generar un clima de inversiones lo más ameno posible para el capital extranjero, y este elige los sectores de la economía que mayor rentabilidad ofrecen en el menor tiempo posible (esta es la lógica del capital). De esta forma, no se trata de factores externos ni de la “herencia maldita”, sino que por el contrario son las propias opciones estratégicas del Frente Amplio las que promueven la llegada masiva de capitales al sector agropecuario, y que tienen como consecuencia previsible la tendencia a la concentración de la tierra.

En este escenario las políticas colonizadoras y tributarias antes reseñadas lejos están de afectar la dinámica general de acumulación de capital. Ni siquiera representan, y muy a pesar de las ilusiones de la senadora, “islas de socialismo en un mar capitalista”, ya que estos emprendimientos deben competir de forma subordinada en el mercado capitalista. Como mucho, estamos ante políticas compensatorias que de forma parcial y muy limitada suavizan algunas de las aristas del modelo de desarrollo escogido.

Seguramente, la principal “virtud” de estas medidas refiere al efecto simbólico que generan en la base social frenteamplista, y que son parte de la estrategia orientada a construir un imaginario en el cual el Frente Amplio se legitima como la única fuerza política del cambio. Sin embargo, si de transformaciones y socialismo viene la mano, parece fundamental empezar por interpelar esta híper realidad socialista de los actuales gobernantes con los hechos “puros y duros” de su propia gestión.

Iniciamos nuestras actividades del año 2013 con la entrega del número 95 de la serie de artículos Diálogos.  En esta oportunidad el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) invitó a la investigadora boliviana Andrea Baudoin Farah a que comparta con los cinco mil suscriptores/as del boletín Apuntes una perspectiva general de los principales desafíos que  Bolivia y Perú, los principales países andinos productores de quinua deben enfrentar en el futuro inmediato.

Quinua: Desafíos andinos en competencia internacional

Andrea Baudoin Farah

El 2013 fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) el Año Internacional de la Quinua. Las expectativas de los principales países productores son enormes, ya que la quinua tiene desde los años ochenta un “boom” impresionante y su precio al productor se mantiene en niveles muy altos.

Por lo tanto, se trata de una buena oportunidad para dar a conocer la diversidad y el potencial que tienen la quinua y otros granos andinos, pese a las amenazas que se ciernen  simultáneamente. Ambas proyecciones deberían servir para que los gobiernos le dediquen a estos cultivos un presupuesto consecuente y para promover el consumo de los productos en los mercados internos de los países productores. De esta manera se podrá, efectivamente,  avanzar  en la dirección de la seguridad alimentaria.

Contexto mundial amenaza la producción de quinua

Desde la década de los años noventa, los precios de la producción de quinua se dispararon, como consecuencia de un aumento de la demanda y de una oferta limitada. Los principales países productores de quinua son Perú y Bolivia, que proveen al mercado con 90% de la producción. Perú aparece como el primer país productor,  con más de 40 mil Toneladas métricas (Tm), aunque las cifras están infladas debido al contrabando de quinua boliviana. Bolivia sigue siendo el primer exportador, con más del 80% de su producción (aproximadamente unos 70 millones de dólares), de la cual deja solo una pequeña cantidad para el consumo interno del país. Tanto las exportaciones de Bolivia como de Perú representan casi exclusivamente materia prima, es decir quinua entera, limitando la parte de valor agregado del producto final que se queda en el país productor.

La quinua es un cultivo muy peculiar por sus grandes cualidades nutritivas y por su capacidad de crecer y fructificar en condiciones extremas, excluyentes para la gran mayoría de los cultivos comerciales. Grandes extensiones de tierra hasta hoy consideradas estériles podrían valorizarse mediante el cultivo de quinua. Su producción está empezando en países para los cuales el cultivo es nuevo, pero que por ser importadores de quinua ya cuentan con tecnología de transformación y están invirtiendo en investigación.

Se estima que en Estados Unidos se cultivan unas 500 Hectáreas de quinua, lo que ya puede haber disminuido sus importaciones en 10%. Lo mismo ocurre en Francia, donde se han registrado unas 300 hectáreas sembradas. En el cerrado brasileño se están realizando intentos por “tropicalizar” la planta y una empresa chilena patentó ya una semilla de quinua con alto potencial de rendimiento para zonas bajas. Así, si bien los últimos 15 años han sido una oportunidad dorada para los países exportadores de quinua que tenían el casi monopolio de la oferta, esta situación está cambiando rápidamente.

Limitaciones a la productividad en los centros de origen

El principal problema de la producción altiplánica de quinua en Bolivia y Perú es la productividad. Tratándose de ecosistemas extremadamente frágiles, aumentar la productividad al mismo tiempo que se preservan los recursos naturales es muy difícil.

Las principales limitantes de la productividad son la falta de variedades adaptadas al clima, la deficiente disponibilidad y acceso a semillas de calidad, la baja fertilidad de los suelos y la falta de alternativas para compensarla; la inexistencia de maquinaria adaptada para la siembra y la cosecha, y las grandes pérdidas por plagas y predadores.

El “boom” de la quinua generó  o acentuó  problemas diversos,  como la pérdida de vegetación nativa, el aumento de la erosión, la reducción de los periodos de descanso y la reducción de bofedales y de la cabaña ganadera. Todos estos factores degradan los suelos de forma considerable y afectan la productividad del cultivo. Por ello, se corre el riesgo de que en pocos años estos sistemas de producción sean inviables, más aún frente a las amenazas de competencia internacional e interregional. No es ilógico imaginar que la pérdida de mercados para la exportación y  una caída significativa en los precios de venta de la quinua constituyan en lo inmediato un serio problema para toda la zona.

Frente a esa situación de riesgo, el gran desafío es aumentar significativamente la productividad del cultivo sin comprometer su viabilidad a largo plazo, con medidas de emergencia que, a estas alturas, son impostergables, como las que se mencionan a continuación.

Investigación estratégica y apoyo institucional

La investigación estratégica para asegurar la producción sostenible de granos andinos debe ser asegurada, por lo menos en buena parte, por el Estado (considerando también la reducción de la ayuda financiera de la cooperación por causa de la crisis financiera), a través de instituciones técnicas específicas, independientes, con profesionales capacitados y comprometidos que lleven a cabo estudios en el marco de una visión de largo plazo.

Las prioridades y el enfoque de desarrollo que se requieren para orientar la investigación deben ser definidos claramente, de forma participativa y con previa identificación de las necesidades de los productores, del sector industrial y de los consumidores. Muchas veces se han tomado en cuenta únicamente las exigencias de los mercados internacionales como criterios para orientar la producción. En Bolivia la institución que debería articular, orientar y llevar a cabo la investigación estratégica es el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y en Perú el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Aunque se están haciendo esfuerzos por cambiar la situación, la investigación tecnológica sobre los cultivos de quinua sigue desarticulada y descoordinada, dispersa en las responsabilidades de varias instancias estatales. Está claro que hay un problema de generación de tecnología y de aprovechamiento de las capacidades existentes, pero también se debe pensar en términos de accesibilidad de los productores a las innovaciones y las condiciones para la viabilidad de un cambio de prácticas agrícolas.

Por otro lado, todavía no se da a la investigación la importancia suficiente en términos de presupuesto y esfuerzos, lo mismo que a la asistencia técnica de calidad y a los créditos de campaña y de inversión, sino que se sigue pensando en términos de indicadores inmediatistas de inversión en infraestructura, favoreciendo la agroindustria exportadora frente a la agricultura familiar campesina.

De otra parte, la cadena productiva de la quinua en los países andinos tiene una vocación casi exclusiva de exportación de materia prima. Para poder exportar productos con valor agregado se debe apoyar la investigación estratégica en el sector industrial, pues existe una gran deficiencia en este eslabón de la cadena productiva. Se debe fomentar la creación y el desarrollo de agroindustrias rurales y su inserción dentro de complejos productivos, construyendo así un enfoque territorial que permita retener una parte mayor de valor agregado en el territorio y aumentar las capacidades de negociación de los actores con agentes externos.

Producir para consumir

Por sus cualidades nutricionales la quinua es un alimento muy importante y su consumo regular debería ser un objetivo prioritario dentro de la estrategia por la seguridad alimentaria. Lamentablemente, la quinua sigue siendo principalmente un producto destinado a la exportación, particularmente en Bolivia.

El bajo consumo de quinua en Bolivia y Perú tiene diversos motivos, entre los cuales se destacan el alto precio del producto, la falta de costumbre de consumo en el ámbito urbano y la predominancia de patrones de consumo alimentario poco saludables. Para solucionar estos últimos aspectos, la educación es fundamental y debe tenerse una estrategia a largo plazo.

Respecto al precio el principal desafío es ¿cómo conseguir un equilibrio entre la remuneración del productor y la accesibilidad del precio del producto para los consumidores? Si se eliminan los intermediarios,  el precio al productor podría ser igual al precio pagado por el consumidor pero, si bien hay espacios en los que la distancia entre el productor y el consumidor se reduce, es difícil imaginar que éstos alcancen a toda la población. Debe pensarse, por lo tanto, en otras salidas, factibles y eficientes, que complementen el desarrollo de circuitos cortos y de proximidad.

Los otros granos andinos

Con el boom de la quinua también ha aparecido el interés por otros granos andinos, como la cañihua o cañahua y la kiwicha, cuyas características nutricionales son similares a las de la quinua. Debe considerarse la posibilidad de que en los próximos años el entusiasmo y la demanda de estos granos vaya creciendo.

La kiwicha es una amarantácea que puede cultivarse en zonas de mayor temperatura que la quinua, y se adapta muy bien a diferentes climas y altitudes. Dentro del contexto de aumento de la competencia internacional, la kiwicha podría ser un producto alternativo al cultivo de quinua para las zonas en las que ésta presenta problemas de sensibilidad a la humedad y a las enfermedades, comprometiendo así aún más el futuro de las exportaciones de quinua de los países andinos.

Debe investigarse más sobre la adaptabilidad de estas plantas dentro de los propios países andinos, ya que podrían jugar un papel importante para la soberanía alimentaria e inserirse en circuitos más cortos y diversificados que la quinua.

En síntesis

La inserción de la quinua en el comercio mundial representa una gran oportunidad para los países andinos, tradicionalmente productores. No obstante, la coyuntura actual, muy favorable para los países exportadores por la gran demanda y los precios altos, puede cambiar en el mediano plazo, provocando serios problemas para las comunidades productoras.

La productividad de los cultivos de quinua en Bolivia y Perú es baja pues, por un lado, los ecosistemas en los que se está implantado el cultivo son muy frágiles y, por el otro, existen todavía muchas necesidades agronómicas e industriales que no han hallado respuesta.

En consecuencia, es urgente articular las acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y apoyo institucional de forma coherente y con objetivos claros, dentro de una visión a largo plazo. Para ello no solo se debe innovar para aumentar los rendimientos de la quinua, sino que se deben abordar los sistemas de producción desde un enfoque sistémico, capaces de generar alternativas sostenibles que tengan como base a la familia campesina y la agroindustria rural.

Esta versión número 94 de la serie Diálogos que ustedes, nuestros/as suscriptores, reciben quincenalmente, es el último envío del año 2012 que está finalizando. El artículo comienza con un breve recuento de la escalada de asesinatos de líderes campesinos e indígenas que están luchando por acceso, restitución y seguridad jurídica de la propiedad de la tierra en varios países sudamericanos. Luego se repasan algunos datos sobre hitos del desarrollo rural y la integración en la región. Los autores del texto concluyen que declaraciones, documentos y compromisos formales sólo serán palabras que se lleve el viento si los gobiernos no garantizan la seguridad y la vida de quienes están luchando por un derecho humano inalienable e imprescriptible: su tierra.

Derecho a la Tierra, no solo palabras

Desde hace al menos dos décadas está en agenda la reflexión sobre el papel activo de las mujeres en los sistemas de producción de alimentos en el mundo habiéndose logrado hasta el momento actual un reconocimiento explícito de ese aporte. Sin embargo, persisten vacíos de información que muestren explícitamente la cuantificación de esos aportes y, en directa relación con esa ceguera estadística, deficiencia, cuando no ausencia, de políticas de género en el área y persistencia de actitudes discriminadoras. De estas tensiones se ocupa el presente artículo, cuya autora, la antropóloga boliviana Claudia Terrazas, es parte integrante del equipo de investigación del IPDRS.

“Las mujeres no somos las salvadoras del planeta ni las representantes privilegiadas de la Naturaleza, pero podemos contribuir a un cambio sociocultural hacia la igualdad que permita que las prácticas del cuidado, que históricamente fueron sólo femeninas, se universalicen, es decir, que sean también propias de los hombres, y se extiendan al mundo natural no humano” (Alicia Puleo, 2009).

El abordaje de la participación de la mujer en el plano económico desde una visión de género permite visibilizar el impacto de la pobreza en la vida de las mujeres y las condiciones de desventaja en lo que respecta al ejercicio de sus derechos económicos. Las dificultades y barreras en el plano económico convierten a la mujer en uno de los eslabones más vulnerables de la cadena social.

Paradójicamente,  la contribución económica de las mujeres en los hogares es cada vez mayor. Muchas dejan labores domésticas no remuneradas, que incluyen la agricultura familiar, para ingresar al mercado de producción agrícola. Otras veces, en cambio, sobrecargan su trabajo ya que desarrollan un papel activo en el mercado sin abandonar sus responsabilidades domesticas, lo cual genera que su participación en el mercado de la producción agrícola sea de forma intermitente, debido a la crianza de los hijos y las labores del hogar,  que van en detrimento de su experiencia y desenvolvimiento en las dinámica del mercado.

Esta situación ocurre debido a que las mujeres se ubican principalmente en el espacio reproductivo, centrando su papel en la atención y cuidado de la familia, un ámbito que no genera ingresos, por tanto es considerado escaso y sin reconocimiento social. En contraposición, la sociedad reconoce el papel de los varones que protagonizan casi en exclusividad  un papel en el contexto productivo con un importante reconocimiento social.

Cabe  agregar que la participación en el mercado de producción agrícola se da en  condiciones de desigualdad jurídica en cuestión de derechos laborales, acceso y control de la tierra, acceso a créditos o servicios de financiamiento que limita su poder de negociación y dificultan el desempeño de sus iniciativas y autonomía. En muchos casos su articulación a los mercados se da en contextos donde las barreras son pocas pero pocos también son los beneficios.

Desenrollando la madeja

Una de las principales aproximaciones a la problemática alimentaria promueve la  sensibilización por parte de la sociedad y entre las mismas mujeres, sobre el reconocimiento del aporte de las mujeres en el proceso de producción de alimentos. La líder chilena Francisca Rodríguez Huerta, dirigenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas  (AMARURI)  en un encuentro del 2009 en Santiago de Chile hacía referencia al respecto: “Creo que hoy en día una de las cosas más importantes que han sucedido es mirarnos a nosotras, el que nos mire el resto de la sociedad y que nos reconozcan en la importancia en la agricultura y en la producción de alimentos (…)” (Reel  Story Films, 2009).

Sin embargo,  ese reconocimiento no ha sido acompañado con la identificación y  reducción de las dificultades que enfrentan las mujeres dentro del actual sistema alimentario respecto al acceso a los recursos de producción, a mejores condiciones en el mercado laboral, planificación familiar y reconocimiento como sujeto político entre algunos.

Un debate virtual organizado por la Agencia Internacional de Cooperación Oxfam durante las dos últimas semanas del mes de noviembre de este año 2012 retomó la reflexión a partir del  evento titulado: “Diez expertas, diez ensayos, un tema: Un sistema alimentario que funcione para las mujeres”, en el que se plantearon aspectos que permiten identificar algunos contenidos importantes de contribución a la construcción de un sistema alimentario con rostro de mujer. Que vaya en consonancia al reconocimiento de los aportes que realizan las agricultoras.

Algunos de los aportes se pueden encontrar en las cifras, por  ejemplo, en general ellas realizan el  60% de la producción y, sin embargo, apenas cuentan con el 8% de la titularidad de la tierra. A nivel regional también se  muestran esas brechas, como en Colombia, donde el 55% de los hogares rurales pobres están encabezados por mujeres; en Perú el 80% de la fuerza de trabajo en los hogares rurales lo aporta la mujer; en Ecuador, el 32% de las fincas de menos de cinco hectáreas pertenece a mujeres, frente a sólo el 9% de las fincas de más de 50 hectáreas, cuya propiedad la ostentan hombres; en Brasil, el 14% de las explotaciones de la pequeña agricultura están dirigidas por mujeres.  En todo el mundo ellas son responsables de producir entre el 60 y el 80 % de los alimentos que se consumen (OXFAM, 2012).

Gestoras integrales

Un primer aspecto fundamental se basa  en el  reconocimiento y la valoración del trabajo que llevan a cabo las mujeres agricultoras en distintos lugares y contextos del mundo,  basado en las destrezas adquiridas a partir de prácticas tradicionales que han desarrollado en la producción y gestión de alimentos, lo que las convierte en gestoras integrales de los mismos. La intervención de la mujer en la producción de los alimentos está presente en todos los ámbitos de la vida en sociedad, desde el hogar hasta  la agricultura, la recolección y crianza de los animales. En cada uno de estos espacios las mujeres intervienen con prácticas aprendidas de sus madres desde la infancia, que en general tienen  principios de sostenibilidad.

En ese sentido, hablar de alimentación y su evolución en las culturas constituye uno de los mayores procesos creativos  de la humanidad, encabezados históricamente  por mujeres,   quienes con esto  han contribuido  a la preservación de culturas alimentarias y han desplegado estrategias en ámbitos de acceso limitado, para mejorar la alimentación de sus familias. En muchos casos, por la defensa de la alimentación familiar, ellas pusieron en marcha estrategias que ocultaban altos índices de desnutrición entre las propias mujeres, evidenciando la vulnerabilidad alimentaria a la que están expuestas.

Muchos  ejemplos muestran la participación activa y crucial de las mujeres en la gestión de los recursos alimentarios. En esa variedad destaca la gestión de las semillas,  al respecto la filosofa feminista Vandana Shiva en el artículo “Las semillas en manos de las mujeres” (OXFAM,  2012) propone como punto central la liberalización de las semillas y la consecuente valoración del conocimiento que tienen las mujeres respecto a la biodiversidad,  que las convierte en las gestoras de semillas por excelencia. Las semillas en manos de las mujeres se constituyen, entonces, en el primer principio de justicia alimentaria y de género, en contraposición al sistema alimentario agroindustrial de la actualidad, basado en el monocultivo y el confinamiento de las semillas.

Un ejemplo interesante se da en la región andina de Bolivia donde las mujeres son las encargadas de salvaguardar las semillas  que se denominan ispallas, que quiere decir  la madres de las semillas de papa. Estas semillas se caracterizan por sus formas diversas, por lo que cada familia agricultora cuenta con sus propias ispallas, las mismas que pueden permanecer en el hogar hasta tres generaciones o más, constituyéndose casi en un miembro más de la familia. Las mujeres son las encargadas de guardar las semillas y de mantenerlas en optimas condiciones, para lo cual realizan los rituales tradicionalmente establecidos durante el tiempo de las cosechas,  que incluyen la ch´alla (bendición) con alcohol, hojas de coca y cebo de llama, en agradecimiento por los alimentos que otorgan. El rito se conoce como la fiesta de las ispallas.

No obstante, resulta paradójico que aportes como éste y otros de las mujeres a la alimentación hayan sido menospreciados, invisibilizados y muchas veces calificados como causantes del confinamiento de la mujer.

Por ello se plantea volver a pensar el papel de la mujer dentro de la producción alimentaria  por su potencial en la generación de alternativas  en la lucha contra la inseguridad alimentaria y revelando una forma de su empoderamiento en los ámbitos familiar y en la sociedad.

Liderazgo desde la acción colectiva

El trabajo colectivo de las mujeres para defender sus intereses comunes continua siendo la herramienta primordial para visibilizarla como actor político en distintos niveles, que transitan entre los ámbitos local o municipal, intermedio, regional  o departamental  y nacional, ante el desconocimiento y la ausencia de sistematización de iniciativas y experiencias que están llevando a cabo diversas organizaciones en la búsqueda de liderazgo. Estas acciones deben ir acompañadas  de políticas y programas que promuevan cambio de las actitudes tradicionales en  favor de otras, más receptivas hacia la liberalización del tiempo que destinan las mujeres a las  responsabilidades del cuidado de la familia,  para permitirles mayor tiempo destinado a la organización política y al fortalecimiento de su liderazgo.

En esa lógica es necesario tomar en cuenta la necesidad del fortalecimiento de la pequeña agricultura, donde se ubican algunas de las principales prácticas productivas de las mujeres y donde en gran parte se les ha negado su contribución como agricultoras, jefas de familia y su aporte en la economía que, en muchos casos, ha logrado generar importantes fuentes laborales.

En ese sentido, es estratégico reformular las políticas y programas asistencialistas que, en muchas ocasiones, omiten las diferencias estructurales y de género, al no  realizar una contabilización del trabajo cotidiano de las mujeres,  tal es el caso de los censos agropecuarios, que no incorporan información desagregada por género o la tienen en medida escasa. Por ello se recomienda con urgencia  la construcción de nuevos indicadores que expresen en el ámbito de la producción agropecuaria aspectos de la situación de las mujeres. A la par queda la tarea de potenciar la participación de las mujeres en las estructuras organizativas y apoyar proyectos de desarrollo concebidos, gestionados y dirigidos por ellas.

¿Qué hacer?

Resulta importante indagar sobre aquellas experiencias que hayan generado resultados  positivos en favor de la autonomía económica de las mujeres. Igualmente importante es conocer y responder a las necesidades de las mujeres a través del diseño y fortalecimiento de estrategias integrales que articulen distintos ámbitos como el económico, productivo, doméstico, social y desde las políticas públicas.

El eje central de estas acciones debería ser la promoción de la autonomía económica de las mujeres acompañadas del fortalecimiento de sus liderazgos y de su participación política.

Finalmente, una respuesta articulada, desde la perspectiva de género,  implica   reconocer y tomar en cuenta la diversidad de mujeres con experiencias diferenciadas de pobreza, exclusión y vulnerabilidad.

Hasta aquí, solo unas cuantas pistas, porque el camino es largo y los desafíos son diversos, pero la realidad muestra que se trata de esfuerzos que valen la pena y que rinden frutos para mejorar la sociedad.

El boletín Apuntes de esta quincena contiene en la sección Diálogos un artículo sobre la problemática alimentaria en Colombia que se viene agudizando en los últimos años, producto de la violencia, del desplazamiento permanente de campesinos hacia las ciudades.

El autor afirma que la problemática alimentaria en Colombia se viene agudizando en los últimos años, producto de la violencia, del desplazamiento permanente de campesinos hacia las ciudades y la ausencia de políticas públicas destinadas a contribuir a la solución de los conflictos de tierras y a fortalecer la producción agrícola campesina. El presente artículo informa y reflexiona sobre la inseguridad alimentaria en el país en un contexto de violencia. Al mismo tiempo, da cuenta de experiencias esperanzadoras para atender el problema. El Diálogos 92 es un resumen del texto mismo nombre publicado en esta página como documento de trabajo Exploraciones 14, mismo que mereció el segundo premio de la categoría Ensayos en el Concurso Alimentos y pensamiento, siempre en agenda, llevado a cabo por el IPDRS en alianza con ICCO y OXFAM.

Despojo significa el arrebatamiento de las condiciones necesarias para llevar una vida digna. La categoría puede comprender la desposesión de los recursos, de los medios económicos, las riquezas, los bienes, la cultura, la identidad y los derechos con los cuales cuentan los pueblos y comunidades para el desarrollo pleno de su vida, en la mayoría de los casos mediante el uso de la fuerza y la violencia. El despojo está ligado al arrebatamiento legal e ilegal de la tierra, el territorio, las semillas, la producción, la cultura y la vida. El concepto no sólo refiere a la desposesión de bienes y riquezas en términos económicos sino, sobre todo, a que impide  las posibilidades de llevar una vida autónoma, libre y digna, y está estrechamente ligado con la reproducción de las  condiciones de desigualdad material y la injusticia social.

La precarización de la vida en el campo y las ciudades están generando déficits nutricionales y de acceso a productos alimenticios suficientes y de calidad, necesarios para la preservación de la vida y la salud de las poblaciones marginadas y pobres del país. Colombia es el tercer país a escala mundial con mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado interno, después de Congo y Sudán. Las poblaciones desplazadas son las primeras afectadas por el despojo. El crecimiento demográfico de los grandes centros urbanos del país es el resultado del desplazamiento forzado hacia las grandes ciudades de poblaciones campesinas pobres en busca de oportunidades, de empleo y de mejores condiciones de vida. Tal situación trae consigo efectos permanentes sobre la inseguridad alimentaria de esta población.

El 87 % de los hogares desplazados se encuentra en una gravosa situación de inseguridad alimentaria. Las mismas fuentes señalan que en el 85% de hogares de la población desplazada manifiestan reducción del número de sus comidas debido a la falta de ingresos y, lo que es aún más preocupante, que el 56 % de sus niños y niñas y el 70 % de  adultos, se acuestan a diario con hambre (Derecho a la alimentación: Hambre, desnutrición y dependencia alimentaria. FIDH, junio 26 de 2007). Para la población desplazada el principal problema es la incapacidad de generar suficientes ingresos para la manutención familiar diaria.

De otro lado, el fomento de la producción agro-exportadora de productos no esenciales de la canasta familiar ligados a la producción de biocombustibles (caña de azúcar, palma africana, transgénicos, etc.) ha dejado de lado la producción de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias fundamentales. Esta cadena de acciones se apareja a la desprotección del sector rural no vinculado con esas grandes estrategias productivas, generando dependencia alimentaria (Caso Carimagua - Agro-Ingreso Seguro). Además, la baja incorporación de incentivos a  los sectores marginados para la producción agrícola coincide con el aumento de las importaciones de alimentos de primera necesidad.

La situación se agrava cuando se constata que apenas el 0,06% de los propietarios son dueños del 53,5% del área rural registrada catastralmente, poniendo al país entre uno de los más inequitativos del mundo. En otras palabras, se está hablando de alrededor de 44 millones de hectáreas, con un promedio de 18.093 Ha por propietario, mientras que 2.2 millones de propietarios corresponden a un sistema de minifundios menores a 3 Ha, lo que equivale al 1.7 del territorio registrado catastralmente (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Hambre y vulneración del derecho a la alimentación en Colombia, 2010).

Modelo de desarrollo para el despojo

Las definiciones clásicas sobre desarrollo involucran únicamente elementos del ámbito económico. Para considerar una nación como desarrollada se formulan preguntas tales como: ¿a cuánto equivale su producción industrial?, ¿cuál es su capacidad de consumo?, ¿a cuánto asciende la capacidad de ganancia del sistema financiero y bancario?, etc. Esta noción de desarrollo privilegia el crecimiento económico entendido como el aumento del valor real del conjunto de la producción de bienes y servicios de una sociedad durante un periodo determinado de tiempo, cuantificados económicamente por ejemplo, a través del Producto Interno Bruto (PIB).

Se asume que a mayor crecimiento económico mayor desarrollo, es decir bienestar de la población, representado en el acceso a bienes y servicios: si el crecimiento del PIB, calculado anualmente es mayor que el crecimiento demográfico (de la población de un país) se supone que el nivel de vida de los habitantes de ese país aumentó. La consecuencia lógica y aceptada es la necesidad de generar procesos de desarrollo, íntimamente ligados al crecimiento económico, para consolidar la modernización de estos países y sus pueblos. Para ello se idearon los Planes de Desarrollo, en diferentes escalas (nacional, departamental, municipal), que generalmente iniciaban con un diagnóstico negativo de la población y el territorio, y relacionando las cosmovisiones y tradiciones de los pueblos con su condición de “atraso”.

En Colombia, la implementación del modelo económico neoliberal, preocupado fundamentalmente por el crecimiento paulatino del PIB, genera políticas públicas con un porcentaje elevado de sus esfuerzos para atraer inversión extranjera, con beneficios exorbitantes para las grandes empresas multinacionales proclives al extractivismo de los hidrocarburos y el petróleo, la minería, el cultivo de palma africana, la caña de azúcar y la incorporación de productos transgénicos.

Legislación, política pública y despojo

El Estado Colombiano se niega a implementar formas más adecuadas de protección de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 1991 y en los tratados internacionales y demás disposiciones que conforman el Bloque de Constitucionalidad. El Estado ha hecho caso omiso a los llamados que la Corte Constitucional ha elevado, a través de su jurisprudencia, en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del desarrollo pleno de los principios y derechos de los niños, de las mujeres, de los productores campesinos y urbanos, de las poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado en relación con la alimentación y el territorio.

La incidencia efectiva de la política mundial gobernada por el mercado en Colombia es el fiel reflejo de los acuerdos de las elites políticas y económicas transnacionales con las nacionales, como preámbulo necesario para abonar el terreno para la inversión extranjera, la que se incorpora y formaliza mediante los Tratados de Libre Comercio (TLC), parte del proyecto político de las elites transnacionales y nacionales comprometidas con el proceso de neo liberalización donde los ciudadanos se convierten en consumidores y sus derechos en mercancías.

Entre las normas más importantes se destacan la Decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones sobre el Régimen Común de Derechos de Obtentores Vegetales; la ley 1032 de 2006, que modifica el artículo 306 del Código Penal referido a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales; la Resolución 187 de 2006 del Instituto colombiano Agropecuario (ICA), que reglamenta la producción, procesamiento, certificación, comercialización y control de la producción agropecuaria ecológica; el Decreto 4525 de 2005, que reglamenta la implementación en Colombia del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, permitiendo a las empresas la entrada de semillas y alimentos transgénicos en el país y, entre otras, la Resolución 970 de 2010 del ICA, mediante la cual se reglamentan los requisitos relacionados con producción, importación, exportación, comercialización y uso de semillas en el país. Esta norma señala, además, que los agricultores deben inscribir los lotes de semillas que van a utilizar para cada siembra.

El pensamiento latinoamericano crítico propugna un humanismo integral y solidario, que anime un nuevo orden social, político y económico fundado en la dignidad y la libertad de toda persona humana y por condiciones sociales óptimas que garanticen la realización efectiva de las expectativas de la vida en comunidad que en términos jurídicos se viene traduciendo en Derechos Sociales Económicos y culturales (DESC), derechos colectivos y del medio ambiente, todos ellos fundamentales. Desde una perspectiva ética, dicho pensamiento se realizará al promover un modelo de sociedad basado en la convivencia, la paz, la justicia y la solidaridad.

El modelo  de economía que se fomente debe considerar, en cualquier caso, de manera integral y estructural los valores, prácticas, saberes y perspectivas propias de los pueblos. Desde esa perspectiva, en las formas de habitar, percibir y relacionarse con el territorio de las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas y urbanas en nuestro país y en América Latina deben regir el tipo de vida que se proyecta colectivamente, en lugar de ser arrasadas por un modelo de desarrollo que las considera “atrasadas”.

Los Planes de Vida Comunitarios son una herramienta originada en las experiencias de algunas comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinas del país desde la década de los ochenta. Han sido procesos marcados por la intención manifiesta de llevar a cabo ejercicios colectivos de construcción de horizontes posibles con miras a habitar, gobernar, decidir y legislar sobre su territorio, sus formas de vida, su economía y su cultura.

Los planes de vida implican un ejercicio de planeación, de proyección colectiva del futuro deseado. En la vida cotidiana las personas, familias y comunidades constantemente realizan planes: por ejemplo, para cosechar primero hay que preparar el terreno, después abonarlo, sembrarlo y cultivar y eso requiere organizar tiempos y tareas. En la formulación de Planes de Vida Comunitarios, la planeación se realiza de manera más sistemática como un proceso de organización y proyección que permite estructurar ideas, estrategias y acciones para lograr objetivos definidos sobre el futuro deseado de la comunidad. 

Pero los Planes de Vida no son fórmulas mágicas o recetas definitivas para buscar soluciones correctas, sino que depende de la variedad de formas y metodologías basadas en las particularidades de cada una de las comunidades. Las condiciones históricas de cada pueblo matizadas por las circunstancias específicas de vida, su relación con el territorio, las instituciones, las formas de intercambio económico y cultural, lleva a las diferentes comunidades a plantearse la necesidad de repensar participativa y concertadamente, su unidad, autonomía, organización y bienestar (Janjasoy & Pérez Vargas, 2005: 9). Por ello, el ejercicio de planeación es tanto real como ideal, en la medida en que, de un lado, parte de las condiciones históricas, sociales, políticas y culturales específicas de cada comunidad y de otro lado, busca la realización de un horizonte utópico de sentido que puede ser proyectado a corto, mediano o largo plazo.

El buen vivir es un concepto en construcción que va ajustándose a las circunstancias históricas, sociales y territoriales de cada comunidad, por ello se hace imposible una definición unívoca. Sin embargo, como plantea Eduardo Gudynas (2011), el buen vivir puede entenderse como una plataforma donde se encuentran múltiples formas de entender el mundo desde la interculturalidad para producir alternativas al desarrollo.

Los ejes del concepto pueden identificarse de la siguiente manera: otra ética para reconocer y asignar valores, descolonización de saberes, superación de la racionalidad de instrumentalización y manipulación, vocación orientada al encuentro, diálogo o interacciones entre saberes, concepciones alternas de la naturaleza que no la separan de la sociedad, construcción de comunidades ampliadas y recreación de un lugar para la vivencia y los afectos.

Alternativas en Colombia por la defensa de la soberanía alimentaria

En Colombia hay múltiples experiencias, organizaciones y procesos sociales que evidencian avances en la construcción participativa de alternativas al desarrollo pensando en el buen vivir de las comunidades y sus pobladores.

Las comunidades indígenas de Cañamomo y Lomaprieta han venido avanzando en la recuperación y protección de semillas, la defensa del territorio, la incorporación de productos orgánicos libres de  fungicidas, la construcción de mandatos y la declaración de territorio libre de transgénicos, a la cual se sumó la comunidad indígena Zinu, en el norte del país.

Otras propuestas vienen trabajando por la consolidación de Bogotá capital libre de transgénicos liderada por SALSA (Soberanía y Autonomía Alimentaria), una federación de organizaciones preocupada en trabajar por la problemática agroalimentaria y la generación de alternativas desde la soberanía alimentaria para Bogotá y la región. En la misma vía vienen caminando a nivel nacional las propuestas generadas alrededor de la Minga Popular y el Congreso de los Pueblos en el marco del cual se viene realizando el Congreso de tierras, territorio y soberanías.

Otras organizaciones vienen articulando propuestas organizativas en torno a los ciclos productivos y de comercialización replanteando la relación campo ciudad en términos de equidad. En el sur de Colombia la experiencia de Redcom y Mercajusto ha avanzado en la combinación de estas estrategias a nivel regional involucrando personas de diferentes sectores y orígenes sociales creando redes de trabajo, solidaridad, vida digna y “Buen Vivir”.

En la región de Antioquía y la Zona Cafetera, el trabajo de las redes campesinas, economías solidarias y producción biológica, construidas por la RECAB (Asociación, Red Colombiana de agricultura Biológica); y, el Jardín Botánico y la Universidad de Caldas de Manizales que cada 2 años organizan un encuentro de productores y organizaciones de todo el país: Eco-vida, respectivamente.

Finalmente, en Bogotá - Región, que comprende los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, a parte de los avances logrados en SALSA, el  Colectivo Puentes (grupo interdisciplinario y diverso de profesionales, jóvenes, campesinos y mujeres que busca promover un relacionamiento permanente entre  organizaciones sociales mediante la generación de procesos pedagógicos de carácter ecológico y productivo) viene construyendo una propuesta de articulación campo-ciudad alrededor del fortalecimiento organizativo, la construcción de mandatos y planes del vida para el “Buen Vivir”, por un lado; y la consolidación de procesos urbanos de agricultura limpia y orgánica, alternativas de comercialización y la conformación de núcleos de consumo consciente, solidario y responsable sobre la base de una actividad denominada Canasta Solidaria, por el otro.