El momento en el que se lanzó este Foro Virtual fue septiembre de 2020, cuando la pandemia por el COVID-19 había alcanzado sus impactos más profundos en la población sudamericana; entonces, la alusión a los derechos campesinos adquiría un mayor interés respecto a la crisis sanitaria, alimentaria y las múltiples carencias que se habían mostrado en su forma más aguda.

La peculiaridad del contexto también habría de marcar una aceptación masiva de formatos electrónicos. Mucha población y generaciones no acostumbradas al relacionamiento virtual, incursionaron en este ámbito, aún con las limitaciones de conectividad que todavía tiene buena parte de la población, principalmente rural, pero también urbana. En estas condiciones, el lanzamiento del Foro Virtual, tuvo una buena acogida, se inscribieron 61 compañeros y 87 compañeras. De todas y todos ellos, 20 % se identifican como académicos, 21 % como instituciones de desarrollo, 11 % como estudiantes, 7 % como productores agropecuarios y organizaciones, 15 % como funcionarios públicos, 19 % como activistas y 7 % como otros sectores.

La mayoría de las y los interesados en informarse y discutir sobre los derechos campesinos, y que se registraron para participar del Foro Virtual, fueron 43,2 % de Colombia, 23 % de Bolivia, 15,5 % de Ecuador, 4,7 % de Paraguay, 4,1 % de Perú, 3,4% de Brasil, 1,4 % de Uruguay, 1,4 % de Argentina, y otras participaciones de Chile, Venezuela, México, España e Italia.

Pese a la masiva apertura a los formatos digitales y la comunicación virtual impulsada por la pandemia, mucha de las participaciones se debieron a los conversatorios realizados en la plataforma ZOOM y transmitidos por redes sociales, y tuvieron dificultades con la plataforma de Interaprendizaje del IPDRS. De todas formas, su participación e interés quedaron registrados en los diferentes medios.

Desde Colombia, la inquietud principal manifiesta se refirió al incumplimiento de los Acuerdos de paz respecto al conflicto armado, específicamente sobre el punto uno referido a la Reforma Rural Integral, y además, la discusión que promovió la movilización campesina colombiana para ser incluidos en el Censo Poblacional de 2018, con preguntas sobre su situación económica y social, y su identidad cultural, logrando una sentencia, donde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (INACH), en atención al llamado de la Corte Suprema de Justicia al Estado.

Blanca Inés Moya, cuyas contribuciones fueron sostenidas en las dos semanas del Foro Virtual, contribuyó algunos datos desde el municipio del Tibú, en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Un “municipio con el mayor número de hectáreas de cultivos de coca del país, con un área aproximada de 20.000 hectáreas. Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia, este municipio pasó de 4.379 hectáreas de coca en el 2015 a 19.892 hectáreas de coca en el 2019”.

Característica que hace de la región del Catatumbo, protagonista del conflicto armado desde hace décadas, cuyo tejido social se encuentra muy afectado. Moya nos explica que a consecuencia de este contexto, las comunidades expresan un sentimiento de desconfianza a las acciones del Estado en razón a su abandono histórico y la no solución de necesidades básicas.

Se contó con el aporte de Martín Muñoz, parte del movimiento campesino Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA que realiza su trabajo en la zona norte de Nariño y Sur del Cauca, y se articula a nivel nacional con el Coordinador Nacional Agrario - CNA. Y también, Milton Pérez Espitia, cuya propuesta sintetiza las claves de la lucha campesina, “se entiende que las luchas agrarias se desplieguen sobre el territorio, es decir, por el control de los factores productivos, la tierra, el agua, el suelo y el subsuelo; la libre disposición de la tierra, los recursos y el trabajo; la soberanía y
autonomía alimentaria en función de la reproducción familiar y comunitaria mediante producción propia y mercados locales; y con el control del saber propio, las prácticas sociales y tecnologías locales. Éste es el espacio que se disputa la economía campesina; lo que implican las luchas por el territorio, y lo que constituye la diferencia en la relación trabajo-capital entre subordinación y autonomía, es decir, la lucha del trabajo que utiliza el capital o es subordinado por éste”.

Por su parte, Aura Patricia Bolívar nos facilitó material importante respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DDC), mientras que Alba Doris Muñoz Pasuy, desde un rol de apoyo a la Mesa Departamental de Diálogo y Concertación Agraria, Étnica y Popular, y comentó sobre la experiencia ante la Asamblea Departamental de Nariño para adoptar los lineamientos y principios de la política pública del campesino como sujeto de especial protección. Su aporte desde la reflexión académica se remite al texto Doc "Del ethos de la hegemonía al ethos de la contra hegemonía: buscando el sentido de los derechos humanos, derechos del campesinado"

Desde Colombia también presentó su participación Alejandro Henao Salazar, miembro del Comité Nacional de la Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF, y propuso “incorporar en la discusión la cooptación de términos como campesino, agroecología o agricultura familiar para el ¨lavado verde¨ de ciertas iniciativas nacionales e internacionales que solo buscan perpetuar la desigualdad con nuevos nombres”.

Y tuvimos el gusto de tener en el debate a Luz Mery Panche Chocué, Indígena Nasa de San Vicente del Caguán, Caquetá, en la región de la Amazonía Colombiana, que se presentó como “defensora de Derechos Humanos y Ambientales, pertenezco a la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán que hace parte de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas CONPI y actualmente es integrante de la Instancia especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz por la Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ”.

Y aportó una reflexión sobre la DDC desde el ámbito indígena “Considero importante conocer más afondo el espíritu de la DDC ya que en Colombia nos hemos acostumbrado solo a conocer y profundizar sobre los derechos específicos para cada sector y poco nos interesamos por conocer los derechos de los demás con quienes compartimos el territorio. En mi caso, he podido ir aprendiendo sobre temas de los sectores campesinos y del pueblo afrocolombiano, pues considero que la construcción de la unidad de manera concreta, implica conocerse y en la medida que nos vamos conociendo y reconociendo, aprendemos a respetarnos, valorarnos y a sentir que en ciertos espacios hacen falta sus voces y así vamos juntándonos para acciones concretas en defensa de los derechos, de la vida y de los territorios puesto que independiente de cómo nos auto reconozcamos, debemos comprender que estamos siendo afectados y despojados por una clase dominante que siempre nos ha explotado, nos ha sumido en la ignorancia y se han perpetuado en el control del poder político y económico en detrimento de nuestro bienestar común y de la Madre naturaleza”.

Desde el Ecuador, Omar Claudio Ramos Ancasi se refirió a la “situación de vulnerabilidad de las comunidades campesinas frente a factores ecológicos, económicos, productivos, ambientales y de calidad de vida por la que atraviesan”, y explicó que a partir de la DDC, el foro podría ser también un espacio para debatir sobre la gestión del COVID-19. Ana Valeria Recalde del Observatorio del Cambio Rural compartió material que habrían emitido el 17 de abril por el día internacional de las luchas campesinas, y que vinculan los derechos campesinos vulnerados durante la pandemia. Otras presentaciones fueron las de Marcia Guadalupe Rea Rea, e Iván Alberto Analuisa, que lanzaba la pregunta ¿Qué estamos haciendo a favor de las personas que viven en el campo, estamos ayudando en un medio sostenible y sustentable en la economía de los pueblos donde el acceso a la conectividad es limitada, la formación es deficitaria? Se presentó también Catalina Salome Hinojosa Lopez, ecuatoriana que participó desde Italia, y que reflexionaba “existen tantos instrumentos jurídicos internacionales que  permanecen como instrumentos sin una aplicación definida y clara en el contexto nacional”, y valoraba la posibilidad de intercambiar experiencias, ideas y prácticas.

Desde Bolivia, se presentaron Jhaquelin Davalos Escobar y Rosmery Villca Casas, quien recomendaba marcar la diferencia entre los derechos de los pueblos indígenas y los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DDC), e indicaba que esta última, confronta directamente al Agronegocio. Villca también se refirió al contexto boliviano, uno de los países que más trabajó por la aprobación de la declaración, pero que sin embargo, el 2019, “cuando el sindicato de trabajadores de la tierra de Santa Cruz presentaron una propuesta para que se los incorpore a la ley general del trabajo para ser reconocidos como trabajadores el gobierno por sus vínculos con el agropoder archivo la solitud y nunca dio paso a este anhelo de los hombres y mujeres”. Mostrando la complejidad de la implementación de la DDC aún en contextos en los que la voluntad política estaría comprometida.  

Por su parte Maria Isabel Oblitas Roselio, también desde Bolivia, se refirió a la necesidad de garantizar derechos “como el acceso y gobernanza de los RRNN de sus territorios”, el aporte significativo a la seguridad alimentaria, al rol que cumplen como custodios de las semillas nativas y la pérdida del valor genético local y el total avasallamiento que vulneran sus derechos económicos, sociales a la tierra y territorio.

Oblitas también resaltó la triple vulnerabilidad de la mujer campesina indígena social, cultural y económica.  Creemos que todas las salutaciones iniciales de las y los compañeros del Foro Virtual, expresan las principales preocupaciones y expectativas por contribuir a la discusión y movilización por la ratificación de la DDC. Debe notarse que los participantes del Foro Virtual responden a diferentes ámbitos, el académico, el activista y también contamos con la participación de diferentes activistas, líderes y dirigentas y dirigentes campesinos e indígenas. A todas ellas y ellos, agradecerles por su trabajo comprometido, no solo con este espacio de discusión, sino para con las luchas campesinas y la necesidad de generar alianzas.