Herramientas jurídicas de lucha y defensa de las personas y organizaciones rurales

En Sudamérica, la conducta de instituciones privadas y públicas, respecto a la distribución, acceso y tenencia de la tierra y territorios, es la violencia, sistemática y dirigida a líderes, autoridades territoriales indígenas, mujeres y hombres campesinos y afrodescendientes, y defensores de derechos y activistas medioambientales.

Los pueblos y organizaciones rurales, con su capacidad de movilización y reproducción, generan más y mejores estrategias para defender sus derechos y mostrar alternativas sostenibles de desarrollo,y también, de aprovechamiento complementario de los recursosnaturales y ecosistemas.

El año 2018, se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (DDC), y desde el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS, consideramos que es una oportunidad para insistir en el reconocimiento de estas poblaciones, y el respeto de sus derechos fundamentales, su derecho al desarrollo y gobiernos propios. Las herramientas jurídicas se promueven desde hace décadas, su apropiación e instrumentalización de parte de los pueblos y organizaciones rurales es positiva, no obstante, los derechos además de inscribirse deben materializarse y poder ejercerse en todos los ámbitos de la vida.

La DDC incluye y reafirma aspectos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y a nuestro criterio se sitúa en la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El objetivo general de esta cartilla es mostrar el impacto y oportunidades que abren los instrumentos jurídicos internacionales para el ejercicio de derechos colectivos, campesinos y afrodescendientes, su valor en la lucha por la tierra y territorio, y en la defensa de derechos a la vida.
Dirigida a la apropiación e instrumentalización de parte de comunidades campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, así como a la visibilización de estos instrumentos para su  promoción y ratificación en cada uno de los Estados de la región.