Los “pueblos fumigados” luchan por su vida y su salud

“Como dicen las organizaciones, la lucha es por la vida y la salud”, afirma el periodista y activista argentino, Leonardo Rossi, al hablar de los “pueblos fumigados” en su país. Hace aproximadamente dos décadas, de la mano de un nuevo sistema de producción agraria basado en el uso de semillas transgénicas y la aplicación masiva de agrotóxicos, comenzaba en Argentina una transformación en la vida de las poblaciones aledañas a los cultivos y en las zonas periurbanas contiguas.Comenzaban a formarse lo que después se conoció como “pueblos fumigados”.

“Algunas frases se volvieron tristemente habituales”, dice Rossi: “Aumentan las muertes por cáncer más de lo normal”; “Se multiplican los abortos espontáneos”; “Crecen en forma desmedida las enfermedades respiratorias”.

Rossi participará en el Foro Andino Amazónico hablando precisamente sobre “Las voces silenciadas por el agronegocio: La resistencia en los pueblos fumigados de la Argentina”. Aquí compartimos una entrevista que nos anticipa el tema que abordará el 23 de septiembre.

Además del principio precautorio en la normativa legal, ¿qué otras disposiciones se pueden plantear en la lucha contra el uso indiscriminado de herbicidas, insecticidas y fungicidas, de peligrosas consecuencias para la salud humana?

Además del principio precautorio, explicitado en la Ley General argentina del Ambiente (25.675) de alcance federal, una herramienta jurídica destacada es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051), que pena a quien envenena o contamina de un modo peligroso para la salud o el ambiente. Esta ley fue clave en el fallo del histórico juicio del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, que en 2012 condenó a un aplicador y a un productor por infringirla. También debe destacarse el artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza el derechos a gozar de un ambiente sano, “apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. 

¿Quiénes serían los aliados más recomendables para ayudar en su lucha a los “pueblos fumigados” o poblaciones que padezcan las consecuencias de una pulverización indiscriminada?

Sin dudas que el espectro de aliados es amplio y cada actor cumple un rol destacado. Desde médicos y científicos comprometidos en abordar la problemática, hasta abogados especializados en la materia han jugado un rol importante en estas luchas. Asimismo diversos actores con roles dentro del Estado son fundamentales para revertir este cuadro sanitario y ambiental. Desde fiscales decididos a investigar casos de contaminación, jueces que apliquen fallos ejemplificadores, legisladores que regulen el actual sistema, y funcionarios ejecutivos con decisión política para discutir un modelo productivo con notable impacto sanitario y ambiental negativo, tienen mucho por hacer. Por otra parte, el rol de los comunicadores también es necesario a la hora de generar una mirada crítica sobre el tema, sobre todo en sectores urbanos que suelen estar ajenos a las problemáticas de las áreas rurales.

En este context, y sabiendo que esta problemática tiene varias y complejas implicaciones, ¿a qué causa atribuye que los gobiernos progresistas en la región estén permitiendo el uso de transgénicos y herbicidas dañinos a la salud humana?

En el caso argentino, la explicación principal pasa por una mirada a la cuestión del financiamiento del Estado. El modelo sojero, que casi en su totalidad responde a cultivos transgénicos, es el principal complejo exportador del país. En ese sentido, el Estado obtiene una porción importante del movimiento de divisas que genera ese sector. Entre exportación de soja y maíz, el país ingresó más de 23 mil millones de dólares en 2014, de los cuales el Gobierno recaudó cerca de 8 mil millones.

¿La lucha de los “pueblos fumigados” debe limitarse al ámbito local, con las especificidades de sus demandas inmediatas, o debe trascender a lo nacional e internacional? ¿Cómo sería posible esto?

A mi entender las luchas deben darse en los diversos ámbitos. Sin dudas que hay situaciones críticas en las que debe centrarse el esfuerzo en la acción local. Pero en la medida de lo posible deben articularse las diversas experiencias, y creo que en Argentina eso se viene concretando a través de encuentros de vecinos afectados, médicos, docentes de escuelas rurales, científicos, abogados que intercambian sus casos para fortalecer el trabajo en territorio. A escala internacional veo más difusa la situación, aunque es valioso el grado de intercambio entre diversas organizaciones. Tal vez sería interesante avanzar en estrategias comunes de las organizaciones y movimientos sociales, por ejemplo a nivel sudamericano, aprovechando que hoy existen organismos políticos de carácter regional donde visibilizar las demandas. 

¿Cuál es el límite de la lucha contra el uso indiscriminado de herbicidas, insecticidas y fungicidas?, ¿lograr una restricción legal para su uso en los cultivos?, ¿una disposición que evite el cultivo mismo, lo que supondría una lucha contra poderosos intereses económicos transnacionales?

Como dicen las organizaciones, la lucha es a favor de la vida y la salud. En ese transitar hay diversas miradas sobre cómo encarar en lo urgente, en el mediano y en el largo plazo el tema. Sería importante un marco legal mucho más restrictivo respecto a la utilización de venenos de forma masiva como ocurre hoy. No obstante, sin políticas que avancen en otros modelos de agricultura, por ejemplo en una transición a la agro-ecología desde una propuesta consistente, toda regulación será estéril.  De todas formas y eso es lo más importante a destacar, hay muchas organizaciones, movimientos campesinos y familias que promueven cada día otra forma de producir alimentos, sin esperar que lleguen los cambios desde lo institucional, haciendo de la soberanía alimentaria una práctica concreta y no una definición abstracta.