Elizabeth Vargas Solá (*)

Para la región el debate sobre seguridad y soberanía alimentaria es crucial. De ahí el interés que despertó la propuesta boliviana de que ése sea el tema principal en la 42 Asamblea General de la OEA. Un evento al que el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) siguió de cerca durante sus etapas preparatoria y de realización, y al que, pasado un mes, junto con otros interlocutores, se sigue evaluando. En esta nueva entrega del boletín quincenal Apuntes, Elizabeth Vargas desconfía de las buenas intenciones y sugiere rutas críticas posibles, en el entendido de que, más allá de las formalidades, la seguridad alimentaria es un aspecto crucial para los países.

La 42 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) asumió como su principal tema de agenda el de la Seguridad Alimentaria con Soberanía de las Américas Este evento, como es usual, congregó a todos los países miembros representados por sus cancilleres, vicecancilleres y los Jefes de Estado de Bolivia y Ecuador, durante el pasado mes de junio, en Cochabamba, Bolivia. La Asamblea concluyó con la firma del acuerdo para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de Cochabamba.

Intereses y desencantos

Aunque era previsible, de todos modos desencantó a muchos que la reunión no diera relevancia ni profundizara la reflexión sobre el tema principal, al menos fue priorizado formalmente. Esta situación se vio reflejada en la cobertura de los medios de información, que reportaron los otros temas que efectivamente ocuparon la mayor parte del tiempo de los y las participantes, como los pedidos de restructuración de la OEA, las reformas del CIDH, las Malvinas y la demanda boliviana de salida al mar. El debate sobre seguridad y soberanía alimentaria mereció menor cobertura porque, efectivamente, se debatió en menor medida.

Finalmente se logró la aprobación de la Carta Social y de la Declaración de Cochabamba, aunque a partir de un debate muy débil. La declaración trata aspectos interesantes sobre la seguridad y soberanía alimentaria, entre ellos: el apoyo a la agricultura familiar, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de productores rurales al hambre y la pobreza; el establecimiento de estrategias y mecanismos para responder a situaciones de crisis alimentaria; la realización efectiva del derecho a la alimentación y nutrición; el compromiso de avanzar en la lucha contra la desertificación y sequía y la necesidad de una sesión especial para revisar la situación alimentaria y nutricional en las Américas. Aspectos que se espera no se queden en buenas intenciones y deseos de la OEA.

Balance

Buenas intenciones y mejores deseos, ya tenemos, bastante. Sin ir muy lejos, en la nueva Constitución Política de Bolivia, se reconoce el derecho a la alimentación y la obligación del Estado para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, dando preferencia a los pequeños y medianos productores de alimentos. Asimismo, la Ley de la Revolución Productiva Agropecuaria prioriza la seguridad alimentaria y, aunque con contradicciones en su articulados, reconoce a las comunidades campesinas como organizaciones económicas comunitarias (OECOM) y busca favorecerlas -como también busca favorecer a los agro exportadores que basan su producción en transgénicos-.

Sin embargo, a pesar de algunas medidas específicas a favor de los campesinos, los avances son limitados y, en situaciones de crisis, no se duda de prestar más atención a los grandes empresarios y agro exportadores para garantizar el abastecimiento de alimentos de consumo masivo; dejando de lado a los productores campesinos.

Falta hacer algo más, las buenas intenciones no bastan. Primero se debería dejar claro si hay un reconocimiento real y oficial -en constituciones, leyes y políticas- del rol y la importancia que asignan los países latinoamericanos al pequeño productor campesino, tomando en cuenta las décadas y quizá siglos de desatención del Estado a este sector. En los países latinoamericanos es claro el dominio del agro negocio y la agroindustria, y la tendencia de los gobiernos es a fortalecerla sin importar la tendencia política-ideológica. Se sabe que las y los productores campesinos indígenas constituyen la mayoría de los productores agropecuarios. En Bolivia de las 660.000 unidades productivas el 87% son del sector campesino indígena y en Brasil de los cinco millones de unidades agropecuarias 4.3 millones se clasifican como agricultura familiar. Esta mayoría, por tanto, debería debe ser considerada.

Rutas posibles

Para lograr ese reconocimiento y la determinación e implementación de políticas adecuadas, es necesario ver la realidad alimentaria de cada país y el aporte a la seguridad alimentaria de los pequeños productores y otros sectores. Para esto será necesario que se realicen censos y estudios oficiales que sustenten esa realidad, ya que los estudios de la situación agraria y alimentaria, al menos en el caso boliviano, no están actualizados. Con esa información oficial, se podrá hacer efectiva, esa "sesión especial para revisar la situación alimentaria en las Américas", que indica la Declaración de Cochabamba.

Por otro lado, la Declaración de Cochabamba, señala también el establecimiento de estrategias y mecanismos para responder a situaciones de crisis alimentaria. Este aspecto es muy importante, sin embargo, el trabajo debe incluir estrategias para no dejar de lado a los productores campesinos.

En la crisis alimentaria del año 2008, que dio lugar a la escasez y alza de precios de los alimentos, muchos países -entre ellos Bolivia - pusieron restricciones a sus exportaciones y favorecieron a la importación de alimentos; teniendo impactos negativos directos a los productores campesinos, con la baja de precios de sus productos. La realidad muestra que en esas situaciones los gobiernos buscan garantizar el abastecimiento de los productos de consumo masivo, y se empieza a negociar solamente con agroindustriales y grandes productores, dejando de lado, nuevamente, a los pequeños productores.

En ese sentido, la búsqueda de estrategias debe garantizar la protección del sector campesino indígena y su participación en el mercado con precios justos, caso contrario seguirán siendo un sector marginado y seguirá siendo una realidad, en el caso boliviano, tal como lo que indica Oscar Bazoberry, sobre el productor campesino indígena: "al ser soporte político del gobierno, ha pasado, en su propio discurso, de explotado a solidario, de demandante a demandado y, si este proceso fracasa, de víctima a culpable" (Revista Mundo Siglo XXI, volumen VII, (2011:93). México).

Los postulados en la Declaración de Cochabamba sobre seguridad alimentaria con soberanía dejarán de ser deseos buenas intenciones si se encara la problemática del productor campesino, a nivel local, nacional y a nivel de las Américas. En primer lugar, reconociendo el aporte alimentario de este sector; segundo. En segundo lugar, haciendo efectiva las políticas favorables a ellos, es decir garantizar su implementación. Finalmente, en situaciones de crisis alimentaria, prever que las medidas tomadas protejan y también promuevan el aporte alimentario del sector campesino indígena.

(*) Elizabeth Vargas S, es Ingeniera Agrónoma y Antropóloga, con Maestría en Sociología del Desarrollo Rural. Fue Directora de CIPCA Cochabamba, también Facilitadora de la Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible así como Coordinadora de proyectos productivos en la Reserva de Tariquía (Tarija). Fue miembro del Directorio de PROLINNOVA (Promoción de la Innovación Local en Manejo de Recursos Naturales y Producción Agroecológica) Internacional y Coordinadora de la CGIAB (Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia)".

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