* Francisco Hidalgo Flor

Entre los años  2006 y 2008 en Bolivia y Ecuador se realizaron sendas Asambleas Constituyentes, planteándose el desafío de releer y reinterpretar problemáticas estructurales agrarias, con la visión con la que algunos autores llaman "deudas históricas", como el acceso, la propiedad y la distribución de los recursos naturales, entre ellos, la tierra, incorporando los aportes de estos conceptos para definir nuevas propuestas de cambio para la ruralidad (Jorge Núñez. "El despojo agrario". Diario El Telégrafo. Ecuador,  septiembre 2010).

Fue un desafío teórico para la coherencia entre las estrategia de desarrollo y el  compromiso político, de y con los movimientos campesinos e indígenas y con el conjunto de la sociedad, para dar respuesta a problemáticas muy antiguas, como el hambre, la desigualdad, la concentración de la riqueza y la destrucción de la naturaleza, debajo de las cuales se encuentran estructuras poderosas, que mantienen intactos estos problemas sociales.

 Soberanía Alimentaria y tierra

Una de las marcas del mal desarrollo de Ecuador, desde la época colonial hasta la presente, es la persistencia estructural de una problemática ligada al hambre, causa de la desnutrición crónica en un país caracterizado por la diversidad de pisos climáticos y fertilidad de sus suelos.

Según datos oficiales, el año 2010  "El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % desnutrición cónica grave, habitan en las áreas rurales; también se da una concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 60 % de los niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica extrema. El 71 % de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños con desnutrición crónica extrema" (Portal de internet: ecuador.nutrinet.org. Consultado julio 2011).

El problema alimentario en Ecuador no es asunto de teoría o  la amenaza de un futuro incierto. Es una lacerante realidad,  consecuencia de un patrón de acumulación primario exportador que, desde el primer auge cacaotero, a fines del siglo XIX, pasando por las fases bananera y petrolera e incluso ahora, en el siglo XXI, ha ido concentrando a su favor  la tierra,  apropiándose  de los suelos con mayor potencialidad agrícola y destinando su producción a los mercado externos.

Una resolución profunda del problema del hambre atraviesa por enfrentar ese patrón de acumulación, que organiza el desarrollo de la agricultura en función de la renta del gran capital, en lugar de orientarla para satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la población urbana y rural. El concepto de soberanía alimentaria puede dar nuevas guías para diseñar y emprender políticas públicas con un sentido más amplio que el de los clásicos de productividad o desarrollo rural.

La virtud del concepto de Soberanía Alimentaria, que nace de la lucha de los movimientos sociales del campo contra los Tratados de Libre Comercio (TLC) y las imposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es colocar al centro el derecho de los Estados para decidir con soberanía  cuáles  políticas alimentarias quieren adoptar,   garantizando el derecho a la alimentación del conjunto de la población, y que los alimentos provengan de la producción de los campesinos y agricultores familiares.

La organización Vía Campesina estableció como definición de Soberanía Alimentaria: "la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias; ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping (venta por debajo de los costos de producción)".  Ese sentido tiene un horizonte más integral que el de la Seguridad Alimentaria, cuyo foco es la provisión de alimentos para la población, no así la sustentabilidad de la población campesina y familiar, de sus territorios y su rol para garantizar alimentación sana del conjunto de una región y país. De hecho, el concepto enriquece la visión sobre la temática de la tierra, al promover políticas que garanticen a las y los campesinos el acceso a la tierra, para sostener y expandir la producción de alimentos, recuperando los valores culturales y de identidad.

El  proceso constituyente en Ecuador reinterpretó el concepto de Soberanía Alimentaria, al insertarlo en la visión de derechos y del régimen de desarrollo, como un eje para construir un modelo distinto de agricultura dentro de la propuesta de un nuevo  modelo de desarrollo, orientado hacia los seres humanos y no al mercado.

El derecho a la alimentación destaca que "las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas culturas", es parte sustancial de los derechos del buen vivir (Constitución del Ecuador, articulo 13). Por tanto, la Soberanía Alimentaria es una responsabilidad del Estado, lo que implica "impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria" (artículo 281).

El texto constitucional articula la realización de la Soberanía Alimentaria con la necesidad de "promover políticas redistributivas de la tierra, que permitan su acceso al campesinado" (artículo 281, numeral 4), y expone el mandato de que el Estado "(...) normará el uso y acceso a la tierra, que deberá cumplir la función social y ambiental (...) y prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra".

Los sentidos de Soberanía Alimentaria también modifican las comprensiones sobre la tierra, que dejaría de ser vista como una mercancía, cuyo uso tiene el propósito de garantizar la tasa de ganancia de quien es dueño e invierte en ella. En su lugar, se esgrime una visión de la tierra como sustento para la reproducción de la vida y un uso social respecto de la riqueza que genera, así como un rol para la reproducción de los ecosistemas en los cuales se encuentra.

Entre las funciones económicas y sociales de la tierra tiene un lugar prioritario la responsabilidad de satisfacer las necesidades humanas, individuales y colectivas, entre ellas la alimentación, así como la generación de empleo para quienes habitan y trabajan el campo. Para ello, es necesario mirar el acceso a la tierra junto con el del agua y mecanismos de financiamiento, que permitan la reproducción de la economía y la sociedad campesinas en un sentido amplio,  que incorpora a indígenas, afro descendientes y agricultores familiares. Esta visión cobra mayor trascendencia cuando se enfrenta al debate de políticas públicas ante el fenómeno de crisis alimentaria.

Buen vivir

El discurso dominante sobre la tierra está siendo modificado desde otras visiones  de desarrollo y evoluciones económicas, entre ellas, las concepciones del Buen Vivir, que recuperan las Constituciones de Ecuador y Bolivia. De ahí la trascendencia de incorporar ésta en el debate sobre políticas públicas de la tierra, para definir nuevos objetivos y estrategias de políticas en el agro.

La propuesta del Buen Vivir proviene de las culturas y cosmovisiones de los pueblos originarios del Abya yala, sustento para la resistencia ante los embates de terratenientes y de la expansión del modelo primario exportador, permitiendo la pervivencia de la comunidad indígena campesina, de los sentidos de vida de pueblos ancestrales, y en ciertas regiones, cuando las condiciones lo permitieron, de los territorios indígenas.

En Ecuador los primeros rescates del Buen Vivir se dieron alrededor de las comunidades quechuas de la Amazonía y, desde fines del siglo XX, se destacó que:  "en la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de las personas, no existe el concepto de desarrollo, existe una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear  las condiciones materiales  y espirituales para construir y mantener el ‘buen vivir', que se define como ‘vida armónica', que en idiomas como el quichua se expresa como Allí Kausai o Sumak Kausai (Carlos Viteri, Visión indígena del desarrollo en la Amazonía, 2000. Portal de internet: redalyc.uaemex.mx).

En Bolivia hubo un proceso similar, en el que Vivir Bien es tomado del concepto Suma Qamaña. "Qamaña es vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros,  en un segundo uso insinúa la convivencia con la naturaleza, con la madre tierra o pacha mama... por su parte  Suma  describe un sentido de plenitud, que no se da en el castellano, mas pudiera traducirse como agradable, amable, acabado"( Xavier Albo, Suma qamaña = convivir bien, ¿Cómo medirlo?. En: Vivir Bien ¿paradigma postcapitalista... Cides - UMSA, Bolivia, 2010).

Algunos estudiosos precisan que una mejor traducción sería "convivir bien" o "convivir  en armonía" (Albó). Por ello, uno de los desafíos es la articulación de la tierra y la propuesta de convivir mutuamente en armonía. Los propios pueblos originarios dieron ya algunas de las respuestas, por ejemplo la tierra concebida como base de la vida y de su reproducción; la madre tierra o Pachamama, individual, familiar y colectiva, integrando estos tres niveles de sociabilidad y siendo uno solo con la naturaleza; la tierra como sujeto con vida que sustenta la reproducción de los seres humanos y la naturaleza, no como objeto inerte a ser depredado ni como entes separados, sino como una unidad en diversidad.

En ambos casos se trata de la recuperación de las concepciones de los pueblos y naciones indígenas, incluidos en las etapas constituyentes y enriquecidos desde otras lecturas y experiencias, como las tendencias post  desarrollistas. De ese proceso resultó lo que podríamos llamar  "el buen vivir constituyente", opuesto a las concepciones clásicas del desarrollo, que adoptan como horizonte el capitalismo central y sus instituciones, el crecimiento material sin límites,  el mercado como realizador del interés general, la economía reducida a una racionalidad de fines y medios.

Quien fuera Presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana sistematizó el debate recordando que: "el planteamiento del Buen Vivir colocado en la Constitución se plantea como una oportunidad para construir otra sociedad, sustentada en una convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en el país y el mundo"( Alberto Acosta, El Buen vivir en el camino del post - desarrollo: una lectura desde la Constitución de Montecristi". FES, Ecuador, 2010).

El Buen Vivir resulta un proyecto de futuro para el conjunto de la sociedad, interactuando y enriqueciéndose con otras tendencias del pensamiento crítico y humanista, hacia un horizonte emancipatorio. En esa construcción de proyecto de nueva sociedad, los debates contemporáneos se confrontan con las tendencias neoliberales, que van en retirada, y con las tendencias neo desarrollistas, que están  ingresando a una fase de expansión, pretendiendo copar el escenario abierto por los procesos políticos de fines de los años 90 e inicios del 2000.

Por todo lo anterior la noción del Buen Vivir constituyente interroga al debate sobre la tierra desde proyectos de sociedades distintas, construidas con horizontes de  equidad, democracia, economía social y solidaria, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza.

 (*)Director Ejecutivo del  (SIPAE) y profesor de sociología agraria en la Universidad Central del Ecuador.